Luis Eduardo Espinoza Pérez
Expediente 598/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Eduardo Espinoza Pérez
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio electrónico de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, y como lo solicita se le autoriza el acceso electrónico al presente asunto, y para tal efecto, se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que realice el trámite correspondiente para que la citada parte pueda tener acceso y consultar vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo con el usuario: yadirasancruz; significándosele que a partir del día de hoy se encuentra habilitada para tal efecto. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que la autoridad responsable foránea aún no ha rendido su informe justificado y no obra constancia de notificación del oficio mediante el cual se le solicitó; en consecuencia, por tanto, es evidente que no se estará en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISEIS DE NOVIEMBE DE DOS MIL VEINTITRÉS, por lo que se difiere anticipadamente y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en que lo permiten las labores del juzgado Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
se admite la demanda de cuenta... Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISEIS DE NOVIEMBE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional.
- Principal
(aviso) notificación por lista a la quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con sede en Papantla, Veracruz, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 598/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN DE LA DEMANDA Antes de emitir pronunciamiento sobre la admisión de la de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa para que proceda a aclarar los puntos que más adelante se precisarán. I. Aclaración de Demanda De conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, la persona juzgadora de amparo debe prevenir a la parte quejosa cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones en el escrito de demanda, como pueden ser, entre otros supuestos, en la omisión de alguno de los requisitos o exhibición de copias a que se refieren los diversos artículos, 108 y 110 de la ley citada; no se acompañe el escrito que acredite la personalidad; o no se señale claramente el acto reclamado. Asimismo, establece un término de cinco días para que la parte quejosa realice la aclaración de la demanda; y de no hacerlo, deberá tenerse por no presentada. Por su parte, los artículos 11 y 14 de la ley de la materia, establecen que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre de la persona quejosa o de la parte tercera interesada afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el entendido que la persona defensora deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter y para el caso de que quien promueve no tenga la representación que afirma, se le impondrá multa de treinta a trescientos días, de conformidad con el artículo 240 de la Ley de Amparo. II. Caso Específico De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que en el proemio de su demanda la promovente manifiesta: "LIC.VLADIMIR LOPEZ SANTES, en calidad de defensor, del imputado LUIS ADUARDO ESPINOZA PEREZ (.)" III. Conclusión En el caso concreto, se tiene que la parte quejosa dice ser defensor particular del quejoso, empero fue omiso en manifestar bajo protesta de decir verdad que ostenta ese carácter. Sin que pase inadvertido que en el apartado, relativo a los hechos y abstenciones constitutivos del acto reclamado, precisó: ".BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS A USTED QUE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE ME CONSTAN Y QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO LOS SIGUIENTES." Sin embargo, la anterior protesta de decir verdad, limitada a ese señalamiento, no puede ser entendida con relación a los distintos rubros que conforman el ocurso constitucional, como lo es el de la aseveración de tener reconocido el carácter de defensora particular ante la responsable. Es decir, esa protesta de decir verdad, sobre los hechos y abstenciones relacionados con los antecedentes del acto reclamado, no tiene alcance a lo preceptuado por el numeral 14 de la legislación de esta materia, por cuanto a la calidad de defensora particular de la promovente. A lo anterior, cobra aplicación las jurisprudencias siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." En consecuencia, a fin de tener contar con los elementos para emitir un pronunciamiento sobre la procedencia de la demanda de amparo; debe requerirse a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído; por escrito y bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: ÚNICO. Si en el proceso penal 117/2023 del índice del juzgado responsable, tiene el carácter de defensora particular del directo quejoso ********************. APERCIBIMIENTO Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el término y en las condiciones apuntadas, con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a ********************, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente al promovente. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
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