Luis Eduardo Soto de la Cruz

Expediente 293/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
293/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Luis Eduardo Soto de la Cruz
  • Luis Eduardo Soto de la Cruz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficio 5188/2018, la Presidenta encargada del despacho por ministerio de ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, remitió copias certificadas del auto de siete de junio de dos mil dieciocho, por el que señaló las trece horas del doce de junio de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago; de las cédulas de notificación realizada a las partes de dicho acuerdo, así como del diverso acuerdo de doce de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada Secretaría de Educación Guerrero, dentro del juicio laboral 494/2011 (fojas 162 a 167). Luego, mediante proveído de quince de junio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera (foja 168). El proveído de referencia, se notificó a la parte quejosa el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, y al tercero interesado por oficio, respectivamente (fojas 171 y 172), sin haber hecho alguna manifestación, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Luis Eduardo Soto de la Cruz, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Por sentencia de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, emitida en el presente juicio de amparo (fojas 129 a 135), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: Comisionara al actuario de su adscripción, para que en compañía de la parte actora, se constituyera en cualquiera de los domicilios proporcionados por el quejoso y requiriera a la demandada el pago condenado. Remitiera las constancias que denotaran el cumplimiento de su orden. Consecuentemente, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. II. A fin de dar cumplimiento, la referida autoridad responsable por conducto de la encargada del despacho por ministerio de ley, mediante oficio 5188/2018, remitió copias certificadas del auto de siete de junio de dos mil dieciocho, por el que señaló las trece horas del doce de junio de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago; de las cédulas de notificación realizada a las partes de dicho acuerdo, así como del diverso acuerdo de doce de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada Secretaría de Educación Guerrero, dentro del juicio laboral 494/2011 (fojas 162 a 167). III. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable sí cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que como se justificó, por auto de siete de junio de dos mil dieciocho, señaló las trece horas del doce de junio de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago; remitió las constancias de notificación a las partes de dicho acuerdo, y el doce de junio de dos mil dieciocho, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada Secretaría de Educación Guerrero, dentro del juicio laboral 494/2011; razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria federal en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. IV. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto; por tanto, vistas las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Atento a lo anterior, el presente juicio de amparo será depurado; por tanto, una vez transcurridos cinco años a partir de la emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexos de cuenta signado por la Presidenta encargada del despacho por ministerio de ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por el que remite copia certificada del auto de siete de junio de dos mil dieciocho, cédulas de notificación realizada a las partes de dicho acuerdo, así como del diverso acuerdo de doce de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada Secretaría de Educación Guerrero, dentro del juicio laboral ********************. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa y tercera interesada para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    Visto el estado actual que guardan los presentes autos, se aprecia que en proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada del auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 494/2011, mediante el cual señaló las once horas del trece de septiembre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada Secretaría de Educación Guerrero (fojas 147 a 148). En esas condiciones, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación al cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. Efectos de la sentencia de amparo. En proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 141 a 142), causó ejecutoria la sentencia emitida el veinticinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 129 a 135), cuyos efectos fueron para que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, realizara lo siguiente: Comisionara al actuario de su adscripción, para que en compañía de la parte actora, se constituya en cualquiera de los domicilios proporcionados por el quejoso y requiera a la demandada el pago condenado. Remitiera las constancias que denoten el cumplimiento de su orden. II. Trámites de la responsable. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio 5151/2018, de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 494/2011, del que se aprecia que se señalaron las once horas del trece de septiembre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada Secretaría de Educación Guerrero (fojas 147 a 148). III. Verificación del cumplimiento. El quejoso Luis Eduardo Soto de la Cruz, mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil diecisiete, solicitó fecha y hora para requerir de pago a la demandada (foja 24). El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 494/2011, señaló las once horas del trece de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se concluye que la ejecutoria NO ESTA CUMPLIDA. Lo anterior es así, dado que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en virtud que, al señalar una fecha tan lejana para llevar a cabo el requerimiento de pago a la demanda, tiene como consecuencia, que se retraiga de nueva cuenta el procedimiento de ejecución, lo que contraviene el artículo 17 de la Constitución Federal. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede esta ciudad, esto es a Bernardo Ortega León, para que comisione al actuario de su adscripción y dentro del término de diez días contados a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, se constituya en el domicilio señalado en auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, y requiera el pago condenado (foja 148). Debiendo remitir las constancias que justifiquen su cumplimiento. Apercíbase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, esto es al presidente Bernardo Ortega León, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de dicha unidad es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrieron en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, registro 2000099, del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo."

  4. Principal

    Visto el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por el que remite copia certificada del auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 494/2011, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, señaló las once horas del trece de septiembre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada Secretaría de Educación Guerrero. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa y tercera interesada para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a las partes.

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