Luis David Hernández Hernández
Expediente 799/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2021
Partes del expediente
- Luis David Hernández Hernández
- Juez Primero del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad.
Actuaciones
- Principal
Visto: el escrito signado por ***, por medio del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, autorizando para recibirlas a ***. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. En atención a su contenido, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que el citad promovente no tiene personalidad reconocida en el presente juicio de amparo, lo anterior es así, toda vez que si bien en el escrito de demanda fue señalado como tercero interesado, de autos se advierte que no se le reconoció tal carácter, en virtud de que en proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda promovida por ***. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Vista La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Luis David Hernández Hernández. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 18, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados, toda vez que el presente juicio se encuentra concluido, infórmesele a la parte quejosa que quedan a su disposición los documentos que anexó a su demanda, mismos que deberá recoger dentro de un término de noventa días contados a partir de que se le notifique este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa. En atención a lo anterior, dígasele que de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de documentos será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, en el presente caso tiene expedito su derecho para generar una cita en el portal del consejo establecido para dicho fin, y se le pueda hacer la devolución de las documentales antes referidas. Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta.
- Principal
Visto; el escrito signado por la parte quejosa ***, por medio del cual, solicita la devolución de los documentos exhibidos en el escrito inicial de demanda. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. Atento a lo anterior, dígasele al promovente que una vez que se declare firme el auto de trece de septiembre del año en curso, en el cual, se desechó la demanda de amparo en el juicio de amparo en que se actúa, se acordara respecto a los documentos exhibidos en el escrito inicial de demanda. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Vista la demanda promovida por Luis David Hernández Hernández, por propio derecho, contra el acto reclamado al Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 799/2021-VIII y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absoluta de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible tener una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la Jurisprudencia, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que los actos que en esta vía se combaten son: La orden de lanzamiento ordenada en proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 2008/1996, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y su ejecución. En ese tenor, este juzgador considera que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XI, en los términos de la fracción X, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expresan. La norma legal invocada, establece que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: 1) Que el acto que se reclame haya sido materia de otro juicio de amparo. 2) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso. 3) Contra idénticas autoridades responsables, y; Informa lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CONDICIONES PARA LA OPERANCIA DE LA CAUSAL DE, POR EXISTIR EJECUTORIA PRONUNCIADA EN DIVERSO JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, opera la causal de improcedencia contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Ahora bien, resulta pertinente establecer que, para que se actualice esa hipótesis, es necesario que tanto el juicio ya resuelto como el relacionado, hubiesen sido promovidos por el mismo quejoso, contra idéntica autoridad responsable y por iguales actos reclamados, aun cuando sean diversas las violaciones constitucionales argüidas, según se deriva de los dispuestos en la fracción III del numeral en comento; sin que lo impida el hecho de que el quejoso, en el nuevo juicio, únicamente hubiere señalado a uno de los miembros del tribunal resolutor como autoridad responsable, si de las propias constancias se advierte que, quien dictó la resolución en forma colegiada lo fue la citada sala. En la causa de improcedencia a estudio, se está en presencia de la figura jurídica denominada cosa juzgada, definida en este precepto legal como ejecutoria en otro juicio de amparo. Para efectos de dicha causal, hay cosa juzgada cuando en otro juicio de amparo se ha dictado una sentencia ejecutoria contra la que no procede recurso alguno y cuyo sentido no puede ser modificado, siempre y cuando se resuelva la controversia principal o de fondo y que en el juicio posterior las partes sean las mismas y el acto reclamado haya sido analizado o estudiado en el primer amparo. La razón de ser de la improcedencia en comento, descansa en la falta de necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de un mismo acto de autoridad; es decir, no se requiere juzgar dos o más ocasiones un mismo acto reclamado por la parte quejosa y menos aun cuando ya se ha determinado su constitucionalidad por parte de la Justicia Federal. Guarda aplicación, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con el rubro y texto siguientes: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución. Ahora bien, previo al análisis de los requisitos anunciados, es necesario establecer que este órgano jurisdiccional, trae como hecho notorio el juicio de amparo 467/2020, del índice de este juzgado; ello en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido por su artículo 2. Apoya la anterior consideración por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia que reza: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Del juicio de amparo 467/2020 en cita se advierte en lo que interesa los siguientes antecedentes: Fue promovido por Luis David Hernández Hernández, señalando como acto reclamado el siguiente: Orden de lanzamiento decretada el trece de marzo de dos mil veinte, dentro del juicio especial hipotecario 2008/1996, del índice de la autoridad responsable respecto al inmueble ubicado en Tercera Poniente Sur esquina con la Tercera Sur Poniente del Barrio San Antonio, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa. Chiapas y su ejecución. El quince de enero de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo por no haber acreditado su interés jurídico, la cual fue recurrida por la parte quejosa, recurso que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, registrándolo bajo el número 48/2021, mismo que mediante resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, revocó la sentencia recurrida, y negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. De lo antes expuesto, se advierte, que si el acto que se reclama en este juicio de amparo por Luis David Hernández Hernández, concerniente a la orden de lanzamiento ordenada en proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 2008/1996, del índice del juzgado del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y su ejecución, es idéntico al acto reclamado que ya fue materia de estudio del diverso 467/2020 del índice de este juzgado; por lo que es inconcuso que se actualizan las hipótesis de la improcedencia en estudio. Lo anterior es así, ya que en el citado juicio de amparo 467/2020, como se dijo, se sobreseyó por no haber acreditado su interés jurídico, y mediante resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión 48/2021, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, revocó la sentencia recurrida, y negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Ahora bien, de la resolución decretada por la Superioridad, se advierte que el quejoso Luis David Hernández Hernández, consideró que cuenta con un derecho de propiedad y posesión sobre el bien controvertido; en términos del contrato privado de donación que suscribió con Ricardo Hernández Rivera, fechado el once de febrero de dos mil nueve, en el que se hizo constar la donación del predio urbano ubicado en tercera poniente sur, esquina con la tercera poniente, número cuarenta y nueve del barrio San Antonio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Que si bien, la parte quejosa ofreció como prueba, el contrato privado de donación de once de febrero de dos mil nueve, respecto del bien inmueble ubicado en la Tercera Poniente Sur, esquina con la Tercera Sur Poniente, número 49, del Barrio San Antonio, de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, en el que figuró como donatario y Ricardo Hernández Hernández, como "donador". Dicho contrato adquirió fecha cierta el veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, tras el fallecimiento del donante, deceso que se tiene por acreditado con el original del acta de defunción expedida por la oficialía uno del Registro Civil de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. No obstante, no debe perderse de vista que el inmueble en cuestión fue adjudicado al tercero interesado Luis Jordán Villafuerte Coello, desde el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve; esto es, mucho antes del veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, fecha a partir de la que se tiene certeza de la existencia del contrato de donación exhibido por el quejoso. Que, al haberse adjudicado el inmueble cuya propiedad defiende el aquí quejoso, a favor de Luis Jordán Villafuerte Coello, éste adquirió un derecho de propiedad sobre dicho inmueble, lo que implica que adquirió un derecho real sobre ese bien raíz, en forma análoga a como sucedería en el caso de una compraventa privada; pues la venta judicial constituye por sí misma un acto traslativo de dominio que importa necesariamente la concurrencia de un derecho real. Por ende, a partir de la fecha en que se adjudicó el bien inmueble materia de la litis (veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve), éste salió del dominio de los demandados en el juicio de origen Florinda Mendoza Vázquez y Adalberto Hernández Mendoza, y; a partir de esa fecha, adquirió el carácter de propietario el tercero interesado Luis Jordán Villafuerte Coello; siendo por ello incuestionable que, el derecho que ostenta el quejoso no es oponible al del tercero interesado, pues debe prevalecer y ponderarse con mayor énfasis el derecho de dicho tercero interesado al ser anterior a la donación en virtud de la cual el quejoso adquirió el inmueble controvertido. Que el hecho de que el contrato de donación que exhibió el quejoso haya adquirido fecha cierta a partir del veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, fecha en que falleció el suscriptor Ricardo Hernández Rivera, y que la escritura pública donde se hizo constar la adjudicación del inmueble controvertido al aquí tercero interesado sea de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, y se haya inscrito el veinticuatro de febrero de dos mil veinte. Esto es, la circunstancia de que el contrato de donación aportado por el quejoso de donde, dice, se origina su derecho de propiedad y posesión respecto del inmueble controvertido, haya adquirido fecha cierta el veinticuatro de abril de dos mil dieciséis y que la escritura de adjudicación e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad en favor del tercero interesado sean de fecha anterior, no implica que el derecho del peticionario deba prevalecer sobre el derecho del tercero interesado Luis Jordán Villafuerte Coello. Ello, en virtud de que la resolución judicial mediante la cual se adjudica un inmueble adquirió firmeza jurídica y; por ende, debe surtir efectos contra terceros desde ese momento, al no ser desvirtuada; aun cuando no se haya elaborado la escritura y se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad, toda vez que tales particularidades no restan validez a la verdad jurídica de que el adjudicatario es propietario del bien objeto del conflicto, debido a que la escritura pública es una mera formalidad y la inscripción en el Registro no tiene efectos constitutivos, sino declarativos. Por tanto, sostiene que las pruebas aportadas por el quejoso si bien fueron idóneas para acreditar su interés jurídico, no son suficientes para considerar que en su perjuicio se vulneraron los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. En la inteligencia que el pronunciamiento efectuado en párrafos que anteceden tiene efectos exclusivos en este juicio de derechos fundamentales, sin decidir sobre el derecho sustantivo; esto es, respecto del derecho a la posesión y propiedad del bien inmueble controvertido, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Por tanto, el quejoso podrá acudir ante la instancia del orden común que considere a hacer valer el derecho de posesión o propiedad del inmueble que defiende en esta vía constitucional. En atención a todo lo anterior, estimó que en el caso, el quejoso, quien se ostenta como tercero extraño al juicio de donde emana el acto reclamado, al haberse ostentado propietario y poseedor del inmueble en virtud de un contrato privado de donación cuya fecha cierta es posterior a la adjudicación del mismo inmueble, no puede considerarse oponible frente al derecho real de propiedad con el que cuenta el tercero interesado Luis Jordán Villafuerte Coello, quien adquirió de buena fe, a través de la adjudicación el inmueble correspondiente. Máxime que, en el caso justiciable se advierte que, el donante del bien inmueble tenía conocimiento de la situación jurídica que guardaba dicho inmueble; puesto que, el treinta de septiembre de dos mil quince, Ricardo Hernández Rivera promovió en los autos del juicio ejecutivo mercantil de donde deriva el acto reclamado, un incidente de cancelación de gravamen y, al no haber prosperado dicho incidente; el dos de febrero de dos mil dieciséis, Ricardo Hernández Rivera promovió nuevamente incidente de cancelación de gravamen; respecto del cual se decretó la caducidad el trece de enero de dos mil diecisiete. En esas condiciones, es evidente que el referido Ricardo Hernández Rivera, quien se ostentó poseedor del inmueble ubicado en tercera poniente sur, y tercera sur poniente, del barrio "San Antonio" de Ocozocoautla, Chiapas; tenía conocimiento de que sobre el mencionado inmueble pesaba un gravamen derivado del juicio ejecutivo mercantil de donde emana el acto que el quejoso reclama. Por tanto, la responsable no vulnera en perjuicio del quejoso, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ni los criterios que invoca el quejoso de rubros: "POSESIÓN", "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO (POSESIONES O DERECHOS)", "POSESIÓN. DEBE RESPETARSE. PARA PRIVAR A UNA PERSONA DE ELLA, SE LE DEBE OIR EN DEFENSA, SEA QUE LA POSESIÓN SEA LEGÍTIMA O ILEGÍTIMA", "PROPIEDAD, PROTECCIÓN AL DERECHO DE, MEDIANTE EL AMPARO", pues precisamente en virtud de la adjudicación que se verificó en favor del tercero interesado Luis Jordán Villafuerte Coello desde el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, es que es legal la orden de desocupación y entrega del bien inmueble adjudicado. Máxime, que los conceptos de violación esgrimidos por el promovente, tanto en el juicio de amparo 467/2020, de referencia, como en el presente asunto, se encuentran encaminados a combatir la orden de lanzamiento y su ejecución. Robustece las consideraciones anteriores, la tesis I.7o.A.132 K, con número de registro 164818, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 2717, que se inserta al efecto: COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. En las relatadas consideraciones, se encuentran satisfechos los requisitos para la actualización de la causa de improcedencia a estudio, prevista en el artículo 61, fracción XI y en términos de la fracción X, de la Ley de Amparo. Encuentra exacta aplicación a lo anterior la tesis de rubro y texto que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 61, fracción X y XI, de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XI, en los términos de la fracción X, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia. Resulta aplicable por analogía el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto. (Énfasis añadido) Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del Juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el ubicado en Avenida Privada Cedro, número quinientos cincuenta y uno, Fraccionamiento del Bosque, en esta ciudad. Se tiene como autorizados a Wilmar Joe Solís Rodríguez, Maribel Pérez Pérez, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho, por así haberlo solicitado. Y en términos del párrafo segundo parte final, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Julio Cesar Hernández Roblero y Cristian Iván Hernández Roblero, por así haberlo solicitado. En cuanto al correo electrónico y teléfono que proporciona el promovente, dígasele que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, sólo son un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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