Luis Enrique Domínguez Martínez
Expediente 151/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/11/2018
Partes del expediente
- Luis Enrique Domínguez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
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Cúmplase.
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Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de los anexos enviados por la sala y el juez responsables, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la c
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Cúmplase.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 151/2018, promovido por Luis Enrique Domínguez Martínez, contra actos de la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dos de marzo del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de cinco siguiente se admitió a trámite la demanda bajo el orden 151/2018; se solicitó a las responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se corrió traslado a la representación social que intervino en el procedimiento penal del que derivó el acto reclamado; se tuvo como tercero interesado a José Alfredo Cacho Gutiérrez; y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. IV. Llegada esta última fecha, se reservó señalar una nueva hasta en tanto se lograra el emplazamiento a juicio del contendiente de referencia. V. Logrado dicho llamado a juicio, se señalaron nuevamente fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias del expediente, se aprecia y precisa que los actos reclamados en el presente juicio, son los siguientes: 1. La determinación de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en que al resolver los autos del toca penal 433/2017, se declaró insubsistente la sentencia de primera instancia emitida el dieciocho de octubre anterior en la causa penal 16/2016, y se ordenó la reposición del procedimiento; y 2. La ejecución del pronunciamiento precisado en el punto anterior. Actos que fueron atribuidos a las siguientes autoridades: a) Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (en su carácter de ordenadora); b) Juez Trigésimo Tercero Penal; y director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos de esta ciudad (en su carácter de ejecutoras). TERCERO. No es cierto el acto de ejecución reclamado del director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir informe justificado (foja 17), sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. CUARTO. Al rendir su respectivo informe justificado (fojas 20 y 23), los órganos jurisdiccionales responsables manifestaron que son ciertos los actos que les fueron atribuidos, lo que se acredita con la copia certificada que remitieron en apoyo a dichos comunicados, entre cuyas constancias se advierte el acto reclamado (fojas 62 a 74, anexo 1); documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante, este órgano de control constitucional advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia que se estudiará más adelante, cuyo análisis es preferente al del fondo del asunto, por tratarse de una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que bajo el orden 228 aparece publicada en la página 186 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro dice "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". Así, en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dice: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; .". De dicho precepto legal, se concluye que el juicio de amparo se torna improcedente contra actos consentidos, entendiéndose por ello el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual, por parte del quejoso. Ahora bien, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea consentido expresamente, o 2. Por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El primer supuesto se refiere al caso en que el quejoso de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe posibilidad de interpretación para el juzgador, en tanto que en el segundo supuesto, la autoridad de amparo debe verificar si alguna otra actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. Situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. En el entendido que dicho consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamado, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría indebida, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. En ese contexto, precisadas las circunstancias que actualizan la causal de improcedencia invocada, así como las razones de su previsión, lo procedente es analizar las condiciones necesarias para que el acto reclamado tenga la calidad de consentido, de acuerdo con lo expuesto por el Pleno del Máximo Tribunal del país en el criterio aislado publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 139-144, primera parte, que en su rubro dice "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". De tal manera, para que un acto se considere consentido, es necesario que se acrediten los requisitos que enseguida se precisan: a) Existencia del acto o ley reclamados; b) Causación de un agravio en la esfera jurídica del gobernado; y c) Que el quejoso se haya conformado expresamente con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Así, es manifiesto que en el caso a estudio se actualizan los requisitos precitados, el último en su segundo supuesto, pues en primer lugar y como se dijo al inicio de este considerando, se acreditó la emisión de la determinación de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en que al resolverse los autos del toca penal 433/2017, se declaró insubsistente la sentencia de primera instancia emitida el dieciocho de octubre anterior en la causa penal 16/2016, y se ordenó la reposición del procedimiento por estimar vulnerada la garantía de defensa adecuada en perjuicio del quejoso, quien, como titular del derecho fundamental cuestionado, ha permanecido privado de su libertad personal; de ahí el agravio a su esfera de derechos. Por lo que respecta al tercer requisito, en las circunstancias que se refiere el segundo supuesto mencionado, es patente que también quedó satisfecho, ya que clara e indiscutiblemente, el amparista aceptó las consecuencias del acto reclamado al ejecutar actos voluntarios que entrañaron ese consentimiento. Ahora, previo a exponer las razones que sustentan la anterior afirmación, es necesario señalar los antecedentes siguientes: El doce de diciembre de dos mil dieciséis se dictó sentencia condenatoria contra el quejoso, al haber sido considerado penalmente responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, por lo cual le fue impuesta una pena de sesenta y dos años seis meses de prisión (fojas 80 a 325, anexo 7). Inconforme con dicha determinación, el demandante del amparo interpuso el correspondiente recurso de apelación, que por cuestión de turno correspondió conocer a la sala responsable, quien al resolver los autos del toca penal 41/2017, declaró insubsistente la sentencia recurrida, y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que el juez de la causa proveyera lo relativo a los actos de tortura de los que el inconforme señaló había sido víctima (fojas 339 a 347, anexo 7). Seguido el trámite que se estimó pertinente, el nueve de junio de dos mil diecisiete, el amparista exhibió original del oficio DGP/DJ/1065/2017, de diez de mayo anterior (fojas 415 y 416, anexo 7), cuyo contenido es el siguiente: "En atención a su solicitud de Antecedentes Profesionales ingresada en oficialía de partes de esta Dirección General de Profesiones el día 09 de mayo del año en curso, mediante la cual solicita se informe si se cuenta con registro del C. PEDRO PAREDES CRUZ, como Licenciado en Derecho, con fecha de nacimiento del 26 de noviembre de 1963 Al respecto, informo a usted que una vez realizada una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, no se localizó antecedente del C. PEDRO PAREDES CRUZ, como Licenciado en Derecho, con fecha de nacimiento del 26 de noviembre de 1963 No obstante lo anterior, dicha información no prejuzga sobre los conocimientos y calidad de los estudios que la persona tenga o haya realizado. Es importante señalar que la persona de la cual se solicita información puede tener su título profesional, y no haber solicitado aún a esta Dirección General de Profesiones, el registro del título y expedición de la cédula profesional con efecto de patente, o bien puede haberlo registrado en otra Entidad Federativa. .". Así, el dieciocho de octubre siguiente se dictó nuevamente sentencia condenatoria contra el justiciable, en que prácticamente se reiteró el pronunciamiento de la condena emitida con anterioridad (fojas 81 a 192, anexo 8), la cual fue recurrida por la defensa del inconforme, correspondiendo su resolución a la misma sala responsable, bajo los autos del toca penal 433/2017. Durante el trámite de la segunda instancia, desde luego, ponderando el contenido de la constancia transcrita, por auto de catorce de diciembre del año pasado se ordenó requerir a la Dirección General de Profesiones de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, informara: ".si el C. PEDRO PAREDES CRUZ, cuenta con registro de Título y Cédula Profesional como Licenciado en Derecho ante dicha dependencia, o si existe algún registro de ello en cualquier otra Entidad Federativa." (foja 50, anexo 1). A dicho requerimiento recayó el oficio DGP/DJ/7028/2017, de veinte de diciembre siguiente (foja 54, anexo 1), del que se advierte lo siguiente: "En atención a su oficio número 147, del 14 de diciembre del presente año, ingresado en oficialía de partes de la Dirección General de Profesiones el 18 del mismo mes y año, mediante el cual solicita a esta Dirección General de Profesiones informe si PEDRO PAREDES CRUZ cuenta con registro del Título y Cédula Profesional como Licenciado en Derecho. En razón a lo anterior y después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, NO SE LOCALIZÓ antecedente profesional de PEDRO PAREDES CRUZ, con alguna profesión. No obstante lo anterior, dicha información no prejuzga sobre los conocimientos y calidad de los estudios que la persona tenga o haya realizado. Es importante señalar que la persona de la cual se solicita información puede tener su título profesional, y no haber solicitado aún a esta Dirección General de Profesiones, el registro del título y expedición de la cédula profesional con efectos de patente, o bien, puede haberlo registrado en otra Entidad Federativa. .". Con esa información, el ocho de febrero de dos mil dieciocho se resolvió el toca penal de referencia, declarándose la insubsistencia de la sentencia recurrida, y ordenándose nuevamente la reposición del procedimiento (fojas 62 a 74, anexo 1), sólo que ahora por el motivo y para el efecto siguiente: ".de una interpretación conforme, entre la legislación procesal vigente en la Ciudad de México, en relación con lo dispuesto por la Carta Magna y lo señalado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el tópico, y bajo la supremacía del principio pro persona, tenemos que la Carta Fundamental, en aras de proteger los derechos de los imputados, exige como ya se señaló, que éstos en cualquier etapa procedimental estén legalmente asistidos de un profesional del derecho, teniendo nuevamente que ampliar el concepto prescrito en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habida cuenta que es omisa en exigir que el defensor debe ser una persona especializada, sin embargo como ya se dijo, debemos estar a lo más favorable al imputado, lo que desde luego es que la defensa deba ser técnica. En ese sentido, en el caso en concreto al no contar el C. PEDRO PAREDES CRUZ, con cédula profesional debidamente registrada que lo acredite como perito en la materia, lo que se sostiene de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Profesiones, Secretaría de Educación Pública, en el oficio de referencia y que esta Sala solicitó como prueba para mejor proveer, a la cual se le confiere valor en términos del artículo 250 del Código de Procedimientos Penales para esta Entidad, concatenado al diverso exhibido por el acusado de marras ante el Juez de la Causa, también expedido por la misma Institución, documental pública a la que se le concede el mismo valor probatorio con base en el señalado numeral procesal, razones por las cuales, es que se ha visto vulnerada la garantía de debida defensa que la Carta Fundamental consagra a favor del sentenciado LUÍS ENRIQUE DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ (A) 'EL GORDO'. . Por lo tanto, al encontrarnos frente a la vulneración de la garantía de defensa, es que se actualiza la causa de reposición de procedimiento prevista en el artículo 431, fracción III, en relación a los ordinales 294, 269, inciso b) del Código de Procedimientos Penales para esta Ciudad, y en concordancia a lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción VIII de la Carta Fundamental, en no haber contado el sentenciado de marras con una defensa técnica en la presente causa que se sigue en su contra, quedando de esa forma en completo estado de indefensión. Amén de que se rompe con el principio de equilibrio procesal que debe prevalecer en tratándose de procedimientos de naturaleza penal, ya que al no estar asistido de un especialista en la materia debidamente certificado, la oportunidad para sostener la defensa ya no llevó acabo en igualdad de oportunidades, y trae como consecuencia la reposición del procedimiento al considerarse dicha falta como una violación a las leyes del procedimiento. Atento a las consideraciones vertidas se pone de manifiesto que al haber sido afectada la garantía constitucional de debida defensa del sentenciado LUÍS ENRIQUE DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ (A) 'EL GORDO' en la presente causa, lo que provocó una determinación que carece de legalidad, al no cumplirse con lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en mérito de lo expuesto, es que resulta procedente el ordenar de oficio la reposición del procedimiento, para el efecto de que el Juez Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México, deje insubsistente la sentencia de primer grado de fecha 18 dieciocho de octubre del 2017 dos mil diecisiete, así como también deje insubsistente a partir de la diligencia de Declaración Preparatoria de fecha 23 veintitrés de enero del 2016 dos mil dieciséis, toda vez que desde dicha actuación el C. PEDRO PAREDES CRUZ, representó al acusado de marras, para que en estricto acatamiento a las garantías de defensa, legalidad, seguridad jurídica, y equilibrio procesal que operan en favor del sentenciado de marras, éste sea debidamente representado por persona que se encuentre debidamente facultado para ejercer la profesión de abogado, hecho lo cual, se continúe con la secuela procesal y en su momento con plenitud de jurisdicción el A Quo emita las resoluciones que conforme a derecho procedan.". Recibida dicha determinación por el juez de la causa, el nueve de febrero pasado procedió a dar cumplimiento con la misma, para lo cual, mandó llamar al justiciable a efecto de desahogar su declaración preparatoria y requirió la presencia tanto del defensor público como del agente del Ministerio Público para su verificativo (foja 219, anexo 8). Ya en desahogo de dicha actuación, el promovente del juicio, previa información y requerimiento correspondiente, designó al defensor público Alberto Ramírez Villegas para que lo representara en aquella instancia, y dado que hizo valer su derecho a no declarar en esa audiencia, su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional con la finalidad de que se recabara la misma en ampliación (fojas 221 a 223, anexo 8). En la fecha y hora programada para este último efecto, diez horas con treinta minutos del doce de febrero siguiente, el inconforme revocó el nombramiento conferido al defensor público y designó a la licenciada Yannett Rodríguez Hernández como su defensora particular, quien aceptó y protestó el cargo en esa misma fecha, y en lo que interesa, el justiciable manifestó que no ratificaba sus declaraciones ministeriales, en razón de que lo habían obligado a firmarlas sin saber el contenido de las mismas (fojas 225 a 227, anexo 8). Ahora, al promover el presente controvertido, el demandante de amparo manifestó: ".el alcance del derecho de defensa adecuada que debe ser salvaguardado por los Jueces en aplicación de un control ex officio de constitucionalidad, tiene una doble dimensión; es decir, una formal y otra material, entendiéndose por la primera que el Juzgador debe verificar que la persona imputada se encuentre asistida por un defensor, y que este defensor conforme a los criterios presentes y texto actual debe ser un licenciado en derecho; en tanto que en el aspecto material, debe vigilar que ese defensor haga bien su trabajo, que sea una persona capacitada, preparada y responsable, que con excelencia preste su servicio; siendo así que nada de lo anterior fue garantizado por parte del Juzgador, aún y cuando se le hizo de su conocimiento de manera oportuna en la etapa de instrucción. . .resulta evidente que durante el proceso penal que me fue instaurado, jamás conté con una defensa ni técnica ni adecuada, es más, podría afirmarse que ni siquiera conté con un defensor (previo a la defensa privada que designé), y ni siquiera se puede presumir que aunque el C. Pedro Paredes Cruz, no contaba con registro de cédula profesional, tuviera conocimientos especializados en derecho, tan es así que aún y cuando era conocedor que el delito por el cuál fui puesto a disposición, es de los denominados de alto impacto, al ser el que cuenta con mayor punibilidad conforme al Código Penal para esta Ciudad, tan es así al momento de entrevistarme con él para rendir mi declaración preparatoria me aconsejó declararme culpable, con la promesa de que me darían una pena mínima y alcanzaría un beneficio para salir pronto en liberta. . .no debe inadvertirse que la sentencia condenatoria que fue emitida en mi contra fue sustentada en la confesión que realicé, aceptación que realicé no por ser la verdad de los hechos, sino por la asesoría técnica y jurídica que recibí por parte de aquél que se ostentaba como perito en la materia. .". En ese contexto, válidamente puede afirmarse que las manifestaciones realizadas en aquella actuación, en congruencia con las diversas formuladas al instar a este órgano de control constitucional entrañan consentimiento respecto del acto reclamado, pues resulta evidente que la reposición del procedimiento tuvo como hecho generador la vulneración de la garantía de defensa adecuada en perjuicio del quejoso -aspecto que él mismo alegó ante la responsable y reiteró como adecuada su ponderación en el acto reclamado al instar a esta autoridad de amparo-, y como finalidad, que se subsanara dicha transgresión -lo que implicaba se desahogara nuevamente su declaración preparatoria-, por lo que si en el caso a estudio, el demandante de amparo estima que fue correcto se estableciera la existencia de dicha transgresión, y en desahogo de una nueva oportunidad de declarar previo a que se resolviera de manera preliminar su situación jurídica, no ratificó la confesión rendida ante la autoridad ministerial -que dijo sustentó la condena que recurrió-, es incuestionable que se sometió a los efectos de dicha determinación. Decisión que en modo alguno implica incongruencia en la forma en que se ponderó el asunto, en tanto que en un caso como este, en que la parte quejosa realizó diversas manifestaciones que entrañaron consentimiento respecto del acto reclamado, en específico, con las consideraciones que lo integran, es indudable que dicho asentimiento se hace extensivo al resolutivo en que se ordenó la reposición del procedimiento, pues de acuerdo con el principio de congruencia interna en que toda resolución judicial se debe sustentar, los considerandos de la determinación respectiva rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos. De ahí que el hecho de que el quejoso pretendiera que este juzgado obligara a la responsable a proceder al estudio del fondo del asunto, indudablemente se trate de una perspectiva del asunto que lógicamente no forma parte del acto reclamado. Consecuentemente, al haberse demostrado que el quejoso realizó manifestaciones que entrañaron consentimiento con el acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la ley en cita. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 63, fracción V, 73, 74, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en la tercera y cuarta consideraciones de este fallo, se sobresee en el juicio promovido por Luis Enrique Domínguez Martínez, contra la determinación de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en que al resolver los autos del toca penal 433/2017, se declaró insubsistente la sentencia de primera instancia emitida el dieciocho de octubre anterior en la causa penal 16/2016, y se ordenó la reposición del procedimiento; y 2. La ejecución del pronunciamiento precisado en el punto anterior. Actos que fueron atribuidos a las siguientes autoridades: a) Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (en su carácter de ordenadora); b) Juez Trigésimo Tercero Penal; y director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos de esta ciudad (en su carácter de ejecutoras).
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