Luis Eduardo Fernández Ochoa
Expediente 1195/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/01/2022
Partes del expediente
- Luis Eduardo Fernández Ochoa
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito presentado vía electrónica por el autorizado del quejoso, mediante el cual solicita se elimine del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la autorización para consulta y notificación electrónica. Atento a su contenido y toda vez que el nueve de septiembre del año en curso se ordenó el archivo del presente asunto, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para dar de baja las autorizaciones otorgadas al usuario
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley. a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En tal sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicioHáganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Juez Cuarto de lo familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual rinde informe con justificación y al que se adhieren los Notificadores. Atento a su contenido, de conformidad con el artículos 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo su informe justificado. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Luego, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación con su solicitud de que las notificaciones se le realicen por medio de correo electrónico; dígasele que no ha lugar a proveer en razón de que, si bien es cierto, el tres de abril de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Amparo en la cual en su artículo 3°, concede a las partes la posibilidad de tramitar el juicio de amparo mediante vía electrónica, así como recibir notificaciones por esa misma vía, también lo es que la Ley de Amparo no prevé el correo electrónico como medio de notificación, por lo que únicamente téngasele proporcionando correo electrónico para comunicación con este órgano jurisdiccional durante el periodo de contingencia establecido generado por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte la existencia de una causal de improcedencia indudable y manifiesta, que acarrea el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Así es, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad de acordar el escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que interpone recurso de apelación en contra del auto de veinticuatro del mismo mes y año y la respectiva notificación, en los autos del expediente 577/2019 del índice de la autoridad responsable. Es oportuno afirmar que por excepción, acorde al criterio jurisprudencial que posteriormente se invoca, en ocasiones como la presente, es permitido sobreseer en el juicio fuera de audiencia, si es que en la especie se tiene una causal manifiesta, notoria e indudable que necesariamente conduce al sobreseimiento, lo que impide que se continúe con el trámite del juicio. Así, se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, o sea, que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 2ª./J 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Ahora bien, en atención a lo anterior, este juzgador decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en atención a las consideraciones que a continuación se precisarán. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el juicio de garantías, y por lo tanto, desaparecen sus efectos, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de su existencia, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud de que, con las constancias reseñadas en párrafos que anteceden se acredita que la responsable, el quince de julio del presente año, acordó el escrito del aquí quejoso, presentado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, y notificó el citado acuerdo, por lo que, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que con aquello se constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese emitido, por tanto, no puede continuar surtiendo efectos. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno al quejoso; en consecuencia, resulta indiscutiblemente improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es aplicable la tesis número P. CL/97, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sustenta este mismo criterio la tesis 2ª./J. 9/98, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En razón de todo lo expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio por operar de manera notoria, plena e indubitable la cesación de efectos del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Cobra aplicación la tesis XIV.1o.13 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1235, tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINIUNO. Lo anterior hágase del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Por este medio notifico a la parte quejosa la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió a notificarse personalmente de la misma, no obstante de habérsele dejado citatorio para tal efecto. La resolución de mérito a la letra dice: "Visto el oficio signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, informan en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite copia certificada del proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio laboral 75/2014; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y con su contenido, se ordena dar vista a la quejosa; asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá si la aludida ejecutoria se encuentra cumplida, con base en los elementos que obren en este expediente y en los datos aportados por la autoridad responsable, en apego a lo establecido al respecto en el artículo 196 y Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.".
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