Luis Enrique Cortés Martínez

Expediente 629/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
629/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Enrique Cortés Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese por lista al quejoso en términos de lo ordenado en auto de veinticinco de mayo del año en curso.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de Luis Enrique Cortés Martínez, por derecho propio, regístrese bajo el número 629/2023-VII. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado: -La omisión de la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, de dictar sentencia en el juicio agrario 265/2022 de su índice. DESECHAMIENTO Por tanto, respecto al acto reclamado, se estima que en el presente caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII1 , en relación con el diverso 107, fracción V2 , interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos que sean de imposible reparación conceptuados como aquellos que lesionan materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que nuestro país es parte, no así contra violaciones procesales como en el caso es la omisión que aquí se combate; sin embargo, cuando se trata de una omisión de la autoridad responsable que impacta en el derecho sustantivo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la acción de amparo, procede cuando exista una abierta dilación o una paralización del proceso jurisdiccional, pues de lo contrario no puede hablarse de una afectación a derechos sustantivos. Por su parte, de los artículos 185 y 188 de la Ley Agraria3 , señalan que en el supuesto de que las partes no lleguen a una composición amigable, el Tribunal oirá los alegatos de las partes - para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una-, y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla y, que para el caso de que la estimación de pruebas amerite un estudio más detenido por el tribunal de conocimiento, éste citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, sin que dicho término exceda en ningún caso de veinte días. Conforme a lo narrado por la parte quejosa, si bien la responsable el veintiocho de abril de este año otorgó el plazo de tres días para ofrecer dichos alegatos y pudiera haber transcurrido el cuatro siguiente; lo cierto es que aun así no se colma el supuesto de procedencia establecido en el citado artículo 107, fracción V, porque no es un acto de imposible reparación, ya que no transgrede ni afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se llega a la anterior conclusión, si se tiene en cuenta que la omisión reclamada no afecta directa e inmediatamente el derecho sustantivo fundamental relativo a la impartición de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se da la excepción que haga procedente el amparo; es decir, no existe una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, ya que a la fecha de presentación de la presente demanda de amparo (veintidós de mayo de dos mil veintitrés), de tomarse en cuenta dicha data - cuatro de mayo de esta anualidad-, sólo han transcurrieron once días hábiles contados a partir del día siguiente, por lo que este juzgador considera que no hay un detrimento en los derechos humanos de la parte amparista, ya que es necesario conceder la oportunidad a la autoridad a fin de realizar el estudio exhaustivo para la emisión del fallo definitivo correspondiente de manera fundada y motivada, lo que le tendrá que hacer de su conocimiento. Ilustra lo anterior por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2011580, que indica: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Criterio jurisprudencial que permite al juzgador analizar en cada caso si existe o no una abierta dilación procesal, atendiendo a la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada. De ahí que el suscrito estima que para que se dé la abierta dilación, debe mediar un tiempo considerable a partir de que surgió la obligación de la autoridad para emitir su determinación; lo que en el caso no acontece, puesto que a la presentación de la demanda de amparo transcurrieron once días hábiles; máxime que de la demanda de amparo no se advierte que previo a la presentación de la demanda de amparo de cuenta, se hubiera formulado ante la responsable petición en tal sentido y ésta no haya sido acordada de conformidad, de ahí que se asuma que la autoridad responsable no ha incurrido en una conducta omisiva de manera sistemática. Entonces, en el caso concreto, no puede afirmarse que existe una abierta dilación para que la autoridad responsable emita el fallo definitivo en el expediente de origen; si se tiene en cuenta que el citado precepto 188 de la Ley Agraria, señala que en caso de que la estimación de pruebas amerite un estudio más detenido por el tribunal de conocimiento, éste citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, sin que dicho término exceda en ningún caso de veinte días, plazo que en el caso concreto, no ha fenecido y, por ende, no puede asumirse que se actualice una dilación excesiva que haga procedente el juicio de amparo. En el entendido que la presente determinación no deja en estado de indefensión al gobernado, ya que si la autoridad persiste en su actitud omisa y se actualiza la abierta dilación, el quejoso estará en aptitud de acudir a la instancia que estime conducente. En ese orden de ideas, el admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional que justo él invoca como un derecho transgredido. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Cabe precisar, que la determinación anterior no implica que se transgredan los derechos del quejoso de contar con un recuso sencillo, rápido y efectivo ante los Juzgados o Tribunales competentes, o de acceso a la justicia, pues tal acceso a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es perfectamente compatible con los requisitos de procedencia dispuestos por el legislador, que deben cumplirse para justificar la acción del aparato jurisdiccional, pues se trata de los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas para que el juzgador este en aptitud de conocer la cuestión de fondo que se le plantea. Toda vez que así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), localizable en la página 213, Tomo I, Libro 48, Noviembre de 2017, de la Décima Época, consultable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; de igual forma, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas persona que indica. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo al usuario "ErickAlejoBonilla05"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa en términos de lo ordenado en el presente proveído.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano