Luis Edgar Macias Moran
Expediente 109/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/08/2021
Partes del expediente
- Luis Edgar Macias Moran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, mediante el cual comunica el contenido del acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio de amparo 314/2021-III, del índice del citado órgano jurisdiccional, en atención a su contenido se ordena remitir al homólogo de cuenta las constancias solicitadas, con los anexos necesarios; para los efectos legales que correspondan. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Javier Delgadillo Quijas, fue adscrito a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEPLE./ADS./2418/2021, de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEPLE./CEN./002/2826/2021, de fecha once de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 44, párrafo tercero y 86, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en virtud de la licencia otorgada al referido Titular, a partir del día dieciséis de agosto al once de noviembre de dos mil veintiuno, fue designada la licenciada Aida Elizabeth Alferez Flores, como Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito.
- Principal
Vista la razón levantada por la Auxiliar de Actuario adscrita a la Unidad de Notificadores Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo de entregar el oficio 15675/2021 dirigido a la Comisaria de la Fuerza Policial Metropolitana a través de su titular; por las razones que indica; en consecuencia, reexpídase dicho oficio siendo que esta vez por conducto del Comisario General de la Policía Metropolitana de Guadalajara, denominación correcta de la responsable.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito, que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada, y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por-- el cual registró con el número de juicio de amparo 314/2021; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes. Por otra parte, infórmesele al oficiante que en el presente asunto, no se aperturó incidente de suspensión, ya que en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa por copias necesarias para su apertura, sin que a la fecha hubiese cumplido con dicha prevención. Infórmese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En esas condiciones, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este juicio de amparo como asunto concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, , que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Por este medio notifico a la parte quejosa la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió a notificarse personalmente de la misma, no obstante de habérsele dejado citatorio para tal efecto. La resolución de mérito a la letra dice: "Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que ***, por su propio derecho, el veinte de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos de las autoridades descritas y por el acto que hizo consistir en: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN.- Reclamo de las autoridades responsables, la privación ilegal de mi vehículo usado tipo ***, versión *** "***" SPORT 4 CILINDROS AUTOMÁTICA, marca ***, modelo ***, con clave vehicular *** con número de placas *** y número de serie ***. En virtud de un ILEGAL E INCONSTITUCIONAL ASEGURAMIENTO sin que se cumplan las formalidades del procedimiento, por lo que el suscrito nunca he sido llamado a juicio, y desconozco bajo protesta de decir verdad si haya un juicio o hecho delictuoso que involucre a mi camioneta ya que el suscrito la compré de buena fe, revisando minuciosamente los documentos y adeudos por los medios electrónicos, que las propias autoridades brindan a los ciudadanos como lo es el REPUVE y el gobierno en línea adeudos vehiculares, sin que reportara ningún movimiento extraño.". La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 109/2021; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, con fundamento en lo previsto por los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, considera que carece de competencia legal para conocer del asunto, ya que de la lectura del acto reclamado y probanzas que integran el sumario se determina que corresponde conocer a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, en atención a las razones que enseguida se exponen. Así es, en la demanda de garantías de que se trata, el quejoso reclamó de las autoridades responsables la privación ilegal del vehículo usado tipo ***, versión *** "***" SPORT 4 CILINDROS AUTOMÁTICA, marca ***, modelo ***, con clave vehicular *** con número de placas *** y número de serie ***, en virtud de considerarla ilegal e inconstitucional sin que se cumplan las formalidades del procedimiento. De las constancias remitidas por las autoridades responsables a la que se les concede pleno valor probatorio conforme a lo previsto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por disposición del numeral 2° de su ley reglamentaria, se desprende que la privación de la posesión del vehículo materia del acto reclamado derivó de la carpeta de investigación ***, por el reporte de robo efectuado con fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, por lo que se dio aviso al Agente del Ministerio Público en turno de la Fiscalía Estatal de Jalisco, siendo la fiscal de guardia Bárbara Paz Guzmán Fiscal de la Guardia del Centro Vehicular de Devolución Inmediata, quien integró la carpeta respectiva, lo expuesto fue manifestado por la autoridad responsable Centro Vehicular de Devolución Inmediata (CVDI) de la Fiscalía Estatal, confesión expresa que hace prueba plena de conformidad con los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y así lo justifica con las documentales que allegó al rendir su informe justificado, previamente valoradas. Ahora bien, este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que actualmente nos rige, encuentra limitada su competencia únicamente respecto a lo siguiente: "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio." "ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 51, determina: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: = I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; = II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y = III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo." Por otra parte, los numerales 37 y 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ordenan: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. --- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. --- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,25 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. - --Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. --- Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. --- Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. --- requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. --- Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. --- Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". Del análisis integral de dichos preceptos legales, se advierte que si bien en la demanda de garantías que nos ocupa, se reclama fundamentalmente la privación de la propiedad y posesión del vehículo referido, lo anterior deriva de la carpeta de investigación ***, por el reporte de robo efectuado con fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, por lo que se dio aviso al Agente del Ministerio Público en turno de la Fiscalía Estatal de Jalisco, siendo la fiscal de guardia *** Fiscal de la Guardia del Centro Vehicular de Devolución Inmediata, quien integró la carpeta respectiva; de ahí que el acto reclamado al ser objeto de prosecución e investigación de un posible delito, y por disposición del artículo 21 constitucional le incumbe esa facultada un Juzgado de Distrito en Materias Penal, dada su naturaleza y origen. En esas condiciones, si el acto deriva de una investigación, es de concluirse que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer de la demanda en cuestión. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia referente a la Quinta Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIII, página 2674, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE LA MATERIA. Para resolver una cuestión de competencia, deben juzgarse los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza y no conforme a la interpretación que de ellos haya hecho el quejoso en su demanda de amparo, pues tal criterio podría permitir que, en ocasiones, a un acto esencialmente penal, se le diera carácter administrativo, o viceversa." Asimismo, sobre el particular, cítese la tesis I.14o.C.8 K, sustentada por el Décimo Cuarto Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página: 1773, que dice: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil". También cobra aplicación la tesis 1a./J. 89/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 22, del Tomo XX, del mes de diciembre del dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto.". No es obstáculo para arribar a la anterior determinación el hecho de que por una parte las autoridades señaladas como responsables, sean autoridades administrativas, pues por la naturaleza intrínseca del acto reclamado, es decir, materialmente penal, se surte la competencia para el conocimiento de la presente demanda de garantías a favor de un Juez de Distrito en Materia de Amparo Penal. Sobre el particular y por las razones que la informan, cobra aplicación la tesis XVI/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, del Tomo IV, del mes de Julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. NATURALEZA DE LOS ACTOS QUE REALIZA. EL HECHO DE QUE LA LEY IMPUGNADA COMO INCONSTITUCIONAL TENGA CARÁCTER FORMALMENTE ADMINISTRATIVO NO EXCLUYE QUE LOS ACTOS DE AQUÉL GENERALMENTE SEAN MATERIALMENTE PENALES." Consecuentemente, es de decirse que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de garantías, de conformidad con en el artículo 48 de la ley de la materia y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que se ordena remitir el presente juicio al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, para el efecto de que resuelva respecto a la aceptación o no de la competencia declinada a su favor, e informe lo anterior a este juzgado Federal. Tiene aplicación en la especie la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo.". En consecuencia se deje sin efectos la audiencia constitucional prevista para las diez horas con catorce minutos del día de hoy. Remítase el original del juicio de amparo en que se actúa y fórmese el cuaderno de antecedentes que corresponda, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.".
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