Luis David Vázquez Heredia

Expediente 456/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
456/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Luis David Vázquez Heredia

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitido por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en sesión celebrada vía remota por videoconferencia, en fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, en autos del recurso de queja 245/2020, interpuesto por ***+, en la que se resolvió lo siguiente: UNICO. Es Infundado el presente recurso de queja, interpuesto por ***, por propio derecho y ostentándose representante de la menor de identidad reservada con iniciales ****. Acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se toma en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, una vez transcurridos tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual informa que el veintisiete de noviembre de la anualidad pasada, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ****, contra el auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo, el cual quedó registrado bajo el número de toca relativo al recurso de queja 245/2020 del índice del tribunal de su adscripción. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ***, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el veintidós de octubre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con sede en Cancún, Quintana Roo, por conducto de la empresa de mensajería que presta sus servicios a este Juzgado de Distrito: Original del escrito de agravios, así como una copia de este último, a fin de que de considerarlo necesario el Tribunal de Alzada corra traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, en la que se manifieste a la Superioridad que es cierto el acto impugnado, toda vez que este Juzgado Federal, el veintidós de octubre de dos mil veinte en autos del juicio de amparo en el que se actúa, dictó un acuerdo en el que desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***. También, deberá acompañarse al citado informe copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, en el que obra el acuerdo impugnado, el cual se notificó de manera personal a la parte quejosa el veintisiete de octubre de dos mil veinte. Sin que pase inadvertido que el numeral 101 de la ley en comento, establece que el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, y una vez fenecido el término, se tramitará como corresponda. Sin embargo, es evidente que al haberse desechado la demanda de amparo, no se dio intervención legal alguna a las demás partes que pudieran haber resultado en este juicio, como lo serían las autoridades responsables, agente del Ministerio Público adscrita y, en su caso, a quien le correspondiera el carácter de tercero interesado. De ahí que a criterio de este juzgador es factible dar el trámite correspondiente al recurso en los términos ya acotados, es decir, sin necesidad de correr traslado con el escrito de expresión de agravios a las demás partes, así como tampoco requerirlas en términos del citado ordinal 101 de la ley de la materia, pues se insiste, no tuvieron intervención legal alguna en el asunto, precisamente, por el desechamiento de la demanda de amparo. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias que este Juzgado estimó para la substanciación del recurso, a fin que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto. Apoya lo anterior, la tesis XXVII.3o.1 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veintiocho de marzo de dos mil catorce, del rubro y texto siguiente: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. SI EL RECURRENTE OMITIÓ EXHIBIR LAS COPIAS DE TRASLADO, ES INNECESARIO REQUERIRLO PARA QUE LAS EXHIBA Y NOTIFICAR A LAS PARTES LA INTERPOSICIÓN DE AQUÉL. De los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo se colige que cuando el recurso de queja se promueva mediante escrito impreso (no por vía electrónica) su tramitación exige, entre otros aspectos que: a) el recurrente exhiba sendas copias del recurso para su traslado a las demás partes; y, b) el a quo notifique a las demás partes la interposición del recurso con las copias (incluyendo al Ministerio Público de la Federación), para que en el plazo de tres días señalen las constancias que estimen necesarias para integrar el testimonio de la queja; por lo que si el Tribunal Colegiado de Circuito en turno advierte que el Juez de Distrito no realizó alguna de las anteriores obligaciones, deberá ordenar la regularización del procedimiento a fin de que aquel integre correctamente el expediente para estar en aptitud de resolver. Sin embargo, conforme al principio de economía procesal y la pronta impartición de justicia derivado del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la queja se interpone contra el auto que desecha o tiene por no interpuesta la demanda de amparo, no amerita dicha regularización, porque aún no se ha dado intervención a parte diversa a la promovente de la demanda y porque sólo a ésta afecta la determinación recurrida; por ello, es innecesario requerir las copias de la queja, pues éstas son para notificar a las demás partes y tal notificación es irrelevante porque el fin de tal conocimiento es que aquéllas señalen las constancias que consideren deben ser remitidas al ad quem, las cuales no podrían ser otras que las relativas a la demanda de amparo, sus anexos, el auto recurrido y su constancia de notificación, las que, invariablemente, deben ser remitidas por el Juez Federal, ya que constituyen la materia sobre la que versa la queja y, al menos para ese momento, no hay actuaciones diversas para resolver". Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por ***, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Magistrado adscrito a la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 456/2020. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. La parte quejosa señaló como acto reclamado, el siguiente: ***. De lo anterior es posible advertir que el quejoso reclama el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Magistrado adscrito a la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en autos de la carpeta de incompetencia ***, en el cual no admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de uno de septiembre de la presente anualidad, en el que determinó admitir la excepción de incompetencia por declinatoria promovido por la parte demandada en el juicio de origen, (lo que se advierte de los antecedentes del acto reclamado mismos que obran insertos en el escrito de cuenta). En ese tenor, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, en relación con la causal de sobreseimiento a que se refiere la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. [.]. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". De los preceptos y fracciones transcritas válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Así, resulta pertinente destacar que en el presente asunto, Luis David Vázquez Heredia, reclamó el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Magistrado adscrito a la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en autos de la carpeta de incompetencia ***. Lo que se advierte de sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad, en las que señala los antecedentes del acto reclamado, en el que manifestó lo siguiente: "Ahora bien, es oportuno señalar que es un hecho notorio en términos del artículo 288 del Código de Procedimientos Civiles, que esta Sala Especializada en la carpeta de incompetencia *** dictó una resolución el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en la cual determinó que es Juez competente para conocer y resolver el asunto bajo el número de expediente *** del índice Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, el ubicado en la ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, ordenado remitirse los autos originales para los efectos legales correspondientes; resolución que ha caudado ejecutoria por ministerio de ley de conformidad con el numeral 417 fracción II del Código en cita, luego entonces, tomando en consideración que en la resolución antes referida se declaró incompetente el Juez de este Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, es que no se admite el recurso de apelación interpuesto por la apelante, en contra del auto de primero de septiembre de dos mil veinte, ya que el Tribunal está obligado a suspender sus procedimientos al declarase procedente la incompetencia, pues su infracción conllevaría a la nulidad de todo lo actuado en términos de los artículos 169 y 170 del Código Adjetivo de la materia, en consecuencia, agréguese a los autos de la presente carea de apelación copia certificada de la resolución emitida en la carpeta de incompetencia 66/2020, para los fines legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Aislada de rubro "HECHO NOTORIO EN MATERIA CIVIL. TANTO EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, COMO LA SALA RESPONSABLE PUEDEN INVOCARLO, DE OFICIO, COMO TAL LAS RESOLUCIONES EMITIDAS ANTERIORMENTE ANTE EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL A FIN DE PODER RESOLVER UN ASUNTO EN ESPECÍFICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 232 PARRADO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ)." [lo subrayado es propio] Esto es, de la transcripción que antecede, se desprende que la parte promovente se duele del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Magistrado adscrito a la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en autos de la carpeta de incompetencia ***, en el cual no admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de primero de septiembre de la presente anualidad, en el que admitió la excepción de incompetencia por declinatoria. Ahora, cabe señalar que de las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, se advierte que en resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Magistrado responsable determinó que es Juez competente para conocer y resolver el juicio familiar de origen *** es el Juez Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mérida, Yucatán, auto que causó ejecutoria por ministerio de ley, asimismo, es necesario precisar que por dicha determinación es que no se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de primero de septiembre de la presente anualidad, en razón de que en proveído de veintiuno del mes y año en cita, se ordenó remitir los autos al Juzgado competente. En resumen, el juez de Primera Instancia en auto de uno de septiembre de dos mil veinte, aceptó la excepción de incompetencia, por lo que ordenó remitir los autos a la Superioridad para resolver sobre la excepción, contra esa misma resolución el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, al respecto la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, radicó la carpeta de apelación *** y la carpeta de incompetencia ***, en la segunda el veintitrés de septiembre emitió resolución declarando fundada la excepción y determinó que el competente es el Juez Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mérida, Yucatán, por ello, en le carpeta de apelación ***, desechó el recurso en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte. En ese orden, como se ya se dijo, se estima notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que aun subsistiendo el acto reclamado [auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en el cual no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de uno de septiembre de la presente anualidad, en el que el Magistrado responsable admite el incidente de incompetencia por declinatoria], ésta no puede surtir efecto legal o material alguno, pues como se desprende en resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dictada en la carpeta de incompetencia *** el Magistrado responsable determinó que es Juez competente para conocer y resolver el juicio familiar de origen *** es el Juez Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mérida, Yucatán, por lo que ordenó remitir los autos para que resuelva lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a ***, por no contar con registro en dicho sistema. Por otra parte, de conformidad con el artículo 29 del acuerdo general 21/2020, se ordena las notificaciones electrónicas y se autoriza la consulta electrónica del expediente por el usuario ***, en consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación, única y exclusivamente, de este proveído. De igual manera, como es un hecho notorio que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente; en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables, de conformidad con los artículos 20 y 21 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se dispuso que no se permitirá la entrada libre a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicaran en internet conforme a los previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por tanto, se instruye a la actuaría de esta adscripción para que la notificación de esta determinación la lleve a cabo en tales términos. Con independencia de lo anterior, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en términos de la fracción XIX del numeral 2 del citado Acuerdo, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono móvil, así como un correo electrónico, a fin de establecer el contacto respectivo, en caso de que este órgano constitucional lo estime necesario. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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