Luis Enríque Castro Bañuelos
Expediente 1949/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 24 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1949/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 10/06/2021
Partes del expediente
- Luis Enríque Castro Bañuelos
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
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Tepic, Nayarit, diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia terminada de engrosar diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo capítulo octavo, artículo 21, prevé que son susceptibles destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes; por lo tanto este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en el inciso a, del citado artículo 21 del capítulo octavo, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Notifíquese. Así, lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario +++, que autoriza y da fe. JFDTP La presente foja corresponde a la parte final del proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio de Amparo Indirecto número 1949/2019. Conste.-
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TEPIC, NAYARIT, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en las que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. En el presente asunto se terminó de engrosar la resolución emitida en autos. Asimismo, consultado el expediente electrónico, no se advierte que dicha sentencia se hubiere notificado a las autoridades responsables, por tal motivo, a través del oficio que al efecto se acompañe del presente acuerdo, se ordena notificar a las mismas de la aludida resolución. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 5.1. Por oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas. 5.2. Por lista a la parte quejosa y tercera interesada, la que deberá publicarse en la entrada de este juzgado. Notifíquese en los términos indicados.
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VISTOS, para resolver, los autos que integran el Juicio de Amparo Indirecto 1949/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, Luis Enrique Castro Bañuelos solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y por las autoridades siguientes: -Autoridades Responsables. Congreso del Estado Libre y soberano de Nayarit. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit. Director General de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit. Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit. -Actos Reclamados. Del Honorable congreso del Estado libre y soberano de Nayarit la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos para el Estado libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019, en particular el artículo 21 fracción 1, XVII y XVIII, en relación con los numerales 12, 13 y 14. Del Gobernador del Estado de Nayarit, la expedición y orden de publicación del dispositivo señalado en el inciso (A) Del Director de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, la aplicación en mi perjuicio de los preceptos que se reclaman en el inciso A). Del Director General de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, la aplicación en mi perjuicio de los preceptos que se reclamen en el inciso A). Del Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, la aplicación en mi perjuicio de los preceptos que se reclaman en el inciso A). Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve preciso que era su deseo señalar como acto reclamado: "La aplicación del artículo 22, fracción I y VIII en relación a los numerales 11, 12 y 13 de la ley de ingresos para el Estado de Nayarit." Actos que consideró violatorios de los derechos humanos previstos en el artículo 1, 13 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, previno a Luis Enrique Castro Bañuelos a fin de que manifestara y en su caso, acreditara si promovió la demanda primigenia por su propio derecho o en representación de la moral Gorila Plásticos Sociedad Anónima de Capital Variable; luego, al no cumplir con la prevención de marras, por auto de tres de septiembre de dicho año se admitió a trámite la demanda de que se trata, por su propio derecho, previo registro con el número 1949/2019; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; posteriormente, mediante pronunciamiento de dieciocho de octubre del año pasado se admitió la ampliación de demanda y, entre otras cosas, se fijó día y hora para la audiencia constitucional la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 94 y 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1, 37 y 107, fracción I de la Ley de Amparo; asimismo, el 144, en relación con el 52, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que se promueve en contra de una norma administrativa emitida por autoridades estatales, cuya ejecución se llevó a cabo dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del arábigo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese tenor, atendiendo el precepto invocado en el presente considerando, es oportuno señalar que cuando en un juicio de garantías los juzgadores tengan que precisar el acto reclamado, debe estimarse que estarán facultados para interpretar el sentido de la demanda a fin de que la resolución que corresponda recaiga sobre el exacto reclamo del gobernado y, en correspondencia con su intención real, atendiendo a la petición de la parte quejosa, pues sólo de esta manera es posible lograr el sentido de congruencia que debe existir en la sentencia entre lo pretendido y lo resuelto. Teniendo en cuenta lo anterior, se destaca que en la demanda de amparo el quejoso reclama la discusión, aprobación, promulgación y aplicación de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en particular, el numeral 21, fracciones I, XVII y XVIII en relación con los numerales 12, 13 y 14, relativos a los impuestos adicionales cuya base es el primero. Sin embargo, del análisis integral de la demanda, de los documentos anexos a la misma y del escrito en el que amplía la primera, se puede advertir claramente que los preceptos que realmente impugna de inconstitucionales, resultan ser, el artículo 22, fracciones I y VIII y los ordinales 11, 12 y 13 de la referida Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, con motivo de que éstos prevén: el pago por Derechos por los servicios prestados en materia de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el impuesto para el fomento de la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se observa que la parte quejosa reclama: a) Del Congreso y Gobernador del Estado de Nayarit, en sus respectivas esferas de competencia, la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, específicamente el artículo 22, fracciones I y VIII, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la misma ley. b) Del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, así como del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, la aplicación y cobro de derechos con base a los preceptos legales reclamados. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de actos. Debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, así como en relación al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, en razón de que es inexistente el acto reclamado a dichas autoridades y, por ende, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. El Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit fue omiso en rendir su informe justificado; sin embargo el acto de ejecución que se le atribuye debe ser considerado inexisten, pues es inconcuso que no se constituye como instancia recaudadora, puesto que la actividad registral que realiza no implica un acto de aplicación de los artículos reclamados por el quejoso. En efecto, de las constancias de autos no se advierte la participación de dicha responsable, para expedir o ejecutar el acto reclamado, asimismo no hay elementos dentro del líbelo constitucional que implicaran la afectación realizada; aunado a lo anterior, el cobro le es imputable a diversa autoridad, como se expondrá más adelante; por lo que, al carecer de elementos que prueben la afectación realizada por éstas a la parte quejosa, se tiene por inexistente el acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit. Por otro lado, el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, ambos por conducto del director general jurídico de dicho ente, negó la exacción que se les atribuye, consistente en el cobro del impuesto sobre fomento de la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, así como los derechos por inscripción de documentos y de subdivisión de predios, respectivamente. Lo anterior, sobre la base de que la parte quejosa no acreditó haber realizado el pago reclamado, pues no adjuntó a su demanda el recibo oficial correspondiente y de la constancia que allegó para acreditar dicha circunstancia no se advierte, por una parte, que el amparista hubiera hecho el pago materia del acto reclamado y, por otra, que éste fuera dirigido al citado ente responsable. Por tanto, como se precisó, ante la negativa de la autoridad responsable ejecutora, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de la aplicación de la aplicación de la porción normativa reclamada, pues las pruebas ofrecidas por la parte quejosa resultan insuficientes para desvirtuar las negativas de mérito. En efecto, el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) Cuando no se pruebe su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por la quejosa, conduce al sobreseimiento. En relación con el supuesto precisado en el inciso b, si al rendir informe justificado la autoridad responsable niega el acto que le fue reclamado, corresponde a la parte quejosa aportar los medios de prueba pertinentes a fin de desvirtuar esa negativa. Luego, si a pesar de dicha negativa, la parte quejosa no demuestra la existencia del acto que reclamó en la demanda de amparo, lo conducente, como se dijo, es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, por identidad jurídica sustancial, la tesis jurisprudencial número 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En efecto, la parte quejosa atribuye a las autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la secretaría de finanzas responsable, así como del Director del Registro Público de la Propiedad del Comercio del Estado de Nayarit, la aplicación de la ley combatida, en específico, el cobro de los derechos e impuestos contenidos en dichos preceptos impugnados. Al respecto, con excepción del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, respectivamente, se advierte que las autoridades no tienen facultades para recaudar contribuciones, pues dicha atribución se encuentra conferida únicamente al citado recaudador de rentas de la secretaría de finanzas de mérito, ello de conformidad con el ordinal 20, fracción II del reglamento aludido en primer término; por tanto, fue éste quien se encontraba en condiciones de aplicar la normativa reclamada al recibir el entero reclamado. En otro orden de ideas, como se dijo, la diversa autoridad exactora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, negó el acto de aplicación que se le atribuye. Así, ante dichas negativas la parte quejosa tenía la carga procesal de aportar los medios de convicción que considerara pertinentes para desvirtuarlas; sin embargo, ésta no lo hizo de esa manera, pues las probanzas que adjuntó a su escrito de demanda son insuficientes para hacerlo. Lo anterior se considera de esa manera, toda vez que las constancias allegadas por la promovente del amparo en su escrito de demanda consistentes en la copia fotostática certificada de: La escritura pública 16,310 del índice de la Notaria Pública Número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad. Constancia de desglose de cantidades a pagar respecto de una inscripción de documento y subdivisión de predios. Captura de una página de internet, con un rubro que dice "Pago de Servicio", de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Los cuales no demuestran el acto de aplicación de los artículos reclamados, pues de ellos no se advierten los pagos realizados que alega la parte quejosa; en efecto, con independencia del valor probatorio que poseen las documentales en análisis, en términos del artículo 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, no son aptas ni suficientes para acreditar que el peticionario del amparo Luis Enrique Castro Bañuelos erogó cantidad alguna con motivo de la inscripción del instrumento público 16,310. Lo anterior es así, pues de las documentales de mérito se obtiene que el pago por la inscripción del inmueble, así como la inscripción de subdivisión de predios y los impuestos adicionales, fueron realizados por el contribuyente denominado "Gorila Plásticos S.A. de C.V."; por ende, resulta incuestionable que de éstas no se advierte el cobro reclamado por el amparista en la presente instancia constitucional. Máxime, que del expediente de amparo no se advierte la existencia de acto alguno en el cual las autoridades responsables materia del presente considerando hubieran aplicado dicha disposición o se hubiere actualizado la hipótesis normativa correspondiente; de ahí la inexistencia del acto de aplicación reclamado de dicha autoridad. Por tanto, toda vez que la autoridad recaudadora responsable ejecutora negó el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo y las probanzas aportadas por ésta son insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado, lo conducente es sobreseer respecto del acto reclamado en el presente juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues, se reitera, correspondía a la parte quejosa allegar medios de prueba con los cuales demostrara que al promover demanda de amparo le habían sido aplicados los normativos combatidos. En suma, al no encontrarse acreditada la participación de dichas autoridades en la aplicación de la normativa reclamada base de la demanda de amparo, ni que la quejosa hubiera demostrado lo contrario, procede tildar de inexistente el acto reclamado, consistente en la aplicación de la porción normativa reclamada y, por ende, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio únicamente por los actos y autoridades materia del presente considerando, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTA. Certeza de los actos reclamados. El Congreso del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, expidió la promulgación la norma combatida; por su parte, el Gobernador Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, promulgó la ley reclamada. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese contexto, la suscrita advierte, de oficio, que respecto de los preceptos reclamados por la parte amparista se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5, fracción I, ambos de la ley de la materia, toda vez que dichas porciones normativas no causan un perjuicio directo a la parte quejosa ya que no se demostró que dichos ordinales le fueran aplicados. Lo anterior, pues la quejosa reclama en la presente instancia constitucional el artículo 22, fracciones I y VIII, en relación con los diversos 11, 12 y 13, todos de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, con motivo de su primer acto de aplicación; sin embargo, como se analizó en el considerando tercero de la presente resolución en la aplicación de dichos numerales es inexistente. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, ya que cuando las prerrogativas que tiene el gobernado reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo faculta a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. En ese sentido, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a) Un derecho legítima o jurídicamente tutelado, y b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Es sustento de lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página: 60: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En suma, para que la parte quejosa cuente con interés para efectos del juicio de amparo (legítimo o jurídico), se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. En concordancia con lo expuesto, el artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Para tal efecto, el citado normativo regula dos supuestos: I. El primero se actualiza cuando por su sola entrada en vigor una norma general causa un perjuicio (autoaplicativas); II. El segundo, cuando la afectación se ocasiona con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada (heteroaplicativas). Así pues, en tratándose de amparo contra normas generales heteroaplicativas, es necesario que exista un acto concreto de aplicación que cause perjuicio a la quejosa, pues la sola vigencia de éstas no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Es decir, las leyes heteroaplicativas requieren que se cumpla la condición contenida en ellas para poderse individualizar en los gobernados, ya que las obligaciones previstas no surgen por su sola entrada en vigor. De ahí que cuando se reclame una norma, pero ésta requiera de un acto concreto de aplicación para causar perjuicio, si no existe éste, el juicio de amparo resulta improcedente. Es sustento de lo considerado, en lo conducente, la tesis P. LXXXV/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional que se endereza en contra de leyes reclamadas con motivo de su aplicación, debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que se dé el primer acto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia de que el acto concreto que genere el perjuicio debe ser, necesariamente, anterior a la presentación de la demanda, independientemente de que su demostración pueda realizarse durante la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio". Por tanto, la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una norma con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de amparo, dado que dicho acto constituye el presupuesto para que se pueda constatar la existencia del perjuicio en la esfera jurídica del gobernado. En ese contexto, el artículo 22, fracciones I y VIII, en relación con el 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, establece la tarifa que el contribuyente debe pagar por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, en particular, por inscripción de documentos públicos o privados y de subdivisión de predios. Así, se observa que las normas reclamadas son de naturaleza heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues su sola vigencia no causa un perjuicio, sino que necesita un posterior acto de aplicación, que consiste el cobro de las contribuciones por inscripción de documentos públicos o privados y de subdivisión de predios ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit. Entonces, para acreditar interés jurídico respecto de la norma en cuestión cuando se reclama con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario demostrar que a la quejosa se le realizaron los cobros que prevé dicho numeral. En el caso, la parte quejosa reclama el artículo 22, fracciones I y VIII, en relación con el 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; como ya se dijo, con motivo de su primer acto de aplicación. De manera que para demostrar su interés jurídico, era necesario que el peticionario demostrara que se le realizó el cobro de derechos previsto en dichos preceptos, esto es, por inscripción de documentos públicos o privados y de subdivisión de predios, así como los impuestos para el fomento de la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. Sin embargo, como se explicó, las documentales allegadas por la quejosa fueron insuficientes para acreditar en su contra el acto de aplicación de la porción normativa reclamada, por lo que al no existir un acto de aplicación de la norma reclamada, la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamarla, y en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo con apoyo en la fracción V del artículo 63 del referido ordenamiento. En conclusión, con base en las anteriores consideraciones, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de derechos respecto de los actos reclamados consistentes en la expedición y promulgación del artículo 22, fracciones I, XVII y XVIII, en relación con los diversos 11, 12 y 13, todos de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que pase inadvertido de que las autoridades responsables hicieron valer diversas causales de improcedencia en el presente juicio; no obstante, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los actos reclamados, resulta innecesario el análisis de éstas, pues en caso de que alguna resultara fundada, no cambiaría el sentido de la presente sentencia. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 2ª./J25498, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, agosto de 1998, página 414, de ubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Entonces, con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la quejosa, tendentes a demostrar la violación de derechos. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Enrique Castro Bañuelos, respecto del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, así como del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit; y también, por cuanto hace al Congreso y Gobernador del Estado de Nayarit, por las razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos que integran el Juicio de Amparo Indirecto 1949/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, Luis Enrique Castro Bañuelos solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y por las autoridades siguientes: -Autoridades Responsables. Congreso del Estado Libre y soberano de Nayarit. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit. Director General de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit. Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit. -Actos Reclamados. Del Honorable congreso del Estado libre y soberano de Nayarit la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos para el Estado libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019, en particular el artículo 21 fracción 1, XVII y XVIII, en relación con los numerales 12, 13 y 14. Del Gobernador del Estado de Nayarit, la expedición y orden de publicación del dispositivo señalado en el inciso (A) Del Director de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, la aplicación en mi perjuicio de los preceptos que se reclaman en el inciso A). Del Director General de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, la aplicación en mi perjuicio de los preceptos que se reclamen en el inciso A). Del Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, la aplicación en mi perjuicio de los preceptos que se reclaman en el inciso A). Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve preciso que era su deseo señalar como acto reclamado: "La aplicación del artículo 22, fracción I y VIII en relación a los numerales 11, 12 y 13 de la ley de ingresos para el Estado de Nayarit." Actos que consideró violatorios de los derechos humanos previstos en el artículo 1, 13 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, previno a Luis Enrique Castro Bañuelos a fin de que manifestara y en su caso, acreditara si promovió la demanda primigenia por su propio derecho o en representación de la moral Gorila Plásticos Sociedad Anónima de Capital Variable; luego, al no cumplir con la prevención de marras, por auto de tres de septiembre de dicho año se admitió a trámite la demanda de que se trata, por su propio derecho, previo registro con el número 1949/2019; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; posteriormente, mediante pronunciamiento de dieciocho de octubre del año pasado se admitió la ampliación de demanda y, entre otras cosas, se fijó día y hora para la audiencia constitucional la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 94 y 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1, 37 y 107, fracción I de la Ley de Amparo; asimismo, el 144, en relación con el 52, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que se promueve en contra de una norma administrativa emitida por autoridades estatales, cuya ejecución se llevó a cabo dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del arábigo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese tenor, atendiendo el precepto invocado en el presente considerando, es oportuno señalar que cuando en un juicio de garantías los juzgadores tengan que precisar el acto reclamado, debe estimarse que estarán facultados para interpretar el sentido de la demanda a fin de que la resolución que corresponda recaiga sobre el exacto reclamo del gobernado y, en correspondencia con su intención real, atendiendo a la petición de la parte quejosa, pues sólo de esta manera es posible lograr el sentido de congruencia que debe existir en la sentencia entre lo pretendido y lo resuelto. Teniendo en cuenta lo anterior, se destaca que en la demanda de amparo el quejoso reclama la discusión, aprobación, promulgación y aplicación de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en particular, el numeral 21, fracciones I, XVII y XVIII en relación con los numerales 12, 13 y 14, relativos a los impuestos adicionales cuya base es el primero. Sin embargo, del análisis integral de la demanda, de los documentos anexos a la misma y del escrito en el que amplía la primera, se puede advertir claramente que los preceptos que realmente impugna de inconstitucionales, resultan ser, el artículo 22, fracciones I y VIII y los ordinales 11, 12 y 13 de la referida Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, con motivo de que éstos prevén: el pago por Derechos por los servicios prestados en materia de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el impuesto para el fomento de la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se observa que la parte quejosa reclama: a) Del Congreso y Gobernador del Estado de Nayarit, en sus respectivas esferas de competencia, la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, específicamente el artículo 22, fracciones I y VIII, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la misma ley. b) Del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, así como del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, la aplicación y cobro de derechos con base a los preceptos legales reclamados. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de actos. Debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, así como en relación al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, en razón de que es inexistente el acto reclamado a dichas autoridades y, por ende, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. El Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit fue omiso en rendir su informe justificado; sin embargo el acto de ejecución que se le atribuye debe ser considerado inexisten, pues es inconcuso que no se constituye como instancia recaudadora, puesto que la actividad registral que realiza no implica un acto de aplicación de los artículos reclamados por el quejoso. En efecto, de las constancias de autos no se advierte la participación de dicha responsable, para expedir o ejecutar el acto reclamado, asimismo no hay elementos dentro del líbelo constitucional que implicaran la afectación realizada; aunado a lo anterior, el cobro le es imputable a diversa autoridad, como se expondrá más adelante; por lo que, al carecer de elementos que prueben la afectación realizada por éstas a la parte quejosa, se tiene por inexistente el acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit. Por otro lado, el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, ambos por conducto del director general jurídico de dicho ente, negó la exacción que se les atribuye, consistente en el cobro del impuesto sobre fomento de la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, así como los derechos por inscripción de documentos y de subdivisión de predios, respectivamente. Lo anterior, sobre la base de que la parte quejosa no acreditó haber realizado el pago reclamado, pues no adjuntó a su demanda el recibo oficial correspondiente y de la constancia que allegó para acreditar dicha circunstancia no se advierte, por una parte, que el amparista hubiera hecho el pago materia del acto reclamado y, por otra, que éste fuera dirigido al citado ente responsable. Por tanto, como se precisó, ante la negativa de la autoridad responsable ejecutora, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de la aplicación de la aplicación de la porción normativa reclamada, pues las pruebas ofrecidas por la parte quejosa resultan insuficientes para desvirtuar las negativas de mérito. En efecto, el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) Cuando no se pruebe su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por la quejosa, conduce al sobreseimiento. En relación con el supuesto precisado en el inciso b, si al rendir informe justificado la autoridad responsable niega el acto que le fue reclamado, corresponde a la parte quejosa aportar los medios de prueba pertinentes a fin de desvirtuar esa negativa. Luego, si a pesar de dicha negativa, la parte quejosa no demuestra la existencia del acto que reclamó en la demanda de amparo, lo conducente, como se dijo, es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, por identidad jurídica sustancial, la tesis jurisprudencial número 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En efecto, la parte quejosa atribuye a las autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la secretaría de finanzas responsable, así como del Director del Registro Público de la Propiedad del Comercio del Estado de Nayarit, la aplicación de la ley combatida, en específico, el cobro de los derechos e impuestos contenidos en dichos preceptos impugnados. Al respecto, con excepción del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, respectivamente, se advierte que las autoridades no tienen facultades para recaudar contribuciones, pues dicha atribución se encuentra conferida únicamente al citado recaudador de rentas de la secretaría de finanzas de mérito, ello de conformidad con el ordinal 20, fracción II del reglamento aludido en primer término; por tanto, fue éste quien se encontraba en condiciones de aplicar la normativa reclamada al recibir el entero reclamado. En otro orden de ideas, como se dijo, la diversa autoridad exactora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, negó el acto de aplicación que se le atribuye. Así, ante dichas negativas la parte quejosa tenía la carga procesal de aportar los medios de convicción que considerara pertinentes para desvirtuarlas; sin embargo, ésta no lo hizo de esa manera, pues las probanzas que adjuntó a su escrito de demanda son insuficientes para hacerlo. Lo anterior se considera de esa manera, toda vez que las constancias allegadas por la promovente del amparo en su escrito de demanda consistentes en la copia fotostática certificada de: La escritura pública 16,310 del índice de la Notaria Pública Número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad. Constancia de desglose de cantidades a pagar respecto de una inscripción de documento y subdivisión de predios. Captura de una página de internet, con un rubro que dice "Pago de Servicio", de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Los cuales no demuestran el acto de aplicación de los artículos reclamados, pues de ellos no se advierten los pagos realizados que alega la parte quejosa; en efecto, con independencia del valor probatorio que poseen las documentales en análisis, en términos del artículo 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, no son aptas ni suficientes para acreditar que el peticionario del amparo Luis Enrique Castro Bañuelos erogó cantidad alguna con motivo de la inscripción del instrumento público 16,310. Lo anterior es así, pues de las documentales de mérito se obtiene que el pago por la inscripción del inmueble, así como la inscripción de subdivisión de predios y los impuestos adicionales, fueron realizados por el contribuyente denominado "Gorila Plásticos S.A. de C.V."; por ende, resulta incuestionable que de éstas no se advierte el cobro reclamado por el amparista en la presente instancia constitucional. Máxime, que del expediente de amparo no se advierte la existencia de acto alguno en el cual las autoridades responsables materia del presente considerando hubieran aplicado dicha disposición o se hubiere actualizado la hipótesis normativa correspondiente; de ahí la inexistencia del acto de aplicación reclamado de dicha autoridad. Por tanto, toda vez que la autoridad recaudadora responsable ejecutora negó el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo y las probanzas aportadas por ésta son insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado, lo conducente es sobreseer respecto del acto reclamado en el presente juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues, se reitera, correspondía a la parte quejosa allegar medios de prueba con los cuales demostrara que al promover demanda de amparo le habían sido aplicados los normativos combatidos. En suma, al no encontrarse acreditada la participación de dichas autoridades en la aplicación de la normativa reclamada base de la demanda de amparo, ni que la quejosa hubiera demostrado lo contrario, procede tildar de inexistente el acto reclamado, consistente en la aplicación de la porción normativa reclamada y, por ende, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio únicamente por los actos y autoridades materia del presente considerando, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTA. Certeza de los actos reclamados. El Congreso del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, expidió la promulgación la norma combatida; por su parte, el Gobernador Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, promulgó la ley reclamada. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese contexto, la suscrita advierte, de oficio, que respecto de los preceptos reclamados por la parte amparista se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5, fracción I, ambos de la ley de la materia, toda vez que dichas porciones normativas no causan un perjuicio directo a la parte quejosa ya que no se demostró que dichos ordinales le fueran aplicados. Lo anterior, pues la quejosa reclama en la presente instancia constitucional el artículo 22, fracciones I y VIII, en relación con los diversos 11, 12 y 13, todos de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, con motivo de su primer acto de aplicación; sin embargo, como se analizó en el considerando tercero de la presente resolución en la aplicación de dichos numerales es inexistente. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, ya que cuando las prerrogativas que tiene el gobernado reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo faculta a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. En ese sentido, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a) Un derecho legítima o jurídicamente tutelado, y b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Es sustento de lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página: 60: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En suma, para que la parte quejosa cuente con interés para efectos del juicio de amparo (legítimo o jurídico), se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. En concordancia con lo expuesto, el artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Para tal efecto, el citado normativo regula dos supuestos: I. El primero se actualiza cuando por su sola entrada en vigor una norma general causa un perjuicio (autoaplicativas); II. El segundo, cuando la afectación se ocasiona con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada (heteroaplicativas). Así pues, en tratándose de amparo contra normas generales heteroaplicativas, es necesario que exista un acto concreto de aplicación que cause perjuicio a la quejosa, pues la sola vigencia de éstas no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Es decir, las leyes heteroaplicativas requieren que se cumpla la condición contenida en ellas para poderse individualizar en los gobernados, ya que las obligaciones previstas no surgen por su sola entrada en vigor. De ahí que cuando se reclame una norma, pero ésta requiera de un acto concreto de aplicación para causar perjuicio, si no existe éste, el juicio de amparo resulta improcedente. Es sustento de lo considerado, en lo conducente, la tesis P. LXXXV/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional que se endereza en contra de leyes reclamadas con motivo de su aplicación, debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que se dé el primer acto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia de que el acto concreto que genere el perjuicio debe ser, necesariamente, anterior a la presentación de la demanda, independientemente de que su demostración pueda realizarse durante la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio". Por tanto, la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una norma con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de amparo, dado que dicho acto constituye el presupuesto para que se pueda constatar la existencia del perjuicio en la esfera jurídica del gobernado. En ese contexto, el artículo 22, fracciones I y VIII, en relación con el 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, establece la tarifa que el contribuyente debe pagar por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, en particular, por inscripción de documentos públicos o privados y de subdivisión de predios. Así, se observa que las normas reclamadas son de naturaleza heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues su sola vigencia no causa un perjuicio, sino que necesita un posterior acto de aplicación, que consiste el cobro de las contribuciones por inscripción de documentos públicos o privados y de subdivisión de predios ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit. Entonces, para acreditar interés jurídico respecto de la norma en cuestión cuando se reclama con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario demostrar que a la quejosa se le realizaron los cobros que prevé dicho numeral. En el caso, la parte quejosa reclama el artículo 22, fracciones I y VIII, en relación con el 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; como ya se dijo, con motivo de su primer acto de aplicación. De manera que para demostrar su interés jurídico, era necesario que el peticionario demostrara que se le realizó el cobro de derechos previsto en dichos preceptos, esto es, por inscripción de documentos públicos o privados y de subdivisión de predios, así como los impuestos para el fomento de la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. Sin embargo, como se explicó, las documentales allegadas por la quejosa fueron insuficientes para acreditar en su contra el acto de aplicación de la porción normativa reclamada, por lo que al no existir un acto de aplicación de la norma reclamada, la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamarla, y en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo con apoyo en la fracción V del artículo 63 del referido ordenamiento. En conclusión, con base en las anteriores consideraciones, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de derechos respecto de los actos reclamados consistentes en la expedición y promulgación del artículo 22, fracciones I, XVII y XVIII, en relación con los diversos 11, 12 y 13, todos de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que pase inadvertido de que las autoridades responsables hicieron valer diversas causales de improcedencia en el presente juicio; no obstante, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los actos reclamados, resulta innecesario el análisis de éstas, pues en caso de que alguna resultara fundada, no cambiaría el sentido de la presente sentencia. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 2ª./J25498, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, agosto de 1998, página 414, de ubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Entonces, con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la quejosa, tendentes a demostrar la violación de derechos. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Enrique Castro Bañuelos, respecto del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, así como del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit; y también, por cuanto hace al Congreso y Gobernador del Estado de Nayarit, por las razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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