Luis Demetrio Tello Gaona

Expediente 744/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
744/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Luis Demetrio Tello Gaona

Actuaciones

  1. Principal

    R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a **, contra el auto de vinculación a proceso dictado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en la causa penal **por el Juez de Control del Poder Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad, en contra del quejoso, para el efecto siguiente: Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso decretado en la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve dentro de la causa penal ** y, en una nueva audiencia, previo a que el inculpado exprese su decisión relativa al momento en que desea se resuelva sobre la vinculación a proceso, la Fiscal haga de su conocimiento las consideraciones y datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y en los cuales sustenta su solicitud, a fin de que, con conocimiento de causa, manifieste si solicita que se resuelva su situación jurídica en esa misma audiencia o, si en su caso, considera se haga dentro de los plazos marcados por la ley (setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro). Una vez realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que estime procedente sobre la solicitud de la representación social de vinculación a proceso.

  2. Principal

    Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el juez Mixto de Primera Instancia, en San Quintín, Baja California, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 86/2019, orden 269/2019, de éste índice, girado a efecto de llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado Juan Manuel Carbajal Torrez; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y remítase el acuse de recibo correspondiente Por otra parte, glósese el escrito de cuenta; atento a su contenido, se tiene al tercero interesado Juan Manuel Carbajal Torrez, apersonándose al presente juicio de amparo y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en el escrito que se atiende.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy, sin embargo, mediante proveído de cuatro de noviembre del año en curso, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados a Juan Manuel Carbajal Torrez propietario de la negociación ALFER y Liliana Filatoff Toledo, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación San Quintín, por lo que se encuentra en vías de efectuarse dicho llamamiento a juicio. En consecuencia, procede diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las diez horas del diez de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo su desahogo.

  4. Principal

    Vista; la demanda de amparo que promueve Luis Demetrio Tello Gaona, contra actos del juez de Control del estado de Baja California, de la sala única de la Unidad Judicial de San Quintín; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo; fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de juzgado correspondiente bajo el número 744/2019. Sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. Se señalan las diez horas con diez minutos del trece de noviembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable, que de no tener inconveniente, remita a este juzgado el informe justificado, o bien, informe la imposibilidad que tenga para ello, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo; y toda vez que se trata de una autoridad judicial del sistema penal acusatorio, también deberá anexar a su informe copia de la videograbación que contenga la audiencia o audiencias que constituyan los actos reclamados; asimismo, deberá acompañar por escrito el registro cronológico de las audiencias; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. De igual forma, solicítese al Juez responsable para que dentro de igual término al concedido para rendir informe justificado, comunique a este Juzgado si contra el auto impugnado se hizo o no valer recurso de apelación, en caso de ser así, remita las constancias inherentes. En atención al segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se requiere al juez responsable suspenda el procedimiento por lo que hace al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia dentro de la causa penal de donde emana el acto reclamado, hasta en tanto se le notifique la resolución ejecutoriada que recaiga en el presente juicio de amparo. Asimismo, requiérase a fin de que de optar el quejoso por el procedimiento abreviado de la causa penal de origen, lo informe de manera inmediata a este Juzgado. Además, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el plazo solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le conste en relación con el acto reclamado, pena ésta prevista en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Igualmente, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un plazo menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les aplicará la multa decretada. En esa tesitura, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras en lo particular a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con las mismas; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a la autoridad responsable, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Por otra parte, este juzgado se reserva a llamar como tercero interesado a quien señala el quejoso en su escrito inicial de demanda, hasta en tanto obre el informe justificado de la autoridad señalada como responsable. En otro orden, en atención a su manifestación, en el sentido de que se tenga como prueba de su parte el audio y video relativo a la audiencia de vinculación, dígase al promovente que una que la autoridad responsable, rinda su informe justificado y en su caso se exhiba el disco al que hace referencia e insiste en su petición se acordara lo que en derecho corresponda. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su demanda, y como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gabriel Bello Martínez y Martha Yenicia Alvarez Sainz, ya que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que las actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.

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