Luis Eduardo Silva Rosales

Expediente 994/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
994/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
25/01/2018

Partes del expediente

  • Luis Eduardo Silva Rosales
  • Juez Primero de lo Penal de Colima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y tomando en consideración que en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Colima, el duplicado de la causa penal 52/2016-S3; lo anterior, por ser innecesaria su retención.********************Sírvase acusar el recibo de estilo correspondiente.

  2. Principal

    Colima, Colima, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal con residencia en esta ciudad mediante el cual remite copias certificas de diversas constancias, relativas al expediente 52/2016, de las cuales se advierte que se declaró la extinción de la acción penal por perdón judicial a favor del quejoso. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien da fe.gis

  3. Principal

    Colima, Colima, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Apreciara las pruebas contradictorias que obran en autos, consistentes en las declaraciones de las testigos Ma. Concepción Rosales López y Gloria Ireri Silva Rosales, así como diversos recibos de pago suscritos por la denunciante y tickets de depósitos bancarios que el obligado alimentista realizó a la cuenta bancaria de Liliana Vanessa Trejo López; tras lo cual debía resolver qué pruebas merecen mayor credibilidad: las de la defensa o las de la acusación, indicando las razones y motivos fundados de ello. Diera vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, con las posibles conductas contra la dignidad humana de la menor; así como para investigar si los bienes, servicios e insumos que se le proporcionan para cumplir con la obligación alimentaria, van a parar a diversa persona en detrimento de la menor. Justipreciara las pruebas de cargo consistentes en las declaraciones de Santa Teresa Pimentel Ávalos y Leticia López, conforme a las reglas que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios que se invocan, sin perder de vista que, en todo momento, la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. Estableciera una adecuada precisión de los requisitos esenciales del auto de formal prisión, como son las circunstancias de modo, tiempo y lugar; a fin de subsanar el vicio formal detectado sobre el particular. Efectuara una auténtica valoración de las circunstancias particulares del caso sometido a su consideración y de los datos que arrojó la indagatoria, sobre el cumplimiento parcial de la obligación alimentaria, a fin de resolver considerando todos los hechos del caso. Estableciera, ajustándose a los lineamientos de esta sentencia, que por el momento, con las pruebas que consideró en el acto reclamado, no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de violencia intrafamiliar, pues sólo existe como medio demostrativo válido la imputación contenida en la denuncia contra Luis Eduardo Silva Rosales. El veinte de octubre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio 4253, recibido el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Colima, informó el cumplimiento del fallo protector y remitió copia certificada de la resolución emitida el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 52/2013. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico el auto de formal prisión, reclamado dictado el catorce de mayo de dos mil dieciséis en la causa penal 52/2013, y en cumplimiento a la ejecutoria y emitió diversa resolución en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar la resolución de catorce de mayo de dos mil dieciséis y, emitir una nueva en la que apreció las pruebas contradictorias que obran en autos, consistentes en las declaraciones de las testigos Ma. Concepción Rosales López y Gloria Ireri Silva Rosales, así como diversos recibos de pago suscritos por la denunciante y tickets de depósitos bancarios que el obligado alimentista realizó a la cuenta bancaria de Liliana Vanessa Trejo López; ordenó dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, con las posibles conductas contra la dignidad humana de la menor; así como para investigar si los bienes, servicios e insumos que se le proporcionan para cumplir con la obligación alimentaria, van a parar a diversa persona en detrimento de la menor; justiprecio las pruebas de cargo consistentes en las declaraciones de Santa Teresa Pimentel Ávalos y Leticia López, conforme a las reglas que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios que se invocan, sin perder de vista que, en todo momento, la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público; estableció una adecuada precisión de los requisitos esenciales del auto de formal prisión, como son las circunstancias de modo, tiempo y lugar; efectuó una auténtica valoración de las circunstancias particulares del caso sometido a su consideración y de los datos que arrojó la indagatoria, sobre el cumplimiento parcial de la obligación alimentaria, a fin de resolver considerando todos los hechos del caso; finalmente decretó auto de libertad con las reservas de ley a favor del quejoso al no haberse acreditado su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de violencia intrafamiliar; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a), licenciado(a) Liliana Anguiano Casillas, quien autoriza y da fe. VHVR/LAC

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE EN ESENCIA DICE: Colima, Colima, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Apreciara las pruebas contradictorias que obran en autos, consistentes en las declaraciones de las testigos Ma. Concepción Rosales López y Gloria Ireri Silva Rosales, así como diversos recibos de pago suscritos por la denunciante y tickets de depósitos bancarios que el obligado alimentista realizó a la cuenta bancaria de Liliana Vanessa Trejo López; tras lo cual debía resolver qué pruebas merecen mayor credibilidad: las de la defensa o las de la acusación, indicando las razones y motivos fundados de ello. Diera vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, con las posibles conductas contra la dignidad humana de la menor; así como para investigar si los bienes, servicios e insumos que se le proporcionan para cumplir con la obligación alimentaria, van a parar a diversa persona en detrimento de la menor. Justipreciara las pruebas de cargo consistentes en las declaraciones de Santa Teresa Pimentel Ávalos y Leticia López, conforme a las reglas que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios que se invocan, sin perder de vista que, en todo momento, la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. Estableciera una adecuada precisión de los requisitos esenciales del auto de formal prisión, como son las circunstancias de modo, tiempo y lugar; a fin de subsanar el vicio formal detectado sobre el particular. Efectuara una auténtica valoración de las circunstancias particulares del caso sometido a su consideración y de los datos que arrojó la indagatoria, sobre el cumplimiento parcial de la obligación alimentaria, a fin de resolver considerando todos los hechos del caso. Estableciera, ajustándose a los lineamientos de esta sentencia, que por el momento, con las pruebas que consideró en el acto reclamado, no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de violencia intrafamiliar, pues sólo existe como medio demostrativo válido la imputación contenida en la denuncia contra Luis Eduardo Silva Rosales. El veinte de octubre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio 4253, recibido el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Colima, informó el cumplimiento del fallo protector y remitió copia certificada de la resolución emitida el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 52/2013. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico el auto de formal prisión, reclamado dictado el catorce de mayo de dos mil dieciséis en la causa penal 52/2013, y en cumplimiento a la ejecutoria y emitió diversa resolución en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar la resolución de catorce de mayo de dos mil dieciséis y, emitir una nueva en la que apreció las pruebas contradictorias que obran en autos, consistentes en las declaraciones de las testigos Ma. Concepción Rosales López y Gloria Ireri Silva Rosales, así como diversos recibos de pago suscritos por la denunciante y tickets de depósitos bancarios que el obligado alimentista realizó a la cuenta bancaria de Liliana Vanessa Trejo López; ordenó dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, con las posibles conductas contra la dignidad humana de la menor; así como para investigar si los bienes, servicios e insumos que se le proporcionan para cumplir con la obligación alimentaria, van a parar a diversa persona en detrimento de la menor; justiprecio las pruebas de cargo consistentes en las declaraciones de Santa Teresa Pimentel Ávalos y Leticia López, conforme a las reglas que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios que se invocan, sin perder de vista que, en todo momento, la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público; estableció una adecuada precisión de los requisitos esenciales del auto de formal prisión, como son las circunstancias de modo, tiempo y lugar; efectuó una auténtica valoración de las circunstancias particulares del caso sometido a su consideración y de los datos que arrojó la indagatoria, sobre el cumplimiento parcial de la obligación alimentaria, a fin de resolver considerando todos los hechos del caso; finalmente decretó auto de libertad con las reservas de ley a favor del quejoso al no haberse acreditado su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de violencia intrafamiliar; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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