Luis Eduardo Vargas Torres

Expediente 674/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
674/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Luis Eduardo Vargas Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; atento a su contenido, se instruye a la oficial judicial "A", a efecto de que vincule el expediente electrónico derivado del presente asunto, con el juicio de amparo 637/2022, de su índice. Asimismo, se hágase del conocimiento que mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo y el treinta y uno de enero último, causó estado tal determinación ordenando el archivo del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *************** por propio derecho, contra actos del Titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de la República y otras autoridades. Aspectos generales  Regístrese la demanda de amparo con el número 674/2021-IV.  Genérese el expediente electrónico e impreso. Improcedencia De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito Juzgador procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, dicho precepto establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la lectura integral de la demanda, se observa que la parte quejosa reclama: La resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación ***************, mediante la cual se requiere análisis para la solicitud de audiencia inicial. Bajo ese contexto, se considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Ahora, el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.).". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que nos ocupa, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad o, por el contrario, para que desaparezca o se evite, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. En ese orden de ideas, es evidente que el acto impugnado no causa perjuicio al amparista. Lo anterior es así, ya que se reclama la solicitud de análisis para audiencia inicial, relativa a la carpeta de investigación ***************; sin embargo, debe tenerse presente que la función persecutoria del Ministerio Público no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, en términos del artículo 21 constitucional, pues interesa a la colectividad que se investiguen los hechos probablemente constitutivos de ilícitos, por lo que es válido decir que al no existir un derecho tutelado del gobernado para impugnar dicho acto, razón por la que no se surte el interés jurídico, ni legítimo, para combatirlo mediante el juicio de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el lugar que indica en la demanda de amparo. Por autorizadas con las facultades que precisa, a las personas que refiere. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Sise. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

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