Luis Diego NùÑez Reyes
Expediente 225/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 05/10/2022
Partes del expediente
- Luis Diego NùÑez Reyes
- Juez Decimo Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de QuerèTaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de octubre de dos mil veintidós. I. Testimonio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite el original del cuaderno incidental y el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión civil 134/2022 del que se advierte que en sesión de uno de septiembre de dos mil veintidós resolvió: "UNICO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión interpuesto por* por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales T.L.N.P." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; efectúense las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Asimismo, como lo solicita la superioridad, acúsese recibo del oficio que se provee y sus anexos. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en atención su contenido, mediante oficio que derive del presente asunto, remítase copia certificada de las constancias que solicita, esto es, de la resolución de veintisiete de abril y veinticuatro de mayo, ambos de la presente anualidad. Notifíquese y por oficio al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. IV. Devolución de tomos de pruebas. Por otra parte, de se advierte que existen tomos de pruebas pendientes por devolver al Juez Décimo Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, devuélvanse a la autoridad aludida, previo glose de las caratulas que se formaron para tal efecto, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, en razón de que la constancia de notificación hace las veces el mismo. V. Recurso pendiente Finalmente, y como se desprende de la certificación de cuenta en el incidente derivado del presente asunto se encuentra pendiente de resolución el recurso de revisión interpuesto en autos en contra de la interlocutoria dictada el catorce de marzo del año en curso, en tal virtud, hágase lo anterior del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y, mediante oficio a la autoridad responsable y al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de abril de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que como autoridades responsables y actos reclamados se señalaron: AUTORIDAD RESPONSABLE: a) Juez Décimo Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. ACTO RECLAMADO: "a).- La orden de interpelación y restitución de la menor de iniciales ........... dentro del expediente ........... radicado en el JUZGADO DECIMO PRIMERODE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERETARO, QUERETARO, ordenada en los acuerdo de fecha 8 de febrero del dos mil veintidós, siete de febrero del año dos mil diecinueve respectivamente, como prueba de lo anterior me permito anexar dicho acuerdo y que bajo protesta de decir verdad manifiesto que es copia íntegra e inalterable del documento impreso. b). - Cumplimiento de orden de entrega de mi menor hija de iniciales ............., dentro del expediente ............ radicado en el JUZGADO DECIMO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERETARO, QUERETARO. c).- El acuerdo de fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintidós en el cual ordena SE HABILITAN DIAS Y HORAS, SE GIRA EXHORTO, SE HABILITAN HORAS INHABILES, SE AUTORIZAN MEDIDAS, para la reincorporación de la menor mismas que fueron checadas por el Boletín electrónico de la página del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Como prueba de lo anterior me permito anexar captura de pantalla de dicho acuerdo y que bajo protesta de decir verdad manifiesto que es captura íntegra e inalterable del Sistema del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro." Así, por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se radicó la demanda bajo el número 225/2022, y se admitió en los términos indicados; la autoridad señalada como responsable rindió su informe con justificación y atento a lo expresado por ésta, así como a las constancias que remitió como complemento a su informe de ley, el veinticuatro de marzo de la presente anualidad, se solicitó al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, la vinculación de las constancias que integran el juicio de amparo 658/2019, de su índice, al advertirse que fue promovido por el ahora quejoso, respecto de actos deducidos del expediente del origen de este asunto ...........; expediente electrónico que se encuentra debidamente al presente asunto. II. Sobresee fuera de audiencia. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son de estudio preferente por ser de orden público, las invoquen o no las partes, según lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo, en esa virtud en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo que dice. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" La mencionada causal, prevé que lo decidido en un juicio de amparo anterior, no pueda ser combatido mediante otro juicio de la misma naturaleza, lo cual se justifica, pues ello ocasionaría una sucesión interminable de juicios constitucionales, por lo que debe atenderse al sistema de recursos previsto en la Ley de Amparo para combatir lo decidido en éstos, hasta llegar a una decisión inatacable1 . Este supuesto, descansa en el concepto de seguridad jurídica que emana, entre otros, de los artículos 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal, y que significa, que tanto las autoridades como los particulares, deben sujetarse a lo que establece la Constitución, tratados internacionales y leyes, a fin de dotar de estabilidad las relaciones entre unas y otros; y en específico, de la figura de la cosa juzgada, derivada el de seguridad jurídica, que a su vez significa, en sentido amplio, que una vez que una autoridad judicial ha decidido sobre algún asunto, negocio o conflicto, la decisión no puede variarse con posterioridad. Ilustra lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página: 1107, registro digital 2011383, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." En resumen, para que se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 61, fracción XI, de la ley de Amparo, se requiere la actualización de los siguientes presupuestos: 1. La existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso; 2. Que sea contra la misma ley o acto reclamado; 3. Por esa razón, que se promueva contra la misma o mismas autoridades responsables -si son éstas las ordenadoras aun cuando sean diferentes las ejecutoras; y, 4. Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Ahora, como se adelantó, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, conoció del juicio de amparo ..........., promovido por ..........., aquí quejoso, quien, a solicitud de este órgano jurisdiccional, vinculó las constancias relativas al referido sumario, al presente en que se actúa. Documentales que merecen valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, décima época, registro 2017123, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, titulada "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)."; constituye un hecho notorio para este juzgador la versión electrónica del juicio de amparo ........... De ese modo, en el referido juicio, el referido quejoso, señaló como autoridades responsables y actos reclamados lo siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA a) C. Juez Décimo Primero de Primera Instancia Familiar de Querétaro. EJECUTORA b) C. JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CHALCO, CON RESIDENCIA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. c) C. NOTIFICADOR ADSCRITO AL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CHALCO, CON RESIDENCIA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. d) Comisario de seguridad pública y tránsito municipal de valle de Chalco solidaridad, Estado de México. IV. ACTO RECLAMADO: a) Cumplimiento de orden de entrega de mi menor hija de nombre ............., misma que fue realizada mediante exhorto .......... radicado en el JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CHALCO, CON RESIDENCIA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, derivado del expediente número .......... radicado ante el JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR DE QUERÉTARO." Juicio de amparo en el que el trece de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, y el cinco de abril de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada y se ordenó el archivo definitivo de ese expediente. En esa medida, se advierte que en el citado juicio constitucional ............ del índice de este órgano jurisdiccional y en el presente sumario existe identidad en cuanto al quejoso, pues ambos juicios fueron promovidos por ............ También se advierte que existe identidad de los actos reclamados, al combatirse el auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, que al radicar la demanda interpuesta por la tercera interesada, bajo el expediente ..........., confirma la custodia provisional de la menor de edad involucrada a favor de su progenitora y le requiere al demandado la entrega a la madre. Asimismo, que sobre ese tema el trece de diciembre de dos mil veintiuno, se negó la protección constitucional al quejoso y el cinco de abril de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriado dicho fallo. De ahí que se considere que los actos aquí reclamados ya fueron materia del aludido juicio constitucional, y por ende, existe identidad en los actos, siendo estos, el auto que ordena la entrega de la menor de edad a su madre, y su ejecución, en donde para cumplir dicho requerimiento, se realizaron diversas actuaciones, entre las que destacan los proveídos de ocho y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, emitidos con la finalidad de lograr la entrega de la menor que se trata ordenada en el auto de radicación, materia del juicio de amparo que precede al presente asunto. De igual manera, se considera que existe identidad de autoridad responsable, toda vez que dichas actuaciones han sido emitidas por el Juez Décimo Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en el juicio sumario civil sobre pérdida de la patria potestad y otras prestaciones, promovido por la ahora tercera interesada, en tanto que dicha autoridad ordenadora, fue señalada como responsable por el quejoso en ambos juicios de amparo; sin que obste a lo anterior, el hecho de que en el primer juicio de amparo se hayan señalado diversas autoridades en su carácter de ejecutoras, pues quien emitió los autos combatidos mediante el juicio biinstancial, lo es el referido juez familiar. Entonces, como los actos que aquí se reclaman ya fueron materia del diverso juicio de amparo ............, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ello constituye un pronunciamiento firme que este órgano de control constitucional no puede desconocer, lo que actualiza la causa de improcedencia enunciada, incluso aún y cuando las violaciones constitucionales hubiesen sido diversas. Ahora bien, si en el presente juicio además del auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, que, entre otras cuestiones, ordenó la entrega de la menor de edad involucrada a su progenitor custodio, que lo es la madre y parte actora en el juicio de origen, también se reclaman los diversos proveídos de ocho y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en donde, por lo que ve al primero de éstos se ordenó al actuario de la adscripción del juzgado responsable, emplazar al ahora quejoso, en las salas de oralidad penal, de esta ciudad, donde podría ser encontrado el quejoso para ese efecto, así como para que lo requiriera de información respecto a la ubicación de la menor de edad y se realizara la restitución de ésta como había sido ordenada previamente. Y, en relación a la segunda de las actuaciones mencionadas, el juez responsable giró exhorto a diversos órganos jurisdiccionales del Estado de México, a efecto de que se llevara a cabo la entrega de la menor ordenada, derivado de que los domicilios proporcionados por la parte actora para tal efecto, se encontraban fuera de esta jurisdicción en la actúa la autoridad responsable. De este modo, se evidencia que tales actuaciones forman parte del cumplimiento a la orden de entrega de la menor de edad en cuestión, pronunciada en el proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve, pues, al margen de que se trata de determinaciones diversas a la primera en mención, lo cierto es que se trata de actos tendentes a lograr el cumplimiento de aquel, derivado que desde esa fecha no se ha logrado la entrega de la referida menor de edad a su madre, quien tiene la custodia provisional; por lo que tales actos no constituyen actos desvinculados del primero, que fue materia de diverso juicio de amparo. Esto último, derivado de que la eficacia refleja de la cosa juzgada se extiende a un procedimiento posterior instaurado por las propias partes, aun sobre aquellos aspectos que se combaten en el nuevo juicio de amparo que no haya sido materia de pronunciamiento expreso o no se hayan hecho valer por alguno de las partes en el primero, pues basta que en ese juicio, se haya tomado una decisión precisa sobre algún hecho o situación determinada, que constituye un presupuesto lógico y necesario que influya en la decisión de fondo del objeto del segundo conflicto. De manera tal, que de no atenderse esa circunstancia, implicaría negar o disminuir el derecho reconocido previamente, así como permitir que la parte quejosa, corrija las omisiones o errores en que pudo haber incurrido en el procedimiento anterior. Más aún porque la eficacia material de la cosa juzgada, con relación al objeto de dos litigios debe entenderse referida a lo reconocido o negado en la sentencia ejecutoriada, que en el caso particular, negó el amparo solicitado por el quejoso, en contra del auto que ordena la entrega de la menor de iniciales ..........., a su madre quien tiene la custodia provisional de ella. De ahí que, al quedar firme dicha determinación derivado de la negativa de la concesión del amparo solicitado contra dicha orden y su ejecución, la eficacia de la decisión se extiende a aquellos puntos que sin haber sido materia expresa de la decisión jurisdiccional, por consecuencia necesaria de la decisión firme, resultan decididos expresamente y no pueden ser variados por un proceso posterior, máxime que dichos proveídos son consecuencia de la ejecución de esa orden de entrega que quedó firme. Lo anterior, en virtud de que como se describió en líneas anteriores, tales acuerdos tienen por objeto cumplir con la determinación de la entrega del menor previamente ordenada, y no constituyen actos autónomos a esa orden, si no en cumplimiento a ella; pues incluso, la parte quejosa no los combate por vicios propios de legalidad, si no que se inconforma de ellos, derivado de la primer determinación, de la que esencialmente se duele por su emisión; de todo lo anterior, es que queda de manifiesto que esos diversos acuerdos ahora combatidos que no fueron materia de estudio del juicio de amparo que antecede, sean considerados como una consecuencia del ya revisado en amparo indirecto, derivado de su dependencia, y por ello, la causa de sobreseimiento que se actualiza en el presente asunto, se hace extensiva a éstos2 . Pues considerar lo contrario sería variar los del proceso anterior del que dependen; en tanto que lo ya resuelto es indiscutible, de tal manera que ni este juzgado, ni alguna otra autoridad jurisdiccional puede pronunciarse otra vez acerca de lo decidido en definitiva, pues lo que se pretende es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, de manera especial, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio del quejoso, contra un mismo acto, contrario a lo consagrado en el derecho constitucional de seguridad jurídica. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone en términos del diverso 63, fracción VI del mismo ordenamiento, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Cabe resaltar, que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con ésta, en términos de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, a efecto de que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que la parte quejosa esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, tal y como lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 426/2013. Por tanto, este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los peticionarios no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos, motivo por el cual, se reitera, se estima que esa obligación no corresponde a los Juzgados de Distrito en el amparo indirecto en primera instancia. Sustenta esta consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 51/2014 (10ª.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el libro 12, noviembre de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Robustece a lo determinado, la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 184572, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, tampoco el sentido de lo anteriormente determinado, implica detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, ni se trastocan los derechos de la menor de edad involucrada, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de éstos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". III. Se deja sin efectos fecha audiencia constitucional. En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional dentro del presente juicio, la cual estaba fijada para las DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. IV. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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