Luis Enrique Cortés Martínez

Expediente 338/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
338/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Luis Enrique Cortés Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    XI... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia.

  2. Principal

    XI... Vista la demanda promovida por Luis Enrique..., por propio derecho, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, con sede en Tlalnepantla, Estado de México, y otra autoridad, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 338/2022-XI. Ahora bien, previo a realizar algún pronunciamiento respecto a la admisión de la demanda, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se analiza de forma integral el escrito de demanda, haciendo la precisión respecto de los actos que en lo medular se reclaman por la parte quejosa, siendo los siguientes: 1.- De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, con sede en Tlalnepantla, Estado de México. El auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio agrario 15/2022 de su propio índice, en donde se le previno para que dentro del plazo de ocho días exhibiera las copias suficientes de traslado para los demandados, para el caso de no exhibirlas se le tendría por desinteresado en la prosecución del juicio y se ordenaría el archivo dicho asunto. 2.- Del actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, con sede en Tlalnepantla, Estado de México. La notificación del auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, la cual fue notificada por rotulón el catorce de febrero de dos mil veintidós. Atento a ello, respecto del primero de los actos reclamados se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contario sensu, de la ley en la materia. En efecto, los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a) fracción III del artículo 107 Constitucional. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que el acto reclamado consistente en -el auto de fecha veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio agrario 15/2022, en donde se le previno para que de ser omiso de exhibir las copias de traslados para los demandados se ordenaría el archivo del expediente materia de la litis-; no reviste el carácter de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dicha actuación tiene el carácter de procesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, toda vez que es un acto que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana. De ahí que, en el caso a estudio, la determinación reclamada no deja sin defensa a la parte quejosa ni afecta sus derechos sustantivos, por lo que, de considerarlo violatorio deberá reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, si es contraria a sus intereses, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, argumentando las transgresiones en las que haya incurrido la autoridad y que fueron motivo de la determinación que considere violatoria de sus derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que el artículo 172 de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, pues se evita la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un juicio puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. De manera que, se pretende que continúe el procedimiento sin mayores trabas y, que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por otra parte, en cuanto al diverso acto consistente en la notificación del auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, la cual le fue notificada por rotulón el catorce de febrero de dos mil veintidós, el suscrito considera que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a desechar la demanda de que se trata, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XVIII, del propio ordenamiento. En efecto, se advierte que se actualiza de modo manifestó e indudable la causa de improcedencia en estudio, lo anterior es así, si se toma en consideración que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción transcritos, contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. En el caso concreto, es evidente que la notificación del auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, la cual fue notificada por rotulón el catorce de febrero de dos mil veintidós, debe impugnarse a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 192 de la Ley Agraria 9, fracción VIII y 18 fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en correlación de los diversos 310, 319, 320, 359 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Ello es así, porque los preceptos citados, establecen que las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley y que por esta falta quedara sin defensa cualquiera de las partes; asimismo, dicha nulidad deberá ser reclamada en incidente de nulidad a partir de que el interesado tenga conocimiento del vicio o nulidad. Empero, del análisis de la demanda de amparo no se advierte que la aquí quejosa haya combatido la citada notificación a través del incidente de nulidad de actuaciones estando obligada a agotar dicho medio de defensa que prevé el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, con relación a los numerales 310, 319, 320, 359 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. De esa manera, es inconcuso que, ante la posibilidad de combatir la notificación reclamada mediante el incidente de nulidad de actuaciones, ello constituye un medio de defensa que debe promoverse antes del juicio de amparo, lo cual al no haberse hecho así, ocasiona la improcedencia del juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Ahora en relación con las excepciones que señala el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en el presente caso, no se actualizan dado el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, no impugna una resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal del quejoso, no se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. Asimismo, no se actualiza la relativa a que el promovente le revista el carácter de tercero extraño, debido a que el acto reclamado deriva de un procedimiento judicial (incidente de liquidación de pensiones vencidas) en el que la parte quejosa tiene el carácter de actor en el juicio de origen mismo como se advierte de las manifestaciones que realizó bajo protesta de decir verdad. En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencias advertidas de oficio por este órgano jurisdiccional, se desecha la demanda de amparo, en términos de lo que dispone el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracciones fracciones XVIII y XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contario sensu, de la Ley de Amparo promovida por Luis Enrique Cortés Martínez. AUTORIZADOS Se autoriza a las personas que señala en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 24 del propio ordenamiento legal, es decir, para oír notificaciones aun las de carácter personal, imponerse de los autos y recoger documentos, por haberlo solicitado de dicha manera. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO Asimismo, se autoriza la consulta del expediente vía internet con el usuario "ErickAlejoBonilla05", al encontrarse registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DOMICILIO DEL QUEJOSO Con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, ambos de la citada legislación, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, la lista que se fija en los estrados de este juzgado, por así solicitarlo en su escrito de demanda. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

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