Luis David Velázquez Astorga
Expediente 290/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis David Velázquez Astorga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agrega escrito de cuenta Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el escrito cuenta presentado por el quejoso *******. Señala autorizada en términos amplios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados ******* (*******) y ******* (*******), toda vez que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Acceso a Expediente Electrónico Ahora, toda vez que el licenciado Alan Leonardo Pérez Cerros, cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario "*******", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, se acuerda de conformidad la petición del quejoso sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, se reitera al quejoso que desde el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se ordenó el archivo de este expediente, al encontrarse totalmente concluido. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el oficio *******, signado por el licenciado *******, Magistrado Adscrito a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, mediante el cual remite, a solicitud de este juzgado, copias certificadas de las constancias que integran el Toca *******, del índice de esa Sala, remitidas vía electrónica de la dirección electrónica ******* a la dirección de correo electrónico oficial *******, y que se cotejaron con la remitente, licenciada ******* y, por tanto, con valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido. Apoya esta consideración, por igualdad jurídica, la tesis I.3o.P.41 P (10a.), aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, de Febrero de 2016, Tomo III, materia común, página 2049, del siguiente tenor: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido. Ahora, del contenido de las documentales que se reciben se advierte de manera manifiesta e indudable, que en el caso, la omisión reclamada por el quejoso ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se aprecia que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el quince de marzo de dos mil diecisiete y turnado a este órgano el día hábil siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la omisión del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y del Tribunal del Juicio Oral de lo Penal del Distrito Judicial Bravos, la omisión de dar trámite al escrito en el que solicitó "la nulidad" de la sentencia dictada en el juicio oral ******* y hacer de su conocimiento el escrito que recayó a su solicitud. Por acuerdo de diecisiete de marzo último, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo *******; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento al tercereo interesado y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, del contenido de las constancias que se reciben en esta data se advierte, entre otras cosas, que el diecinueve de enero de dos mil diecisiete la licenciada *******, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en lo Penal del Distrito Judicial Bravos, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la defensora de oficio del aquí quejoso, en contra de la sentencia de veintiséis de junio de dos mil doce, dictada en el juicio oral *******, en la que se impuso prisión vitalicia a *******, por la comisión del delito de secuestro, con penalidad agravada. De las propias constancias, se aprecia que esa determinación se notificó por correo electrónico a la defensora de oficio del imputado el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Igualmente, obra la documental consistente en el oficio de *******, de veintitrés de enero del año en curso, en el que la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en lo Penal del Distrito Judicial Bravos remitió al Secretario General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, las constancias necesarias para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la citada defensora de oficio, en favor de *******, en los términos siguientes: Oficio No. ******* Juicio Oral: ******* Causa Penal No. ******* c. secretario general del h. supremo tribunal superior de justicia del estado. chihuahua, chihuahua. A fin de que sea turnado a la Sala correspondiente para la substanciación del recurso de revisión interpuesto el día diez de enero de dos mil diecisiete, por la Licenciada *******, con el carácter de Defensora Pública, en contra de la resolución de fecha veintiséis de junio de dos mil doce, en el juicio oral al rubro indicado que se siguió en contra de *******, por el delito de SECUESTRO CON PENALIDAD AGRAVADA, previsto y sancionado por los artículos 160 y 161 fracciones II y IV del Código Penal, vigente al momento de los hechos y que se dijo cometido en agravio de *******, envío a Usted: 1.- Una copia certificada de la resolución recurrida de fecha veintiséis de junio de dos mil doce (en treinta y seis fojas) 2).- Copia certificada del auto de apertura (en quince fojas útiles). 3.- Copia certificada del registro dé audio y video de la resolución aludida, (en siete discos de formato DVD certificado), 4.- Escrito con el que interpone el recurso de revisión, signado por la Defensora Penal Pública, (original en dos fojas útiles, anexando un juego de copias certificadas de treinta y seis fojas) y 5.- Copia certificada de la notificación del recurso de revisión (en tres fojas). 6. Copia certificada del saneamiento del nombre de uno de los acusados de la sentencia recurrida (en tres fojas). Lo anterior, con fundamento en el artículo 43 fracción IV y 431, en relación con el 416 del Código de Procedimientos Penales, y 75 fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Así mismo, le hago de su conocimiento que desde el día diecinueve de junio de dos mi doce, fecha en que se emitió el veredicto condenatorio, se ordenó que continuara su internamiento en el CERESO Estatal. Habiendo programado el veintiséis de junio de dos mil doce para escuchar la sentencia definitiva, fecha en que quedaron todos debidamente notificados. Causando estado el día once de julio de dos mil doce. [.] De la misma manera, se aprecia que el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se recibió en la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia el recurso de mérito y, mediante acuerdo de la misma fecha, la Sala Colegiada integrada por las Salas Segunda, Tercera y Cuarta de lo Penal del citado Tribunal dictó un acuerdo en el que radicó el toca *******, del siguiente tenor: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA; A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. Por recibido el día de hoy, por conducto de Oficialía de Turnos de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, oficio de la Jueza Licenciada ******* quien presidió el Tribunal (que conformó con la Juez ******* y ******* con carácter de redactora), quien dictó fallo condenatorio en el Juicio Oral *******, (derivado de la causa penal *******, del índice de Garantía del Distrito Judicial Bravos), que se siguió en contra de ******* y ******* por el delito de SECUESTRO CON PENALIDAD AGRAVADA. Cometido en perjuicio de *******. Lo anterior para que sea iniciado el trámite del recurso de revisión interpuesto por la Licenciada ******* en su calidad de defensora pública de los sentenciados, contra la referida sentencia cuya lectura se verificó el veintiséis de junio del dos mil doce. Agregando: 1.- Copia certificada del auto de apertura. 2.- Radicación de la causa. Y: 3.- El pliego en que la parte recurrente, hace valer el recurso, las causales que invoca y los motivos de impugnación. Antes de cualquier planteamiento que incida sobre los aspectos decisivos de una Sala Colegiada, con competencia para el trámite y resolución del recurso de revisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 60, 61 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, resulta indispensable establecer y hacer del conocimiento de los intervinientes que: 1.- La apreciación sobre la celeridad del trámite en la Segunda Instancia cuando se trata de un recurso que corresponde a una Sala Colegiada, conforme a la expresión "de plano", inserta en el texto del artículo 426 en relación al 417, ambos del Código Procesal, merece especificidades según el caso concreto: Ya que dar a ese vocablo un significado que implica inmediatez temporal conduce a entender, sin atender a criterios de razonabilidad, qué el Tribunal debe pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, tan pronto reciba la resolución impugnada y los antecedentes respectivos. Interpretación que daría lugar a situaciones anómalas ante la 'ausencia de reglas específicas vinculadas, a la gestión administrativa del recurso. 2. En cambio: una apreciación con la pretensión de resolver la laguna técnica, sobre todo en la etapa-de transición entre modelos que obligan a las Salas de Segunda Instancia a ocuparse de la resolución de recursos regulados por el Código de Procedimientos Penales de mil novecientos ochenta y siete, sujetos, a diverso trámite administrativo, permite a esta Sala Colegiada dar a conocer ,a las partes las bases que rigen la gestión del recurso, antes de hacer pronunciamiento sobre su admisibilidad, que incluye hacer de su conocimiento la composición de la Sala Colegiada que ha quedado integrada, para lo que atañe a la competencia material y subjetiva de que se trata. 3. En consecuencia, con apoyo en el artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 155 y 422 del Código de Procedimientos Penales del Estado, estos últimos interpretados por mayoría de razón, en el ámbito de gestión meramente administrativa del Tribunal de la Segunda Instancia en funciones de Sala Colegiada, se comunica a la recurrente que: A).- La Sala que se ocupará del trámite y resolución del recurso de revisión ya descrito se integra por los Magistrados *******, ******* y *******, ante quien la parte interesada deberá presentar promoción. B).- Próximamente, si no media incidente que afecte la cuestión competencial, la Sala se ocupará de calendarizar reuniones para el análisis de lo que atañe a las causales de casación invocadas por la recurrente. Una vez agotadas estas preliminares administrativas, la Sala se pronunciará sobre la admisibilidad del recurso, en los términos de los invocados artículos 426 y 417 Procesales, en relación al 422 lo anterior, acorde a los principios que nutren el modelo adversarial aún en sede administrativa, pues tal mecanismo, refuerza la inmediación, la publicidad y, por ende la transparencia que permite el escrutinio de cualquier acto previo a la 'audiencia al tiempo que matiza la problemática y plantea alternativa razonable, ante la coexistencia de dos formas de trámite recursivo en la Segunda Instancia. Por otro lado, la Sala Colegiada advierte que actualmente los sentenciados se encuentran en Internamiento en el CERESO Estatal número Tres y CERESO Estatal número Uno, respectivamente, donde están compurgando la pena impuesta. Por otra parte debe decirse que la Licenciada *******, Defensora Pública de los sentenciados, el cual asiste al mismo desde primera instancia continua patrocinándolo en esta alzada, pues no aparece manifestación del acusado que contravenga lo anterior. Fórmese cuadernillo para cuestiones administrativas e incidentales. Regístrese y notifíquese como y a quien corresponda. Así lo acordaron por unanimidad y firmaron, los Magistrados Penales del Tribunal Superior de Justicia en el Estado *******, ******* Y ******* actuando en Sala Colegiada. [.] Esa documental adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el del Tribunal del Juicio Oral de lo Penal del Distrito Judicial Bravos, ya proveyó sobre el recurso que se interpuso en contra de la sentencia dictada en el juicio oral ******* y lo hizo del conocimiento de su defensora de oficio. Además, ese recurso ya se radicó ante el Tribunal que debe conocer y resolver acerca de su procedencia bajo el número de Toca *******, y ordenó que se informara a la parte recurrente que la citada Sala Colegiada se ocuparía del trámite y resolución del recurso de revisión descrito, ante quien la parte interesada debería presentar las promociones que a su interés convinieran y que, de no promoverse incidente que afectara la cuestión competencial, la Sala se ocuparía de calendarizar reuniones para el análisis de lo que atañe a las causales de casación invocadas por la recurrente. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque la cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado, lo que acontece en el presente caso, cuenta habida que la autoridad responsable ya se ocupó de dar trámite al medio de defensa que se interpuso a favor del quejoso para impugnar la sentencia definitiva que se dictó en su contra y, en el estado procesal en que se encuentra, se previno a su defensa para que realizara las manifestaciones que a su interés conviniera, con lo cual cesó la omisión que les atribuyó el promovente, en la medida que se encuentra en trámite el aludido recurso. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con treinta minutos del doce de junio de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Magistrado *******, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica. En otro orden de ideas, visto que el informe justificado del Magistrado *******, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 590, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles. Por otra parte, a efecto de estar en aptitud de resolver el presente asunto, así como verificar la posible actualización de alguna causa de improcedencia que amerite decretar el sobreseimiento, con fundamento en los artículos 62, 64 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Colegiada integrada por los Magistrados de las Salas Penales Segunda, Tercera y Cuarta, todas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, a fin de que dentro del plazo de tres días computados legalmente, remita copia certificada de las constancias que integran el toca *******; asimismo, en caso de existir alguna imposibilidad para ello deberá comunicarlo a este órgano jurisdiccional. Apercibido que una vez que fenezca el plazo concedido y no cumplir con lo que este auto ordena, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo vigente, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de *******, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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