Luis Eduardo Valverde Salazar
Expediente 2165/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2165/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2017
Partes del expediente
- Luis Eduardo Valverde Salazar
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, se advierte que por oficio recibido en este juzgado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México manifestó la imposibilidad en la que se encontró para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón de que, las partes dentro del juicio de origen 952/2010, el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis celebraron convenio mediante el cual se tuvieron por pagadas cada una de las prestaciones que en dicho juicio fueron reclamadas, por lo que en auto de veintinueve de noviembre del año en curso se tuvo por concluido el juicio de origen 952/2010. Asimismo, mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el plazo de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades, y que tal acuerdo se notificó a la última de las partes [tercera interesada] el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, sin que hubieran realizado manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto debe decirse que por sentencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo a la parte quejosa para los siguientes efectos: "Por lo que fue expuesto en esta parte considerativa, en términos de lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia, lo procedente es otorgar el Amparo y Protección de la Justicia Federal que solicita el quejoso Francisco Javier Cahuantzi Puente, para el efecto de que la 1) Juez Interina Décimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal: Deje insubsistentes todas las actuaciones que conforman el juicio ejecutivo mercantil número 952/2010 únicamente por lo que hace al aquí quejoso, a partir de la diligencia de citatorio previo llevada a cabo el cuatro de junio de dos mil once por el 3) Diligenciario Par adscrito al Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla; y ordene efectuar de nueva cuenta su emplazamiento atendiendo los lineamientos que al efecto establece la legislación mercantil aplicable, para estar en posibilidad de continuar el procedimiento por todas sus etapas legales y, en su oportunidad, resolver lo que en derecho corresponda. [...] La concesión de amparo debe hacerse extensiva al acto que el quejoso reclamó del 2) Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, residente en Puebla, Puebla (en su denominación actual), consistente en todas las actuaciones contenidas en el exhorto 80/2011; por virtud de que no fueron reclamadas por vicios propios. Asimismo, respecto del diverso acto consistente en la inscripción del embargo sobre el inmueble identificado como casa ubicada en calle Retorno Tejocote edificio "J" departamento 16 dieciséis de esa Ciudad de Puebla, Puebla, de treinta de mayo de dos mil trece, realizada dentro del referido juicio ejecutivo mercantil y que de autos aparece que es imputable al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, únicamente en cuanto a la parte alícuota del inmueble correspondiente al aquí quejoso, por ser una consecuencia legal de las diligencias que han sido declaradas inconstitucionales, y que tampoco se le atribuye por vicios propios. [...] Cabe señalar que este Juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la figura del litisconsorcio pasivo necesario, dado que el juicio de origen se trata de un juicio ejecutivo mercantil promovido por un solo actor y que existe pluralidad de demandados, además se trata de un solo procedimiento el cual debe decidirse formalmente en una sola sentencia. En este sentido, al actualizarse la figura del litisconsorcio pasivo necesario, los codemandados se encuentran vinculados entre sí por un mismo derecho litigioso que debe ser resuelto en una misma sentencia, ya que las prestaciones no pueden ser reclamadas en diversos juicios dada la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, que hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia para que se pueda dictar una sentencia válida. Lo anterior en atención a que la figura del litisconsorcio implica que se emita una sentencia común con relación al derecho litigioso, lo cual beneficiará a los restantes codemandados ya que en el dictado de ese nuevo fallo se valorarán las pruebas que ya obran en el expediente, así como los nuevos elementos de convicción que aporte el litisconsorte que obtuvo la reposición del procedimiento ante su ilegal emplazamiento, lo que no se traduce en que nuevamente se brinde oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas a los codemandados que ya fueron emplazados a juicio, en virtud de que, se insiste, ya tuvieron la oportunidad de ser oídos en juicio y aportar las pruebas que consideraron pertinentes. [...] Por lo antes expuesto, al actualizarse la figura antes descrita, procede determinarse que el Juez responsable respecto de los restantes demandados en el juicio ejecutivo mercantil de origen Martha Bonilla Torres, también conocida como María Martha Esperanza Bonilla Torres y Francisco Javier Cahuantzi Bonilla: Deberá dejar sin efectos la sentencia definitiva dictada el quince de enero de dos mil catorce, y una vez que se realice el emplazamiento del aquí quejoso Francisco Javier Cahuantzi Bonilla, y se desahogue el procedimiento en sus etapas por dicho demandado a quien se otorgó la protección constitucional, dicte la sentencia definitiva que corresponda respecto de todos los demandados. En el entendido de que debe subsistir todo lo actuado en el juicio natural con relación a quienes ya tuvieron la oportunidad de ser oídos y aportar pruebas (Martha Bonilla Torres, también conocida como María Martha Esperanza Bonilla Torres y Francisco Javier Cahuantzi Bonilla)." Por su parte, de las constancias remitidas por la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, mediante oficio recibido el trece de diciembre de dos mil dieciséis, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: Dentro del juicio de origen 952/2010, las partes celebraron convenio el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se tuvieron por pagadas cada una de las prestaciones que en dicho juicio fueron reclamadas, por lo que la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, por auto de veintinueve de noviembre del mismo año determinó tener por concluido el juicio de origen 952/2010. Conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo y, por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. Al respecto, conviene traer a contexto lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." El contenido del precitado artículo, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de su cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedo cumplida la sentencia; lo cierto es que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora bien, en el caso, se obligó a la autoridad responsable a un hacer, a saber, que dejara insubsistentes todas las actuaciones que conforman el juicio ejecutivo mercantil 952/2010, únicamente por lo que hace al aquí quejoso, a partir de la diligencia de cuatro de junio de dos mil once, y como consecuencia todas las actuaciones contenidas en el exhorto 80/20112 del índice del Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, asimismo, dejar sin efectos la sentencia definitiva dictada el quince de enero de dos mil catorce, y una vez que se realice el emplazamiento del aquí quejoso y se desahogue el procedimiento en sus etapas y dictara la sentencia definitiva correspondiente. Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, la controversia del juicio de origen culminó con la celebración de un convenio, en el cual se pagó las prestaciones reclamadas y por el cual la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México tuvo por concluido el citado procedimiento. En ese orden de ideas, si dentro del juicio de origen, se celebró un convenio entre las partes y por consiguiente la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México tuvo por concluido el procedimiento dentro del juicio de origen; tal circunstancia conlleva a la imposibilidad de cumplir con la sentencia de amparo. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, si conforme a lo expuesto en virtud de la actuación de las partes del juicio de origen, se dio por concluido el juicio natural; lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, pues de cualquier manera el procedimiento de origen ya culminó. En consecuencia, lo anterior constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201, fracción II, y 202 de la Ley de Amparo, y se ORDENA EL ARCHIVO del presente asunto como concluido, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. Finalmente, en virtud de que se formaron los Anexos II y III, con motivo de las copias certificadas del expediente 952/2010, remitidas por la Titular del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la ciudad de México; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Luis Eduardo Valverde Salazar, desahoga el requerimiento formulado en proveído de dieciséis del mes y año en curso; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causal de improcedencia. En primer término cabe precisar que mediante escrito de trece de diciembre de dos mil dieciséis, Luis Eduardo Valverde Salazar solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Ordenadora; Juez Tercero Especializado en Materia Civil de Puebla. Ejecutora.- El Diligenciario de expedientes non del Juzgado Tercero de lo Civil de Ciudad Judicial Siglo XXI, Puebla. Domicilio en Ciudad Judicial Siglo XXI Periférico Ecológico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula, Puebla. IV-. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; La resolución de la responsable respecto de la negativa a dar trámite de procedencia a la nulidad de la notificación de la sentencia definitiva del juicio expediente 23/2015, del Juzgado Tercero de lo Civil, de Ciudad Judicial Siglo XXI, Puebla; toda vez que se ordenó realizarse en forma personal y ello no ha sucedido así; y se intenta realizar ejecuciones en contra del suscrito, en violación a la ley y mis derechos Constitucionales. Al señalar lo siguiente: En lista de notificaciones pares, del Juzgado Tercero de lo Civil, Ciudad Judicial Siglo XXI, Puebla, Que en fecha nueve de diciembre del dos mil dieciséis, a la letra dice: 'Auto de fecha: 5 de diciembre de 2016 Se le hace saber que es improcedente el incidente de nulidad que promueve por extemporáneo lista a las partes' De la ordenadora la ilegal orden de notificaciones personales de la sentencia del juicio ejecutivo civil con número de expediente 23/2015 del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil de Puebla, por estrados, en violación al derecho adquirido por reconocimiento del domicilio para recibir notificaciones personales por parte de la autoridad responsable respecto del escrito aclaratorio de fecha veintidós de septiembre del dos mil quince y estar ordenado que la sentencia del juicio se notifique personalmente. De la ejecutora la ilegal notificación personal de la sentencia del juicio expediente 23/2015, del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil de Ciudad Judicial Siglo XXI, Puebla; hecha por estrados al suscrito quejoso, en violación al derecho adquirido por reconocimiento del domicilio para recibir notificaciones personales por parte de la autoridad responsable por escrito aclaratorio de fecha veintidós de septiembre del dos mil quince respecto del escrito aclaratorio de fecha veintidós de septiembre del dos mil quince. . ACTO RECLAMADO IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- De la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA se reclama: I.-La negativa a admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones desde la ilegal notificación, que por ley fue ordenada personal y ello no aconteció nunca de la manera ordenada y por ley así dispuesta dicha notificación. II.- El ordenamiento de la notificación personal al suscrito, consistente en la sentencia relativa al presente juicio promovido ante la ordenadora en el expediente número 23/2015, llevado a cabo por la CIUDADANA DILlGENCIARIO NON ADSCRITA AL JUZGADO, TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, ilegalmente ejecutada en forma diferente, sin realizar la notificación personal de la misma, aun teniendo por conocido dicho domicilio personal del suscrito quejoso; omitiendo considerar que existe acuerdo por la autoridad ordenadora responsable en fecha veintiocho de septiembre del dos mil quince que en lo referente señala: 'Además, ordeno turnar los autos al diligenciario a fin de que se constituyan en el domicilio de la parte demandada indicado en su escrito de cuenta y la cite en términos de ley, debiéndose elaborar los citatorios respectivos.'; acuerdo que recayó al escrito fechado el veintidós de septiembre del dos mii quince, con sello de recepción de '13 SET 2015', por parte de la parte actora de juicio relativo al expediente 23/2015 del mismo Juzgado Tercero de lo Civil de Ciudad Judicial Puebla; en donde consta la precisión por la contraparte del juicio, que le señala a la autoridad que: 'aclarando el domicilio de la parte demandada a efecto de que sea citado el ubicado en EN (sic) CASA MARCADA CON EL NUMERO VEINTISIETE DE LA CALLE ANDADOR C, NUBE SUR DEL CONJUNTO HABITACIONAL SUJETO A RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO HORIZONTAL, CONDOMINIOS SAN ALFONSO COMERCIALMENTE CONOCIDO COMO LARES DE SAN ALFONSO, MARCADO CON EL NUMERO OFICIAL TRECE MIL TRESCIENTOS OCHO DE LA CALLE SOL DEL FRACCIONAMIENTO SAN ALFONSO DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA'. III.- Existe la falta de notificación personal de la sentencia, del expediente referido ante la responsable, ello en violación al derecho adquirido por el suscrito, toda vez que el domicilio señalado para recibir notificaciones inicialmente presento parcial información del domicilio particular y para recibir notificaciones por parte del abogado, ello fue aclarado por escrito de fecha veintidós de septiembre del dos mil quince, en donde se señaló como domicilio completo para el suscrito corno sigue: 'aclarando el domicilio de la parte demandada a efecto de que sea citado el ubicado en EN (sic) CASA MARCADA CON EL NUMERO VEINTISIETE DE LA CALLE ANDADOR C, NUBE SUR DEL CONJUNTO HABITACIONAL SUJETO A RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO HORIZONTAL, CONDOMINIOS SAN ALFONSO COMERCIALMENTE CONOCIDO COMO LARES DE SAN ALFONSO, MARCADO CON EL NUMERO OFICIAL TRECE MIL TRESCIENTOS OCHO DE LA CALLE SOL DEL FRACCIONAMIENTO SAN ALFONSO DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA', y así fue aceptado y considerado por la responsable conforme el acuerdo y oficio ambos de fecha veintiocho de septiembre del dos mil quince corno obra en el expediente 23/2015 del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil de Puebla, Puebla. B).- De la AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA se reclama: IV:- De la CIUDADANA DILlGENCIARIO NON ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, la falta absoluta e ilegal del NOTIFICACIONES PERSONALES DE LA SENTENCIA DEL JUICIO 23/2015, toda vez que en ningún momento se cercioro de la identidad del domicilio del suscrito, que previamente ya había aclarado el INFONAVIT y así admitido por el Juez y que incluso el propio diligenciario ya conocía, amén de que ni siquiera se asentó que se constituyera en el domicilio del suscrito quejo (sic), aunado a ello, no existe constancia de que el suscrito quejoso presentara escrito, comparecencia o razón alguna que debiera modificar de las actuaciones del día veinte de octubre del dos mil quince que emplaza personalmente al suscrito hasta la fecha de la razón de la diligenciaría en ocho de diciembre del dos mil quince respecto del domicilio personal para recibir notificaciones personales por el suscrito quejoso. En consecuencia, de ambas autoridades se reclama: V.- Que se haya omitido realizar la notificación personal en mi domicilio personal, aclarado en autos, respecto de la sentencia del juicio dentro del expediente 23/2015 del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil de Ciudad Judicial Siglo XXI, Puebla, Puebla." Ante tales imprecisiones, mediante proveído de dieciséis del mes y año en curso se previno a Luis Eduardo Valverde Salazar, para que precisara el acto que en concreto reclama; ello, pues de sus dos capítulos de "actos reclamados", se desprendían los siguientes: a).- El acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero Especializado en Materia Civil, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, mediante el cual desechó por extemporáneo el incidente de nulidad de notificación de sentencia, relativo al expediente 23/2015. b).- La orden del Juez Tercero Especializado en Materia Civil, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, consistente en que las notificaciones que deban realizarse a la parte quejosa de manera personal en el juicio de origen, se le hagan por estrados. c).- La notificación de la sentencia dictada por el Juez Tercero Especializado en Materia Civil, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en el expediente 23/2015 de su índice. d).- La negativa a admitir a trámite "el incidente de nulidad de actuaciones, desde la ilegal notificación", sin especificar cuál. e).- La falta de notificación personal de la sentencia dictada en el expediente 23/2015 del índice del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Y hecho que fuera lo anterior, bajo protesta de decir verdad narrara los correspondientes antecedentes. Así, mediante el escrito de cuenta, Luis Eduardo Valverde Salazar, desahoga el requerimiento mencionado en líneas anteriores y refiere que el acto que en concreto reclama es el siguiente: I.- Se me tenga señalando como ACTO RECLAMADO el siguiente: Existe omisión y falta de notificación personal, de la sentencia definitiva del expediente 23/2015 del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil de Puebla, Puebla. Ya que nunca se ha realizado el domicilio (sic) y en forma personal al suscrito quejoso como ordena la ley." Esto es, Luis Eduardo Valverde Salazar se duele de la falta de notificación personal de la sentencia dictada en el expediente 23/2015 del índice del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Asimismo, es pertinente hacer notar que en dentro de sus antecedentes, bajo protesta de decir verdad menciona: .5.- Con escrito de fecha primero de diciembre del año dos mil dieciséis, mi abogado patrono dentro del expediente 23/2015 del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil de Puebla, Puebla, interpuso como defensa en contra de la notificación ilegal de la sentencia definitiva del juicio, incidente de nulidad de actuaciones II, ante la autoridad responsable. 6.- Con fecha nueve de diciembre del dos mil dieciséis, fue notificado por lista, que la autoridad responsable desechó por extemporáneo el incidente de nulidad de actuaciones II, relativo a la nulidad de notificación y actos posteriores de la autoridad respecto de la incompleta e ilegal notificación de la sentencia definitiva del juicio expediente 23/2015 del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil de Puebla, Puebla." Manifestaciones a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una confesión expresa. Precisado lo anterior, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Ello, debido a que el acto que se reclama al Titular y Diligenciario adscritos al Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, consistente en la falta de notificación personal de la sentencia dictada en el expediente 23/2015, cesó en sus efectos al haber sido sustituido procesalmente por el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual, el juez responsable desechó por extemporáneo el incidente de nulidad que promovió en contra de la notificación de la resolución dictada en el juicio de origen. Por tanto, es el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en el expediente 23/2015, mediante el cual desechó por extemporáneo el incidente de nulidad que Luis Eduardo Valverde Salazar promovió en contra de la notificación de la resolución dictada en el juicio de origen, el acto que en realidad causa agravio a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C. J/22 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Luis Eduardo Valverde Salazar, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Luis Eduardo Valverde Salazar, contra actos del Juez Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 2165/2016-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1. Precise el acto que en concreto reclama, pues del primer capítulo de "actos reclamados" se desprende que señala: a).- El acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero Especializado en Materia Civil, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, mediante el cual desechó por extemporáneo el incidente de nulidad de notificación de sentencia, relativo al expediente 23/2015. b).- La orden del Juez Tercero Especializado en Materia Civil, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, consistente en que las notificaciones que deban realizarse a la parte quejosa de manera personal en el juicio de origen, se le hagan por estrados. c).- La notificación de la sentencia dictada por el Juez Tercero Especializado en Materia Civil, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en el expediente 23/2015 de su índice. De igual forma, del segundo capítulo de "actos reclamados" se desprende que reclama: d).- La negativa a admitir a trámite "el incidente de nulidad de actuaciones, desde la ilegal notificación", sin especificar cuál. e).- La falta de notificación personal de la sentencia dictada en el expediente 23/2015 del índice del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Por lo tanto deberá precisar cuál es el acto que efectivamente pretende combatir en esta instancia constitucional. Ello, porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a cada una de las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, ya que la suscrita no puede presumir cuál es el acto reclamado a éstas, dado que es un requisito de forma de la demanda que la ley o acto que de cada autoridad se reclame se señale con exactitud, en virtud de que, a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse el acto reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. 2. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, narre con precisión los antecedentes del acto que señale como reclamado. Lo anterior es así, ya que en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo narrar los hechos y abstenciones que le constan a la parte quejosa y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, lo que en la especie no acontece y da lugar a realizar el presente requerimiento. Luego, al ser omiso el promovente en el aspecto indicado, resulta procedente realizar la presente prevención. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, cuando en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En la inteligencia de que el escrito aclaratorio que presente el ocursante, deberá ser en original y con seis copias del mismo para ser distribuidas entre las partes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado, pues de la lectura de la demanda no se advierte que la parte quejosa las autorice en los términos amplios que prevé el citado numeral. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Conforme al artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, para efectos de recibir notificaciones personales en el juicio de garantías, el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio deben señalar domicilio en el lugar de residencia del juez o tribunal que conozca del asunto. La expresión "lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto" contenida en el citado artículo, debe entenderse como el municipio o ciudad donde se asienta el domicilio de dichas autoridades. Por tanto, si el domicilio del juez o tribunal se encuentra en determinado municipio o ciudad, que a su vez forma parte de una zona conurbada o área metropolitana por estar declarado así en la ley o decreto emitido por la autoridad competente para ello, es indudable que los interesados pueden señalar domicilio en la zona conurbada al municipio o área metropolitana donde esté ubicada la sede o residencia del juez o del tribunal que conozca del asunto, siempre y cuando dicha área metropolitana o zona conurbada corresponda al circuito judicial del juzgado o tribunal de que se trate, establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales." RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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