Luis Ender Rojas Molina
Expediente 741/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 27 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Luis Ender Rojas Molina
- Director General de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto: agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado criptográficamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, a través del cual informa que el órgano de su adscripción aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 741/2020-9, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Luis Ender Rojas Molina, a través de su defensor particular Edgar Fragoso Becerra. En ese contexto, al no existir diligencia pendiente por practicar archívese el presente asunto como totalmente concluido, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del artículo Vigésimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a su destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del numeral citado, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Segundo del acuerdo normativo. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en el cuaderno de antecedentes relativo al incidente de suspensión, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Incidental
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo del que deriva este expediente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívese el presente cuaderno de antecedente. En términos del artículo Vigésimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a su destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del numeral citado, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Segundo del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 741/2020-9, promovido por Luis Ender Rojas Molina, por conducto de su defensor particular Edgar Fragoso Becerra, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Cancún, Quinta Roo y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Luis Ender Rojas Molina, por conducto de su defensor particular Edgar Fragoso Becerra, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido de Informe justificado Foja (s) 1 Juez de Control para adolescentes, en funciones de Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Acepta el acto reclamado 54 y 55 2 Director General de la Policía de Investigación de la fiscalía General del Estado de Tabasco Niega el acto reclamado 15 3 Coordinador de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, con residencia en Cancún, Quintana Roo Niega el acto reclamado 91 4 Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Secuestros en Cancún, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Omiso SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 741/2020-9; se solicitó a las autoridades responsables rindieran informes justificados, se otorgó la legal intervención al Fiscal Federal adscrito; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Luis Ender Rojas Molina, por conducto de su defensor particular Edgar Fragoso Becerra, por los motivos que a continuación se explica. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, definió a la competencia, en términos generales, como la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer y decidir sobre determinadas materias. La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia. Por su parte, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sobre este tópico, el numeral 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo transcrito, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de esos distritos y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esos Distritos ante el que se presente la demanda de amparo. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. A efecto de determinar lo conducente, resulta indispensable precisar el acto reclamado por la parte quejosa con base en lo expuesto por ésta en la demanda relativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promoverte y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Se cita el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 519, del tomo VI, agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda". También la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del apéndice 1917-2000, novena época, cuyo texto y rubro son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Luego, atendiendo a los criterios citados y de un análisis conjunto del ocurso de demanda, se puede establecer que la parte quejosa sustancialmente reclamó la orden de aprehensión, así como su ejecución. También se desprende que señala como autoridad ordenadora al Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo, y como ejecutoras al Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Secuestros en Cancún, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Encargado de la Coordinación de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Dirección General de la Policía de Investigación en Cancún, Quintana Roo, Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. Además, cabe precisar que la Juez de Control para adolescentes, en funciones de Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir su informe justificado, manifestó que el diecisiete de julio de dos mil veinte, Luis Ender Rojas Molina, fue puesto a disposición, fijando para la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión el dieciocho de julio del presente año, en la cual la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, manifestó que no realizaba formulación de imputación al investigado, ya que no existen datos de prueba suficientes para continuar con la secuela procesal. Por lo anterior, la Juez responsable ordenó dejar sin efecto la citada audiencia y la inmediata libertad del quejoso Luis Ender Rojas Molina. En ese contexto, al tratarse de una orden de aprehensión, el acto combatido en esta vía requirió de una ejecución material; por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de la materia, es competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior, no obstante que el quejoso señaló como autoridades responsables ejecutoras, entre otras, al Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco; sin embargo, la referida autoridad negó el acto reclamado al rendir su respectivo informe justificado (foja 15); por tanto, se concluye que no tiene ejecución en el Estado de Tabasco. Sin que de las constancias que obran en autos, se adviertan elementos para considerar que el acto reclamado, habrá de ejecutarse dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, pues como se apuntó, la autoridad ejecutora que podría fijar la competencia del suscrito, negó la existencia del mismo. Máxime que la parte quejosa, no aportó pruebas para desvirtuar el contenido negativo de dicho informe, aun cuando tuvo conocimiento de él con la anticipación debida. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1071, Tomo II, Abril de 2018, Libro 53, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2016596, del contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Así las cosas, al haber negado los actos reclamados la autoridad señalada como ejecutora en el Estado de Tabasco, la posibilidad de que el acto reclamado sea ejecutado en este distrito judicial desaparece, sin que existan datos ciertos y objetivos que demuestren lo contrario. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 9/2001, formulada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia(s): Común, página 5, registrada con el número 190373, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda". En ese orden de ideas, como se apuntó, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional al considerar que se surte la primera de las hipótesis previstas en el primero de los numerales precitados, ordena remitir el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno, a quien se estima legalmente competente para conocer del juicio de amparo de mérito. Por consiguiente, con fundamento en el supra citado numeral, se ordena remitir los autos originales del presente juicio de amparo al Juez de Distrito competente, solicitando atentamente que informe su decisión a este Juzgado, ordenándose formar el cuadernillo de antecedentes respectivo, así como hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obre la constancia de notificación de la presente determinación, practicada a la parte quejosa, autoridad residente en esta jurisdicción y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin ulterior acuerdo mediante oficio remítanse los autos al Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno, para que provea lo conducente a la competencia planteada; en el entendido que las notificaciones relativas a las autoridades foráneas señaladas como responsables, se le enviarán en alcance una vez que obren en autos. SEGUNDO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el juicio de amparo promovido por Luis Ender Rojas Molina, en contra del acto reclamado y las autoridades establecidas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando PRIMERO de esta determinación. SEGUNDO. En su oportunidad, remítase el expediente original al Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno, para que provea lo conducente a la competencia planteada, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo. TERCERO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta resolución, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez de Despacho, adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, con residencia en Quintana Roo, toda vez que el quince de junio del año en curso, se le tuvo a la citada autoridad responsable remitiendo copia certificada de la carpeta administrativa 269/2020, de su índice, así como un DVD (Disco Versátil Digital), que dice contener las audiencias de quince de mayo, diecisiete y dieciocho de julio, todos de dos mil veinte, derivadas de la carpeta administrativa citada con antelación, el cual obra glosado en autos. No obstante lo anterior, y a efecto de facilitar el manejo del presente juicio de derechos fundamentales, respecto al DVD (Disco Versátil Digital), guárdese por separado para su seguridad y custodia en la mesa de trámite. En virtud de lo voluminoso de la constancia remitida por la autoridad oficiante, para facilitar el manejo del presente juicio, fórmese el tomo II de pruebas, por cuerda separada de este asunto, y una vez concluido el juicio en que se actúa sean devueltas a la precitada autoridad responsable. Notifíquese.
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