Luis Enrique de Jesús García

Expediente 1026/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1026/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
27/10/2016

Partes del expediente

  • Luis Enrique de Jesús García
  • Rogaciano Gustavo Otero Ortíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de garantías promovido por Luis Enrique de Jesús García, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por el tercero interesado Rogaciano Gustavo Otero Ortiz, mediante el cual formula alegatos en el presente juicio de amparo, toda vez que en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio.

  3. Principal

    NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO ROGACIANO GUSTAVO OTERO ORTIZ, EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: "Visto el estado procesal de autos, se aprecia que el seis de septiembre de dos mil dieciséis, fue recibida ante oficialía de partes de este Juzgado Federal la demanda de garantías promovida por Luis Enrique de Jesús García, por conducto de la Defensora Pública Ma. Del Pilar Lucrecia Molina Flores. Asimismo, en proveído de siete de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, de quienes reclama el auto de formal prisión de quince de agosto de dos mil dieciséis, dictado en su contra por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de robo de vehículo, en el proceso penal 102/2007. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse de manera preferente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. Por lo anterior, conviene reiterar que el acto reclamado lo constituye el auto de formal prisión de quince de agosto de dos mil dieciséis, dictado en contra del quejoso por el delito de robo de vehículo, dictado dentro del proceso penal 102/2007, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, así como su ejecución. Ahora, de un análisis minucioso de los autos que integran el presente expediente, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)." Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Al respecto, se estima conveniente precisar, que la litispendencia, es la simultánea tramitación de dos o más juicios en que los elementos esenciales de las acciones respectivas sean lo mismo. En el caso, la disposición legal transcrita en primer término contempla una hipótesis de litispendencia entre dos juicios de amparo, con vista a la identidad en cuanto al quejoso, a la autoridad responsable y al acto reclamado. La hipótesis en comento se refiere a dos juicios de garantías iguales, aunque en la correspondiente demanda no se aleguen los mismos conceptos de violación, circunstancia ésta que no desvirtúa la mencionada identidad. La razón de ser de la improcedencia en comento, descansa en la falta de necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de un mismo acto de autoridad; es decir, no se requiere juzgar dos o más ocasiones un mismo acto reclamado por la parte quejosa. Para que se actualice la causal de improcedencia invocada, es necesario que se reúnan los siguientes elementos: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo. b) Que ese juicio de amparo se encuentre pendiente de resolución. c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Aunado a lo anterior, como requisito para que se actualice dicha causa de improcedencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que resulta indispensable que ambos juicios de amparo estén admitidos, pues de esa forma se garantiza que el quejoso conserva la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente. En efecto, al resolverse la contradicción de tesis 307/2012, se originó la jurisprudencia P./J. 24/2014, visible en la página 265 del Libro 5, correspondiente a abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: Libro 5, Abril de 2014, Tomo I "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten. Así, con el propósito de establecer si en el caso concreto se cumplen tales requisitos, es menester precisar los datos que se advierten de los juicios de amparo número 1026/2016-VII y 1010/2016-VII, ambos del índice de este Juzgado Federal: 1026/2016 1010/2016 Quejoso "ABOGADA MA. DEL PILAR LUCRECIA MOLINA FLORES, con el carácter de Defensor Público del señor LUIS ENRIQUE DE JESÚS GARCÍA" "Luis Enrique de Jesús García." Autoridades Responsables a) ORDENADORAS: 1.- Ciudadana Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras (.) b) EJECUTORAS: 1.- Ciudadano Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala (.) AUTORIDADES ORDENADORAS. a) AL C. JUEZ PRIMERO de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras (.) AUTORIDADES EJECUTORAS: b) Al Director del Centro de Readaptación Social, Apizaco, Estado de Tlaxcala (.) Acto reclamado ACTOS RECLAMADOS. 1) De la Autoridad Ordenadora Ciudadana Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras lo siguiente: Acto de molestia consistente en, el auto de formal prisión emitido en contra del quejoso LUIS ENRIQUE DE JESUS, el día quince del mes de agosto del año dos mil dieciséis, por el delito de Robo de Vehículo, en agravio del Ciudadano ROGACIANO GUSTAVO OTERO ORTIZ, ilícito previsto y sancionado en el artículo 14,17 fracción I del Código Penal vigente en la época de los hechos, de Tlaxcala, en la causa penal número 102/2007, del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. Acto de molestia consistente en, la orden emitida al Director del Centro de Reinserción Social, para el cumplimiento del aludido auto de formal prisión impugnado, relativo a proceder a efectuar la identificación administrativa del quejoso LUIS ENRIQUE DE JESÚS GARCÍA y la solicitud de remisión de la ficha dactiloscópica y antropométrica, del citado quejos, para ser agregados al procesos de origen ACTO RECLAMADO De las autoridades señaladas como ordenadoras marcadas con los incisos a) reclamamos el acto de dictar Auto de Formal Prisión por el delito de Robo Calificado dentro del Proceso Numero 102/2007 de los radicados ante la autoridad señalada como responsable ordenadora, dictada en contra del quejoso. En cuanto a las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo el cumplimiento de dichas órdenes, las cuales pretenden llevar a cabo ellos mismos o por elementos a su digno cargo sin fundamento legal alguno. Asimismo reclamo a la vez a todas esas autoridades las consecuencias de tales actos, como lo es la privación ilegal de la libertad personal sin fundamento legal alguno (.) Contenido del informe justificado rendido por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. Es cierto el acto reclamado (.) toda vez que en la causa penal 102/2007, con fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, se resolvió la situación jurídica, en la que se le decreto auto de formal prisión (.), en contra del procesado LUIS ENRIQUE DE JESÚS GARCÍA, como probable responsable del delito de ROBO DE VEHÍCULO, cometido en agravio de ROGACIANO GUSTAVO OTERO ORTIZ (.) ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO (.) toda vez que con en este Juzgado se encuentra radicada la causa penal 102/2007 en contra de Luis Enrique de Jesús García y Otro como probables responsables del delito de ROBO DE VEHÍCULO (.) hechos cometidos en agravio de ROGACIANO GUSTAVO OTERO ORTIZ, causa penal en la que mediante resolución de fecha quince de agosto del dos mil dieciséis se le dictó auto de formal prisión(.) En efecto, en el caso particular, del juicio de amparo 1010/2016-VII, del índice de este Juzgado Federal, se advierte que el mismo fue promovido por Luis Enrique de Jesús García, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y otra autoridad, el cual fue radicado el dos de septiembre de dos mil dieciséis, en el que, el Juez antes citado aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de formal prisión emitido en contra del quejoso Luis Enrique de Jesús García, el quince de agosto de dos mil dieciséis, por el delito de robo de vehículo, cometido en agravio de Rogaciano Gustavo Otero Ortiz, dentro de la causa penal 102/2007. Ahora, del amparo aludido en el párrafo que antecede y el presente juicio de derechos radicado el siete de septiembre de dos mil dieciséis, concurre el mismo acto reclamado que es: el auto de formal prisión emitido en contra del quejoso Luis Enrique de Jesús García, el quince de agosto de dos mil dieciséis, por el delito de robo de vehículo, cometido en agravio de Rogaciano Gustavo Otero Ortiz, dentro de la causa penal 102/2007. Por tanto al acreditarse que existe diverso juicio de amparo promovido por el mismo impetrante, contra el mismo acto que se reclama en el presente juicio de derechos; y, tomando en consideración que el juicio de amparo 1010/2016-VII, del índice de este Juzgado Federal, se encuentra en trámite toda vez que la celebración de la audiencia constitucional fue señalada para las nueve horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil dieciséis, esto es, sin que se haya emitido la sentencia respectiva; por tanto, resulta indudable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia de litispendencia, ya que el auto de formal prisión emitido en contra del quejoso Luis Enrique de Jesús García, el quince de agosto de dos mil dieciséis, por el delito de robo de vehículo, cometido en agravio de Rogaciano Gustavo Otero Ortiz, dentro de la causa penal 102/2007, reclamada en el presente juicio de derechos, es materia del diverso juicio de amparo 1010/2016-VII, del índice de este Juzgado Federal, el cual fue radicado con anterioridad al presente, se encuentra en trámite y fue promovido por el mismo quejoso, por conducto de la defensora pública. Es aplicable al caso la tesis XIX.2o.12 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 312, del Tomo III, Enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." De igual forma, cobra aplicación la tesis III.2o.P.41 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, del Tomo XXVII, Enero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión." En tal virtud, al acreditarse que existe diverso juicio de amparo promovido por el mismo impetrante de derechos -Luis Enrique de Jesús García-, el cual fue radicado con anterioridad al presente, en el cual se señaló el mismo acto reclamado que en el presente juicio, mismo que se encuentra pendiente de resolución, es evidente que en el caso particular, se actualiza la mencionada causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso, por su contenido, la tesis aislada sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 16 Tercera Parte, página 58, Materia Común, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO, SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS.- La ley de Amparo exige para que opera la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." En tales condiciones, al quedar plenamente justificada la causal de improcedencia examinada, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido."

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por Rogaciano Gustavo Otero Ortiz; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al presente juicio de amparo con el carácter de tercero interesado. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de mérito y como autorizados únicamente para oír y recibir notificación a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngasele realizando las manifestaciones que realiza a manera de alegatos, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, referente a las peticiones que solicita, dígase a la parte promovente Rogaciano Gustavo Otero Ortiz, que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por considerarse innecesarias. Por otra parte, agréguese el oficio signado por el Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante remitiendo copia certificada de diversas constancias, documental que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Con el contenido del informe y anexos de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia, ténganse como delegados de la autoridad oficiante a las personas que indica; y por lo que hace al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígase que en términos del artículo 28, fracción II, de la citada Ley, éstas se harán en el domicilio de sus oficinas principales.

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