Luis Eduardo Rojo Orozco
Expediente 1533/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1533/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/02/2019
Partes del expediente
- Luis Eduardo Rojo Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Orden de archivo.Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno.Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se tuvo por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Resolución del Tribunal Colegiado.Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por medio del cual, remite copia certificada de la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, relativa a la revisión principal 278/2018, los autos originales del juicio de amparo indirecto *** y un cuaderno de prueba. Hágase del conocimiento a las partes que el referido órgano colegiado resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por su propio derecho y en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de ****, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el considerando primero de este fallo..". Acúsese recibo correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Se agrega cuaderno de antecedentes. Por tanto, súmense a los autos el testimonio de referencia y el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión; en el entendido que únicamente deberán conservarse las actuaciones originales posteriores a la interposición del medio de impugnación; ello para evitar una duplicidad innecesaria de constancias. Orden de archivo. En consecuencia y, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, se ordena su archivo. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Orden de depuración. Ya que en este asunto se confirmó el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, este expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que habrá de conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia dictada en el presente sumario. Y procédase a la depuración del cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido por una parte la suspensión definitiva, en términos de la fracción III del punto mencionado. Y en atención al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre el plazo para su destrucción, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento.Por otro lado, ya que resulta innecesario que permanezca en este órgano jurisdiccional el documento allegados por las partes, requiéraseles para que acudan a las instalaciones que ocupa este de este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días a recogerlos. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acudir por este dentro del plazo otorgado, serán destruidos junto con el expediente. Remisión de constancias. Por permitirlo el estado procesal, devuélvase Juez Segundo de lo Civil del Décimo Octavo Partido Judicial en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un cuaderno de prueba que se formó con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, ya que resulta innecesario conservarlos en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Cambio de competencia y denominación. Finalmente, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Acuerdo General 41/2018 relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; la conclusión de funciones de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; el cambio de denominación de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el mismo Estado y residencia; así como, las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicados; y que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales; de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho; en cuyo artículo 2, textualmente señaló lo siguiente: "2. Los Juzgados de Distrito a partir del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, cambiará su denominación, competencia, y conservará la residencia, domicilio y jurisdicción territorial que tienen asignados, conocerán de los asuntos a que refieren los artículos 52, 53, 54, y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y sus nuevas denominaciones serán las siguientes . Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan" [El énfasis es añadido] En consecuencia, cumpliendo con el supracitado Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la denominación de este órgano jurisdiccional será: Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y como lo ordena el canon 2, del pluricitado Acuerdo General 41/2018, este juzgado de Distrito ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa y respecto de las materias que establecen los numerales 52, 53, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO POR ESTE MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO QUE DICE: El ocho de enero de dos mil diecinueve, Diana Ulloa Hernández, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, doy cuenta a la secretaria encargada del despacho con escrito registrado con el número de orden 271. Doy fe. La secretaria. Zapopan, Jalisco, a ocho de enero de dos mil diecinueve. I. Pretende cumplir prevención. Téngase por recibido el escrito de Luis Eduardo Rojo Orozco, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento contenido en proveído de dos de enero del año en curso. En el referido auto, se previno a la parte que representa, atiendo a lo siguiente: "a. Antecedentes. Bajo protesta de decir verdad, complete y precise los antecedentes del acto reclamado, en el siguiente sentido: i. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron las actuaciones en el procedimiento de origen, en el entendido de que deberá hacer especial énfasis en exponer la fecha en la que se autorizó el proveído en el que se señaló el seis de marzo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas confesionales ofrecidas en el juicio del que deriva el acto reclamado. Cuestiones que son necesarias se aclaren, en términos de lo dispuesto en las fracciones I y II, del artículo 114, en relación con la fracción V, del arábigo 108, todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V, del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes tesis: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley" "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado" b. Fecha de notificación o conocimiento del acto reclamado. Bajo protesta de decir verdad, indique la fecha de notificación del proveído materia del acto reclamado (en que se señaló e seis de marzo de dos mil diecinueve para el desahogo de pruebas confesionales ofrecidas por las partes) y, si fue realizada por lista de estrados, personalmente u otro medio de comunicación; o bien, sólo que no exista una notificación en dichos términos, manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de tal acto, ya que en su demanda de garantías omitió ese dato. Es aplicable al caso la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado" c. Autoridad no señalada como responsable. Diga si es su voluntad señalar como autoridad responsable al actuario adscrito a la Dieciseisava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. En el entendido de que, de ser afirmativa su respuesta, deberá ser más específico en señalar el acto que le atribuye, puesto que, en el capítulo de acto reclamado le reprocha a dicha autoridad, de manera genérica "la falta de emplazamiento de la fecha señalada". Cabe precisar que el emplazamiento es la primera notificación a su contra parte del auto por el que se admitió el juicio de origen, a efecto de que se encuentre en oportunidad de comparecer a contestar demanda y oponer las excepciones que estime pertinentes. Lo anterior, con apoyo en la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición" Así como la diversa que establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda" Al respecto, se tienen por cumplidos los puntos a) y b), al precisar los antecedentes y señalar la fecha en que tuvo conocimiento del acto. Tocante al inciso c) no ha lugar a tenerlo por cumplido, en razón de que fue omiso en señalar si es su voluntad señalar como autoridad responsable al actuario adscrito a la Diecisieteava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. II. Interrupción de plazo. Consecuentemente, dado que continúan las omisiones descritas, se interrumpe el plazo de cinco días que inicialmente se concedieron en el proveído de dos de enero de dos mil dieciocho, en virtud de que el escrito de cuenta se presentó el siete de enero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, esto es, en el primer día del término otorgado, por lo que aún cuenta con cuatro días íntegros a fin de que cumpla debidamente con lo requerido, plazo que se reanudara una vez que se le notifique el presente proveído. Sirve de apoyo, la siguiente jurisprudencia: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de catorce días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los catorce días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos catorce días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Nathali Cisneros Mendoza, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por gozar el titular del juzgado, Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, de su periodo vacacional, según información contenida en el oficio CCJ/ST/6268/2018 de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida por la secretaria Diana Ulloa Hernández, que autoriza y da fe. NCM/DUH/mich
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