Luis Eliezer Perez Rodriguez

Expediente 1648/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1648/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Luis Eliezer Perez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el doce de septiembre del dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Atento a lo dispuesto en el artículo 21, del acuerdo en cita se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger la documental que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dicho documento podrá ser destruido junto con este expediente. En el entendido de que para acudir por el aludido documento, deberá generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, "Agenda OJ", tal como lo prevé el "Capítulo II. Atención al público en general", del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el similar 16/2022 en relación al período de vigencia. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte QUEJOSA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el cuatro de octubre de dos mil veintidós que dice: Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el doce de septiembre del dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Atento a lo dispuesto en el artículo 21, del acuerdo en cita se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger la documental que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dicho documento podrá ser destruido junto con este expediente. En el entendido de que para acudir por el aludido documento, deberá generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, "Agenda OJ", tal como lo prevé el "Capítulo II. Atención al público en general", del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el similar 16/2022 en relación al período de vigencia. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    (4) Puntos resolutivos Por lo expuesto y fundado se resuelve: 1. La se SOBRESEE en el juicio el amparo solicitado por la parte quejosa, contra el acto y autoridad precisados en el considerando 2, por las razones expresadas en el diverso 3 de este fallo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que signa la Secretaria del Cuarto Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo 2862/2018, así como copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión virtual ordinaria de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el toca de queja 245/2021 de su índice, que concluyó en lo siguiente: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se modifica la sentencia interlocutoria recurrida en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria." Por tanto, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, y acúsese recibo a la Superioridad vía interconexión. Glósense al expediente original el testimonio de mérito y el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la interposición de recurso de queja; y para un mejor manejo del expediente en que se actúa: únicamente agréguense las constancias originales que obren en el mismo, en razón de que el resto son constancias que ya forman parte integrante de este juicio de amparo. Ahora de lo que resolvió la Superioridad destaca: "Como puede observarse, al dictar la ejecutoria de amparo que nos ocupa, este órgano colegiado ya ponderó el hecho de que durante la tramitación del juicio de amparo en cuestión, el quejoso haya seguido laborando en la institución de seguridad pública a la que pertenecía y percibiendo su salario de manera íntegra, con motivo de que la autoridad responsable, en acatamiento a la suspensión definitiva, no ejecutó la resolución en la que se decretó la separación y cese del cargo que ocupaba; en relación a lo cual, se sostuvo que al encontrarse acreditada la aludida resolución de cese y ante la restricción constitucional de restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la emisión de esa resolución, se erige sobre el Estado la obligación de pagar la indemnización y demás prestaciones a que tuviera derecho, así como de ordenar la anotación en el expediente personal del servidor público de que fue separado injustificadamente. De igual modo, se indicó que no constituye un impedimento jurídico para el pago de indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso, el hecho de que aquél se encontrara laborando y percibiendo su salario de manera regular, con motivo de la suspensión definitiva decretada en el juicio, puesto que dicha medida cautelar solo surte efectos hasta en tanto se resuelve en definitiva el juicio de amparo, por lo que la misma quedaría insubsistente una vez que cause ejecutoria la sentencia concesoria del amparo y ante la referida restricción constitucional de reinstalar al quejoso, se le debe restituir mediante el pago de una indemnización y demás prestaciones a que tuviera derecho, pues la aludida prohibición de reinstalación surte efectos desde que se emite la resolución de cese o baja, de modo que el hecho de que el quejoso continuara laborando, constituye un aspecto a considerar para el cálculo de la prestación que dejó de recibir. En suma, este órgano colegiado, en la ejecutoria de amparo materia del procedimiento de cumplimiento que nos ocupa, estableció que ante la existencia de una resolución de cese injustificada, se erige sobre el Estado la obligación de pagar la indemnización y demás prestaciones a que tuviera derecho el quejoso, y que el hecho de que éste se encontrara laborando y percibiendo su salario de manera regular e íntegra, con motivo de la suspensión definitiva, no constituye un impedimento jurídico para estimar que no se le debe realizar el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso, sino que constituye un factor a tomar en cuenta para el cálculo de la prestación que dejó de recibir. Ahora bien, en el caso concreto, no se encuentra sujeto a duda que la autoridad responsable no ejecutó la resolución de cese decretada sobre el quejoso, a pesar de que dejó de surtir efectos la suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo, con motivo de la emisión de la ejecutoria de amparo al resolver el recurso de revisión principal 143/2019 del índice de este tribunal colegiado; lo que trajo como consecuencia que el peticionario del amparo continuara laborando en la institución de seguridad pública a la que pertenecía y recibiendo de manera íntegra su salario y prestaciones de ley, hasta que tramitó su jubilación, la cual aconteció el uno de enero de dos mil veintiuno. No obstante, en detrimento a lo decidido por el a quo en la resolución recurrida, este último aspecto no constituye un impedimento jurídico para estimar que no se erigió la obligación a cargo de la autoridad responsable de pagar la indemnización. [.] Aunado a lo anterior, el hecho de que el quejoso alcanzara su jubilación, previo a que la autoridad responsable indemnizara al quejoso con motivo de la resolución de cese declarada inconstitucional en la ejecutoria de amparo, de ningún modo libera a dicha autoridad de la obligación de otorgar al agraviado la indemnización constitucional prevista por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, se insiste, ésta constituye una sanción del actuar inconstitucional de la autoridad y el modo de resarcir al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales, ante la prohibición constitucional de reinstalarlo en el puesto que venía desempeñando; aunado a que la jubilación constituye una prestación extralegal que se actualiza ante los años laborados por el empleado, tal como aconteció en el caso particular. [.] Ahora bien, en el caso concreto, no se encuentra sujeto a duda, pues incluso lo reconoce el agraviado en su recurso de queja, que a pesar de que el diez de septiembre de dos mil dieciocho, se decretó la separación del quejoso en el servicio del cargo que ocupaba como Policía Vial de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, éste siguió laborando en dicho cargo, primero con motivo de la medida cautelar dictada en el juicio de amparo y luego por decisión propia de la autoridad responsable de no ejecutarla; ello, hasta que alcanzó su jubilación. En ese sentido, es de indicarse que no es procedente cuantificar a favor del peticionario del amparo, el pago de la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto por la prestación de sus servicios. [.] En cambio, sí es procedente cuantificar la indemnización por los conceptos de tres meses de salario y de veinte días por cada año trabajado, pues tal como se puso de manifiesto en párrafos precedentes, a través de ésta es posible restituir al quejoso en el goce de su derecho violado. [.] En las relatadas condiciones, al resultar fundado el recurso de queja que nos ocupa, lo procedente es modificar la sentencia interlocutoria recurrida, para que la liquidación de las prestaciones a que tiene derecho la parte quejosa quede en los términos siguientes: Concepto Cantidad Lo anterior, en la inteligencia de que, de ser el caso, deberán tomarse en consideración aquellas cantidades que las autoridades responsables ya pusieron a disposición de la quejosa con anterioridad". En ese sentido, existe un adeudo al quejoso , por los conceptos Indemnización constitucional y Veinte días por año de servicio laborado, mismos que ya fueron cuantificados por el Tribunal revisor, saber: Por tanto, como lo prevé el "TÍTULO TERCERO Cumplimiento y Ejecución", "CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución", en su artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Transporte como la Secretaría de Seguridad ambas del Estado de Jalisco, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo dé cumplimiento puntual a lo ordenado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 245/2021; esto es: paguen al quejoso la cantidad por los conceptos Indemnización constitucional y Veinte días por año de servicio laborado. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual forma, requiérase al Gobernador del Estado de Jalisco, para que, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad en cita, ordene a ésta el cumplimiento de la ejecutoria de mérito dentro del referido término, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para los efectos revistos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Hágasele saber al citado ente, que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no la exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo.

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