Luis Eduardo Gómez Garibay
Expediente 1141/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Luis Eduardo Gómez Garibay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
agréguese a los autos, el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante los cuales, remite copia certificada del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, así como con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del mismo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a ****, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído remita copia certificada del acuerdo que recaiga a las manifestaciones que en su caso realicen las partes a la vista concedida en el auto antes citado; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el término concedido, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo.
- Principal
agréguese a los autos, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copias certificadas del auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que señaló las once horas del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, para el desahogo de la pericial en materia de documentoscopia, grafoscopia y dactiloscopia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a ****, Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, informe si se llevpo a cabo el desahogo de la prueba pericial antes mencionada; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el término concedido, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo.
- Principal
agréguense a los autos los informes justificados rendidos por: Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba consistente en la documental, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, en relación al domicilio que se señalan para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Igualmente, respecto a las personas que se señalan como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. Por otra parte, tomando en consideración que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la personalidad con la que se ostenta el promovente como apoderado legal de la parte directa quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce dicha personería en el presente juicio de amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración el informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia que impide continuar con su tramitación. En ese tenor, la parte quejosa promovió amparo indirecto en contra de la Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito, a quien reclamó, en esencia, la omisión de acordar la promoción presentada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, registrada con el folio 002612, dentro del juicio laboral 01/04/2013, así como notificarlo. Por su parte, las autoridades responsables Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado, sin embargo, precisaron que el día catorce de agosto de dos mil veintitrés, acordó el escrito promocional de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el cual fue debidamente notificado a la parte actora -hoy quejosa-, el cinco de septiembre del año en curso; como se advierte de las documentales que en copia certificada acompañó al oficio de cuenta, y a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En el caso, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien al dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la parte quejosa refirió que la autoridad responsable no había acordado la promoción presentada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés; lo cierto es que de las constancias que exhibió la responsable, se advierte que el catorce de agosto del año en curso, acordó la promoción presentada por la parte quejosa, el cual fue debidamente notificado a la parte actora -hoy quejosa-, cinco de septiembre de dos mil veintitrés, desapareciendo así el fin pretendido al tramitarse este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
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