Luis Domínguez García
Expediente 98/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Domínguez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA I Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado en auto de diecisiete de mayo del año que transcurre, a efecto de que la parte quejosa hiciera las manifestaciones que estimara pertinentes en relación al cumplimiento del fallo amparador, ha fenecido, sin que el quejoso hubiese ejercido ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, procede resolver si el fallo amparador se encuentra cumplido. En ese tenor, es pertinente destacar que en el fallo de dieciséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 78 a 87), se concedió al quejoso Luis Domínguez García, el amparo y protección de la Justicia Federal; resolución que al no haber sido recurrida por las partes, en el término de diez días, previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, causó ejecutoria en proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho. En ese tenor, se constriñó a La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que hiciera lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciocho dictada en el toca de apelación 587/2017. Dictara una nueva resolución, en la cual analizara los agravios del Agente del Ministerio Público inconforme en los términos precisados en la ejecutoria y los declara inoperantes por insuficientes. Confirmara la resolución de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, en el expediente 95/2017. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, pues lo actos que se reclaman a éstas son consecuencia el acto de la autoridad ordenadora. En vista de ello, mediante comunicaciones recibidas en este Juzgado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió copia auténtica del acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el toca penal 587/2017 (fojas 118 a 144) donde dejó insubsistente la resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Asimismo, dictó diverso acuerdo, mediante el cual analizó los agravios del Agente del Ministerio Público y los declaró inoperantes e insuficientes, y finalmente, confirmo la resolución de veinticinco de agosto de dos mil dieciocho, por el Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México. Igualmente, en cuanto a las autoridades ejecutoras el Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, informó que mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho ordenó la excarcelación del aquí quejoso Luis Domínguez García por el beneficio penitenciario de libertad preparatoria. En tales circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ ACATADO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal.
- Principal
MESA I. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que la fedataria judicial adscrita hizo constar su imposibilidad para notificar a la parte quejosa, el proveído de diecisiete del actual (foja 145), por las razones que expone; por tanto con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el citado auto, así como, las subsecuentes determinaciones que sean de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto designe nuevo domicilio para tal efecto.
- Principal
MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguense a los autos los oficios y anexos de cuenta mediante los cuales el Juez primero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México y la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con los oficios y anexos de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que de no hacerlo, se resolverá sobre el acatamiento del fallo protector con base en las constancias de autos.
- Principal
MESA I. Vista la certificación, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la resolución engrosada el dieciséis de abril de dos mil dieciocho -fojas 78 a 87-. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Ahora, debe recordarse que el amparo y protección constitucional es para el efecto de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, realice lo siguiente: ... En consecuencia, con sujeción a lo normado por el imperativo 192, de la Ley de Amparo, se ordena requerir a la Primera Sala Penal y al Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de este proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan las constancias que lo acrediten. Puntualizado lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se apercibe a la autoridad responsable de referencia que de incumplir con lo ordenado sin causa justificada, o no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Para mayor comprensión del requerimiento que se formula, este Juzgado de Distrito estima pertinente reproducir el contenido del artículo 192, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga.
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