Luis Eduardo Arriaga Alatriste
Expediente 1250/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Eduardo Arriaga Alatriste
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente **, hubiese recurrido el auto de tres de agosto del año en curso, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de agosto de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Eduardo Arriaga Alatriste, contra actos de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades, de quienes reclama la aprobación y expedición de los artículos 13, 14 y 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y otros. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1250/2016-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 62, con relación al 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, en términos del artículo 113 de la misma ley, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 62, con relación al 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, todos de la citada ley. En el presente caso, la parte peticionaria de amparo, señala esencialmente como acto reclamado: ".IV.-ACTO RECLAMADO: 1.- Del titular de la Unidad de Transparencia de CAPUFE y del titular de la Subgerencia de Atención y Seguimiento a Programas Gubernamentales se reclama el oficio UT-348/2016, mediante el cual dio a conocer al suscrito la determinación del titular del Órgano Interno de Control de CAPUFE, consistente en la clasificación como reservada de la información solicitada, contratación del proveedor del sistema de telepeaje. 2. Del titular del Órgano Interno de Control de CAPUFE se reclama la reserva de la información relacionada a la auditoría número 20, clave 210, auditoría de adquisiciones LPI, contratación del operador del sistema de telepeaje, relativa al procedimiento de la Licitación Pública Mixta Internacional bajo la cobertura de tratados número LA-009JOU001-T5-2014 para la contratación del proveedor del sistema de telepeaje. 3. De la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP se reclama la reserva de la información relativa a la auditoría número 20, clave 210, auditoría de adquisiciones LPI, contratación del operador del sistema de telepeaje, relativa al procedimiento de la licitación 4. Del Congreso de la Unión se reclama la aprobación Y expedición de los artículos 13, 14 y 16 de la Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a continuación se transcriben: Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda: V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de ¡as leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado. Artículo 14. También se considerará como información reservada: VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Artículo 16. Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de clasificar la Información de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley, su reglamento y los lineamientos expedidos por el Instituto o por la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61,según corresponda. 5. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación de la ley reclamada en el numeral "4" anterior. 6. De todas las autoridades responsables se reclaman los efectos y consecuencias de todos y cada uno de los actos y normas reclamados.". Aduce la parte quejosa, que tal proceder irroga agravio en su esfera jurídica, tal y como menciona en el capítulo relativo a los conceptos de violación, al decir que es violatorio de sus garantías individuales contenidas en los arábigos 6º, 8,14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es pertinente precisar que el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y en contra de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. En efecto, es requisito indispensable para que proceda el juicio constitucional ante el Juez de Distrito, que se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento seguido en forma de juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Así, tenemos que el acto controvertido en esta vía de amparo no corresponde a aquellos de imposible reparación a que alude la fracción III, del artículo 107 de la Ley que nos ocupa, porque no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, sino sólo produce efectos de carácter adjetivo o procesales, los cuales repercuten en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento de origen, con vista a obtener un fallo favorable, de tal modo que si la parte quejosa obtiene una resolución a ella conveniente, tales efectos se extinguen por esa circunstancia, o bien que aunque no se lesione ninguno de los derechos sustantivos, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis de Jurisprudencia número 3a. /J. 43 29/89, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 291, Materia Común, que estatuye: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". De igual forma es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de 1992, página 11, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 22/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. (Registro: 184,435, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena; Tomo: XVII, abril de 2003, Pág. 196) En esa medida, conviene tener presente el contenido de los artículos 45, 121, 122, 130, 131, 132, 143, 157 y 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales son del tenor literal siguiente: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones: I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información; V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío; IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables, y XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título. Artículo 122. Cualquier persona por sí misma oa través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. Artículo 130. Cuando la información requeridapor el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de: I. La clasificación de la información; II. La declaración de inexistencia de información; III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; IV. La entrega de información incompleta; V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley; VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante; IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; X. La falta de trámite a una solicitud; XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o XIII. La orientación a un trámite específico. Artículo 157. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado "Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional", en el presente Título, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. Artículo 158. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los Organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación. De los artículos transcritos se advierte que el procedimiento administrativo de acceso a la información previsto en la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública, por su naturaleza y para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, constituye un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio el cual se substancia de la siguiente forma: 1.- Inicia con la presentación de la solicitud de información, la cual puede ser realizada por toda persona. 2. Cuando exista alguna irregularidad, la autoridad deberá prevenir al solicitante en los casos que así lo precise. 3. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. 4. La obligación de dar acceso se tendrá por cumplida cuando a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes electrónicos, cuando se ponga a disposición para su consulta en el sitio en que se encuentre o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 5. Contra la negativa de acceso a la información, la declaratoria de inexistencia de información, la clasificación de información como reservada o confidencial, entre otras, procederá el recurso de revisión. 6. Dicho procedimiento concluye con las resoluciones que emitan los Organismos garantes del Instituto de Acceso a la Información, las cuales serán vinculatorias, definitivas e inatacables, para los sujetos obligados. Los particulares sólo podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. Lo anterior encuentra su justificación, en el hecho de que al interpretarse de forma contraria haría nugatorio el contenido del artículo 6º Constitucional que da origen a los institutos autónomos en esta materia dotándoles de competencia en materia de transparencia y acceso a la información, los cuales están encargados de facultades de operación y decisión en materia de transparencia, además se contrariaría el espíritu del constituyente permanente, que dispuso la procedencia del amparo hasta que se resuelva la solicitud por el órgano de transparencia. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 62, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Luis Eduardo Arriaga Alatriste, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Ahora bien, y en virtud de la conclusión alcanzada, se hace extensivo el desechamiento anterior, respecto de los artículos artículos 13, 14 y 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tildados de inconstitucionales, pues no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éstos son precisamente los que causan perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solo considerado en abstracto, tomando en consideración que los ordenamientos que aquí se impugnan, tiene la característica de heteroaplicativos, tal y como lo reclama la parte quejosa en la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencia, con el rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Al igual que la tesis de jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS. AMPARO PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 26, fracción III, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en lugar visible de este juzgado por así haberlo solicitado. Tiene aplicación al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página un mil sesenta y siete, cuyo rubro establece: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". También, con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos y con facultades amplias a los profesionistas Javier Mijangos y González, Carolina Marrusich Esquivel y Ana Macarena Velázquez López, en razón de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, de fecha nueve de agosto de dos mil seis y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de octubre del mismo año. Consulta del Expediente Vía Internet. Por último, respecto a su petición, en el sentido de que se autorice a los usuarios "EduardoAlatriste", "JesusSoledad" y "ALEJANDRABUSTOS" para acceder al expediente en línea, indíquesele que para consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Graciela Elias Morales, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial de la Judicatura Federal, en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, asistida del Secretario, Luis Isidro Chavarría Robles, que autoriza y da fe.
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