Luis Eduardo Martínez Laura
Expediente 47/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Luis Eduardo Martínez Laura
- Martha Martinez Rivera
- Eustaquio Ángeles Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Amparo en revisión
AGRÉGUESE A SUS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO SIGNADO POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL DIVERSO 5976/2023, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E).POR OTRA PARTE, NO EXISTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER; SE ESTIMA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE VALOR JURÍDICO, HISTÓRICO, DOCUMENTAL O DE RELEVANCIA ALGUNA, POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CAPÍTULO QUINTO, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, QUE ABROGA EL DIVERSO ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, EL ASUNTO EN QUE SE ACTÚA DEBE CONSIDERARSE COMO CONSERVABLE.
- Amparo en revisión
PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA. SEGUNDO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
- Amparo en revisión
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y A LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LA CUAL SE DESPRENDE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, CONCEDIDO A LA PARTE RECURRENTE, EN PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, A EFECTO DE QUE MANIFESTARA LO QUE A SU DERECHO CONVINIERA RESPECTO DE LA VISTA QUE LE FUE DADA, SIN QUE HAYA REALIZADO MANIFESTACIÓN ALGUNA. EN CONSECUENCIA, DEVUÉLVASE ESTE EXPEDIENTE A LA PONENCIA DONDE SE ENCONTRABA.
- Amparo en revisión
Visto el dictamen de cuenta, se advierte que el suscrito Magistrado, ponente en el presente recurso de revisión, considera que en dicho asunto podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que conduciría a decretar el sobreseimiento en el recurso de revisión; esto, ya que al efecto se estableció en dicho dictamen lo siguiente: (.) "Vistos los autos del amparo en revisión penal 47/2023, interpuesto por ****, por conducto de su autorizado, en contra la sentencia de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictada por la Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el juicio de amparo indirecto 1806/2022-6; en el cual la resolutora federal determinó por un lado, sobreseer en el juicio de derechos fundamentales, en relación con el acto reclamado consistente en las medidas cautelares impuestas en audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y por otro, en cuanto al auto de vinculación a proceso, negó el amparo solicitado; sin embargo, sobrevino una posible causa de improcedencia que de oficio debe ser analizada por este órgano revisor, como se expondrá más adelante. Por tal motivo, en sesión ordinaria virtual de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, el Pleno de este Tribunal Colegiado determinó dejar en lista el citado recurso, para que en términos de ley se dé vista por medios electrónicos a la parte quejosa a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 5/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 8, registro digital: 2008790, que indica: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad.". Causal que se hace valer de oficio, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo, pues con motivo de la interposición del presente recurso la sentencia combatida no ha quedado firme y, por lo mismo, es susceptible de ser modificada por el tribunal que conoce del recurso de revisión si advierte un motivo legal que así lo amerite. Más aun si se tiene presente que el artículo 62, de la Ley de Amparo, establece la obligación para el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, de analizar de oficio las causales de improcedencia. Podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (.).". Dispositivo legal, el cual prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo que acontece cuando respecto del acto reclamado, el interesado expresa su allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar que se ha conformado con la decisión y consecuencias que implican el acto reclamado. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso, y posteriormente el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo de solución del conflicto, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Ahora bien, como se aprecia del juicio de amparo indirecto que se revisa, el quejoso señaló como actos reclamados las diversas resoluciones de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitidas en la causa penal 1040/2022, por la Jueza de Control adscrita al Centro de Justicia para Mujeres del Estado, perteneciente al Primer Circuito de Pachuca de Soto, Hidalgo (fojas 49 y 50 vuelta, juicio de amparo), en las que se dictó auto de vinculación a proceso en contra el quejoso por hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto por la correlación de los numerales 243 Bis, párrafo primero, fracción I, 243 Quater, fracción II, del Código Penal para el Estado del Hidalgo, cometido en agravio de la víctima Adriana Azcona Aranda; así como la imposición de medidas cautelares previstas en las fracciones VI, VII, VIII y IX, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en el sometimiento al cuidado y vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares de manera mensual y aleatoria a través de monitoreo telefónico a los justiciables, la prohibición de acudir o acercarse al domicilio de la víctima, o al lugar público o privado donde se encuentre realizando actividades cotidianas o laborales, la prohibición de comunicarse con ésta, por cualquier medio, ya sea de manera directa, vía telefónica, tercera persona, red social o cualquier medio que le permita la tecnología y, la separación inmediata del domicilio de aquélla, las cuales tendrían una vigencia de dos años, concluyendo el veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro. Seguido el juicio de derechos fundamentales, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés (fojas 69 a 83 vuelta, juicio de amparo), se dictó sentencia en la cual la juzgadora federal determinó por un lado, sobreseer en el juicio constitucional, en relación con el acto reclamado consistente en las medidas cautelares impuestas en audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y por otro, en cuanto al auto de vinculación a proceso negó el amparo solicitado, al estimar que el acto reclamado no era violatorio de los derechos fundamentales del promovente. Contra esa sentencia, el quejoso interpuso el recurso de revisión que nos ocupa. Empero, por oficio 555/2023-CJM, presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, la Jueza de Control adscrita al Centro de Justicia para Mujeres del Estado, perteneciente al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, informó que dentro de la causa penal 1040/2022, en audiencia celebrada el veintisiete de abril de la anualidad en curso, se autorizó a favor del quejoso Luis Eduardo Martínez Laura, la suspensión condicional del proceso, lo cual acreditó con la copia certificada del acta mínima, así como con el disco versátil digital (DVD), que contiene la copia auténtica de audio y video de la audiencia referida, remitidos en diverso comunicado 9813/2023, exhibido el quince de mayo del presente año (fojas 22 y 29 a 32, cuaderno de revisión). Lo anterior evidencia que en el caso, podría actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XIII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, ante el consentimiento expreso del quejoso. Es así, ya que como se indicó, el impetrante señaló como actos reclamados las resoluciones de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitidas en la causa penal 1040/2022, por la Jueza de Control adscrita al Centro de Justicia para Mujeres del Estado, perteneciente al Primer Circuito de Pachuca de Soto, Hidalgo, en las que se dictó auto de vinculación a proceso en contra el quejoso por hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto por la correlación de los numerales 243 Bis, párrafo primero, fracción I, 243 Quater, fracción II, del Código Penal para el Estado del Hidalgo, cometido en agravio de la víctima Adriana Azcona Aranda; así como la imposición de medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracciones VI, VII, VIII y IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante ello, como lo informó la jueza de control responsable, en audiencia celebrada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en la causa penal de origen 1040/2022, se autorizó la solución alterna correspondiente a la suspensión condicional del proceso a favor del imputado ****, la cual debería cumplirse con las condiciones establecidas en el artículo 195, fracciones II, VII, IX y XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acto jurídico que revela el consentimiento expreso del quejoso a la resolución que impuso el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, así como a las medidas cautelares fijadas, habida cuenta que expresó su voluntad en que se autorizara la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, de manera libre e informada, y en presencia de su defensa privada, lo cual implica la aceptación de la forma y términos en que se decretó la sentencia reclamada. Esto, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre e informado del imputado de someter la solución de la controversia penal a este tipo de mecanismos, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad. Atento a ello, se le tiene al quejoso por consintiendo los actos reclamados, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, del citado ordenamiento legal. No se pasa por alto que, a la fecha, podría encontrarse actualizada también la causal de improcedencia que contempla el mismo ordinal 61, en su fracción XVII, de la ley de la materia, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, tratándose de actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando se verifique un cambio de situación jurídica, por el que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Empero, el consentimiento del imputado respecto del acto reclamado es presupuesto indispensable del cambio de situación jurídica aludido, por lo cual, para cuando se actualiza esta última causal, la primera ya se ha materializado; por ello, el análisis de improcedencia en el presente asunto se llevó a cabo bajo la óptica de la hipótesis prevista en la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y no de la diversa XVII. Cobra aplicación la citada contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), registro digital 2014495, Décima Época, Materias Común, Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo I, página 461, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional.". Así como por las razones que informa la tesis 1a. XXXI/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2023539, Undécima Época, Materias Común, Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, septiembre de 2021, Tomo II, página 1931, que literalmente establece: "RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA UN AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. DEBE TENERSE POR CONSENTIDA CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO Y CON POSTERIORIDAD LA PARTE QUEJOSA ACEPTA QUE LA CAUSA PENAL QUE SE SIGUE EN SU CONTRA SE RESUELVA A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE ES AUTORIZADO JUDICIALMENTE. Hechos: Al promover un juicio de amparo indirecto la parte quejosa reclamó la resolución de segunda instancia que confirmó un auto de vinculación a proceso que pesa en su contra, en el que alegó la inconstitucionalidad de los artículos 114 y 117, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante la negativa del amparo decretada interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a este alto tribunal para conocer del reclamo de inconstitucionalidad de esos preceptos. Con posterioridad el recurrente aceptó que la causa penal fuera resuelta a través de un procedimiento abreviado en el que le fue dictada sentencia. Criterio jurídico: Cuando la parte quejosa reclama la resolución de apelación que confirma un auto de vinculación a proceso y con posterioridad otorga su aceptación para que la causa penal sea resuelta a través de un procedimiento abreviado, el cual es autorizado por el órgano jurisdiccional, ello actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues dicha aceptación constituye un consentimiento de la acusación, su responsabilidad en la comisión de los hechos y a ser juzgada con los datos de prueba que sustentaron el auto de vinculación que pesa en su contra. Justificación: Lo anterior, porque el procedimiento abreviado es instituido como una forma anticipada de resolución de la controversia penal que constituye una negociación entre la fiscalía y la defensa para que se emita una sentencia condenatoria una vez que el imputado ha sido vinculado a proceso y consiente la acusación, acepta su responsabilidad y admite ser sentenciado con base en los datos de prueba de la fiscalía a cambio de una reducción en la pena, siempre que se haya garantizado la reparación del daño, en caso de que exista, tal y como disponen los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, siguiendo la lógica de lo resuelto por esta Primera Sala al emitir la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), de título: 'CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO.', si un amparo es interpuesto en contra de una resolución que confirma un auto de vinculación a proceso, y posteriormente el quejoso expresamente acepta la instauración del procedimiento abreviado, el cual es autorizado judicialmente, tal reconocimiento constituye un consentimiento del acto reclamado, pues conforme a las reglas diseñadas para ese procedimiento, la persona imputada emite una aceptación de manera libre e informada de su participación en los hechos delictuosos, como a ser juzgada con el contenido de los datos de prueba que sustentaron la acusación ministerial y la emisión del auto de vinculación a proceso que pesa en su contra, lo cual actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo.". De acuerdo con las consideraciones expuestas, el Pleno de este Tribunal considera que en el caso podría actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, lo que conduciría a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos del ordinal 63, fracción V, de la ley en comento". (.). Por tal razón, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dese vista de manera electrónica con el dictamen de cuenta a la parte quejosa recurrente, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en el presente asunto. Una vez hecho lo anterior, devuélvase el presente asunto a la ponencia del suscrito Magistrado, donde se encontraba.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · 8,950 expedientes
- Luis Eduardo Ángeles López221/2013
- Luis Eduardo Cárdenas Ramos580/2015
- Luis Eduardo Hernández Gayosso878/2013
- Luis Eduardo Islas Fonseca875/2021
- Luis Eduardo Iturralde Morales248/2015
- Luis Eduardo Iturralde Morales131/2016
- Luis Enrique Ángeles Estrada121/2016
- Luis Enrique Ángeles Estrada718/2015
- Luis Enrique Ángeles Estrada810/2015
- Luis Enrique Ángeles Hernández164/2015
- Luis Enrique Badillo Félix189/2013
- Luis Enrique González Fuentes692/2015