Luis Eduardo Montes Navarrete
Expediente 1446/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 1 actuación registrada, la última del 8 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1446/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Luis Eduardo Montes Navarrete
Actuaciones
- Principal
Colima, Colima, ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Glósese a los autos el escrito signado por Juan Pérez Covarrubias, en su carácter de representante legal de UTTSA, Sociedad Anónima de Capital Variable; atento a su contenido y a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal y con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, con dos copias simples de la demanda de garantías, se forma y tramita por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1069/2016-III-A, promovido por JUAN PÉREZ COVARRUBIAS apoderado de UTTSA, S.A. DE C.V personalidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la escritura pública que exhibió en su escrito inicial de demanda, contra actos del Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación de Lázaro Cárdenas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en vía de ampliación de demanda. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrá expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes. Al efecto, envíeseles copia simple de la demanda y anexos. Con el conocimiento para las responsables, que de incumplir con lo anterior, dentro del término aludido en el párrafo que antecede, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien días de Unidades de Medida y Actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento a las autoridades en su carácter de responsables que en este juicio únicamente se les notificará, por medio de oficio, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban notificar por medio de oficio), y las restantes se le notificarán por medio de lista que publica este Juzgado de Distrito. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, debe acotarse que si bien la audiencia incidental se ha señalado fuera del término establecido en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, ello obedece a que en el caso la autoridad responsable es foránea, razón por la cual resulta materialmente imposible que obre el informe previo relativo y por consecuencia realizar el pronunciamiento correspondiente dentro de ese término, respecto de los actos atribuidos a él, lo anterior debido al tiempo normal que implica notificar las determinaciones por correo. A lo anterior se aplica, por analogía, la Tesis, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA INCIDENTAL SEÑALADA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL. QUEJA INFUNDADA. No obstante la disposición del párrafo primero del artículo 131 de la Ley de Amparo, que manda fijar la audiencia en el incidente de suspensión relativo a un juicio de garantías, cuarenta y ocho horas después de transcurrido el término de veinticuatro horas concediendo a las autoridades responsables para rendir el informe previo, debe declararse infundada la queja que se haga valer contra la resolución por la cual el Juez de Distrito señala una fecha para la celebración de la audiencia incidental, posterior a la prescrita por la ley, si consta que el juzgado se encuentra materialmente imposibilitado de acatar lo dispuesto en el artículo 131 invocado, en virtud del gran número de asuntos que debe conocer, que ocupa todos los días anteriores al señalado para la audiencia en el incidente de suspensión de que se habla." La parte quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en: La orden para que se congelen e inmovilicen los fondos existentes en las cuentas 0399000009450392 de Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex. 7008000006190816 de Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex. 7008000007102538 de Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex. 547044745663-8 de BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 143727157 de BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 0155689643 de BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 0447461089 de BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 677414897493-4 ó 0148974934 de BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 178-999-71-002-0 de Intercam Banco, Sociedad Anónima. 178-999-71-001-1 de Intercam Banco, Sociedad Anónima. 030320538390602013 de Banco del Bajío. Actos respecto de los que, solicita la suspensión provisional. Acerca de lo anterior debe decirse, que se encuentran colmados los requisitos de procedibilidad que establece el artículo 128 de la ley de la materia, ya que lo solicita la parte interesada y no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Lo anterior es así, en virtud de que al realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, como lo establece el artículo 138 de la Ley de Amparo, se obtiene lo siguiente: El acto reclamado cuya suspensión se solicita, consiste, en esencia, en la orden de embargo, aseguramiento e inmovilización de cuentas realizado por las responsables respecto de las cuentas que menciona en su demanda. Partiendo de lo expresado bajo protesta de decir verdad, por el quejoso, en el sentido de que injustificadamente se le priva de los fondos que tienen las cuentas bancarias de referencia, porque así le fue informado por personal de la citada institución bancaria. Por tanto, considerando las características del acto reclamado y su trascendencia, si la apariencia del buen derecho implica anticipar, según el cálculo de probabilidades, que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; en el caso que nos ocupa, del estudio superficial del mismo, se advierte su probable inconstitucionalidad, de ahí que no existe aparente justificación para que las autoridades responsables actúen de la forma que se les reprocha; tómese en cuenta que la presente determinación se funda en meras hipótesis y no en la certeza de la existencia del derecho y pretensiones de la quejosa, lo cual es una cuestión de fondo que deberá analizarse en la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva este cuaderno incidental. Además, debe decirse que por la naturaleza del acto reclamado, no se advierte que con la suspensión provisional del mismo pueda causarse algún perjuicio al orden público e interés social, por lo que no implica obstáculo para su otorgamiento. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 315, tomo XXX, diciembre de 2009, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.- El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". En ese tenor, con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo SE CONCEDE a la parte quejosa la suspensión provisional que solicita, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y en su caso las responsables levanten la inmovilización y/o congelamiento decretado respecto de las cuentas bancarias siguientes: 0399000009450392 de Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex. 7008000006190816 de Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex. 7008000007102538 de Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex. 547044745663-8 de BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 143727157 de BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 0155689643 de BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 0447461089 de BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 677414897493-4 ó 0148974934 de BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 178-999-71-002-0 de Intercam Banco, Sociedad Anónima. 178-999-71-001-1 de Intercam Banco, Sociedad Anónima. Hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente incidencia. Sin que la suspensión provisional comprenda la liberación de la cuenta número 030320538390602013 de Banco del Bajío; en razón de que respecto de ésta, la parte quejosa no acredita su interés suspensional, dado que no se advierte que hubiese exhibido el original o copia certificada del contrato del que se desprenda que dicha cuenta se encuentra abierta a nombre de la impetrante del amparo. Cabe señalar que la medida cautelar sólo se otorga respecto del monto embargado que exceda el total de la cantidad adeudada, es decir, del o los créditos fiscales determinados, para tal efecto la autoridad exactora tiene la obligación de realizar todas las medidas necesarias para que se levante el embargo del excedente del crédito fiscal y como consecuencia de ello quede a disposición de la parte quejosa, si lo hubiera y al efecto exhibir las constancias relativas. Sin que sea el caso de exigir garantía, para que surta efectos la medida cautelar concedida, de acuerdo al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis jurisprudencial 2ª./ J.26/2007, localizable en la página 299, Tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época, del Semanaria Judicial de la federación y su Gaceta, que dice: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN GARANTÍA ALGUNA. De los artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo se advierte que tratándose de la materia tributaria, para que la suspensión surta efectos, la quejosa debe garantizar el interés fiscal cuando previamente se ha determinado algún crédito por la autoridad o, en su caso, puedan causarse daños y perjuicios a un tercero. En esa virtud, cabe concluir que la suspensión contra el embargo precautorio a cuentas bancarias del contribuyente efectuado por la autoridad fiscal, al actualizarse el supuesto del artículo 145, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (actualmente 145-A, fracción III), esto es, sin existir crédito fiscal y por haberse negado a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la medida cautelar surte efectos sin necesidad de otorgar garantía, sin prejuzgar sobre las consecuencias fiscales que pudieran actualizarse por la conducta omisiva del contribuyente. Lo anterior es así, en virtud de que no existe crédito fiscal determinado ni tercero perjudicado que pudiera resultar afectado en términos del artículo 125 indicado, sin que pueda estimarse como tercero perjudicado a la autoridad fiscal, ya que ésta, conforme al artículo 11 de la Ley citada, tiene el carácter de autoridad responsable y no puede reunir ambas calidades en las mismas circunstancias." Además, cabe precisar que la materia respecto de la existencia del crédito fiscal respectivo, será una cuestión que deberá examinarse con mayores elementos en el juicio principal; sin embargo, para efectos de condicionar la medida decretada, debe atenderse a los elementos aportados en el presente cuaderno. Aunado a lo anterior, debe agregarse, que de conformidad a lo que dispone el artículo 135 de la Ley de Amparo, y en el supuesto de que si exista un crédito fiscal determinado, la medida cautelar surte efectos sólo si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J.74/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo la jurisprudencia P./J. 43/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 268, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", criterio que también es aplicable respecto de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que prevé la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia de mérito, se señaló expresamente que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión y que éstas se prevén en el artículo 124 de la Ley de Amparo, mientras que los requisitos de efectividad están contenidos en los artículos 125, 135, 136 y 139 de la misma Ley, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; y que a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida, por lo que bien puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad. En segundo lugar, porque la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo tiende a satisfacer los fines relativos a salvaguardar, mediante la garantía, el interés fiscal de la Federación, Estado o Municipio; es decir, garantizar que el quejoso cubrirá el crédito fiscal que combate mediante el juicio de amparo, que esencialmente se asemejan a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 de la Ley señalada, los cuales se examinan en la ejecutoria de mérito; por tanto, atendiendo al principio de derecho que establece "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", ha de sostenerse válidamente que los argumentos contenidos en la tesis de jurisprudencia, encaminados a determinar que la suspensión provisional surte sus efectos de inmediato y durante el plazo de 5 días que establece el citado artículo 139, para dar oportunidad a que el quejoso exhiba la garantía fijada, a la que se encuentra sujeta su oportunidad, pueden ser aplicados respecto de la suspensión provisional en materia fiscal, cuando se reclama el cobro de contribuciones". Finalmente, es preciso enfatizar que en caso de que los actos reclamados obedezcan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si los mismos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, quien da fe.NLRV/meug*
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