Luis Enrique de Dios Hernandez
Expediente 832/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Luis Enrique de Dios Hernandez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97 inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Expediente principal destruible. En virtud de que la demanda de amparo que dio origen al presente expediente fue desechada, y carece de relevancia documental se precisa que el presente asunto es DESTRUIBLE, por lo que deberá conservarse el expediente principal del presente juicio de amparo, por el término de tres años. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, uno de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo, recibido vía electrónica, presuntivamente, promovida por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de actos atribuidos al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, que en lo conducente consiste en: XXXXXXXXXXXXXXXXX. Se forma expediente y se registra en el Libro de Gobierno como 832/2021-VII-B. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer de la misma. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que la demanda es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Lo anterior es así, toda vez que la demanda de amparo que fue recibida en el portal en línea, carece de firma electrónica que corresponda al pretendido promovente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; cuestión que no constituye una irregularidad que pueda dar lugar a prevenir a efecto de que pueda ratificarse el escrito, al advertirse una manifiesta falta de voluntad para la promoción de éste, pues la falta de un signo físico o cadena electrónica, evidencia que no existe instancia de parte agraviada, por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, de la Ley de Amparo, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los artículos transcritos se desprende, que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que resulte agraviada, pudiendo hacerlo por sí, o por su representante, con las excepciones que establece dicho dispositivo; luego, si en el asunto que nos ocupa, el pretendido promovente no firmó electrónicamente, y no se actualiza el supuesto de excepción previsto en los artículos relacionados 15 y 109 de la Ley de Amparo, ello genera inexistencia de voluntad para abrir la instancia constitucional, ya que la firma electrónica es un requisito esencial para dar validez al documento, porque solo así se acredita la voluntad del que suscribe; esto es así, porque en el procedimiento, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma; por consiguiente, procede su desechamiento. Sin que la determinación hecha por este órgano de control constitucional, implique la restricción al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, consagrado a su favor, en el artículo 17 Constitucional, pues el directo agraviado, sin exponerse a riesgo alguno, puede instar la protección constitucional, en el momento que lo requiera, cumpliendo con el requisito de firma electrónica del que ahora carece su ocurso; esto es, cuenta con medios a su alcance para resguardar su integridad física y ejercitar los derechos constitucionales y legales respectivos. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 6 ambos de la Ley de Amparo, y 107 de la Constitución General de la República, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de referencia, por su manifiesta e indudable improcedencia. Derivado de lo anterior, no ha lugar a realizar pronunciamiento respecto a las demás pretensiones contenidas en la demanda. Desde este momento, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Con fundamento en el normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. Atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente resolución, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/20072 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente en el domicilio que aparece en el ocurso relativo.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que las partes no recurrieron dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la resolución de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictada en este expediente, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso ******************, en el presente juicio de amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 párrafo cuarto, 194 y 195 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Junta Especial Numero Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen y Junta Especial Número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del momento al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, den cumplimiento al fallo concesorio y remitan las constancias fehacientes que así lo acrediten. En el entendido, que de la lectura integral de la sentencia, se desprende que las autoridades responsables deben dar cumplimiento al fallo protector, que se concedió para los siguientes efectos:**************************** Ahora bien, se destaca que las autoridades responsables no tienen superior jerárquico que ordene su debido cumplimiento, de conformidad con el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, conforme a la jurisprudencia 36/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, pendiente de publicación, con el rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Por tanto, se apercibe a dichas autoridades responsables que de no dar cumplimiento dentro del término concedido, sin causa justificada se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), tomando en consideración que el valor de la medida y actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintiuno, es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con 62/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con lo establecido por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, cuyo resultado eventualmente sería la separación de las responsables en el encargo de sus funciones y su consignación directa ante el Juez de Distrito por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento a las ejecutorias de amparo, previsto en la nueva legislación de la materia, siempre y cuando este juzgado califique que las autoridades actuaron injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en la ejecutoria concesoria de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Finalmente, agréguese a los autos el oficio remitido por las autoridades responsables Junta Especial Numero Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, con el que informa las medidas realizadas a fin de dar cumplimiento a sentencia. Al respecto, se tiene el acto realizado por dicha autoridad, en vías de cumplimiento de la sentencia concesoria emitida por este Juzgado Federal en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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