Luis Enrique Escamilla Casillas

Expediente 1295/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1295/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/01/2022

Partes del expediente

  • Luis Enrique Escamilla Casillas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que no obran los informes justificados de las autoridades responsables residentes en la Ciudad de México, a pesar de estar notificadas para tal efecto. En consecuencia, requiérase a las responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de dicha secretaría, residentes en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días contado a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo, remitan todas y cada una de las constancias relacionadas con el acto reclamado. En la inteligencia de que de no hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento formulado en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.-

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1295/2021-VII. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En el caso, de un análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama: Del Juez de Ejecución del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región, con sede en esta ciudad; Del Juez de Oralidad Penal de la Segunda Región, con sede en esta ciudad; y Del Director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad. La orden de traslado del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de esta ciudad al Centro Federal de Reinserción Social 12, de Ocampo, Guanajuato, o a cualquier otro centro penitenciario del Estado. Aduce que en el lugar de su actual internamiento compurga una sentencia privativa de libertad impuesta por un delito del fuero común y que tiene temor de ser trasladado a otro centro carcelario, porque la semana pasada fueron trasladados otros compañeros; además, que los custodios le refirieron, al llevarse a sus compañeros de celda, que continuarían los traslados por el resto del año, aunado a que el veinte de diciembre pasado, en las noticias de la radio el Procurador (sic) General del Estado y otras autoridades determinaron trasladar a más de trescientos internos tanto del centro penitenciario de esta ciudad, como de otros en el Estado, al Centro Federal de Readaptación Social Número Doce en Ocampo, Guanajuato. En relación con lo anterior, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.- Entonces, de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, la que tiene por objeto establecer las normas que se deben observar durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De manera que una orden de traslado y su ejecución puede ser sujeta a revisión directamente por el juez de ejecución o de control mediante dicho mecanismo de defensa, el cual prevé la suspensión del hecho u acto que lo motive. Por tanto, con motivo de lo expuesto, la parte quejosa, previo acudir al amparo, debió y debe agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, concretamente la promoción de la controversia ante el Juez de Ejecución o Juez de Control para que revisara la legalidad de la orden de traslado reclamada. Lo anterior pues, en el caso de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Luego, puesto que el quejoso promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión atribuida a autoridades administrativas y judiciales, sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa legal para combatir el acto reclamado; se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad; por tanto, con fundamento en el diverso 113, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo promovida por Luis Enrique Escamilla Casillas. Téngase como domicilio procesal del quejoso el ubicado en esta ciudad. Asimismo, se reconoce como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.- y en términos restringidos a Manuel Miguel Chávez Gómez, por no contar con dicho registro. Tómese conocimiento del correo electrónico y números telefónicos proporcionados con el objeto de establecer contacto especial y directo con el promovente del juicio, en los casos en que este juzgado lo considere necesario.

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