Luis Emilio Collí Aké
Expediente 1654/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1654/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Emilio Collí Aké
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Mérida, Yucatán; cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causó ejecutoria la referida sentencia que, en su punto resolutivo primero, sobreseyó en el presente asunto. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obren en autos las tarjetas de acuses de recibo postales de los oficios con los que se notificó la sentencia de que se trata a las autoridades responsables foráneas, pues el sobreseimiento decretado únicamente afecta a quien directamente promovió la demanda de amparo, quien, hasta el día de hoy no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por la autoridad señalada como responsable. Aunado a que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que el recurso de revisión sólo podrá se interpuesto por las responsables en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio por inexistencia del acto, y por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad respecto de un acto inexistente. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, a los que se deberá agregar copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Así mismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar definitiva; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del referido Acuerdo General. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses de a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, este sumario, así como el incidente de suspensión, coinciden en su totalidad con el expediente electrónico correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de octubre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes ni de sus representantes legítimos. Acto seguido, se da cuenta al Juez con la demanda y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales obran agregados con conocimiento a las partes. De igual manera, certifico: que a la fecha no hay constancia de que el Fiscal adscrito al Juzgado de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín y el Director de la Policía Municipal de Seyé, con sede en esa municipalidad, hubieran rendido sus informes justificados, no obstante de estar debidamente notificados para tal efecto y que transcurrió el plazo de quince días que se les otorgó para ello, tal como se advierte de los acuses de correo postal respectivos (fojas 60 y 64). A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, por rendidos en tiempo y forma los informes justificados en comento, y respecto a la certificación anteriormente asentada se proveerá lo conducente al momento de dictar sentencia. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que ninguna parte ofreció medio de convicción alguno. Por lo que el Juez acuerda: se declara cerrado el periodo de pruebas. Ahora bien, abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con el alegato ministerial 521/2022 (fojas 44 a 48), firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y certifica que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A continuación, al no haber diligencias pendientes por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución: Visto, para resolver el juicio de amparo 1654/2022-IX-B, promovido por Luis Emilio Collí Aké, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de julio de este año, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el seis de julio siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció Luis Emilio Collí Aké a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuyó a las siguientes autoridades: ORDENADORAS: Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Con sede en esta ciudad. Juez de Control adscrito al Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Con sede en Kanasín, Yucatán. EJECUTORAS: Fiscal General del Estado de Yucatán. Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Fiscal adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán. Con sede en esta ciudad. Director de la Policía Municipal de Seyé, Yucatán. Con sede en Seyé, Yucatán. Fiscal adscrito al Juzgado de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Con sede en Kanasín, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por determinación de siete de julio de este año, por una parte se desechó la demanda respecto del acto reclamado consistente en la radicación de una causa penal y, por el otro, se admitió a trámite la demanda de amparo, respecto a la orden de aprehensión y detención, así como su ejecución, por lo que se registró bajo el número 1654/2022-IX-B; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, previos diferimientos, en términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: - La orden de aprehensión y detención dictada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades: ORDENADORAS: - Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán (registro 16337, foja 34). - Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán (registro 16236, foja 25). Con sede en esta ciudad. - Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán (registro 17807, foja 52). Con sede en Kanasín, Yucatán. EJECUTORAS: - Fiscal General del Estado de Yucatán (registro 16491, fojas 38 y 39). - Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán (registro 16407, foja 40). - Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (registro 16240, foja 26). - Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán (registro 16249, foja 29). - Fiscal adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán Estado de Yucatán (registro 16247, foja 27). Con sede en esta ciudad. Pues así lo señalaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Tampoco son ciertos los actos reclamados al Fiscal adscrito al Juzgado de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán con sede en Kanasín y del Director de la Policía Municipal de Seyé, con sede en esa municipalidad, pues aunque no existe constancia de que hubieran rendido sus informes justificados, no obstante de estar debidamente notificados para tal efecto; no es el caso presumir ciertos los actos atribuidos a dichas autoridades, como lo establece el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso expresamente las señaló como autoridades ejecutoras. Por lo tanto, si todas las autoridades ordenadoras negaron la existencia de las órdenes de captura restrictivas de la libertad, es evidente que las aludidas ejecutoras no pueden tener para su cumplimiento una orden que no existe. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis V.2o.196 K, pronunciada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Marzo de 1994, página 317, cuyo rubro y texto señalan: AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Es verdad que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto reclamado cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación; sin embargo, tal disposición no tiene aplicación en el caso de que la autoridad ordenadora niegue el acto que se le atribuye y que la omisa sea sólo ejecutora, siempre que no se reclamen a esta última tales actos por vicios propios, porque es incuestionable que no puede cumplir una orden inexistente. Por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 284, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Emilio Collí Aké, contra los actos que reclamó de las responsables, por la razón expuesta en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán; trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se advierte que a la fecha no obran en autos las notificaciones de las responsables Fiscal adscrito al Juzgado de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín y Director de la Policía Municipal de Seyé, con sede en esa municipalidad, de la providencia por la cual se les requieren sus informes justificados, ni obran agregados éstos. Por tanto, dada la distancia que existe entre el lugar de residencia de este juzgado y el de las autoridades foráneas, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia señalada para tener verificativo en este propio día, por tanto, se impone su diferimiento y se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán; ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos incidentales y la cuenta que antecede, se agrega el informe previo rendido por el Director de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el siete de septiembre pasado, se resolvió en definitiva la suspensión del acto reclamado, respecto de la mencionada autoridad. Notifíquese y cúmplase.
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