Luis Eduardo Álvarez Puga

Expediente 1091/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1091/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Eduardo Álvarez Puga

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual, el Actuario Judicial adscrito al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en Ciudad de México, remite testimonio de la resolución dictada en los autos del conflicto competencial ********************, de su índice. Ahora bien, del contenido del testimonio que se acompaña al oficio de cuenta, se advierte que el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en Ciudad de México, resolvió: "ÚNICO. El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es competente para conocer de la demanda de ampro promovida por ********************." Por lo anterior, se toma conocimiento de lo informado; hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) El cuaderno de antecedentes es destruible, conforme al artículo 19, fracción I, inciso b, del referido Acuerdo General, en el plazo de seis meses de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Ahora bien, el órgano jurisdiccional conservará por el término de seis meses el cuaderno de antecedentes, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez concluido este plazo, será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, informa que se avoca al conocimiento del conflicto competencial entre el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este Órgano Jurisdiccional, el cual registró con el número ********************, de su estadística; circunstancia de la que se toma conocimiento. Cúmplase.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), mediante el cual, el Actuario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, declina la competencia a este Juzgado de Distrito para conocer del juicio de amparo ******************** de su índice, por las consideraciones ahí vertidas. En consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1091/2023-IV. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgado advertir que el estudio correspondiente se realizará respecto de las autoridades y los actos, siguientes: 1. Del H. Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, reclamo la discusión, aprobación y expedición de los Decretos en virtud de los cuales, se crearon y se han reformado los artículos 142, párrafos primero, tercero, fracción IV, cuarto y quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, y 42-A del Código Fiscal de la Federación. disposiciones que facultan a las autoridades hacendarias para requerir a las instituciones de crédito, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información relativa a las operaciones y servicios que realizaron los contribuyentes a través de dichas instituciones. 2. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la promulgación de los Decretos legislativos que contienen las disposiciones antes citadas. 3. Del C. Administrador de Planeación y Programación de Auditoria Fiscal Federal "3" (dependencia adscrita al Servicio de Administración Tributaria) reclamo el oficio número ********************, de fecha 16 de febrero de 2018, por el cual, dicha autoridad solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que proporciona -entre otros documentos- copias de los estados de cuenta, de los contratos de apertura, de los contratos de crédito y de las tarjetas de firma de todas las cuentas abiertas a nombre del ahora quejoso en las instituciones del sistema financiero, ya fuera en instituciones bancarias, casa de bolsa o sociedades financieras de objeto múltiple, en relación con el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017. Asimismo, las consideraciones que expuso el Juez declinante para sostener su legal incompetencia son las siguientes: "De lo antes precisado y lo manifestado por el promovente se advierte que se duele de las normas mencionadas, con motivo de su aplicación en el oficio número ********************, de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual la autoridad solicitó diversa información, entre ellas cuentas bancarias, contratos aperturados, contratos de crédito y tarjetas de firma del quejoso. Asimismo, se advierte que su domicilio fiscal se encuentra en el Estado de México, es decir, fuera del lugar donde ejerce jurisdicción de este Juzgado de Distrito, de manera que, el juzgado competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, es el Juez de Distrito en el Estado de México. Lo anterior toda vez que al tratarse el acto de facultades de comprobación que se relacionan con el oficio aquí reclamado. tal como se desprende de la respuesta al hecho c), contenido en la contestación a la demanda de nulidad en el expediente ahí señalado, exhibida como anexo del libelo inicial. Así, es el domicilio fiscal el lugar previsto por el legislador para que el contribuyente y demás obligados, cumplan con lodos los deberes derivados de la relación tributaria sustantiva, especialmente, para que la autoridad fiscal lleve a cabo una mejor administración de los ingresos fiscales, bajo el criterio de facilitar la oportuna observancia de las leyes relativas, dentro de la circunscripción territorial que a cada sujeto pasivo corresponda Por lo que, este Juzgado concluye que los actos aquí reclamados deben tener ejecución material fuera del lugar en el que ejerce jurisdicción este órgano, dado que se dictó con motivo del ejercicio facultades de comprobación efectuado a la parte quejosa, y en tal virtud, es que carece de competencia para conocer del presente asunto, porque la competencia no se finca en función del domicilio de la autoridad, sino del domicilio fiscal del contribuyente. Ello así, pues la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión debe fincarse a favor del juez del lugar en que se materializa el acto, esto es, donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico; luego, si la moral quejosa tiene su domicilio en el Estado de México, y es ahí donde desempeña la actividad fiscal, materia de la inconstitucionalidad reclamada, se concluye que es en dicha demarcación territorial en donde, en su caso, debe ser atendido este asunto.". Al respecto, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por los motivos siguientes: En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que para conocer de la demanda de garantías será competente el juez de distrito: Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Ahora bien, del oficio de cuenta, se advierte que el Homólogo Federal declinó la competencia del presente asunto, en atención a que aduce que el domicilio fiscal de la persona física quejosa, se encuentra ubicado en una localidad en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, por lo que, refirió que al derivar el acto reclamado de facultades de comprobación por parte de la autoridad hacendaria, la ejecución del acto reclamado la resentiría el quejoso en el lugar donde estuviese su domicilio fiscal. Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el artículo 37 de la Ley de Amparo, refiere que deberá conocer el Juez del lugar en que se presentó la demanda de amparo, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material; por tanto, se advierte que la parte quejosa acudió ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno, a promover la presente demanda de amparo, ya que en el caso en particular, los actos que reclama, son actos declarativos, es decir, no implica la realización de una obligación de hacer o dar, sin que pueda afirmarse que conlleva un principio de ejecución material; por tanto, la competencia para conocer del presente sumario constitucional no corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se encuentra ubicado el domicilio fiscal de la parte quejosa, si no ante el que se presentó la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXV, página 606, Quinta Época, Materia Común, de rubro y texto: "ACTOS DECLARATIVOS. Por actos declarativos debe entenderse aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implica modificación alguna de derechos o de situaciones existentes". Así como la diversa jurisprudencia 1ª./J.17/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Y la diversa tesis II.2.P.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, página 1460, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO QUE CARECE DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada establece que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, lo será aquel que tenga jurisdicción en donde resida la autoridad que dictó la resolución reclamada. Por su parte, el artículo 37 de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece prevé que, en esos casos, el competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo que de una interpretación histórica de esta última disposición, se hace evidente la intención del legislador ordinario de modificar esa regla de competencia y, por ende, debe interpretarse literalmente, ya que el órgano legislativo sólo consideró como parámetro objetivo para fincar la competencia de los Jueces de Distrito, la naturaleza ejecutiva del acto impugnado, pues en estos supuestos el competente es aquel donde el acto debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pero en caso de que el acto carezca de esa característica, el competente es el Juez de la jurisdicción ante quien se haya presentado la demanda. De suerte que es manifiesta la intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, al permitir que éstos opten por el tribunal al que les resulta más sencillo acudir, conclusión a la que se llega, haciendo un análisis comparativo del mencionado artículo 36 de la ley abrogada y las dos iniciativas de proyecto para la expedición de la nueva ley. Sin que se soslaye, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en el juicio de amparo, en virtud de que las interpretaciones realizadas fueron en relación con disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y, por tanto, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el citado medio de difusión el dos de abril de dos mil trece, al contraponerse a lo regulado por la legislación vigente, aquél es inaplicable". En las relatadas condiciones, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, no acepta la competencia planteada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer del presente asunto. Por tanto, devuélvase el expediente al Juzgado oficiante, solicitándole de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo correspondiente; asimismo, se sirva informar si insistió en declinar competencia y el trámite dado a la misma. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente; y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,602 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano