Luis Edgardo Millán Villaseca
Expediente 236/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2023
Partes del expediente
- Luis Edgardo Millán Villaseca
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
.... ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de precisar el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, en seis meses, a partir de esta fecha; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracción III y 19, fracción I, inciso b, del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.
- Juicio de Amparo Directo
1. Visto el oficio de cuenta del índice de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual remite copia certificada del auto de diez de agosto del año en curso, dictado en el juicio administrativo 718/2020, de su estadística, de la que se advierte, en lo que interesa, solicita copias certificadas del amparo directo 236/2020, del listado de este tribunal colegiado. 2. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de la sala regional oficiante, que esta presidencia se encuentra materialmente imposibilitada para remitir la copia certificada del sumario de amparo que solicita, toda vez que en auto de diecinueve de octubre del año próximo pasado, este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Luis Edgardo Millán Villaseca, contra la resolución administrativa dictada el catorce de septiembre de dos mil veinte, en el procedimiento SMA/DC/P0001/2020, por el Jefe del Departamento de Catastro de San Mateo Atenco, Estado de México, ordenando remitir las constancias que integran el asunto al juez de distrito en materias de amparo y de juicios federales en el Estado de México, en turno, del que correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien registró el citado medio extraordinario de impugnación con el número 775/2020-VI, de su índice, por lo que es ante ese juzgado al que debe formular su petición, para los efectos legales que refiere en el oficio de cuenta.
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Jefe del Departamento de Catastro de San Mateo Atenco, Estado de México, mediante el cual, por una parte, rinde su informe justificado, asimismo, señala domicilio, para oír y recibir notificaciones y designa autorizados, para los efectos indicados; y, por otra, remite la demanda de amparo promovida por Luis Edgardo Millán Villaseca, en cinco tantos; y el oficio SMA/SP/0065/2020, al que adjunta diversas constancias del procedimiento SMA/DC/P00I/2020, entre ellas, de la resolución de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictada en ese procedimiento; en atención a lo solicitado por la autoridad responsable en su informe justificado, téngase como su domicilio el que indica y como autorizados a los profesionales que refiere. Acúsese recibo. 2. En términos del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno como AMPARO DIRECTO 236/2020. Hágase del conocimiento de las partes que no se integrarán al expediente electrónico las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio Tribunal que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados, que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este Órgano Colegiado deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las que se conservarán en este Tribunal sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 6º de los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, a prudente arbitrio de esta Presidencia, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Se instruye a los Actuarios adscritos a este Órgano Colegiado a dar fe de que las promociones, documentos, autos y resoluciones coincidan en su totalidad en el expediente impreso y en el electrónico, de conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. 3. Este Tribunal Colegiado CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Conforme a los criterios jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presupuestos procesales que deben verificarse al recibir la demanda de amparo directo son los siguientes: a) Procedencia de la vía, b) Competencia, en cuanto que son competentes para conocer los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia, en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben hacerse valer los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable. Lo anterior se advierte de la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 6/2015 (10a), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, P. 95, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por su parte, el artículo 170, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por tanto, debe decirse que el juicio de amparo directo procede, de manera específica, en dos supuestos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y, b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Establecido lo anterior, conviene indicar que una sentencia definitiva es aquella que decide el juicio en lo principal, mientras que una resolución que pone fin al juicio es aquella que, sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido; en ambos supuestos, respecto de las cuales, las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; esto es, el juicio de amparo directo competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, únicamente, procede contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, emitidas por Tribunales Judiciales, Administrativos, Agrarios o del Trabajo. En la especie, de las constancias recibidas se advierte que la parte quejosa, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la resolución administrativa dictada el catorce de septiembre de dos mil veinte, en el procedimiento SMA/DC/P0001/2020, por el Jefe del Departamento de Catastro de San Mateo Atenco, Estado de México, en la que se determinó, en lo que interesa, lo siguiente: "[.] PRIMERO.- Es procedente DEJAR SIN EFECTO, el Traslado de Dominio de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, respecto al inmueble registrado en las áreas de Catastro y Tesorería del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco, México, con la Clave Catastral 0410150141000000, a nombre del C. LUIS EDGARDO MILLAN VILLASECA, por las razones expuestas en los CONSIDERANDOS VII y VIII de la presente Resolución Administrativa. [.]" De la transcripción anterior, se advierte que la resolución reclamada se dictó dentro de un procedimiento administrativo, pero no por un tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo, sino por una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Luego, si la determinación reclamada no es una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin a un juicio, emitida por un Tribunal Judicial o Administrativo, no procede la vía del juicio de amparo directo, sino, en su caso, el indirecto o biinstancial, pues, se insiste, se trata de una resolución dictada por una autoridad administrativa distinta a los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo; por consiguiente, es inconcuso que este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente asunto, puesto que el acto reclamado no se ubica en las hipótesis a que refiere el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo. 4. En esas condiciones, este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Luis Edgardo Millán Villaseca, en contra de la resolución administrativa dictada el catorce de septiembre de dos mil veinte, en el procedimiento SMA/DC/P0001/2020, por el Jefe del Departamento de Catastro de San Mateo Atenco, Estado de México, pues, no satisface las características para que pueda ser cuestionada mediante juicio de amparo directo y, por ende, la competencia para su conocimiento corresponde a un Juzgado de Distrito en la vía indirecta. Lo anterior, por supuesto, en el entendido que el Juez de Distrito a quien corresponda conocer de la presente demanda de amparo conserva plenas facultades para pronunciarse respecto de su admisión, prevención o desechamiento, en términos de los artículos que regulan la procedencia del juicio de amparo indirecto. En esas condiciones, al no actualizarse la competencia de este Tribunal Colegiado y dada la naturaleza del acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, de la Ley de Amparo, remítanse las constancias que integran el presente asunto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, en razón que la autoridad emisora del acto tiene su residencia en San Mateo Atenco, Estado de México. Solicitando al Juez que conozca del asunto, que a la brevedad envíe el acuse respectivo. 5. Dése la intervención que corresponda a la fiscalía federal adscrita a este Tribunal. 7. Atento a su manifestación, realícense a la parte quejosa, las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista electrónica. 8. Por autorizados a los profesionales que señala, únicamente, para los efectos de oír y recibir notificaciones, en razón de que no acreditan estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, pues no proporcionan los datos correspondientes para poder verificar tal situación, esto es, el número de sus cédulas profesionales o el número de registro que constate que ésta se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la materia, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad demuestren ante este Tribunal dicha circunstancia. 9. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". 10. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. 11. Fórmese el cuadernillo relativo al expediente en que se actúa con las constancias originales generadas después del presente proveído, pues de conformidad al Acuerdo general Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es obligación de este órgano colegiado hacer que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, como se ordena en el presente proveído; en consecuencia, resulta innecesario contar con copia de los antecedentes del expediente en que se actúa, dado que se cuenta con la versión electrónica de éste, de lo que se sigue que si las partes desean consultar los autos originales del presente asunto deberán trasladarse al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, que, por razón de turno, conocerá del presente asunto; y, en caso, de optar por la consulta de la versión electrónica deberán realizarla cumpliendo con lo previsto en el acuerdo general citado, con lo cual se garantiza el derecho fundamental de acceso a la justicia. 12. ACUSES DE RECIBO. Se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que, hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, las constancias de notificación y los acuses de recibo de autos, testimonios y demás anexos recibidos por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, así como de autoridades responsables y terceras interesadas, se agreguen a los autos del expediente en que se actúa, para que obren como corresponda, sin dar cuenta a la suscrita Magistrada Presidenta para el dictado de una resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° y 6°, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el uno de octubre de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, ya que no se consideran actuaciones indispensables, pues, la resolución que se llegue a dictar con motivo de los acuses recibidos, sólo tendrá como efecto ordenar su integración a los autos referencia, excepción hecha de los casos en los que se adjunte algún documento original o copia certificada respecto de los que se deba proveer, así como aquellas comunicaciones oficiales relacionadas con el cumplimiento a una ejecutoria de amparo, dictada en un juicio uniinstancial; sin embargo, los acuses recibidos se deberán registrar en el Libro de Registro de Ingresos de Oficios Varios, a fin de que el número de promoción con los que se registre, sirva para su vinculación en el expediente electrónico. 13. De conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte; y, por tratarse de una situación de emergencia sanitaria, se autoriza que la notificación de la presente determinación, se lleve a cabo por medio de correo electrónico institucional a la autoridad responsable, con oficio digitalizado y con la utilización de la firma electrónica. En este caso, se deberá obtener confirmación de la recepción del correo electrónico, la cual se certificará por parte de la servidora o servidor público adscrito a la Actuaría de este Tribunal; y, para el caso, de que no pueda lograr la confirmación de la recepción del correo electrónico, deberá notificar por oficio a la citada autoridad, previa razón de imposibilidad, en la que haga constar los motivos por los cuales no logró notificar la presente determinación por ese medio electrónico. 14. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Notifíquese por lista electrónica; y, por oficio electrónico, a la autoridad responsable. Cúmplase.
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