Luis Enrique Arellano Gallegos
Expediente 1015/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Luis Enrique Arellano Gallegos
Actuaciones
- Principal
se declara que ha causado estado dicho auto. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. II
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, a veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Enrique Arellano Gallegos, respecto de actos reclamados del Juez Segundo Penal en el Estado de Aguascalientes. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1015/2019-II y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable consiste en: Del Juez Segundo de lo Penal del Estado de Aguascalientes: La omisión de dictar sentencia en la causa penal 90/2015 de su índice. III. Causa de Improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, es procedente desechar de plano las demandas de amparo, toda vez que este Juzgador advierte actualizada la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, así como el artículo 17 del Acuerdo General conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. A fin de corroborar lo anterior, en principio, es necesario transcribir el contenido de las disposiciones mencionadas que, en la parte que interesa, textualmente establecen: Ley de Amparo. "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.)" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2014, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. "Artículo 17. Se tendrá por presentada por vía electrónica una demanda de amparo cuando se utilice para tal fin la FIREL vigente del quejoso, con excepción de lo dispuesto en el artículo 11 de este Acuerdo General Conjunto. (.)" De la interpretación conjunta de los preceptos señalados, se advierte que los gobernados pueden presentar demandas de amparo por vía electrónica; no obstante, para ello es necesario que dichas promociones se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual tendrá los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. En este sentido, de los numerales citados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe manifestación de voluntad para ejercer esa acción constitucional que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, la firma es la manifestación de voluntad por excelencia, la cual hace patente la intensión del justiciable de promover el juicio de amparo; por tanto, ésta es un requisito esencial de la demanda al ser el signo, como se dijo, de la expresión de la voluntad del accionante para demandar la restitución del derecho que se estima violado y sirve, además, para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. Por lo anterior, la ausencia de firma electrónica en la demanda trae consigo la improcedencia del juicio, al no ser patente la manifestación de voluntad necesaria para ejercer la acción constitucional de amparo. En el caso, si bien es cierto que la demanda de amparo en línea turnada el veintiséis de este mes, fue promovida por Luis Enrique Arellano Gallegos, también lo es que no tiene firma; por ello, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque aunque existe la voluntad de la quejosa de instar el juicio constitucional, desde un inicio, debió, por lo menos, asentar su firma en el escrito. Por otro lado, debe decirse que Ley de Amparo contempla la posibilidad de presentar la demanda de amparo en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica de acuerdo a la regulación emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, refrendo que producirá los mismos efectos que la autógrafa y, por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de la voluntad para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza la voluntad del gobernado de accionar la actividad del órgano jurisdiccional de amparo. En ese tenor, es necesario señalar que los artículos 59, 72 y 76, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, establecen: "Artículo 59. En los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación como firma electrónica o certificado digital institucional, emitida por la Unidad, a través de las Unidades de Certificación de la SCJN, el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece. El CJF publicará en el mismo Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación una lista de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad celebró convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos del artículo 5, párrafo segundo, de Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico. Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos. Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." De lo anterior queda de manifiesto que para la presentación de las demandas electrónicas es necesario el uso de la firma electrónica o certificado digital institucional vigente, la cual se verificará en la parte final del documento que se reciba, y debe mostrar el nombre del titular de la firma electrónica. En el caso, no hay certeza de que el promovente Luis Enrique Arellano Gallegos hubiera signado por cualquier forma la demanda de amparo, pues del escrito presentado no se aprecia alguna evidencia criptográfica de la firma electrónica a que se refiere el citado artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la cual, es necesaria para acreditar la existencia de la voluntad para instar la acción constitucional. Sin que esa deficiencia deba ser corregida mediante una prevención, por no ser una irregularidad en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, ni se trata de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el numeral 108 del mismo ordenamiento legal. No pasa inadvertido para este Juzgador que el último párrafo del ordinal 3 de la Ley de Amparo establece que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la misma ley; no obstante, en el caso, no se está en ninguna de sus hipótesis, pues el acto reclamado no se ubica de algún caso urgente o de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ya que el acto reclamado es el la omisión de dictar sentencia en la causa penal 90/2015 del índice del Juzgado Segundo Penal del Estado. IV. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación el diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, así como el artículo 17 del Acuerdo General conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia por unificación de criterios número P./J. 8/2019 (10a.), emitida en la décima época, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. No se acuerda de conformidad Sin que haya lugar a acordar de conformidad la petición del promovente, en el sentido de que las notificaciones se realicen mediante el correo electrónico manuel.castaneda@gmail.com, al no estar previsto en la ley de la materia dicha forma de notificación. Aunado a que tampoco se proporcionó el "nombre de usuario" registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en términos del artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. VII. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, toda vez que el correo electrónico señalado no fue autorizado para tal efecto. Como autorizado a Manuel Castañeda Rodríguez con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho. VIII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo acordó y firma Jaime Páez Díaz, Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, ante Juan Manuel Gutiérrez Tenorio, secretario que autoriza y da fe.
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