Luis Eduardo Soria Silva

Expediente 754/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
754/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/10/2018

Partes del expediente

  • Luis Eduardo Soria Silva

Actuaciones

  1. Principal

    ...CÚMPLASE...

  2. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de garantías promovida por YOLANDA MORALES RUBIO, apoderada de SORAYA y MARÍA DE LOURDES, ambas de apellidos CAMPA LUGO, carácter que acredita con el instrumento notarial que adjunta a su ocurso de cuenta y que este juzgado le reconoce de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías, por los actos consistentes en: ".De la autoridad indicada en el inciso a), del capítulo de autoridades responsables reclamo, el no haber ordeno emplazar, notificar de la tramitación del juicio Sucesorio Intestamentario número 244/2018, que radicaron los Señores Juan Gabriel Campa Lachino y María Teresa Lachino López, a bienes del extinto David Campa Hernández, y por ende, todo lo actuado en dicho expediente. De la autoridad indicada en el inciso b), del apartado de autoridades responsables, reclamo la falta de emplazamiento y/o notificación a mis mandantes Soraya y María de Lourdes Campa Lugo, respecto del juicio precisado en el inciso anterior.". Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 798/2018. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127, del citado ordenamiento. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado, el cual deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberán exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. De igual forma, con fundamento en el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados a MARÍA TERESA LACHINO LÓPEZ, con domicilio en Charo Edificio 45, departamento 102, habitacional Fovisste Acueducto, JUAN GABRIEL CAMPA LACHINO, en calle A. Martínez Múgica y/o Apolinar Martínez Múgica, número 494, colonia Primo Tapia, ambos en esta ciudad; por tanto, se comisiona al Actuario de esta adscripción, para que emplace a juicio a los terceros interesados de referencia, haciéndoles saber la hora y fecha que se señaló para que tenga verificativo la audiencia constitucional, asimismo, deberá correrles traslado con la copia autorizada de la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que adjunta a su libelo de garantías, mismas que dada su especial naturaleza se tienen admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Luis Palomares Quiroz, número 77, interior 1, fraccionamiento Riviera Norte, en esta ciudad, autorizando únicamente para tal efecto a MAILETH ISIDRO MENDOZA, ELIZABETH IVÓN LÓPEZ RAMOS y RUBÉN ROBERTO BOYZO SÁNCHEZ, toda vez que en esos términos fueron designados. Por otro lado, en atención a la petición que formula en el sentido de que se permita el uso de medios electrónicos a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, dígasele que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal...

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