Luis David Radilla Zarrano

Expediente 114/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
114/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • Luis David Radilla Zarrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que no tiene relevancia documental para su conservación y carece de valor jurídico o histórico, al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros electrónicos; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, que dice: Juicio de amparo: 114/2023 Quejosa: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 114/2023. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el veintiséis de enero siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Luis David Radila Zarrano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la Jueza Especializada en Materia del Trabajo del Segundo Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por los actos reclamados siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye la resolución de 09 de enero de 2023, dicada dentro del expediente ********************, por la autoridad responsable." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ordenó el emplazamiento de las terceras interesadas ********************, ("THE HOME DEPOT") y Asociados Home Depot, S.A. de C.V., el cual se realizó el tres de febrero de dos mil veintitrés, sin que comparecieran al juicio, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que alguna de las partes haya realizado manifestación al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además por tratarse de un auto de ejecución de sentencia dictado por un órgano jurisdiccional local, con ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este juzgado federal en todas las materias. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridad responsable Jueza Especializada en Materia del Trabajo del Segundo Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado El auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral ********************, promovido por ********************-aquí quejoso-, en contra de las personas morales ********************y ********************-aquí terceras interesadas-, en el que se decretó auto de ejecución de sentencia en contra de la parte demandada, respecto de la condena relativa a la exhibición de las constancias de aportación a los Institutos de Seguridad Social y se señaló fecha para la reinstalación del trabajador, sin que se dictara ejecución por el crédito laboral, por considerar que el pago realizado por la parte demandada excedía el importe actualizado de la condena. lll. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Especializada en Materia del Trabajo del Segundo Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo cual se encuentra corroborado con las copias certificadas que adjuntó a dicho informe, relativas al juicio laboral ********************, entre las que se encuentran la sentencia definitiva y el auto de ejecución reclamado, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. IV. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia; sin embargo, se advierte que se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Así, de la interpretación sistemática de los preceptos citados, se tiene que el juicio de amparo es improcedente, en los casos en que así resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna diversa disposición distinta al artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, precisando que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. De lo expuesto se obtiene que el medio de regularidad constitucional de que se trata, es improcedente entre otros supuestos, contra actos de ejecución de sentencia que no reúnan las características apuntadas. Es claro que la intención del legislador, al instaurar la regla de procedencia del juicio de amparo analizada, fue evitar, entre otras cosas, el abuso de la promoción de la acción constitucional, con el propósito de facilitar y hacer más rápida la tramitación de las controversias jurisdiccionales, por eso, en el caso de las sentencias definitivas, privilegió su ejecución en observancia a la existencia de la cosa juzgada, cuyo cumplimiento es de orden público, ya que estableció que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en esa fase. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), con registro digital 2024100, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En el criterio antes trascrito se estableció que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales después de concluido el juicio que gozan de autonomía y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia decretada en el juicio natural. Asimismo, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales dictados en el periodo de ejecución de sentencia, con la condición que se trate de la última resolución dictada en ese periodo, es decir, contra la que: 1) aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, 2) declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y 3) la que ordena el archivo definitivo del expediente. Por otra parte, en el citado criterio se distinguió que para los actos dictados después de concluido el juicio, se encuentra inmersa otra regla de carácter específico que establece que tratándose de procedimientos de remate, el amparo será procedente contra la última resolución ahí pronunciada, esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación, o bien, la que ordena la entrega de la posesión de los bienes inmuebles rematados. De igual forma, el criterio antes precisado, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia. 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, se ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, excepcionalmente, procede el juicio de amparo indirecto contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la constitución federal, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, en el criterio antes señalado se indicó que el Máximo Tribunal del País, dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. Entonces, de lo antes explicado se tiene que tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente: 1. Contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, contra la que: a) aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia. b) la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. c) la que ordena el archivo definitivo del expediente. 2. Contra la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los bienes inmuebles rematados. 3. Contra actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como lo son: a) Las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida. 4. Contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. Precisado lo anterior, se tiene que en el caso particular, el quejoso reclamó en este juicio el auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral ********************, promovido por ********************-aquí quejoso-, en contra de las personas morales ********************y ********************-aquí terceras interesadas-, en el que se decretó auto de ejecución de sentencia en contra de la parte demandada, respecto de la condena relativa a la exhibición de las constancias de aportación a los Institutos de Seguridad Social y se señaló fecha para la reinstalación del trabajador, sin que se dictara ejecución por el crédito laboral, por considerar que el pago realizado por la parte demandada excedía el importe actualizado de la condena. Es decir, la juzgadora responsable al realizar la actualización del crédito laboral, descontó cantidades relativas a medios de subsistencia y un pago parcial que efectuó la parte demandada -aquí tercera interesada-, con lo cual concluyó que no existía adeudo alguno, sino incluso un excedente pagado a favor del aquí quejoso; por tanto, no emitió auto de ejecución por cantidad liquida, sino únicamente respecto a diversas prestaciones como la reinstalación del trabajador y el requerimiento a la demandada para que exhibiera las constancias de pago de aportaciones ante los institutos de seguridad social. Sin embargo, el auto de ejecución antes señalado, derivó de que el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la juzgadora responsable dictó sentencia definitiva en la que condenó a ********************y ********************-aquí terceras interesadas-, a la reinstalación y pago de prestaciones accesorias a favor del trabajador -aquí quejoso-, las cuales fueron cuantificadas en la propia sentencia definitiva. Una vez que adquirió firmeza dicha sentencia definitiva, el aquí quejoso por conducto de su apoderada legal, a través de los escritos identificados con folios ******************** y ********************, solicitó la ejecución forzosa de la condena; a los cuales recayó el acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés -acto reclamado-, en el cual se decretó auto de ejecución de sentencia en contra de la parte demandada, respecto de la condena relativa a la exhibición de las constancias de aportación a los Institutos de Seguridad Social y se señaló fecha para la reinstalación del trabajador, sin que se dictara ejecución por el crédito laboral, por considerar que el pago realizado por la parte demandada excedía el importe actualizado de la condena. En consecuencia, conforme a lo señalado con antelación, dicho acto no se trata de la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución; y al no ser una determinación que goce de dichas características, es que la misma sólo puede ser reclamada al momento de impugnar una determinación que goce de tales características, al ser sólo éstas contra las cuales habilitó el legislador la posibilidad de instar el juicio constitucional dentro de la etapa de ejecución de una sentencia. Lo anterior se afirma, pues igualmente, no se trata de una resolución ajena a la cosa juzgada, pues la actuación que se impugna deriva de la ejecución de la sentencia favorable que obtuvo el aquí quejoso, por lo que la misma se encuentra dirigida a hacer cumplir dicha sentencia, la cual tiene el carácter de cosa juzgada; y en consecuencia, el crédito laboral constituye lo sentenciado en tal juicio, lo que produce a su vez, que el auto de ejecución de nueve de enero de dos mil veintitrés, sea emitido con el fin de dar cumplimiento a la sentencia definitiva del juicio laboral de origen. Es decir, se trata de una determinación dictada dentro del periodo de ejecución de la sentencia que no es susceptible de combatirse en amparo indirecto, pues no constituye la última resolución en tal procedimiento, ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que es una actuación tendiente directamente a la ejecución de la sentencia definitiva. Sirve de aplicación por identidad de razón la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L (10a.), con registro digital 2010430, emitida por el Pleno del Décimo Octavo Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Criterio que resulta de aplicación obligatoria para este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, toda vez que fue emitido por el Pleno del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, entidad federativa en la que este juzgado federal ejerce jurisdicción. La cual si bien se refiriere al auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral burocrático, en lo que interesa, se tiene que es relativo a la ejecución prevista también en el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo (el cual sirvió de fundamento al auto de ejecución reclamado en este juicio), y sustenta las consideraciones ya apuntadas respecto de la procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos en ejecución de sentencia, pues en lo que interesa, estableció que el auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo, forma parte del procedimiento de ejecución, por lo que le es aplicable la regla específica de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, que se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia. Es decir, que procede el amparo contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución, que es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente, que es el caso específico en el presente juicio, pues como se dijo, aplica dicha regla toda vez que el auto reclamado tiene por efecto la ejecución de la sentencia definitiva y no es autónomo a la cosa juzgada, pues la cuantificación de las cantidades condenadas se realizó en la propia sentencia definitiva, es por ello que lo reclamado guarda relación directa con tal sentencia. Sin que incluso pueda considerarse que debido a que la juzgadora responsable negó emitir auto de ejecución por cuanto a al crédito laboral, por considerar que el pago realizado por la parte demandada excedía el importe actualizado de la condena, se pueda considerar como un pronunciamiento parcial de cumplimiento, pues no se ha emitido la determinación que declare totalmente cumplida la sentencia definitiva, que es la que resulta procedente combatir a través del juicio de amparo indirecto; sirve de aplicación a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia PC.I.L. J/50 L (10a.), con registro digital 2020323, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya parte relativa señala que, en relación con los actos de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto "... contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ...", debe considerarse que, tratándose de actos de ejecución de un laudo que imponga el cumplimiento de diversas prestaciones reclamadas en el juicio laboral, los autos o resoluciones que se emitan sobre el cumplimiento de uno o varios puntos de condena establecidos en el fallo, pero que no son la totalidad de ellos, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, sino que ello procederá hasta que se realice el pronunciamiento que califique el cumplimiento total (no parcial) de todos los puntos de condena establecidos en el laudo, pues de no cumplirse la exigencia prevista en el precepto legal indicado, se estará en presencia de una notoria e indudable causa de improcedencia que producirá el desechamiento de la demanda." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por ********************, contra el acto reclamado y la autoridad responsable señalada, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las doce horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 114/2023, promovido por Luis David Radilla Zarrano, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza abre el período probatorio: La secretaria da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza las documentales remitidas por la autoridad responsable, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda, con lo anterior se cierra este período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos: Y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo anterior, se procede a cerrar este período. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, quedan los autos en estado de resolución.- Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de marzo de dos mil veintitrés. ... Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de proveído emitido el veintisiete de febrero del presente año, en el juicio laboral *****. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de amparo se requiere a María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días: Remita copia certificada de la constancia de envío del exhorto ordenado librar a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y diligencias con residencia en la Cuidad de México. Y de la constancia de notificación practicada a la parte demandada del citado auto. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, se hará efectiva la multa referida en dicho auto. Notifíquese.

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