Luis Demetrio Hernández Rodríguez
Expediente 621/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Luis Demetrio Hernández Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo número 621/2018-VI, promovido por Luis Demetrio Hernández Rodríguez, y la certificación de cuenta de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto dictado por este tribunal el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de garantías, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de mérito; en tales circunstancias, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. ...
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **************************, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León y otra autoridad; al respecto se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 621/2018-VI y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte de los juzgadores de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la referida ley, en especial, con los citados en el numeral 61 de dicho ordenamiento legal, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. ... De los preceptos legales transcritos, se tiene que la causa de improcedencia anunciada, reside en el hecho de que el gobernado, a través de su silencio, consiente el acto de autoridad; es decir, cuando no promueve oportunamente su acción de amparo respecto del acto que refiere violatorio de sus derechos fundamentales, se entiende que precluye su derecho para reclamarlo una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo, pues en tal supuesto opera una presunción legal en su contra, ya que ante su conducta omisiva, el legislador estima que pese al daño que ese acto le pudiera generar, lo aceptó y consintió. En ese sentido, cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de reclamarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo para ejercitar la acción respectiva, previsto en la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. De esta forma, antes de señalar las circunstancias que en el caso actualizan la causa de improcedencia aludida, se debe atender a lo que dispone la legislación de amparo en cuanto a los términos para la presentación de la demanda que da origen al juicio constitucional, para así estar en condiciones de concluir si en el caso fueron respetados. El precepto 17 de la Ley de Amparo, señala que la demanda deberá promoverse dentro de los quince días siguientes, contados de conformidad con lo establecido en el diverso ordinal 18 ibídem, de la manera siguiente: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de sus actos de ejecución. 3. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. 4. A partir del día de la entrada en vigor de una norma general autoaplicativa. Por su parte, el citado artículo 17 del ordenamiento en cuestión, señala excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo, siendo en el caso, de treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, de hasta ocho años cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, de siete años cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, y en cualquier tiempo cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso concreto, el acto aquí reclamado es el auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho en el cual señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación de persona en libertad; por tanto, a consideración de esta juzgadora, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, pues se trata de un acto emitido dentro de un procedimiento judicial, por ende, debe de atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del aludido artículo. En tal aspecto, como quedó establecido en párrafos precedentes, el solicitante del amparo contaba con el término genérico establecido en el numeral señalado en el párrafo precedente de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional. Ahora bien, en los antecedentes del acto reclamado, el quejoso no manifestó cuando tuvo conocimiento del mismo; no obstante, a la demanda de amparo anexó el original del instructivo derivado de la carpeta judicial 13020/2018, del cual se advierte que fue notificado personalmente de la determinación combatida el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. En ese sentido, queda evidenciado que se está ante el primer supuesto de los establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, que el demandante de la tutela constitucional debió promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación del auto combatido (auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho). Lo anterior, porque al momento de que el juez responsable, por conducto del fedatario judicial, notificó de manera personal al aquí quejoso la determinación de veinte de septiembre de dos mil dieciocho el diecinueve de octubre de esa anualidad, sin duda colocaba al impetrante de amparo en aptitud de combatir la resolución antes citada. Sin embargo, la presentación de la demanda en cuestión resulta extemporánea. Ello es así, pues es claro que al haberse recibido la demanda de que se trata en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en esta ciudad, hasta el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (de acuerdo con el sello de recepción), es de concluirse que dicha presentación se verificó fuera del término que el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé para el ejercicio oportuno de la acción constitucional. En efecto, el quejoso fue notificado personalmente el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, del auto reclamado en el que se programó hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación de persona en libertad y citó a esa diligencia al impetrante, esa notificación surtió efectos el día siguiente en que se practicó la notificación, es decir, el veintidós de octubre de esta anualidad, en términos del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual, el término de quince días que el quejoso tenía para promover un juicio de amparo contra la determinación de veinte de septiembre del año en curso, fue a partir del veintitrés de octubre y feneció el catorce de noviembre, ambos de dos mil dieciocho; descontándose los días veintisiete, veintiocho de octubre y uno, dos, tres, cuatro, diez y once de noviembre, todos de este año, por haber sido inhábiles, acorde al artículo 19 de la ley de la materia y a la circular 31/2018 de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, se ilustra en el siguiente calendario: Octubre de 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Noviembre de 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Día en que se notificó el acto reclamado Día en que surtió efectos la notificación Día en que inició el plazo de 15 días (presentación de demanda) Días hábiles Días inhábiles Día en que se presentó la demanda Día en que venció el plazo En esa tesitura, al no ser el acto reclamado de aquéllos consistes en alguno de los previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, ni se ubica en las hipótesis de excepción precisadas en el artículo 17 de la ley de la materia; es evidente que en contra del mismo el quejoso debió presentar su demanda de amparo a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la notificación al quejoso del acto que reclama; y al no hacerlo, resulta extemporánea su presentación. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 61 fracción XIV de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Luis Demetrio Hernández Rodríguez, por notoriamente improcedente. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda de amparo; asimismo, en esta data se procedió a verificar la página electrónica http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, relativa al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, donde al introducir los datos relativos a Carlos Alberto González Martínez (cédula profesional 7118132), se desprende que efectivamente tiene registrada su cédula; a quien la parte quejosa lo autorizó como Licenciado en Derecho; lo anterior constituye un hecho notorio para la suscrita en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, téngase al citado como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por lo que hace a las demás personas precisadas en la parte inicial de demanda, ténganse por autorizados únicamente para el acceso a los autos del presente juicio de amparo, por así solicitarlo el promovente del juicio. De las notificaciones de las partes. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberá hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite.
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