Luis Díaz Sánchez
Expediente 1066/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Luis Díaz Sánchez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días para que la parte promovente hiciera valer el recurso de queja en contra de la determinación emitida el treinta y uno de agosto del año en curso, mediante la cual se desechó de plano la demanda. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional 4. Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción IV), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados del Juzgado Segundo en Materia Mercantil en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1066/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." 4. Desechamiento. Ahora, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, numeral que en la porción normativa que se cita precisa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Ello es así, porque la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable lo siguiente: "IV. Acto reclamado. Resolución de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la sentencia causó ejecutoria." En este orden de ideas, del contenido del escrito de la demanda de amparo, se observa, que el acto que por esta vía se intenta combatir, consiste la resolución dictada en treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dentro del juicio ejecutivo mercantil 355/2016, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Ahora bien, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el promovente, se advierte que éste señala de manera medular lo siguiente: Que dentro de la carpeta de investigación nuc: **********, con número económico **********, se determinó que la firma estampada por **********, en el pagare suscrito el seis de mayo de dos mil trece por la cantidad de $********** (********** Moneda Nacional) y el cual dentro del juicio **********, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, es el documento base de la acción, resulto apócrifa, hecho que acredita con el Dictamen realizado por el perito oficial adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Con lo que se desprende que los hechos señalados en el escrito inicial de demanda en el Juicio Ejecutivo Mercantil radicado con el número **********, fueron fraudulentos ya que el documento base de la acción en la parte relativa a la firma del suscriptor es apócrifa. Ahora bien, es preciso advertir que si bien por regla general no procede la nulidad de un juicio por la tramitación de otro, en atención al principio de cosa juzgada; existe una excepción a ésta regla, esto es, cuando el primer procedimiento se hay tramitado de forma fraudulenta, como acontece en el caso que nos ocupa, tal y como lo alega el quejoso; a dicha pretensión se le denomina acción de nulidad de un juicio concluido por ser resultado de un proceso fraudulento, el que consiste en la falta de verdad o simulación que incurra quien lo promueve, ya sea solo o con la unión de las demás personas para inducir a la autoridad jurisdiccional a actuar en beneficio de éstos, en perjuicio de un tercero. Ello porque la materia de dicho procedimiento es la violación al debido proceso legal, por lo que, quien intente dicha acción debe probar lo siguiente: a. El hecho en que funda el acto fraudulento, objeto del juicio; y b. Que le cause un perjuicio la resolución que se toma en tal juicio. Ahora bien, no debe perderse de vista que si bien el juicio **********, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se regula por el Código Civil del Estado de México, y en dicha normatividad no está reglamentada en forma específica dicha acción de nulidad; el artículo 1.5. del Código Civil del Estado de México, establece que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos: Artículo 1.5.- Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. Por lo tanto la acción de nulidad deberá ajustarse a lo establecido en el Código Civil del Estado de México; por tanto el quejoso, previo a interponer la presente demanda de amparo, debió agotar dicho recurso: Artículo 7.16.- La nulidad por causa de error, dolo, violencia o incapacidad, sólo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios del consentimiento, sea perjudicado por la lesión o es el incapaz. El Juez oficiosamente analizará la existencia de lesión y resolverá en términos del artículo 7.667 de este Código En este sentido, conviene precisar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en contra de resoluciones emitidas por tribunales jurisdiccionales, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún medio de defensa por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Bajo esta tesitura, conviene tener presente que el juicio de amparo es un mecanismo de control extraordinario previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sirve para impugnar los actos de autoridad que sean contrarios a ella en lo relativo a los derechos fundamentales de las personas, por lo que, para garantizar su eficacia, la procedencia y trámite de la acción no es irrestricta, sino que están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la protección a los derechos humanos de los gobernados. Dentro de estas reglas se encuentra el principio de definitividad, que establece que el juicio de amparo únicamente es procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; lo cual implica, que antes de acudir a la instancia constitucional, se deberán agotar los mecanismos de defensa previstos en la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Ahora bien, si el acto que por esta vía se reclama, consiste en la resolución dictada en treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dentro del juicio ejecutivo mercantil 355/2016, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; y dentro de la carpeta de investigación nuc: **********, con número económico **********, se determinó que la firma estampada por **********, en el pagare suscrito el seis de mayo de dos mil trece por la cantidad de $********** (********** Moneda Nacional) y el cual dentro del juicio **********, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, es el documento base de la acción, resulto apócrifa, se evidencia que éste último es resultado de un proceso fraudulento. Por lo tanto, esta juzgadora considera que antes de acudir a la instancia constitucional, la impetrante de garantías debió interponer el recurso de nulidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.5 y 716 del Código Civil de Estado de México, para tener por satisfecho el principio de definitividad que rige al juicio de amparo; pues a través de ese medio de impugnación, se puede revocar, modificar o nulificar la determinación de la autoridad responsable. Sirve de apoyo, por analogía la Jurisprudencia II.2o.C. J/14, con registro 186513, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 1140, materia civil, página 1140, cuyo rubro y texto señalan: "NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, EN QUÉ CONSISTE LA ACCIÓN DE Y DISPOSICIÓN LEGAL DE LA CUAL DERIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). No obstante que por regla general no procede la nulidad de un juicio por la tramitación de otro, en atención al principio de cosa juzgada, sin embargo, existe una excepción a esta regla, y lo es: cuando el primer procedimiento se haya tramitado en forma fraudulenta. A esta pretensión se le denomina acción de nulidad de un juicio concluido, por ser resultado de un proceso fraudulento, y consiste en la falta de verdad por simulación en que incurra quien lo promueva, sólo o con la colusión de los demandados o diversas personas, para instigar o inducir a la autoridad jurisdiccional a actuar en la forma que les interese, en perjuicio de terceros. Ello porque la materia de dicho procedimiento es la violación a la garantía de debido proceso legal, por lo que quien intente la acción sólo debe acreditar: a) El hecho en que funda el acto fraudulento objeto del juicio; y, b) Que le cause un perjuicio la resolución que se toma en tal juicio; por tanto, aunque esta acción de nulidad absoluta no está reglamentada en forma específica en el Estado de México, a falta de disposición expresa es de establecer que válidamente deriva de la aplicación de la regla general contenida en el artículo 8o. del Código Civil del Estado de México, que determina: "Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.". Bajo estas premisas, la causal de improcedencia invocada se actualiza, más aún cuando en el presente asunto no se surte ninguna de las causas de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado: a) No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, no establece providencias precautorias ni impone medidas cautelares restrictivas de la libertad, tampoco niega la libertad bajo caución ni se trata sobre el incidente de desvanecimiento de datos; además no es una orden de arresto ni un acto que afecte la libertad personal del quejoso. c) No se trata del auto de vinculación a proceso. d) Tampoco se está en presencia de una persona extraña al procedimiento. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados del Juzgado Segundo en Materia Mercantil en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. 5. Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, con número de cédula **********, quien cuenta con su cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 a **********, con cédula ********** y **********, con cédula **********, pues, si bien no se encontró dato de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; lo cierto es que, de la certificación secretarial que antecede, se colige que al consultar el portal de internet del Registro Nacional de Profesionistas, la secretaria de la adscripción constató que en éste, se encuentran inscritas las cédulas profesionales antes referidas, que los faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.P.13 K (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el rubro: "AUTORIZADO EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI EL QUEJOSO SEÑALA QUE EL DESIGNADO EN SU DEMANDA ESTÁ REGISTRADO EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, Y PROPORCIONA SU NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE AMPARO VERIFICARLO."1 . Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que refiere. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de correo electrónico y número telefónico que refiere, dígasele a la autoridad oficiante que, no ha lugar a autorizar dichos medios de comunicación, ello en atención a que los mismos no se encuentran previstos dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. NOTIFICACIÓN POR LISTA. En términos del artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones las listas de este Juzgado. 6. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, autorizados, delegados y autoridades responsables, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Son aplicables a lo anterior, los criterios sustentados en las tesis números I.3o.C.725 C y I.1o.A.23 K (10a.), cuyos rubros son los siguientes: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."2 y "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."3 . 7. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 8. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental4 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
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