Luis Eduardo Perez Barroso
Expediente 417/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Eduardo Perez Barroso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio que firma la jueza Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual informa que ese órgano judicial se avocó al conocimiento del juicio de amparo 417/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, con motivo de la incompetencia legal por razón de territorio, planteada por esta potestad federal, y acusa recibo de los anexos correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente -cuaderno de antecedentes-, como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso i) del citado acuerdo general, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- al haberse declarado incompetencia legal por razón de territorio.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 417/2020, promovido por xxxxxxx; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el estado, con sede en esta ciudad, Luis Eduardo Pérez Barroso demandó el amparo y protección de la justicia federal por actos que estima violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno, conoció este Juzgado Octavo. En auto de diez de siguiente se admitió la demanda, requirió informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención legal al fiscal de la adscripción y mandó emplazar a la tercera interesada, Faeza Alloyers, sociedad anónima de capital variable, por conducto del juez responsable -llamada acorde con las constancias acordadas el trece de octubre pasado-. En ese mismo proveído se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se efectuó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente incompetente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal , así como la jurisprudencia por contradicción, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL DE INCOMPETENCIA CUANDO SE SEÑALA LA AUTORIDAD A QUIEN SE CONSIDERA COMPETENTE PARA ELLO Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE LOS AUTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE MATERIALIZA EL MANDATO." A fin de determinar lo anterior, es menester conocer los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de la copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil M-108/2019 y del toca de incompetencia 274/2020, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles: El quejoso, Luis Eduardo Pérez Barroso, demandó en la vía ejecutiva mercantil a la tercera interesada, Faeza Alloyers, sociedad anónima de capital variable, el pago de las cantidades consignadas en los títulos base de la acción, consistentes en diversas facturas, además de otras prestaciones accesorias. Al efecto, señaló como domicilio para emplazar a la demandada, uno ubicado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve se despachó auto "con efectos de mandamiento en forma" y se ordenó girar exhorto al juez de Primera Instancia Civil residente en Irapuato, para que por su conducto se efectuara la diligencia de requerimiento de embargo y emplazamiento. El juez Tercero Civil de Primera Instancia conoció de la comunicación y el veintitrés de enero de dos mil veinte la radicó bajo el número E-13/2020. La diligencia correspondiente se efectuó el veinticinco de febrero siguiente. El doce de marzo de dos mil veinte, la demandada presentó un escrito en el que interpuso incidente de incompetencia por declinatoria y contestó la demanda. El catorce de julio de dos mil veinte se admitió a trámite la incompetencia por declinatoria y se ordenó remitir al Tribunal de Alzada para su resolución. Del asunto conoció el magistrado responsable, adscrito a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado. En resolución de trece de agosto de dos mil veinte se determinó: "PRIMERO. Se declara procedente la cuestión de competencia por declinatoria hecha valer por (.) FAEZA ALLOYERS S.A. de C.V., dentro del juicio ejecutivo mercantil número M-108/2019, promovido por Luis Eduardo Pérez Barroso en contra de la parte excepcionante en el Juzgado Tercero Civil de Partido de la ciudad de Celaya, Guanajuato, sobre pago de pesos. SEGUNDO. Se ordena al Juez del conocimiento que remita los autos originales al Juez de Partido de Irapuato, Guanajuato, para que éste continúe el juicio que nos ocupa." Éste es el acto reclamado. En cumplimiento de lo mandado, el seis de octubre de dos mil veinte, el juez Tercero Civil de Partido de Irapuato se abocó al conocimiento del asunto. Ahora bien, acorde con el fundamento antes precisado, la competencia territorial se surte en favor de los Juzgados de Distrito con sede en Irapuato, Guanajuato, tal como lo hizo ver el Pleno del Decimosexto Circuito al resolver la contradicción de tesis 3/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. Al efecto, consideró: ".resulta menester la transcripción del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del diverso numeral 37 de la Ley de Amparo, cuyos contenidos son como sigue: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Conforme a lo anterior, la competencia del Juez de Distrito, se desdobla en tres hipótesis, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, la "ejecución material", es el criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamados no requieren ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Es ilustrativa al respecto, la tesis 3a. XLIX/93, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, septiembre de 1993, página 13, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA.-El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." Desde esa perspectiva, la sola declaratoria de incompetencia legal decretada por una autoridad jurisdiccional no conlleva por sí misma una ejecución material que conduzca a fijar la competencia del distrito del lugar en donde se llevó a cabo dicha declaratoria, ya que esa situación únicamente es factible, si tal determinación en sí misma tiene o puede tener alcances materiales en el mundo fáctico. Lo expuesto parte de la premisa de que los actos de las autoridades pueden tener cumplimiento o consecuencias de carácter material en lugares distintos a aquellos en que se emiten. En estos supuestos, no es útil el lugar en que se emitió dicha determinación para fijarle competencia a un Juez de Distrito, si se pondera que solamente es un medio a partir del cual, se genera la ejecución, pero no forma convicción de que ahí se actualizará, es decir, no puede advertirse con nitidez que por sí misma produzca un efecto material en el lugar donde se realizó, por lo que debe atenderse a la localidad en que debe cumplirse o materializarse el acto. La materia objeto de estudio en la presente contradicción de tesis, se ubica en la primera de las hipótesis señaladas con antelación, previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, en razón de que se trató de juicios de amparo indirectos promovidos contra la resolución de una autoridad jurisdiccional que declara su legal incompetencia para conocer del asunto puesto a su consideración, en la que, además, se determina a qué autoridad compete el conocimiento del asunto y ordena la remisión de los autos. En estos casos, las determinaciones de la autoridad jurisdiccional, en el sentido de: carecer de competencia legal para conocer del asunto, señalar a quien corresponde el conocimiento y ordenar remitir los autos, tienen eficacia necesariamente en el lugar en que se materializan dichos mandamientos, es decir, en donde se encuentra ubicada la autoridad a cuyo favor se declinó la competencia y a quien le fueron remitidos los autos relativos. Ello, porque la determinación de incompetencia no produce por sí misma un cambio o mutación material en el mundo fáctico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, enero-junio de 1988, página 293, que a la letra dice: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, RECLAMACIÓN, ENTRE OTROS, DEL AUTO QUE ORDENA EL. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE EL BANCO EN QUE SE REALIZÓ EL SECUESTRO.-El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, y 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclaman diversos actos entre los que se encuentran algunos que no requieren ejecución material y otros que sí requieren tal ejecución, como lo es el auto que ordena el embargo de cuentas bancarias, debe considerarse que es al Juez de Distrito del lugar en que se encuentre el banco en que se realizó el embargo, al que corresponde conocer del juicio de amparo, de conformidad con la primera de las reglas que establece el numeral 36 de la Ley de Amparo, pues aun cuando se hayan reclamado actos que no requieren ejecución material, al existir alguno que sí haya requerido tal ejecución debe estarse al criterio jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de que cuando se reclamen varios actos de los cuales unos tengan ejecución material y otros no, será competente el Juez de Distrito del lugar en que vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, requiera ejecución material." En estas condiciones, no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de incompetencia, pues no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, acto que, si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del mismo, pues para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución el acto reclamado, esto es, en el lugar en donde reside la autoridad a cuyo favor se declinó la competencia. La competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde se materialice la determinación de incompetencia, pues ahí es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico. En apoyo a estas consideraciones, se invoca la jurisprudencia 2./J. 74/2011, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 369, cuyos rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.-Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Así como la diversa tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 63, que invocara el Segundo Tribunal Colegiado contendiente, y que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INCOMPETENTE A UN JUEZ Y ORDENA REMITIR LOS AUTOS AL DE OTRO ESTADO. CORRESPONDE CONOCER DE EL AL JUEZ DEL LUGAR AL QUE SE ORDENARON REMITIR LOS AUTOS. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece que será competente para conocer de un juicio de amparo 'aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado'. Ahora bien, si en un juicio de amparo se reclama la resolución por la que un Tribunal Superior de Justicia declara incompetente a un Juez de la entidad federativa de su jurisdicción para seguir conociendo de un juicio ordinario civil y ordena remitir los autos al Tribunal Superior de Justicia de otro Estado por corresponder a un Juez de dicho lugar el conocimiento del juicio, debe considerarse que es al Juez de Distrito del lugar al que se ordenaron remitir los autos al que corresponde conocer del juicio de amparo por ser en dicho Estado donde debe ejecutarse la sentencia reclamada, pues es un Juez de dicha entidad federativa el que deberá seguir conociendo del asunto y si bien este Juez puede aceptar o no la competencia que se le declinó, ello para efectos de resolver el conflicto competencial suscitado en torno al conocimiento del juicio de amparo, resulta irrelevante, ya que lo que importa es que, hasta dicho momento, es ahí donde deberá ejecutarse el acto reclamado en el juicio de amparo." Sentado lo anterior, se retoma la premisa fáctica, esto es, la existencia de una resolución que decreta la competencia en favor del juez de Partido Civil, con sede en Irapuato quien conoció del asunto. Luego, es evidente que esas conductas tienen eficacia en ese municipio, pues ahí es donde está la autoridad a cuyo favor se declinó la competencia; es decir, es en ese lugar donde ya se materializó el mandato tildado de inconstitucional. De ahí que la competencia se decline en favor del Juzgado de Distrito en turno con sede en la ciudad en cita. Se retoma el criterio aplicable al caso concreto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL DE INCOMPETENCIA CUANDO SE SEÑALA LA AUTORIDAD A QUIEN SE CONSIDERA COMPETENTE PARA ELLO Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE LOS AUTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE MATERIALIZA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de incompetencia efectuada por una autoridad jurisdiccional, quien precisa la competente para ello y ordena la remisión de los autos, el competente para conocer del juicio en su contra es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual reside la autoridad a cuyo favor fue declinada la competencia. Lo anterior es así, porque no debe atenderse al lugar en el que se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución del mandamiento aludido, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, ya que para ello, debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." No obsta que este Tribunal haya admitido la demanda y tramitado el juicio hasta la celebración de la audiencia; empero, no debe soslayarse que la presente determinación obedece a lo que se advirtió de las constancias del juicio natural, con las que no se contaba al momento de la presentación de la demanda, por lo que esta determinación se asume en términos del artículo 48, último párrafo de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, se declara legalmente incompetente por razón de territorio. Remítase el asunto al Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, para lo que tenga a bien determinar. SEGUNDO. Notificación a las partes. En términos del artículo 11, fracción I del ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, al no clasificarse el presente asunto como urgente, notifíquese personalmente esta sentencia, una vez que se normalicen las actividades, de manera escalonada y conforme a las funciones del juzgado lo permitan. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 37, 48, 76 al 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Este juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo 417/2020, promovido por xxxxx. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio en que se actúa, al Juzgado de Distrito en Turno, con sede en Irapuato, Guanajuato, una vez reanudadas las labores en términos del Acuerdo General 13/2020 y la circular CAP 3/2020 o, en su caso, lo que determine el órgano administrativo.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto de la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, que a la letra dice: PRIMERO. Este juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo 417/2020, promovido por xxxxx. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio en que se actúa, al Juzgado de Distrito en Turno, con sede en Irapuato, Guanajuato, una vez reanudadas las labores en términos del Acuerdo General 13/2020 y la circular CAP 3/2020 o, en su caso, lo que determine el órgano administrativo.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que el veintinueve de octubre pasado se recibieron diversas constancias que fueron solicitadas al juez Tercero del Ramo Civil de Irapuato, Guanajuato; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de dar oportunidad a las partes se impongan de su contenido, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las catorce horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte.
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