Luis David Velázquez Astorga
Expediente 484/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis David Velázquez Astorga
- Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Visto el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Chihuahua, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido, se le tiene informando que recibió oficio 15766/2020, remitido por este órgano jurisdiccional, con transcripción del auto de catorce de octubre de dos mil veinte, mediante el cual este juzgado se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo 484/2020-I, promovido por Luis David Velázquez Astorga. Por lo que, solicita se le remita, vía interconexión, el escrito inicial de demanda y en su caso los anexos correspondientes que dan origen al mismo, lo anterior, por ser necesarias para resolver sobre la competencia planteada en los presentes autos. En tal sentido, hágase del conocimiento del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Chihuahua, que mediante proveído de doce de febrero de este año, se tuvo al diverso Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, informando que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto, mismo que quedó registrado bajo el juicio de amparo 216/2021, de su índice, por lo que, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Chihuahua, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido, se le tiene informando que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto, mismo que quedó registrado bajo el juicio de amparo 216/2021, de su índice; por lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. De tal manera, acorde a lo dispuesto en el "PUNTO VIGÉSIMO", fracción III del "ACUERDO GENERAL CONJUNTO NUMERO 1-2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO", se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Asimismo, acorde a lo establecido en el párrafo segundo del "PUNTO DÉCIMO PRIMERO" del Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se declara que este asunto carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.L´lgwm
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio que signa el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez, con sede en Chihuahua, Chihuahua, téngasele remitiendo debidamente diligenciado el exhorto 181/2020-I, orden 262/2020-I, derivado del presente juicio de amparo. Y, tomando en consideración que el exhorto de cuenta fue recibido a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.), se tiene que la constancia de recepción que emite dicho sistema con motivo del envío del exhorto de referencia, a su vez es el acuse de recibo correspondiente; en por ello, que no se ordena girar el acuse de recibo de estilo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo, presentada por Luis David Velázquez Astorga, por propio derecho, regístrese bajo el expediente 484/2020-I-B; se ordena realizar las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y procédase como a continuación se indica. Ahora bien, los actos reclamados no son aquellos que se encuentran previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por tanto, no es procedente decretar la suspensión de plano. En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, el suscrito Juez de Distrito, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones en que se haya presentado la demanda, será competente. c) Cuando el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así, el promovente, según se colige de la demanda de amparo, reclama de las autoridades responsables, en esencia, lo siguiente: De las autoridades responsables en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras, se les reclama la orden de traslado emitida en mi contra, con la cual pretenden trasladarme del Cereso número 1, a otro centro penitenciario en el Estado y/o a otro CEFERESO ubicado en otra entidad federativa dentro del sistema federal. De la anterior transcripción, se evidencia que lo que le causa perjuicio al promovente, según dice, lo es la ejecución de la orden de traslado del lugar en el que se encuentra recluido, esto es, del Centro de Readaptación Social Estatal Número Uno, con sede en Chihuahua, Chihuahua, a otro centro penitenciario en esta entidad federativa, o a cualquier centro de reclusión estatal o federal en otra entidad federativa. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentra actualmente privado de su libertad el agraviado (Centro de Readaptación Social Estatal Número Uno, con sede en Chihuahua, Chihuahua), por lo que es obvio que se está llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión del agraviado. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 71, octubre de 2019, tomo I, página 899, que señala lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará". En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juez de Distrito en Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua, capital, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro de Readaptación Social Estatal Número Uno, con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en el que se encuentra recluido el peticionario de garantías. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." También es aplicable el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua, en turno, a fin de que se avoque al conocimiento del juicio, dada la competencia que se le plantea, solicitándole atentamente informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Exhorto. En razón de que la parte quejosa, señaló domicilio para recibir notificaciones, el lugar en el que se encuentra recluido, esto es, en el Centro de Readaptación Social Estatal Número Uno, con sede en Chihuahua, Chihuahua, con fundamento en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el párrafo segundo del artículo 2°, de este último ordenamiento, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Chihuahua, en turno, con sede en Chihuahua, Chihuahua, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), en el rubro correspondiente, en atención al numeral 107 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal, en los Centros de Justicia Penal Federal, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificar el presente auto a la parte quejosa. Hecho lo anterior, de no tener inconveniente alguno, lo devuelva por la misma vía. En el entendido que la comunicación oficial que en esta determinación se ordena enviarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes haciendo uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículo 107 y 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; tomando en consideración la naturaleza de la misma, de conformidad con el numeral 110 del referido acuerdo, no existe la necesidad de que el juzgado exhortado acuse de recibo vía ordinaria; asimismo, se destaca que la devolución de las constancias respectivas deberá realizarse únicamente mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme con lo establecido en los numerales 282, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles en cita, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario autorizado practique las diligencias correspondientes. NOTIFÍQUESE Y MEDIANTE EXHORTO AL QUEJOSO. Así, lo acordó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado JOSÉ UNIVERSO BAUTISTA FUERTE, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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