Luis Eduardo Quintal Hernandez

Expediente 68/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
68/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • Luis Eduardo Quintal Hernandez
  • Secretario de Seguridad Publica del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII.Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de diecisiete de enero del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Eduardo Quintal Hernández, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que el quejoso reclama del Secretario de Seguridad Pública, del Director de Transporte y del Director del Depósito Vehicular, todos del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, el aseguramiento del automotor marca "Volkswagen", tipo "Vento", modelo dos mil diecisiete, con placas de circulación 7BX394B del Estado de Yucatán. En ese sentido, debe decirse que el propio quejoso señaló, en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que la detención y aseguramiento del automotor en cuestión, tuvo verificativo el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Siendo que, incluso, de las documentales que exhibió anexas a su demanda de amparo, se advierte una boleta de infracción en la que se asienta que efectivamente la detención del vehículo aconteció el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, siendo que incluso éste era conducido por aquél, quien además signó la boleta en cuestión. Por tanto, de la anterior manifestación, así como de la documental en cita, puede advertirse, con meridiana claridad, que al menos desde el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el quejoso tenía pleno conocimiento del aseguramiento del automotor que nos atañe. Atento a lo anteriormente detallado, es evidente que en el presente caso, respecto del indicado acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, establecen: "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De ese contexto, se advierte que el cómputo del término establecido se realizará a partir del día siguiente: 1. Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, conforme a la ley del acto reclamado. 2. Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. 3. Al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. En la especie, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que el promovente impugna en esta instancia constitucional, el aseguramiento del automotor marca "Volkswagen", tipo "Vento", modelo dos mil diecisiete, con placas de circulación 7BX394B del Estado de Yucatán. Sin embargo, como se asentó con antelación, de la lectura integral de la demanda que nos ocupa, se desprende que el propio quejoso señaló que el aseguramiento en cuestión, tuvo verificativo el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que desde esa data tuvo conocimiento del mismo, ya que incluso la boleta de infracción respectiva, de esa misma fecha, le fue levantada al impetrante, quien además la firmó. En esa tesitura, si fue hasta el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, en que el promovente presentó la demanda de amparo, respecto de un acto del que tuvo conocimiento en la data especificada en el párrafo precedente, debe decirse que ésta se promovió fuera del plazo legal para su presentación. De ahí que el promovente, al tener conocimiento pleno del acto que por esta vía impugna (de lo que no queda duda, pues en la demanda respectiva hace plena alusión al mismo, así como a la fecha en que aconteció e incluso adjunta la boleta de infracción respectiva), es evidente que el término para promover el juicio de amparo concluyó sustancialmente. De lo anterior, se reitera que la demanda de garantías se presentó extemporáneamente, pues del sello de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito se advierte que fue presentada hasta el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por lo que el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, ha fenecido. En ese orden de ideas, es patente que el promovente consintió tácitamente el acto reclamado que pretende combatir a través de esta vía constitucional, que es concretamente el aseguramiento del automotor marca "Volkswagen", tipo "Vento", modelo dos mil diecisiete, con placas de circulación 7BX394B del Estado de Yucatán; lo que hace improcedente el presente juicio de garantías. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación , Quinta Época, del Apéndice 1995, que establece: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Igualmente es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." También apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo: II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de garantías promovida por Luis Eduardo Quintal Hernández, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el predio sesenta y siete "A", de la calle dieciséis, por las calles cinco y siete, de la colonia "San Antonio Cinta", de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

  3. Principal

    MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Eduardo Quintal Hernández, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que el quejoso reclama del Secretario de Seguridad Pública, del Director de Transporte y del Director del Depósito Vehicular, todos del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, el aseguramiento del automotor marca "Volkswagen", tipo "Vento", modelo dos mil diecisiete, con placas de circulación 7BX394B del Estado de Yucatán. En ese sentido, debe decirse que el propio quejoso señaló, en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que la detención y aseguramiento del automotor en cuestión, tuvo verificativo el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Siendo que, incluso, de las documentales que exhibió anexas a su demanda de amparo, se advierte una boleta de infracción en la que se asienta que efectivamente la detención del vehículo aconteció el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, siendo que incluso éste era conducido por aquél, quien además signó la boleta en cuestión. Por tanto, de la anterior manifestación, así como de la documental en cita, puede advertirse, con meridiana claridad, que al menos desde el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el quejoso tenía pleno conocimiento del aseguramiento del automotor que nos atañe. Atento a lo anteriormente detallado, es evidente que en el presente caso, respecto del indicado acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, establecen: "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De ese contexto, se advierte que el cómputo del término establecido se realizará a partir del día siguiente: 1. Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, conforme a la ley del acto reclamado. 2. Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. 3. Al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. En la especie, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que el promovente impugna en esta instancia constitucional, el aseguramiento del automotor marca "Volkswagen", tipo "Vento", modelo dos mil diecisiete, con placas de circulación 7BX394B del Estado de Yucatán. Sin embargo, como se asentó con antelación, de la lectura integral de la demanda que nos ocupa, se desprende que el propio quejoso señaló que el aseguramiento en cuestión, tuvo verificativo el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que desde esa data tuvo conocimiento del mismo, ya que incluso la boleta de infracción respectiva, de esa misma fecha, le fue levantada al impetrante, quien además la firmó. En esa tesitura, si fue hasta el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, en que el promovente presentó la demanda de amparo, respecto de un acto del que tuvo conocimiento en la data especificada en el párrafo precedente, debe decirse que ésta se promovió fuera del plazo legal para su presentación. De ahí que el promovente, al tener conocimiento pleno del acto que por esta vía impugna (de lo que no queda duda, pues en la demanda respectiva hace plena alusión al mismo, así como a la fecha en que aconteció e incluso adjunta la boleta de infracción respectiva), es evidente que el término para promover el juicio de amparo concluyó sustancialmente. De lo anterior, se reitera que la demanda de garantías se presentó extemporáneamente, pues del sello de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito se advierte que fue presentada hasta el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por lo que el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, ha fenecido. En ese orden de ideas, es patente que el promovente consintió tácitamente el acto reclamado que pretende combatir a través de esta vía constitucional, que es concretamente el aseguramiento del automotor marca "Volkswagen", tipo "Vento", modelo dos mil diecisiete, con placas de circulación 7BX394B del Estado de Yucatán; lo que hace improcedente el presente juicio de garantías. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación , Quinta Época, del Apéndice 1995, que establece: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Igualmente es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." También apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo: II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de garantías promovida por Luis Eduardo Quintal Hernández, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el predio sesenta y siete "A", de la calle dieciséis, por las calles cinco y siete, de la colonia "San Antonio Cinta", de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano