Luis Eduardo Melgoza Ricardy

Expediente 374/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
374/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
27/07/2017

Partes del expediente

  • Luis Eduardo Melgoza Ricardy

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo, se hace constar que expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Luego, en virtud que el promovente del juicio exhibió un disco compacto, se deja a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, en el entendido que de no recogerlo en la temporalidad indicada, se procederá a su destrucción con las constancias que no sean depurables, como lo establece el punto décimo primero, párrafo tercero, del acuerdo general en cita. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  2. Principal

    Ciudad de México, a tres de julio de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Así, por sentencia de uno de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso, contra la orden de traslado contenida en el proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta judicial 008/0399/2017, por la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad, tal concesión fue para el efecto de que dicha autoridad realizara lo siguiente: - Dejara insubsistente el proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta judicial 008/0399/2017, únicamente en lo concerniente a la orden de traslado reclamada. Asimismo, en caso de insistir en el traslado del quejoso, debía llamar a audiencia pública a las partes, como lo establece el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Resolución que causó ejecutoria el veinte de junio pasado, requiriéndose en esa fecha a la juez responsable su cumplimiento, por lo que mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintitrés siguiente, dicha juzgadora envió el informe relativo, adjunto al cual remitió copia certificada del auto de veintidós anterior, del que se advierte que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se ha restituido al demandante del amparo en el pleno goce del derecho que se consideró transgredido en su perjuicio, pues dicha juzgadora dejó insubsistente la orden de traslado ordenada por auto de diecinueve de abril del año en curso e informó que no se generó la audiencia a que se refiere el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por tanto, este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria que se analiza. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto trascurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Agréguense en autos el comunicado y anexo de cuenta, a través del cual la Jueza de Control del Sistema Procesal Acusatorio, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Número Ocho de esta ciudad, refiere dar cumplimiento a la sentencia protectora. Por tanto, con el informe del cumplimiento mencionado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de junio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que por una parte sobresee y por la otra ampara; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Ahora, la protección constitucional es para el efecto de que la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad, deje insubsistente el proveído de diecinueve de abril del dos mil diecisiete, dictado en la carpeta judicial 008/0399/2017, únicamente en lo concerniente a la orden de traslado reclamada. Asimismo, en caso de insistir en el traslado del quejoso, deberá llamar a audiencia pública a las partes, como lo establece el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, con fundamento en el precepto 192 de la ley de la materia, se requiere únicamente a dicha autoridad responsable, para que en el plazo de tres días informe a este juzgado acerca del cumplimiento que haya dado a la sentencia ejecutoriada mencionada o el impedimento legal que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del dispositivo 258 de la citada ley, con independencia de que se seguirá el procedimiento señalado en el numeral 193 del ordenamiento legal invocado.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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