Luis Dayan Franco Ayon

Expediente 374/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 68 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
374/2018
Año
2018
Actuaciones
68
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Luis Dayan Franco Ayon
  • Titular del Área de Normatividad Y Apoyo Jurídico de la Academia Superior de Seguridad Pública, Subinspector José Luis Rosas Ramirez
  • Comisario General de la Policia Federal Jesús Orta Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 68.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veinticuatro de abril del presente año, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. No pasa desapercibido, el hecho que no obre el acuse de recibo relativo al oficio 7349/2019, por medio del cual se hizo del conocimiento del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal el auto por el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional, pues como de ésta se advierte es lógico que la aludida determinación en nada agravia a la referida autoridad, y la única parte que pudo haberse inconformado con la sentencia de mérito era precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término con que contaba para tal efecto. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Por otra parte, tomando en consideración que en autos del presente juicio de amparo, así como en el incidente de suspensión que deriva de éste obran documentos susceptibles de devolución exhibidos por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger esas documentales y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrán destruir junto con el expediente. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que remitió al presente juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veinticuatro de abril del presente año, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. No pasa desapercibido, el hecho que no obre el acuse de recibo relativo al oficio 7349/2019, por medio del cual se hizo del conocimiento del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal el auto por el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional, pues como de ésta se advierte es lógico que la aludida determinación en nada agravia a la referida autoridad, y la única parte que pudo haberse inconformado con la sentencia de mérito era precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término con que contaba para tal efecto. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Por otra parte, tomando en consideración que en autos del presente juicio de amparo, así como en el incidente de suspensión que deriva de éste obran documentos susceptibles de devolución exhibidos por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger esas documentales y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrán destruir junto con el expediente. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que remitió al presente juicio de amparo. NP.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Luis Dayán Franco Ayon, mediante el cual amplía su demanda de amparo, respecto del acta circunstanciada de treinta de mayo de dos mil dieciocho (fojas 326 a 329), en la cual se determinó su baja definitiva por inasistencias a las actividades académicas, como cadete del "Curso de Formación Inicial para la Policía Federal TSU-I, 2017. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la ampliación de demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito, en principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable analizar integralmente la demanda de amparo, los escritos aclaratorios y sus anexos a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que el quejoso les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos. Sobre esas bases, de la lectura integral del escrito de ampliación de demanda, se advierte que el quejoso reclama del Director de Preceptoría, Inspector Jefe César Alba Infante; Directora Académica, Rita Santillán Guzmán; Policía Segundo, Gabriela Ayala Ruiz, en su calidad de Testigo de Asistencia del Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas; Encargado Interino de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico, Subinspector José Luis Rosas Ramírez, en su calidad de Redactor de Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas: a) La orden de baja definitiva del suscrito como Cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública, sin respetar los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contenida en el Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas de fecha 30 de mayo del 2018. b) La cancelación y/o suspensión al suministro de mi haber o estímulo monetario por ser Cadete de la Policía Federal de tiempo completo, así como todas sus consecuencias jurídicas. c) La falta de desarrollo de un procedimiento seguido en forma de juicio que me permitiera ejercer mi derecho a una defensa, así como todas sus consecuencias jurídicas, previo a la emisión de los actos de autoridad antes indicados. d) En caso de existir un procedimiento seguido en forma de juicio; la falta de emplazamiento oportuno a este, por ende la imposibilidad de defenderme, señalar defensores, ofrecer y desahogar pruebas, manifestar alegatos y obtener resolución que ponga fin al procedimiento, así como todas sus consecuencias jurídicas. e) La nulidad o invalidez de cualquier acta circunstanciada levantada por la autoridad responsable en mi contra, la cual me causa daños irreparables, porque desconozco trámite o procedimiento instaurado en mi contra, ya que en mi carácter de Cadete de una corporación policial es un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, pues puede emitirse una resolución en el sentido de no reinstalarme al curso del cual de forma flagrante fui dado de baja sin causa justificada, violentando mi garantía de audiencia. Destacando además, que de los conceptos de violación se desprende que también reclama los artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos, mismo que según se desprende de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, fue emitido por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, pues les atribuye vicios de inconstitucionalidad. Ahora bien, el suscrito considera que con relación a dichos actos y normas reclamados, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente. En efecto, el numeral y fracción en cita establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]. Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos y normas que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre y cuando se haya promovido por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. La referida causa de improcedencia es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La institución jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aún contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Conforme a lo expuesto, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) El acto y/o norma reclamada se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) El primero de tales juicios esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto y/o norma reclamada, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, con la salvedad de que tratándose de normas generales, únicamente procede cuando se trata del mismo acto de aplicación. Para evidenciar por qué se considera que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia mencionada, resulta conveniente estudiar el juicio de amparo 766/2018-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. De lo que conviene destacar, los siguientes antecedentes: Juicio de Amparo 766/2018-VI: 1. Mediante escrito de demanda recibido el veintitrés de julio de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, remitido al día siguiente a este órgano jurisdiccional, el quejoso Luis Dayán Franco Ayon, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes: III. Las autoridades responsables.- [.] 2) Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal conformado por: a) El Comisionado General de la Policía Federal. b) Secretario General del Consejo Federal de Desarrollo Policial. c) Representante del Órgano Interno de Control. d) Representante de la Unidad Jurídica de la Secretaría. e) Consejero de cada área operativa. f) Consejero Jurídico de la Policía Federal. [.] 4) Director de Preceptoría, Inspector Jefe César Alba Infante. 5) Directora Académica, Rita Santillán Guzmán. 6) Policía Segundo, Gabriela Ayala Ruiz, en su calidad de Testigo de Asistencia del Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas. 7) Encargado Interino de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico, Subinspector José Luis Rosas Ramírez, en su calidad de Redactor de Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas. [.] IV. Los actos reclamados. 1) Del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal se reclama la discusión, aprobación y expedición del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos de la Policía Federal. [.] 4) Del Director de Preceptoría, Directora Académica, Policía Segundo, Gabriela Ayala Ruiz y del Encargado Interino de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico, Subinspector José Luis Rosas Ramírez: a) La orden de baja definitiva del suscrito como Cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública, sin respetar los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contenida en el Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas de fecha 30 de mayo del 2018. b) La cancelación y/o suspensión al suministro de mi haber o estímulo monetario por ser Cadete de la Policía Federal de tiempo completo, así como todas sus consecuencias jurídicas. c) La falta de desarrollo de un procedimiento seguido en forma de juicio que me permitiera ejercer mi derecho a una defensa, así como todas sus consecuencias jurídicas, previo a la emisión de los actos de autoridad antes indicados. d) En caso de existir un procedimiento seguido en forma de juicio; la falta de emplazamiento oportuno a este, por ende la imposibilidad de defenderme, señalar defensores, ofrecer y desahogar pruebas, manifestar alegatos y obtener resolución que ponga fin al procedimiento, así como todas sus consecuencias jurídicas. e) La nulidad o invalidez de cualquier acta circunstanciada levantada por la autoridad responsable en mi contra, la cual me causa daños irreparables, porque desconozco trámite o procedimiento instaurado en mi contra, ya que en mi carácter de Cadete de una corporación policial es un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, pues puede emitirse una resolución en el sentido de no reinstalarme al curso del cual de forma flagrante fui dado de baja sin causa justificada, violentando mi garantía de audiencia". 2. Mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si señalaba también como acto reclamado los artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos. 3. En atención a dicho requerimiento, mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso manifestó que si era su intención señalar dichos preceptos como normas reclamadas. 4. Por auto de dos de agosto de dos mil dieciocho, se desechó la demanda respecto de los actos reclamados del Comisario General de la Policía Federal y Director General del Diario Oficial de la Federación, consistentes respectivamente en el refrendo y publicación del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos de la Policía Federal y se admitió respecto de los restantes actos reclamados y autoridades responsables. 5. Una vez llevado el procedimiento en sus etapas, el trece de diciembre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia constitucional en referido juicio de amparo, el cual se encuentra pendiente de resolver. De lo expuesto resulta claro que el aquí quejoso a través del juicio de amparo 766/2018-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, reclamó del Director de Preceptoría, Inspector Jefe César Alba Infante; Directora Académica, Rita Santillán Guzmán; Policía Segundo, Gabriela Ayala Ruiz, en su calidad de Testigo de Asistencia del Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas; Encargado Interino de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico, Subinspector José Luis Rosas Ramírez, en su calidad de Redactor de Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas: a) La orden de baja definitiva como Cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública, sin respetar los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contenida en el Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas de fecha 30 de mayo del 2018. b) La cancelación y/o suspensión al suministro de mi haber o estímulo monetario por ser Cadete de la Policía Federal de tiempo completo, así como todas sus consecuencias jurídicas. c) La falta de desarrollo de un procedimiento seguido en forma de juicio que me permitiera ejercer mi derecho a una defensa, así como todas sus consecuencias jurídicas, previo a la emisión de los actos de autoridad antes indicados. d) En caso de existir un procedimiento seguido en forma de juicio; la falta de emplazamiento oportuno a este, por ende la imposibilidad de defenderme, señalar defensores, ofrecer y desahogar pruebas, manifestar alegatos y obtener resolución que ponga fin al procedimiento, así como todas sus consecuencias jurídicas. e) La nulidad o invalidez de cualquier acta circunstanciada levantada por la autoridad responsable en mi contra, la cual me causa daños irreparables, porque desconozco trámite o procedimiento instaurado en mi contra, ya que en mi carácter de Cadete de una corporación policial es un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, pues puede emitirse una resolución en el sentido de no reinstalarme al curso del cual de forma flagrante fui dado de baja sin causa justificada, violentando mi garantía de audiencia". Y del Consejo General de Desarrollo Policial de la Policía Federal: Los artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos. Así y en atención a que a través del escrito de ampliación de demanda que se provee también se reclama de las mismas autoridades responsables, la orden de baja definitiva como Cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública, así como sus consecuencias jurídicas, en específico, la cancelación o suspensión del estímulo monetario que percibía, además de los artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos, luego entonces, es incuestionable que el acto y normas respecto de los cuales se pretende ampliar la demanda de amparo, ya son materia del diverso juicio de amparo (766/2018-VI) del índice de este órgano jurisdiccional, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Máxime que los dispositivos reclamados se impugnan con motivo del mismo acto de aplicación, siendo esta la orden de baja definitiva como Cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública. En virtud de lo anterior, resulta evidente que se encuentra acreditado el primer elemento, consistente en que el acto y/o norma reclamada se cuestione simultáneamente en dos juicio de amparo, en el caso, el radicado con el número 766/2018-VI y en el que se actúa, ambos del índice de este órgano jurisdiccional, en los que se reclaman los actos y normas de las autoridades responsables ya precisados con antelación. De igual manera se acredita el segundo elemento, relativo a que uno de los juicios esté pendiente de resolverse, ya que en el aludido controvertido constitucional 766/2018-VI, aún no se dicta sentencia ni resolución que lo dé por concluido. Finalmente, también se actualiza el tercer elemento de la improcedencia en análisis, relativa a que 1) ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, 2) contra las mismas autoridades responsables y 3) por los mismos actos y norma reclamadas, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, toda vez ambos asuntos se promovieron: 1. Por Luis Dayan Franco Ayon. 2. En contra del Consejo General de Desarrollo Policial de la Policía Federal, Director de Preceptoría, Inspector Jefe César Alba Infante; Directora Académica, Rita Santillán Guzmán; Policía Segundo, Gabriela Ayala Ruiz, en su calidad de Testigo de Asistencia del Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas; Encargado Interino de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico, Subinspector José Luis Rosas Ramírez, en su calidad de Redactor de Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas. 3. Contra los siguientes actos: Los artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos y, "a) La orden de baja definitiva del suscrito como Cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública, sin respetar los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contenida en el Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas de fecha 30 de mayo del 2018. b) La cancelación y/o suspensión al suministro de mi haber o estímulo monetario por ser Cadete de la Policía Federal de tiempo completo, así como todas sus consecuencias jurídicas. c) La falta de desarrollo de un procedimiento seguido en forma de juicio que me permitiera ejercer mi derecho a una defensa, así como todas sus consecuencias jurídicas, previo a la emisión de los actos de autoridad antes indicados. d) En caso de existir un procedimiento seguido en forma de juicio; la falta de emplazamiento oportuno a este, por ende la imposibilidad de defenderme, señalar defensores, ofrecer y desahogar pruebas, manifestar alegatos y obtener resolución que ponga fin al procedimiento, así como todas sus consecuencias jurídicas. e) La nulidad o invalidez de cualquier acta circunstanciada levantada por la autoridad responsable en mi contra, la cual me causa daños irreparables, porque desconozco trámite o procedimiento instaurado en mi contra, ya que en mi carácter de Cadete de una corporación policial es un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, pues puede emitirse una resolución en el sentido de no reinstalarme al curso del cual de forma flagrante fui dado de baja sin causa justificada, violentando mi garantía de audiencia". En consecuencia, si los actos y normas que se reclaman en la ampliación de demanda que se plantea, son materia del diverso juicio de amparo 766/2018-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el ahora quejoso, contra las mismas autoridades responsables, y ésta se admitió en sus términos, sin que en el mismo se haya dictado la resolución respectiva, resulta evidente la improcedencia del juicio en su contra al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la ampliación de demanda de amparo de que se trata. Máxime que, se insiste, no se actualiza la excepción prevista en la referida fracción respecto de las normas generales reclamadas, pues en el caso, sí se impugnan con motivo del mismo acto de aplicación en ambos juicios de amparo. Sin que, en el caso, se estime necesario prevenir al quejoso a efecto de que señale si es su intención reclamar de forma destacada los citados artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos del Consejo General de Desarrollo Policial de la Policía Federal, pues como se señaló en párrafos que anteceden, el quejoso si cuestiona la constitucionalidad de dichos preceptos, pues al efecto señala: ".el recurso de revisión contemplado por el Reglamento viola los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, toda vez que el mismo no proporciona elementos que permitan hacer valer un recurso efectivo de defensa en contra de las determinaciones emitidas por el Consejo Técnico, pues no contempla de igual forma un término prudente para que el mismo sea desahogado, pues por un lado obliga al imputado a hacerlo valer dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la resolución, mismo que será desahogado en una sola audiencia, violando con esto flagrantemente los derechos fundamentales de todo imputado. Es así que esta autoridad federal, deberá declarar la inconstitucionalidad de los artículos 101, 102, 103, 104 y 105 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos de la Policía Federal, por no prever un procedimiento sancionador que cumpla con los elementos esenciales de todo procedimiento, violando con esto los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso". Ello, pues a ningún efecto práctico llevaría dicha prevención, ya que a lo largo del presente auto se han tenido como normas reclamadas, de ahí que, de señalarse, se arribaría a la misma conclusión que se alcanza a lo largo de este acuerdo. No se soslaya la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.) de rubro: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS", en virtud de que en la ejecutoria que le dio origen el Pleno de nuestro Máximo Tribunal analizó el tema de litispencia de dos juicios de amparo conforme a la Ley de Amparo de anterior vigencia, teniendo como premisa que de los juicios constitucionales conocieran dos Jueces de Distrito, de ahí que se hacía necesario que para que se actualizara ésta se tenían que encontrar admitidas ambas demandas, pues podría acontecer que ambos decidieran fundado el mismo motivo de improcedencia, lo cual dejaría en estado de indefensión al promovente, pues en ninguno se resolvería el fondo del asunto. De ahí que debían admitirse ambas demandas y luego los Jueces indagaran sobre el otro juicio, para que uno sobreseyera por el motivo de litispendencia sin que el diverso lo pudiera hacer por el mismo motivo; lo cual se corrobora con la siguiente transcripción: "[.] 55. Ahora, del contenido de este precepto se deduce que para que opere la causa de improcedencia por litispendencia que prevé, se requiere de la existencia de otro juicio de amparo en el que el quejoso hubiese reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades, y que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia, sin importar la violación alegada, lo cual encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, y por añadidura, la propia causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. 56. Consecuentemente, si una de las finalidades de la referida causal de improcedencia es evitar que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, éstos tienen el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. 57. Para ello, es de orden elemental y preferente que ambas demandas se encuentren admitidas y en trámite, pues sólo de esta forma se garantiza que, al sobreseer en uno de los asuntos, quede la posibilidad de que, en el diverso expediente el quejoso acceda a una sentencia definitiva en la que, lógicamente, ya no prospere la misma causa de improcedencia de litispendencia. 58. En efecto, es evidente que carece de sentido la promoción sucesiva de dos juicios de amparo contra el mismo acto y las mismas autoridades, pero también es obvia la necesidad de que no se sobresea en los dos asuntos coexistentes con el mismo contenido, ya que la causal de litispendencia no sanciona la falta de pericia del quejoso dejando de analizar las pretensiones propuestas en ambos juicios, sino que lo que la ley dispuso fue que en la promoción de uno de ellos se declare la improcedencia y, en el otro, se lleve a cabo, en su caso, el estudio de fondo del problema planteado, por el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. 59. En estas condiciones, es indispensable que cuando se detecte la existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en relación con el mismo acto y autoridades, el juzgador proceda a cerciorarse de que en ambos asuntos la demanda se encuentra admitida, y no en una condición de incertidumbre sobre su admisión, pues podría acontecer que nunca se tramite y, por ende, que tampoco se permita la defensa de sus intereses en ninguno de los dos juicios: en un caso, por no haberse tan siquiera admitido la demanda; y en el otro, por haberse sobreseído por litispendencia. 60. Para evitar desatender indebidamente la acción planteada en los dos juicios con identidad de quejosos, actos y autoridades, la Ley de Amparo dispuso, en su artículo 51, un procedimiento merced al cual los asuntos en cuestión deben ser conocidos por un solo Juez de Distrito, de modo que sea un solo juzgador quien analice y valore con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo, e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo pero por motivo legal distinto. [.]". Por lo expuesto es que tal criterio jurisprudencial no resulta aplicable al caso en estudio, pues el juicio de amparo que se consideró como base para determinar actualizada la causa de improcedencia de referencia es del índice de este órgano jurisdiccional, teniéndose a la vista las constancias como hecho notorio, advirtiéndose que aquél no puede ser sobreseído con motivo de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. En otro contexto, visto el estado de los autos, particularmente el oficio signado por el Director General de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, a través del cual remitió copia certificada del acta circunstanciada de treinta de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se determinó la baja definitiva por inasistencias a las actividades académicas del aquí quejoso Franco Ayón Luis Dayan, como cadete del "Curso de Formación Inicial para la Policía Federal TSU-I, 2017"; y de la lectura integral de los escritos de demanda, aclaratorio de ésta y de sus ampliaciones (fojas 2 a 31, 175 a 198 y 210 a 231), se advierte que la parte quejosa también reclama en el presente juicio constitucional los siguientes actos: 1. La discusión, aprobación y expedición de los artículos 11, 12, fracciones II, III, IV y VIII, 24, fracciones I, II, III, IV, VI y X, 45, 46, 98, 99, 101, 102, 103,104,105 y 106, del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles académicos de la Policía Federal. 2. Como primer acto de aplicación de dichas disposiciones legales, el procedimiento y la emisión de la resolución a través de la cual fue dado de baja como cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal. Lo que fue concretizado en el acta de sesión extraordinaria de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, celebrada por el Consejo Técnico de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, por medio de la cual se le dio de baja temporal como cadete del "Curso de Formación Inicial Técnico Superior Universitario en la función policial 1ra generación", Grupo 6, por cuestiones de índole extraordinaria o eventos no contemplados, consistentes en involucrarse en hechos que se consideran probables constitutivos de delito, así como el acta circunstanciada de hechos de veintidós de marzo siguiente, a través de la cual se le notificó dicha baja. Y como consecuencias de lo anterior: 2.1 La retención de su credencial que lo acreditaba como cadete, así como la cancelación y/o suspensión de su haber o estímulo monetario que obtenía por ser estudiante de la academia referida. 2.2 La falta de emplazamiento al procedimiento por medio del cual se le dio de baja temporal dentro de la sesión extraordinaria referida. 3. La orden verbal o escrita dirigida en contra del aquí quejoso, que tienda a (1) realizar en su contra actos degradantes; (2) negarle el derecho a (i) recibir alimentos, (ii) a portar el uniforme de cadete, (iii) otorgarle los días francos o de descanso correspondientes, (iv) permitirle agua caliente en regaderas, (3) vigilarlo de manera personal u hostigarlo, (4) obligarlo a que se encuentre todo el día de pie, (5) impedirle que reciba la impartición de materias de manera cotidiana, (6) le realice exámenes médicos, psicológicos y físicos, atentando en contra de la dignidad humana y a la salud, así como por persona ajena a las cuestiones médicas; (7) aislarlo de los demás cadetes; (8) tomarle fotos sin su consentimiento que no tengan, académicamente, un fin en particular; y cualquier otro acto que tenga como objetivo discriminar, denigrar o aislar al aquí quejoso. Ahora bien, respecto de los actos reclamados precisados en el punto 2, sub incisos 2.1 y 2.2, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; situación que acontece en el presente caso. Lo anterior es así, en razón de que de la constancia que remitió el Director General de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, consistente en copia certificada del acta circunstanciada de treinta de mayo de dos mil dieciocho, se advierte que el Director de Preceptoría, Directora Académica, Directora de Normatividad y Apoyo Jurídico y Director de Normatividad y Apoyo Jurídico, todos de la academia aludida, determinaron la baja definitiva por inasistencias a las actividades académicas del aquí quejoso Franco Ayón Luis Dayan, como cadete del "Curso de Formación Inicial para la Policía Federal TSU-I, 2017". Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En el acta referida se hizo constar que el Inspector Jefe Cesar Alba Infante, encargado de la Dirección de Preceptoría, a través de la nota 113/2018, informó las inasistencias del entonces cadete Franco Ayón Luis Dayan, el veintisiete, veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, a los pases de lista de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, quedando plasmadas en las novedades de informes diarios que se emitieron por dicha Dirección. Acto continuo, se procedió a la elaboración del acta mencionada para registrar y hacer constar la baja definitiva por inasistencias injustificadas a las actividades académicas del aquí quejoso, acordando como consecuencia que por tal motivo éste causó baja del "Curso de Formación Inicial para la Policía Federal TSU-I 2017. Entonces, si el treinta de mayo del año próximo pasado, las autoridades de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, determinaron la baja definitiva de Luis Dayan Franco Ayón, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado aquí identificado con el numeral 2, en esencia consistente en la baja temporal contenida en el acta de sesión extraordinaria de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, celebrada por el Consejo Técnico de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, el acta circunstanciada de hechos de veintidós de marzo siguiente, a través de la cual se notificó, y sus consecuencias precisadas en los sub incisos 2.1 y 2.2, puesto que posterior a éstas, las autoridades de la academia referida emitieron la ulterior determinación de baja definitiva del aquí quejoso por inasistencias injustificadas a las actividades académicas del veintisiete, veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, quedando sustituida de ese modo la baja temporal que se había decretado en un principio, el procedimiento o falta de éste que le habría precedido y sus consecuencias. De ahí que deben considerarse irreparablemente consumadas las posibles violaciones cometidas (aducidas así por la parte quejosa) en la sesión extraordinaria de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, y el acta circunstanciada de hechos de veintidós de marzo siguiente (por medio de las cueles se le suspendió temporalmente como cadete), y de las cuales se hizo depender la falta de emplazamiento a dicho procedimiento, la retención de su credencial, así como la cancelación y/o suspensión de su haber o estímulo monetario, por no poder decidirse al respecto, sin afectar la nueva situación jurídica que impera respecto del aquí quejoso (baja definitiva como cadete) de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, merced a la determinación contenida en el acta circunstancia de treinta de mayo de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo el motivo de improcedencia anteriormente analizado respecto de la sesión extraordinaria de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, y el acta circunstanciada de hechos de veintidós de marzo siguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia I.7o.P. J/3, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1600, que dispone: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". Dicho sobreseimiento se hace extensivo respecto de la discusión, aprobación y expedición de los artículos 11, 12, fracciones II, III, IV y VIII, 24, fracciones I, II, III, IV, VI y X, 45, 46, 98, 99, 101, 102, 103,104,105 y 106, del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles académicos de la Policía Federal (precisado en el inciso 1), tomando en consideración que no se puede desvincular el estudio del reglamento reclamado del que concierne a su acto de aplicación, pues es este acto el que le causa perjuicio directo a la parte quejosa, y no por sí sola la legislación reclamada. Ilustra lo anterior la tesis con registro 232028, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, página 27, de rubro y texto siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya". Por otra parte, respecto del acto reclamado precisado en el punto 3, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 1 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]. Del dispositivo legal transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose como estos los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso, se actualiza el motivo de improcedencia referido toda vez que, sin prejuzgar respecto de la legalidad de los actos reclamados -la orden verbal o escrita dirigida en contra del aquí quejoso, que tienda a (1) realizar en su contra actos degradantes; (2) negarle el derecho a (i) recibir alimentos, (ii) a portar el uniforme de cadete, (iii) otorgarle los días francos o de descanso correspondientes, (iv) permitirle agua caliente en regaderas, (3) vigilarlo de manera personal u hostigarlo, (4) obligarlo a que se encuentre todo el día de pie, (5) impedirle que reciba la impartición de materias de manera cotidiana, (6) le realice exámenes médicos, psicológicos y físicos, atentando en contra de la dignidad humana y a la salud, así como por persona ajena a las cuestiones médicas; (7) aislarlo de los demás cadetes; (8) tomarle fotos sin su consentimiento que no tengan, académicamente, un fin en particular; y cualquier otro acto que tenga como objetivo discriminar, denigrar o aislar al aquí quejoso-, en caso de concederse el amparo, no sería posible restituirlo en el goce del derecho que se considera violado. En principio, porque no se podría retrotraer el tiempo para que el promovente del amparo no sea objeto de los actos que refirió en su escrito de ampliación de demanda recibido en la oficina de correspondencia de este juzgado el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 175 a 198). Y sobre todo, porque en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, cuando un acto reclamado es de carácter positivo la concesión del amparo es para restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas en el estado que guardaban antes de la violación, en cuyo caso, en el presente asunto no puede soslayarse que ante una eventual concesión de la protección de la Justicia de la Unión, ello conllevaría a obligar a las autoridades responsables a que en el ámbito de sus competencias respeten los derechos fundamentales violados y, en consecuencia, se abstengan de emitir órdenes verbales o escritas dirigidas (en esencia) a discriminar, denigrar o aislar al aquí quejoso, como afirmó él que lo hicieron aquellas en términos de los numerales (1) a (8) que obran en el página dos de esa resolución. Sin embargo, toda vez que como ya se expuso, el promovente del amparo Franco Ayón Luis Dayan, a partir del treinta de mayo de la anterior anualidad, fue dado de baja definitivamente como cadete del "Curso de Formación Inicial para la Policía Federal TSU-I, 2017", impartido por la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, entonces resulta evidente que la eventual concesión del amparo no podría surtir efectos reales y como consecuencia concretarse, restituyendo al quejoso en el derecho afectado, pues al dejar der ser parte de dicha academia y no asistir a sus instalaciones a tomar las clases correspondientes, no sería posible obligar a las autoridades que la dirigen para que dentro de estas se abstengan de emitir órdenes verbales o escritas dirigidas a discriminar, denigrar o aislar al aquí quejoso como cadete de la Policía Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Asimismo, adquiere aplicación en lo conducente, la diversa jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, que dispone: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Máxime que de continuarse con la prosecución del juicio amparo en que se actúa, se generaría mayor afectación al hoy quejoso, ya que, por una parte se le sujetaría a este en el que al final no obtendría resolución favorable por no poderse concretar los efectos de una eventual sentencia proteccionista, y por otra, porque al haber promovido un diverso juicio de amparo, a través del cual defendió los derechos que consideró afectados a través del acto que lo dio de baja definitiva como cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, podrá obtener la impartición de justicia que previene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVII y XVI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo, es procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. No se desatiende, que en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 457/2018, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, haya ordenado que se "reponga el procedimiento, para el efecto de que dé vista de manera personal al quejoso con la documental que el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, allegó al juicio el Inspector Jefe César Alba Infante, encargado de la Dirección de Preceptoría, y lo requiera (al ahora revisionista) para que en su caso amplíe la demanda de amparo en relación con la baja definitiva como cadete decretada en su contra, con el apercibimiento de que si no lo hace dentro del plazo que la ley le confiere, se le tendrá por precluido su derecho para hacerlo y, después de que agote el juicio por sus diversos estadios, en su oportunidad, fije fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional a fin de que las partes estén en aptitud, en su caso, de rendir las pruebas que estimen pertinentes y formular sus alegatos, hecho lo cual dicte la sentencia que en derecho corresponda", ello, en virtud de dos razones fundamentales: 1. Debe atenderse al hecho de que el citado Tribunal Colegiado, al momento de resolver el citado recurso, desconocía la existencia del diverso juicio de amparo 766/2018-VI, puesto que el mismo fue promovido con posterioridad a la interposición del recurso de revisión de mérito, ante lo cual, el estudio realizado por la superioridad partió de la premisa de que se incumplió con la obligación de requerir al quejoso para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo respecto de la baja definitiva como cadete decretada en su contra y, por tanto, si el quejoso ampliaba su demanda, sería necesario llevar el trámite del juicio, hasta el dictado de la sentencia constitucional. Empero, ante la existencia del diverso juicio, el cual se reitera ya fue tramitado en sus etapas y ya se celebró la audiencia constitucional, estando pendiente el dictado de la sentencia, existe una circunstancia que, como se estableció, imposibilita la admisión de la ampliación de la demanda de cuenta y, por tanto, en consideración del suscrito, en el presente juicio se actualizan de forma notoria y manifiesta nuevamente las causas de improcedencia que dieron origen al sobreseimiento del juicio en un primer término, mismas que no han sido desestimados por la superioridad; y, 2. Se estima que si bien la resolución dictada por el Tribunal Colegiado refiere que debe tramitarse el juicio en todos sus estadios, ello no implica dejar de observar las normas de procedencia del juicio de amparo y las causas de sobreseimiento del mismo, previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, las cuales por su naturaleza son de orden público, máxime que en el caso, resultaría ociosa la tramitación de un nuevo juicio de amparo contra los actos motivo de ampliación de demanda, en virtud de la existencia del diverso controvertido constitucional 766/2018-VI, en el cual serán materia de análisis. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el nueve de mayo de dos mil diecinueve, en autos del presente juicio de amparo. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Luis Dayán Franco Ayon, mediante el cual amplía su demanda de amparo, respecto del acta circunstanciada de treinta de mayo de dos mil dieciocho (fojas 326 a 329), en la cual se determinó su baja definitiva por inasistencias a las actividades académicas, como cadete del "Curso de Formación Inicial para la Policía Federal TSU-I, 2017. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la ampliación de demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito, en principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable analizar integralmente la demanda de amparo, los escritos aclaratorios y sus anexos a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que el quejoso les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos. Sobre esas bases, de la lectura integral del escrito de ampliación de demanda, se advierte que el quejoso reclama del Director de Preceptoría, Inspector Jefe César Alba Infante; Directora Académica, Rita Santillán Guzmán; Policía Segundo, Gabriela Ayala Ruiz, en su calidad de Testigo de Asistencia del Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas; Encargado Interino de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico, Subinspector José Luis Rosas Ramírez, en su calidad de Redactor de Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas: a) La orden de baja definitiva del suscrito como Cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública, sin respetar los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contenida en el Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas de fecha 30 de mayo del 2018. b) La cancelación y/o suspensión al suministro de mi haber o estímulo monetario por ser Cadete de la Policía Federal de tiempo completo, así como todas sus consecuencias jurídicas. c) La falta de desarrollo de un procedimiento seguido en forma de juicio que me permitiera ejercer mi derecho a una defensa, así como todas sus consecuencias jurídicas, previo a la emisión de los actos de autoridad antes indicados. d) En caso de existir un procedimiento seguido en forma de juicio; la falta de emplazamiento oportuno a este, por ende la imposibilidad de defenderme, señalar defensores, ofrecer y desahogar pruebas, manifestar alegatos y obtener resolución que ponga fin al procedimiento, así como todas sus consecuencias jurídicas. e) La nulidad o invalidez de cualquier acta circunstanciada levantada por la autoridad responsable en mi contra, la cual me causa daños irreparables, porque desconozco trámite o procedimiento instaurado en mi contra, ya que en mi carácter de Cadete de una corporación policial es un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, pues puede emitirse una resolución en el sentido de no reinstalarme al curso del cual de forma flagrante fui dado de baja sin causa justificada, violentando mi garantía de audiencia. Destacando además, que de los conceptos de violación se desprende que también reclama los artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos, mismo que según se desprende de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, fue emitido por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, pues les atribuye vicios de inconstitucionalidad. Ahora bien, el suscrito considera que con relación a dichos actos y normas reclamados, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente. En efecto, el numeral y fracción en cita establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]. Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos y normas que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre y cuando se haya promovido por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. La referida causa de improcedencia es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La institución jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aún contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Conforme a lo expuesto, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) El acto y/o norma reclamada se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) El primero de tales juicios esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto y/o norma reclamada, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, con la salvedad de que tratándose de normas generales, únicamente procede cuando se trata del mismo acto de aplicación. Para evidenciar por qué se considera que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia mencionada, resulta conveniente estudiar el juicio de amparo 766/2018-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. De lo que conviene destacar, los siguientes antecedentes: Juicio de Amparo 766/2018-VI: 1. Mediante escrito de demanda recibido el veintitrés de julio de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, remitido al día siguiente a este órgano jurisdiccional, el quejoso Luis Dayán Franco Ayon, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes: III. Las autoridades responsables.- [.] 2) Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal conformado por: a) El Comisionado General de la Policía Federal. b) Secretario General del Consejo Federal de Desarrollo Policial. c) Representante del Órgano Interno de Control. d) Representante de la Unidad Jurídica de la Secretaría. e) Consejero de cada área operativa. f) Consejero Jurídico de la Policía Federal. [.] 4) Director de Preceptoría, Inspector Jefe César Alba Infante. 5) Directora Académica, Rita Santillán Guzmán. 6) Policía Segundo, Gabriela Ayala Ruiz, en su calidad de Testigo de Asistencia del Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas. 7) Encargado Interino de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico, Subinspector José Luis Rosas Ramírez, en su calidad de Redactor de Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas. [.] IV. Los actos reclamados. 1) Del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal se reclama la discusión, aprobación y expedición del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos de la Policía Federal. [.] 4) Del Director de Preceptoría, Directora Académica, Policía Segundo, Gabriela Ayala Ruiz y del Encargado Interino de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico, Subinspector José Luis Rosas Ramírez: a) La orden de baja definitiva del suscrito como Cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública, sin respetar los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contenida en el Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas de fecha 30 de mayo del 2018. b) La cancelación y/o suspensión al suministro de mi haber o estímulo monetario por ser Cadete de la Policía Federal de tiempo completo, así como todas sus consecuencias jurídicas. c) La falta de desarrollo de un procedimiento seguido en forma de juicio que me permitiera ejercer mi derecho a una defensa, así como todas sus consecuencias jurídicas, previo a la emisión de los actos de autoridad antes indicados. d) En caso de existir un procedimiento seguido en forma de juicio; la falta de emplazamiento oportuno a este, por ende la imposibilidad de defenderme, señalar defensores, ofrecer y desahogar pruebas, manifestar alegatos y obtener resolución que ponga fin al procedimiento, así como todas sus consecuencias jurídicas. e) La nulidad o invalidez de cualquier acta circunstanciada levantada por la autoridad responsable en mi contra, la cual me causa daños irreparables, porque desconozco trámite o procedimiento instaurado en mi contra, ya que en mi carácter de Cadete de una corporación policial es un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, pues puede emitirse una resolución en el sentido de no reinstalarme al curso del cual de forma flagrante fui dado de baja sin causa justificada, violentando mi garantía de audiencia". 2. Mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si señalaba también como acto reclamado los artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos. 3. En atención a dicho requerimiento, mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso manifestó que si era su intención señalar dichos preceptos como normas reclamadas. 4. Por auto de dos de agosto de dos mil dieciocho, se desechó la demanda respecto de los actos reclamados del Comisario General de la Policía Federal y Director General del Diario Oficial de la Federación, consistentes respectivamente en el refrendo y publicación del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos de la Policía Federal y se admitió respecto de los restantes actos reclamados y autoridades responsables. 5. Una vez llevado el procedimiento en sus etapas, el trece de diciembre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia constitucional en referido juicio de amparo, el cual se encuentra pendiente de resolver. De lo expuesto resulta claro que el aquí quejoso a través del juicio de amparo 766/2018-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, reclamó del Director de Preceptoría, Inspector Jefe César Alba Infante; Directora Académica, Rita Santillán Guzmán; Policía Segundo, Gabriela Ayala Ruiz, en su calidad de Testigo de Asistencia del Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas; Encargado Interino de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico, Subinspector José Luis Rosas Ramírez, en su calidad de Redactor de Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas: a) La orden de baja definitiva como Cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública, sin respetar los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contenida en el Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas de fecha 30 de mayo del 2018. b) La cancelación y/o suspensión al suministro de mi haber o estímulo monetario por ser Cadete de la Policía Federal de tiempo completo, así como todas sus consecuencias jurídicas. c) La falta de desarrollo de un procedimiento seguido en forma de juicio que me permitiera ejercer mi derecho a una defensa, así como todas sus consecuencias jurídicas, previo a la emisión de los actos de autoridad antes indicados. d) En caso de existir un procedimiento seguido en forma de juicio; la falta de emplazamiento oportuno a este, por ende la imposibilidad de defenderme, señalar defensores, ofrecer y desahogar pruebas, manifestar alegatos y obtener resolución que ponga fin al procedimiento, así como todas sus consecuencias jurídicas. e) La nulidad o invalidez de cualquier acta circunstanciada levantada por la autoridad responsable en mi contra, la cual me causa daños irreparables, porque desconozco trámite o procedimiento instaurado en mi contra, ya que en mi carácter de Cadete de una corporación policial es un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, pues puede emitirse una resolución en el sentido de no reinstalarme al curso del cual de forma flagrante fui dado de baja sin causa justificada, violentando mi garantía de audiencia". Y del Consejo General de Desarrollo Policial de la Policía Federal: Los artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos. Así y en atención a que a través del escrito de ampliación de demanda que se provee también se reclama de las mismas autoridades responsables, la orden de baja definitiva como Cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública, así como sus consecuencias jurídicas, en específico, la cancelación o suspensión del estímulo monetario que percibía, además de los artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos, luego entonces, es incuestionable que el acto y normas respecto de los cuales se pretende ampliar la demanda de amparo, ya son materia del diverso juicio de amparo (766/2018-VI) del índice de este órgano jurisdiccional, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Máxime que los dispositivos reclamados se impugnan con motivo del mismo acto de aplicación, siendo esta la orden de baja definitiva como Cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública. En virtud de lo anterior, resulta evidente que se encuentra acreditado el primer elemento, consistente en que el acto y/o norma reclamada se cuestione simultáneamente en dos juicio de amparo, en el caso, el radicado con el número 766/2018-VI y en el que se actúa, ambos del índice de este órgano jurisdiccional, en los que se reclaman los actos y normas de las autoridades responsables ya precisados con antelación. De igual manera se acredita el segundo elemento, relativo a que uno de los juicios esté pendiente de resolverse, ya que en el aludido controvertido constitucional 766/2018-VI, aún no se dicta sentencia ni resolución que lo dé por concluido. Finalmente, también se actualiza el tercer elemento de la improcedencia en análisis, relativa a que 1) ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, 2) contra las mismas autoridades responsables y 3) por los mismos actos y norma reclamadas, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, toda vez ambos asuntos se promovieron: 1. Por Luis Dayan Franco Ayon. 2. En contra del Consejo General de Desarrollo Policial de la Policía Federal, Director de Preceptoría, Inspector Jefe César Alba Infante; Directora Académica, Rita Santillán Guzmán; Policía Segundo, Gabriela Ayala Ruiz, en su calidad de Testigo de Asistencia del Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas; Encargado Interino de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico, Subinspector José Luis Rosas Ramírez, en su calidad de Redactor de Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas. 3. Contra los siguientes actos: Los artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos y, "a) La orden de baja definitiva del suscrito como Cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública, sin respetar los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contenida en el Acta Circunstanciada de Baja Definitiva por Inasistencias a las Actividades Académicas de fecha 30 de mayo del 2018. b) La cancelación y/o suspensión al suministro de mi haber o estímulo monetario por ser Cadete de la Policía Federal de tiempo completo, así como todas sus consecuencias jurídicas. c) La falta de desarrollo de un procedimiento seguido en forma de juicio que me permitiera ejercer mi derecho a una defensa, así como todas sus consecuencias jurídicas, previo a la emisión de los actos de autoridad antes indicados. d) En caso de existir un procedimiento seguido en forma de juicio; la falta de emplazamiento oportuno a este, por ende la imposibilidad de defenderme, señalar defensores, ofrecer y desahogar pruebas, manifestar alegatos y obtener resolución que ponga fin al procedimiento, así como todas sus consecuencias jurídicas. e) La nulidad o invalidez de cualquier acta circunstanciada levantada por la autoridad responsable en mi contra, la cual me causa daños irreparables, porque desconozco trámite o procedimiento instaurado en mi contra, ya que en mi carácter de Cadete de una corporación policial es un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, pues puede emitirse una resolución en el sentido de no reinstalarme al curso del cual de forma flagrante fui dado de baja sin causa justificada, violentando mi garantía de audiencia". En consecuencia, si los actos y normas que se reclaman en la ampliación de demanda que se plantea, son materia del diverso juicio de amparo 766/2018-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el ahora quejoso, contra las mismas autoridades responsables, y ésta se admitió en sus términos, sin que en el mismo se haya dictado la resolución respectiva, resulta evidente la improcedencia del juicio en su contra al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la ampliación de demanda de amparo de que se trata. Máxime que, se insiste, no se actualiza la excepción prevista en la referida fracción respecto de las normas generales reclamadas, pues en el caso, sí se impugnan con motivo del mismo acto de aplicación en ambos juicios de amparo. Sin que, en el caso, se estime necesario prevenir al quejoso a efecto de que señale si es su intención reclamar de forma destacada los citados artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos del Consejo General de Desarrollo Policial de la Policía Federal, pues como se señaló en párrafos que anteceden, el quejoso si cuestiona la constitucionalidad de dichos preceptos, pues al efecto señala: ".el recurso de revisión contemplado por el Reglamento viola los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, toda vez que el mismo no proporciona elementos que permitan hacer valer un recurso efectivo de defensa en contra de las determinaciones emitidas por el Consejo Técnico, pues no contempla de igual forma un término prudente para que el mismo sea desahogado, pues por un lado obliga al imputado a hacerlo valer dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la resolución, mismo que será desahogado en una sola audiencia, violando con esto flagrantemente los derechos fundamentales de todo imputado. Es así que esta autoridad federal, deberá declarar la inconstitucionalidad de los artículos 101, 102, 103, 104 y 105 del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos de la Policía Federal, por no prever un procedimiento sancionador que cumpla con los elementos esenciales de todo procedimiento, violando con esto los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso". Ello, pues a ningún efecto práctico llevaría dicha prevención, ya que a lo largo del presente auto se han tenido como normas reclamadas, de ahí que, de señalarse, se arribaría a la misma conclusión que se alcanza a lo largo de este acuerdo. No se soslaya la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.) de rubro: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS", en virtud de que en la ejecutoria que le dio origen el Pleno de nuestro Máximo Tribunal analizó el tema de litispencia de dos juicios de amparo conforme a la Ley de Amparo de anterior vigencia, teniendo como premisa que de los juicios constitucionales conocieran dos Jueces de Distrito, de ahí que se hacía necesario que para que se actualizara ésta se tenían que encontrar admitidas ambas demandas, pues podría acontecer que ambos decidieran fundado el mismo motivo de improcedencia, lo cual dejaría en estado de indefensión al promovente, pues en ninguno se resolvería el fondo del asunto. De ahí que debían admitirse ambas demandas y luego los Jueces indagaran sobre el otro juicio, para que uno sobreseyera por el motivo de litispendencia sin que el diverso lo pudiera hacer por el mismo motivo; lo cual se corrobora con la siguiente transcripción: "[.] 55. Ahora, del contenido de este precepto se deduce que para que opere la causa de improcedencia por litispendencia que prevé, se requiere de la existencia de otro juicio de amparo en el que el quejoso hubiese reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades, y que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia, sin importar la violación alegada, lo cual encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, y por añadidura, la propia causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. 56. Consecuentemente, si una de las finalidades de la referida causal de improcedencia es evitar que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, éstos tienen el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. 57. Para ello, es de orden elemental y preferente que ambas demandas se encuentren admitidas y en trámite, pues sólo de esta forma se garantiza que, al sobreseer en uno de los asuntos, quede la posibilidad de que, en el diverso expediente el quejoso acceda a una sentencia definitiva en la que, lógicamente, ya no prospere la misma causa de improcedencia de litispendencia. 58. En efecto, es evidente que carece de sentido la promoción sucesiva de dos juicios de amparo contra el mismo acto y las mismas autoridades, pero también es obvia la necesidad de que no se sobresea en los dos asuntos coexistentes con el mismo contenido, ya que la causal de litispendencia no sanciona la falta de pericia del quejoso dejando de analizar las pretensiones propuestas en ambos juicios, sino que lo que la ley dispuso fue que en la promoción de uno de ellos se declare la improcedencia y, en el otro, se lleve a cabo, en su caso, el estudio de fondo del problema planteado, por el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. 59. En estas condiciones, es indispensable que cuando se detecte la existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en relación con el mismo acto y autoridades, el juzgador proceda a cerciorarse de que en ambos asuntos la demanda se encuentra admitida, y no en una condición de incertidumbre sobre su admisión, pues podría acontecer que nunca se tramite y, por ende, que tampoco se permita la defensa de sus intereses en ninguno de los dos juicios: en un caso, por no haberse tan siquiera admitido la demanda; y en el otro, por haberse sobreseído por litispendencia. 60. Para evitar desatender indebidamente la acción planteada en los dos juicios con identidad de quejosos, actos y autoridades, la Ley de Amparo dispuso, en su artículo 51, un procedimiento merced al cual los asuntos en cuestión deben ser conocidos por un solo Juez de Distrito, de modo que sea un solo juzgador quien analice y valore con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo, e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo pero por motivo legal distinto. [.]". Por lo expuesto es que tal criterio jurisprudencial no resulta aplicable al caso en estudio, pues el juicio de amparo que se consideró como base para determinar actualizada la causa de improcedencia de referencia es del índice de este órgano jurisdiccional, teniéndose a la vista las constancias como hecho notorio, advirtiéndose que aquél no puede ser sobreseído con motivo de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. En otro contexto, visto el estado de los autos, particularmente el oficio signado por el Director General de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, a través del cual remitió copia certificada del acta circunstanciada de treinta de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se determinó la baja definitiva por inasistencias a las actividades académicas del aquí quejoso Franco Ayón Luis Dayan, como cadete del "Curso de Formación Inicial para la Policía Federal TSU-I, 2017"; y de la lectura integral de los escritos de demanda, aclaratorio de ésta y de sus ampliaciones (fojas 2 a 31, 175 a 198 y 210 a 231), se advierte que la parte quejosa también reclama en el presente juicio constitucional los siguientes actos: 1. La discusión, aprobación y expedición de los artículos 11, 12, fracciones II, III, IV y VIII, 24, fracciones I, II, III, IV, VI y X, 45, 46, 98, 99, 101, 102, 103,104,105 y 106, del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles académicos de la Policía Federal. 2. Como primer acto de aplicación de dichas disposiciones legales, el procedimiento y la emisión de la resolución a través de la cual fue dado de baja como cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal. Lo que fue concretizado en el acta de sesión extraordinaria de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, celebrada por el Consejo Técnico de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, por medio de la cual se le dio de baja temporal como cadete del "Curso de Formación Inicial Técnico Superior Universitario en la función policial 1ra generación", Grupo 6, por cuestiones de índole extraordinaria o eventos no contemplados, consistentes en involucrarse en hechos que se consideran probables constitutivos de delito, así como el acta circunstanciada de hechos de veintidós de marzo siguiente, a través de la cual se le notificó dicha baja. Y como consecuencias de lo anterior: 2.1 La retención de su credencial que lo acreditaba como cadete, así como la cancelación y/o suspensión de su haber o estímulo monetario que obtenía por ser estudiante de la academia referida. 2.2 La falta de emplazamiento al procedimiento por medio del cual se le dio de baja temporal dentro de la sesión extraordinaria referida. 3. La orden verbal o escrita dirigida en contra del aquí quejoso, que tienda a (1) realizar en su contra actos degradantes; (2) negarle el derecho a (i) recibir alimentos, (ii) a portar el uniforme de cadete, (iii) otorgarle los días francos o de descanso correspondientes, (iv) permitirle agua caliente en regaderas, (3) vigilarlo de manera personal u hostigarlo, (4) obligarlo a que se encuentre todo el día de pie, (5) impedirle que reciba la impartición de materias de manera cotidiana, (6) le realice exámenes médicos, psicológicos y físicos, atentando en contra de la dignidad humana y a la salud, así como por persona ajena a las cuestiones médicas; (7) aislarlo de los demás cadetes; (8) tomarle fotos sin su consentimiento que no tengan, académicamente, un fin en particular; y cualquier otro acto que tenga como objetivo discriminar, denigrar o aislar al aquí quejoso. Ahora bien, respecto de los actos reclamados precisados en el punto 2, sub incisos 2.1 y 2.2, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; situación que acontece en el presente caso. Lo anterior es así, en razón de que de la constancia que remitió el Director General de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, consistente en copia certificada del acta circunstanciada de treinta de mayo de dos mil dieciocho, se advierte que el Director de Preceptoría, Directora Académica, Directora de Normatividad y Apoyo Jurídico y Director de Normatividad y Apoyo Jurídico, todos de la academia aludida, determinaron la baja definitiva por inasistencias a las actividades académicas del aquí quejoso Franco Ayón Luis Dayan, como cadete del "Curso de Formación Inicial para la Policía Federal TSU-I, 2017". Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En el acta referida se hizo constar que el Inspector Jefe Cesar Alba Infante, encargado de la Dirección de Preceptoría, a través de la nota 113/2018, informó las inasistencias del entonces cadete Franco Ayón Luis Dayan, el veintisiete, veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, a los pases de lista de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, quedando plasmadas en las novedades de informes diarios que se emitieron por dicha Dirección. Acto continuo, se procedió a la elaboración del acta mencionada para registrar y hacer constar la baja definitiva por inasistencias injustificadas a las actividades académicas del aquí quejoso, acordando como consecuencia que por tal motivo éste causó baja del "Curso de Formación Inicial para la Policía Federal TSU-I 2017. Entonces, si el treinta de mayo del año próximo pasado, las autoridades de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, determinaron la baja definitiva de Luis Dayan Franco Ayón, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado aquí identificado con el numeral 2, en esencia consistente en la baja temporal contenida en el acta de sesión extraordinaria de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, celebrada por el Consejo Técnico de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, el acta circunstanciada de hechos de veintidós de marzo siguiente, a través de la cual se notificó, y sus consecuencias precisadas en los sub incisos 2.1 y 2.2, puesto que posterior a éstas, las autoridades de la academia referida emitieron la ulterior determinación de baja definitiva del aquí quejoso por inasistencias injustificadas a las actividades académicas del veintisiete, veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, quedando sustituida de ese modo la baja temporal que se había decretado en un principio, el procedimiento o falta de éste que le habría precedido y sus consecuencias. De ahí que deben considerarse irreparablemente consumadas las posibles violaciones cometidas (aducidas así por la parte quejosa) en la sesión extraordinaria de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, y el acta circunstanciada de hechos de veintidós de marzo siguiente (por medio de las cueles se le suspendió temporalmente como cadete), y de las cuales se hizo depender la falta de emplazamiento a dicho procedimiento, la retención de su credencial, así como la cancelación y/o suspensión de su haber o estímulo monetario, por no poder decidirse al respecto, sin afectar la nueva situación jurídica que impera respecto del aquí quejoso (baja definitiva como cadete) de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, merced a la determinación contenida en el acta circunstancia de treinta de mayo de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo el motivo de improcedencia anteriormente analizado respecto de la sesión extraordinaria de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, y el acta circunstanciada de hechos de veintidós de marzo siguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia I.7o.P. J/3, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1600, que dispone: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". Dicho sobreseimiento se hace extensivo respecto de la discusión, aprobación y expedición de los artículos 11, 12, fracciones II, III, IV y VIII, 24, fracciones I, II, III, IV, VI y X, 45, 46, 98, 99, 101, 102, 103,104,105 y 106, del Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles académicos de la Policía Federal (precisado en el inciso 1), tomando en consideración que no se puede desvincular el estudio del reglamento reclamado del que concierne a su acto de aplicación, pues es este acto el que le causa perjuicio directo a la parte quejosa, y no por sí sola la legislación reclamada. Ilustra lo anterior la tesis con registro 232028, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, página 27, de rubro y texto siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya". Por otra parte, respecto del acto reclamado precisado en el punto 3, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 1 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]. Del dispositivo legal transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose como estos los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso, se actualiza el motivo de improcedencia referido toda vez que, sin prejuzgar respecto de la legalidad de los actos reclamados -la orden verbal o escrita dirigida en contra del aquí quejoso, que tienda a (1) realizar en su contra actos degradantes; (2) negarle el derecho a (i) recibir alimentos, (ii) a portar el uniforme de cadete, (iii) otorgarle los días francos o de descanso correspondientes, (iv) permitirle agua caliente en regaderas, (3) vigilarlo de manera personal u hostigarlo, (4) obligarlo a que se encuentre todo el día de pie, (5) impedirle que reciba la impartición de materias de manera cotidiana, (6) le realice exámenes médicos, psicológicos y físicos, atentando en contra de la dignidad humana y a la salud, así como por persona ajena a las cuestiones médicas; (7) aislarlo de los demás cadetes; (8) tomarle fotos sin su consentimiento que no tengan, académicamente, un fin en particular; y cualquier otro acto que tenga como objetivo discriminar, denigrar o aislar al aquí quejoso-, en caso de concederse el amparo, no sería posible restituirlo en el goce del derecho que se considera violado. En principio, porque no se podría retrotraer el tiempo para que el promovente del amparo no sea objeto de los actos que refirió en su escrito de ampliación de demanda recibido en la oficina de correspondencia de este juzgado el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 175 a 198). Y sobre todo, porque en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, cuando un acto reclamado es de carácter positivo la concesión del amparo es para restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas en el estado que guardaban antes de la violación, en cuyo caso, en el presente asunto no puede soslayarse que ante una eventual concesión de la protección de la Justicia de la Unión, ello conllevaría a obligar a las autoridades responsables a que en el ámbito de sus competencias respeten los derechos fundamentales violados y, en consecuencia, se abstengan de emitir órdenes verbales o escritas dirigidas (en esencia) a discriminar, denigrar o aislar al aquí quejoso, como afirmó él que lo hicieron aquellas en términos de los numerales (1) a (8) que obran en el página dos de esa resolución. Sin embargo, toda vez que como ya se expuso, el promovente del amparo Franco Ayón Luis Dayan, a partir del treinta de mayo de la anterior anualidad, fue dado de baja definitivamente como cadete del "Curso de Formación Inicial para la Policía Federal TSU-I, 2017", impartido por la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, entonces resulta evidente que la eventual concesión del amparo no podría surtir efectos reales y como consecuencia concretarse, restituyendo al quejoso en el derecho afectado, pues al dejar der ser parte de dicha academia y no asistir a sus instalaciones a tomar las clases correspondientes, no sería posible obligar a las autoridades que la dirigen para que dentro de estas se abstengan de emitir órdenes verbales o escritas dirigidas a discriminar, denigrar o aislar al aquí quejoso como cadete de la Policía Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Asimismo, adquiere aplicación en lo conducente, la diversa jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, que dispone: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Máxime que de continuarse con la prosecución del juicio amparo en que se actúa, se generaría mayor afectación al hoy quejoso, ya que, por una parte se le sujetaría a este en el que al final no obtendría resolución favorable por no poderse concretar los efectos de una eventual sentencia proteccionista, y por otra, porque al haber promovido un diverso juicio de amparo, a través del cual defendió los derechos que consideró afectados a través del acto que lo dio de baja definitiva como cadete de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal, podrá obtener la impartición de justicia que previene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVII y XVI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo, es procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. No se desatiende, que en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 457/2018, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, haya ordenado que se "reponga el procedimiento, para el efecto de que dé vista de manera personal al quejoso con la documental que el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, allegó al juicio el Inspector Jefe César Alba Infante, encargado de la Dirección de Preceptoría, y lo requiera (al ahora revisionista) para que en su caso amplíe la demanda de amparo en relación con la baja definitiva como cadete decretada en su contra, con el apercibimiento de que si no lo hace dentro del plazo que la ley le confiere, se le tendrá por precluido su derecho para hacerlo y, después de que agote el juicio por sus diversos estadios, en su oportunidad, fije fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional a fin de que las partes estén en aptitud, en su caso, de rendir las pruebas que estimen pertinentes y formular sus alegatos, hecho lo cual dicte la sentencia que en derecho corresponda", ello, en virtud de dos razones fundamentales: 1. Debe atenderse al hecho de que el citado Tribunal Colegiado, al momento de resolver el citado recurso, desconocía la existencia del diverso juicio de amparo 766/2018-VI, puesto que el mismo fue promovido con posterioridad a la interposición del recurso de revisión de mérito, ante lo cual, el estudio realizado por la superioridad partió de la premisa de que se incumplió con la obligación de requerir al quejoso para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo respecto de la baja definitiva como cadete decretada en su contra y, por tanto, si el quejoso ampliaba su demanda, sería necesario llevar el trámite del juicio, hasta el dictado de la sentencia constitucional. Empero, ante la existencia del diverso juicio, el cual se reitera ya fue tramitado en sus etapas y ya se celebró la audiencia constitucional, estando pendiente el dictado de la sentencia, existe una circunstancia que, como se estableció, imposibilita la admisión de la ampliación de la demanda de cuenta y, por tanto, en consideración del suscrito, en el presente juicio se actualizan de forma notoria y manifiesta nuevamente las causas de improcedencia que dieron origen al sobreseimiento del juicio en un primer término, mismas que no han sido desestimados por la superioridad; y, 2. Se estima que si bien la resolución dictada por el Tribunal Colegiado refiere que debe tramitarse el juicio en todos sus estadios, ello no implica dejar de observar las normas de procedencia del juicio de amparo y las causas de sobreseimiento del mismo, previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, las cuales por su naturaleza son de orden público, máxime que en el caso, resultaría ociosa la tramitación de un nuevo juicio de amparo contra los actos motivo de ampliación de demanda, en virtud de la existencia del diverso controvertido constitucional 766/2018-VI, en el cual serán materia de análisis. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el nueve de mayo de dos mil diecinueve, en autos del presente juicio de amparo. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese personalmente.

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