Luis Edgar Herrera O Hector Eduardo Infante
Expediente 339/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Edgar Herrera O Hector Eduardo Infante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA VII "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por lo que con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d) y 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicha resolución; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, atendiendo a que en el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción II, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícese la captura de datos que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los libros de control interno respectivos. Finalmente, devuélvase al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en este Municipio, en funciones de Juez de Control, el disco DVD, que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó estado la resolución que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y ordenó el archivo del expediente principal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos del artículo 17 fracción III inciso b) atendiendo a que se negó la suspensión provisional y posteriormente se concedió y negó la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es conservable. Por tanto, transcurrido el plazo tres años, contado a partir de esta fecha, procédase a la transferencia de este expediente al depósito documental que para tal efecto designe la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 2153 al que se anexa la Opinión Jurídica de Extradición de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, de la cual se advierte lo siguiente: "OPINIÓN Única. En cuanto a lo actuado y probado ante esta autoridad judicial, con base en las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución, este Juzgador emite opinión favorable a la extradición de Héctor Eduardo Infante, alías "Luis Edgar Herrera" o "El Tolín" o "T"." De lo que se toma nota para los fines legales consiguientes. En atención a dicha resolución se provee lo siguiente. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y turnado al día siguiente a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, ******************** o ********************, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de Juez de Control y otra autoridad, de quienes reclamó: "I. Del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de Juez de Control: La detención formal de extradición internacional de Luis Edgar Herrera o Héctor Eduardo Infante, decretada en audiencia de fecha once de marzo de dos mil veintitrés. II. Del Director General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República: La calificación y admisión de la petición formal de extradición internacional de Luis Edgar Herrera o Héctor Eduardo Infante que le presentó el gobierno de los Estados Unidos de América." De las siguientes autoridades responsables reclamó: III. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: a) La suscripción del Tratado Internacional de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estado Unidos de América, firmado el 4 de mayo de 1978. b) La orden de publicación del Tratado Internacional de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estado Unidos de América. IV. Del Senado de la República, se reclama: a) La aprobación o ratificación del Tratado Internacional de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, publicado mediante decreto de fecha el 23 de enero de 4979. V. Del Secretario de Relaciones Exteriores, se reclama: a) El acto de promulgar el Tratado Internacional de Extradición Entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, mediante decreto publicado el 26 de febrero de 1980. b) La calificación y admisión de la petición formal de extradición internacional de Luis Edgar Herrera o Héctor Eduardo Infante, que le presento el gobierno de los Estados Unidos de América mediante nota diplomática 23-0693 de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés y la retransmitió al Director General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República para que por su conducto se hiciera llegar al Juez de Control. VI.- Del Secretario de Gobernación se reclama: La promulgación del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, publicado mediante decreto de fecha el 23 de enero de 1979." VII.- Del Director del Diario Oficial de la Federación se reclama: La publicación, aprobación y promulgación del Tratado Internacional de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; no se designó parte tercero interesada, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Informes justificados. De las constancias de autos se advierte que, las autoridades responsables al rendir su informe justificado lo hicieron en los siguientes términos, tal como se indica en el siguiente recuadro ilustrativo: No. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME JUSTIFICADO 1 Del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de Juez de Control PARCIALMENTE CIERTO 2 Del Director General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República NIEGA 3 Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores ES CIERTO 4 Del Senado de la República ES CIERTO 5 Del Secretario de Relaciones Exteriores ES CIERTO 6 Del Secretario de Gobernación NIEGA 7 Del Director del Diario Oficial de la Federación ES CIERTO CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias documentales y disco en formato DVD, remitidos por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de Juez de Control, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. ... a) El 10 de enero de 2023, previa solicitud de la representación social, se libró orden de detención provisional con fines de detención del ahora quejoso de Luis Edgar Herrera o Héctor Eduardo Infante, en términos del artículo 11, punto primero, del Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. b) El 11 de enero siguiente se cumplimentó dicho mandamiento. c) En audiencia de El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se comunicó al requerido el contenido de la solicitud de detención provisional con fines de extradición ejecutada; además, se precisó el término de 60 días naturales con que contaba el Estado requirente para formalizar su petición; conforme al numeral 11, punto 3, del Tratado en cita. d) El 06 de marzo de 2023, la fiscalía interviniente pidió audiencia para formalizar esa solicitud. e) En diligencia de 11 de marzo de dos mil veintitrés, se comunicó al quejoso el contenido de la solicitud formal de extradición formulada por el Estado requirente, en observancia a los requisitos del artículo 10 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Finalmente, en esa audiencia el juez tuvo por formulada la petición formal de extradición del quejoso de Luis Edgar Herrera o Héctor Eduardo Infante, otorgando el término a las partes para formular sus excepciones. QUINTO. Causal de improcedencia La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese contexto respeto del acto reclamado al Juez de Control, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en la fracción XVII, del artículo 61, en relación con el ordinal 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado el cambio de situación jurídica del sentenciado. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.] De lo anterior se advierte que para la actualización de la causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. En ese contexto, el acto reclamado al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de Juez de Control, consiste en la detención formal de extradición internacional de Luis Edgar Herrera o Héctor Eduardo Infante, decretada en audiencia de fecha once de marzo de dos mil veintitrés. Es importante precisar que el procedimiento de extradición consta de tres fases procedimentales, a saber: a) La primera se inicia con la manifestación de intención de presentar formal petición de extradición, en la que el Estado solicitante expresa el delito por el que pide la extradición y que existe en contra del reclamado una orden de aprehensión emanada de autoridad competente; o en su caso, a falta de tal manifestación de intención, el que inicia con la solicitud formal de extradición, la que debe contener todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Extradición Internacional o los establecidos en el tratado respectivo. b) La segunda comienza con la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de admitir la petición, por estar satisfechos los requisitos legales correspondientes, etapa en la que interviene el Juez de Distrito competente y emite su opinión. c) La tercera es aquella en la que la dependencia referida del Ejecutivo Federal resuelve si concede o rehúsa la extradición, sin estar vinculado jurídicamente a la opinión dictada por el Juez de Distrito. En consecuencia, las supuestas violaciones que pudieran versar en relación a la detención provisional con fines de extradición, quedaron consumadas irreparablemente, puesto que al subsistir la petición de detención formal con fines de extradición se da inicio al procedimiento de ésta, por lo que la detención provisional queda superada y en consecuencia sus efectos cesaron. .... Bajo esas circunstancias, es evidente que existe un cambio de situación jurídica, pues el quejoso Luis Edgar Herrera o Héctor Eduardo Infante, señaló como acto reclamado la detención formal (sic) que le fue decretada el once de marzo de dos mil veintitrés, con fines de extradición. Sin embargo, dicha detención fue únicamente de manera provisional, no obstante, dicha determinación fue sustituida procesalmente, a través de la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, por la cual el juez federal responsable, en respuesta a la petición formal realizada por la Representación Social, emitió su opinión jurídica y declaró procedente la detención formal del quejoso Luis Edgar Herrera o Héctor Eduardo Infante (primera etapa) y conforme al artículo 29 de la Ley de Extradición Internacional, ordenó remitir dicha resolución y expediente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con lo cual inicia la segunda fase de dicho procedimiento. En ese tenor, si el procedimiento con fines de extradición internacional se divide en tres fases procedimentales autónomas e independientes, cuando culmina una, las violaciones que ahí pudieron producirse quedan consumadas de modo irreparable al no poder decidirse tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio o tramitación de la etapa subsecuente, es evidente que existe un cambio de situación jurídica, porque el quejoso Luis Edgar Herrera o Héctor Eduardo Infante, con la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dejó de estar a disposición del Juez de Control y continuará bajo la tutela de la Secretaría que Relaciones Exteriores, quien determinará si concede o rehúsa dicha petición de extradición. Es aplicable la jurisprudencia P. CLXV/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Octubre de 2000, página 36, Novena Época, Materias Penal, con número de registro digital 190955, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA XLIV/98). Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en su tesis aislada P. XLIV/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 70, bajo el rubro: "EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS.", que cuando culmina una de las tres fases en que se divide el procedimiento de extradición, quedan consumadas irreparablemente las violaciones que en ella pudieran haber existido por cesación de efectos del acto reclamado, pues no pueden afectar ni trascender a la subsecuente etapa, en razón de que cada una de ellas es autónoma e independiente de las otras. Ahora bien, nuevas y mayores reflexiones respecto a la interpretación que ha realizado la Suprema Corte del contenido de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en el sentido de que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que las medidas que dicten las autoridades responsables revoquen de tal manera la resolución impugnada que la situación del peticionario de garantías sea igual a aquella que tenía antes de la emisión de tal acto, llevan a variar el criterio contenido en la tesis que se comenta, pero únicamente en cuanto a la causa de improcedencia del juicio de amparo que ahí se menciona, pues en realidad la hipótesis de improcedencia que se actualiza es la contenida en la fracción X del mencionado precepto, toda vez que si el procedimiento con fines de extradición internacional se divide en tres fases procedimentales autónomas e independientes, cuando culmina una, las violaciones que ahí pudieron producirse quedan consumadas de modo irreparable al no poder decidirse tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio o tramitación de la etapa subsecuente". Asimismo, es aplicable el criterio P.XXXVI/2004, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo XX, Agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Novena Época, con registro digital 180883, con rubro y texto: "EXTRADICIÓN. ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE INICIA CON SU PETICIÓN FORMAL Y TERMINA CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN QUE LA CONCEDE O LA REHÚSA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA CLXV/2000). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. CLXV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 36, con el rubro: "EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA XLIV/98).", reiteró un criterio anterior en el sentido de que la extradición es un procedimiento que se divide en tres fases: la primera inicia cuando un Estado manifiesta a otro la intención de presentar petición formal de extradición y solicita se adopten medidas precautorias, o bien, la que inicia directamente con la petición formal de extradición; la segunda se entendía iniciada con la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de admitir la solicitud formal de extradición; y la tercera constituida sólo con la resolución de dicha secretaría, que en forma definitiva la concede o la rehúsa, con el importante señalamiento de que cuando culmina una de las tres, quedan consumadas irreparablemente las violaciones que en ellas pudieran haberse cometido, en virtud del cambio de situación jurídica. Ahora bien, nuevos elementos de reflexión llevan a establecer que la adopción de las medidas precautorias previstas por el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, si bien en términos generales pueden formar parte del trámite de extradición siempre que el gobierno requirente decida hacer uso de ese derecho, ello no da inicio formal al citado procedimiento, sino que esto ocurre hasta que se presenta la petición formal, con los requisitos que establezca el tratado correspondiente y la propia ley de la materia, según sus artículos 19, 20 y 21, pues es cuando se brinda al reclamado la garantía de audiencia ante un Juez de Distrito y concluye con el dictado de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que concede o rehúsa la extradición. Por tanto, la medida precautoria que tiene por objeto evitar que la persona reclamada pueda sustraerse a la acción de la justicia, asegurando la eficacia de la decisión de extradición no da inicio al procedimiento relativo y, además, es preclusiva, en tanto que conforme al último párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede durar más de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se haya cumplimentado, por lo que se extingue el derecho de realizar cualquier facultad procesal no ejercida en ese plazo; lo que no ocurre con las violaciones procesales que pudieran suscitarse a partir de que se presente la petición formal de extradición, ya que al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del párrafo segundo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, por regla general, podrán invocarse al tiempo de combatir en amparo indirecto la resolución que concede la extradición. En mérito de lo anterior, si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado en este asunto, primigeniamente, el cual dio origen al presente juicio, se afectaría la nueva situación jurídica; por tanto, resulta evidente que las violaciones que, en su caso, se cometan en una etapa ya concluida, quedan consumadas irreparablemente por cambio de situación jurídica, de manera que no pueden afectar ni trascender a la subsecuente, en razón de que cada una de ellas es autónoma e independiente de la otra. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En consecuencia, al encontrarse plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley citada es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SOBRESEIMIENTO que se hace extensivo al diverso acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del Tratado de Extradición de cuatro de mayo de mil novecientos setenta y ocho y demás actos con motivo de su suscripción, ratificación, promulgación y publicación; en virtud de que la inconstitucionalidad reclamada no puede analizarse de manera independiente al acto de aplicación, pues al reclamarse tal ordenamiento general con motivo de su aplicación concreta, no puede desvincularse su estudio del que concierne a su aplicación, pues el acto de aplicación es el que precisamente causa perjuicio al particular y no por sí solo tal ordenamiento general considerado en abstracto. Es aplicable la jurisprudencia 71/2000, con registro electrónico 191311, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y un minutos del trece de junio del dos mil veintitrés. NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA. En ese sentido, se comisiona al Actuario que corresponda, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas, se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en busca del quejoso ******************** o ********************, hecho que sea, le notifique el contenido de la presente resolución. Hágase lo anterior del conocimiento de las demás partes para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
MESA VII "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, conforme a la certificación secretarial que antecede, se advierte que de los informes justificados remitidos por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y del Director de lo Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, no han sido notificados al quejoso en el lugar de su reclusión. En ese sentido, se comisiona al Actuario que corresponda, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas, se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en busca del quejoso LUIS EDGAR HERRERA o HECTOR EDUARDO INFANTE, hecho que sea, le notifique el contenido del presente proveído, asimismo le de vista con los informes justificados antes mencionados. En virtud de lo anterior, y para dar margen a lo antes mencionado, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
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