Luis Donaldo Soberano Ramirez
Expediente 418/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 33 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 19/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Luis Donaldo Soberano Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha se haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, tampoco no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. ...se considera el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 418/2019, promovido por Lucas Espinoza Castro, en representación de Luis Donaldo Soberano Ramírez contra actos del Fiscal General de la República y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el quince de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Lucas Espinoza Castro, en representación de Luis Donaldo Soberano Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto y autoridades responsables que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 418/2019; por auto de la misma fecha, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama la orden de traslado cuya ejecución comenzaría en donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito, dado que es en este Estado en donde el quejoso se encuentra interno, actualizándose la hipótesis a que se refiere el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo . SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia citados, se precisa que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de traslado y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado; Subsecretario de Inteligencia y Política Criminal y Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas; Director de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Zacatecas; Director del Centro Regional de Reinserción Social varonil, en Cieneguillas, Zacatecas; Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social, número siete, "Nor-Noroeste", en Guadalupe Victoria, Durango; Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número ocho "Nor-Poniente", en Guasave, Sinaloa; Secretario de Seguridad Pública del Estado; Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número seis, "Sureste"; Directora Técnica del Centro Federal de Readaptación Social, Número Tres, en Matamoros, Tamaulipas; Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número doce "CPS-Guanajuato", ubicado en Ocampo, Guanajuato; Director General del Centro Federal de Readaptación Social número dos, "Occidente", en el Salto Jalisco; Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número diecisiete, en Michoacán; Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número once "CPS-Sonora", en Hermosillo, Sonora; Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila", en Ramos Arizpe, Coahuila; Director del Centro Federal de Readaptación Social número cinco, "Oriente"; Encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social, número trece "CPS", en Oaxaca; Coordinador General de Centros Federales, por conducto del Director de Amparos y Derechos Humanos; Director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial "CEFEREPSI" en Ayala, Morelos; Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, por conducto del Director de Amparos y Derechos Humanos; Directora General del Centro Federal de Readaptación Social, número uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; Comisionado General; Director de Control Operativo; Titular de la División de Gendarmería; Titular de la División de Fuerzas Federales y Titular de la División de Seguridad Regional, todos de la Policía Federal, por conducto del Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número quince, en Villa Comaltitlán, Chiapas; Fiscal General de la República, por conducto del director de amparo; Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, por conducto del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada; y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializado en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de S.E.I.D.O., pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que el amparista hubiera desvirtuado dichas negativas. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Manifestaciones de las responsables con las cuales, se dio vista al quejoso, para que desvirtuara tales negativas; sin que hubiera realizado manifestación al respecto, de ahí que cobra firmeza el contenido de dichos informes. Por otro lado, tampoco es cierto el acto reclamado a las autoridades Director del Centro Federal de Reinserción Social número dieciséis, "CPS FEMENIL-MORELOS, en Coatlán del Río, Morelos; Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número catorce "CPS-DURANGO", en Gómez Palacio, Durango; y, Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número nueve "Norte", en Ciudad Juárez, Chihuahua. En efecto, se asevera lo anterior, no obstante que las citadas autoridades fueron omisas en rendir su informe justificado, pues el artículo 117 de la Ley de Amparo establece que cuando ello ocurra se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Así, para concluir que en el sumario existe prueba con la que se acredite la inexistencia del acto atribuido a dichas autoridades, resulta oportuno citar los oficios telegráficos OADPRS/CGCF/CFRS16/DG/007393/2019, OADPRS /CGCF/CFRS14/DG/12010/2019 y SEGOB /CNS/OADPRS/CGCF/CFRS9/DG/006376/2019, enviados por el Director del Centro Federal de Reinserción Social número dieciséis, "CPS FEMENIL-MORELOS, en Coatlán del Río, Morelos; Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número catorce "CPS-DURANGO", en Gómez Palacio, Durango; y, Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número nueve "Norte", en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los que se rindieron informes con relación a la suspensión de plano decretada por este juzgado; indicando además, respectivamente, que ".NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL AMPARISTA, CONSISTENTE EN: "EL TRASLADO"."; ".DICHO QUEJOSO NO SE ENCUENTRA ENTRE LA POBLACION PENITENCIARIA DE ESTE CENTRO DE RECLUSION. RESULTA PROCEDENTE MANIFESTAR QUE EL SUSCRITO CARECE DE ATRIBUCIONES PARA EMITIR LA ORDEN DE TRASLADOE INGRESO DE INTERNOS DE ESTE U OTRO CENTRO FEDERAL."; y, ".EL SUSCRITO CARECE LEGALMENTE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENAR EL TRASLADO E INGRESO DE PERSONAS (.) AUNADO AL HECHO DE QUE EL IMPETRANTE DE GARANTIAS NO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA." (fojas 58; 155 y 156; y, 174 y 175). Si bien los citados informes fueron relativos a la suspensión de plano, en los mismos se negó la existencia de cualquier orden de traslado emitida contra el aquí quejoso; entonces, dado que existe imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, en esos casos basta que en los oficios telegráficos correspondientes hagan referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde, para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se hayan rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión. Resulta orientador el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la Tesis: II.2o.P.25 K (10a.) de tenor: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado." Además, por autos de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, así como de once y catorce de junio de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con relación a los citados informes de autoridad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo y no realizó manifestación alguna respecto al contenido de los oficios en análisis. Esto, pues ante la negativa de las autoridades responsables del acto que se les atribuye, y de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a las partes desvirtuar esa negativa, debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados y la inconstitucionalidad de los mismos; lo cual en el caso en concreto no aconteció. Cobra aplicación la Tesis Aislada (Común), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que a la letra dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridades precisadas en este considerando. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lucas Espinoza Castro, en representación de Luis Donaldo Soberano Ramírez, contra el acto y autoridades que se precisaron en el considerando segundo de esta sentencia, acorde a los motivos expuestos en el correlativo tercero de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Tiziana Eliana del Carmen Moscoso López, secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que el informe justificado de las autoridades responsables, no se puso a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud que el auto en que se dio vista con su contenido, se notificó el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, para su celebración. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe justificado, que rinde la autoridad responsable. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo.
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