Luis David Canto Pineda

Expediente 110/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
110/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • Luis David Canto Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA III SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE TREINTA DE ENERO DE DE DOS MIL DIECINUEVE: Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes respecto de la vista que se les dio mediante proveído de dieciséis de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación de Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en el Mante, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en que se concedió a las partes el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que al efecto hubieran desahogado dicha vista; consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la suscrita se pronuncia sobre dicho cumplimiento. En la especie, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio en que se actúa, en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para efecto de que la responsable realizara lo siguiente: 1. Deje sin efectos la fecha y hora señalada en el auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. 2. En su lugar, y de ser procedente señale nueva fecha y hora para la celebración de la indicada audiencia, la cual no deberá ser más allá del plazo de quince días contado a partir del acuerdo de que se trate, tal como lo establece el artículo 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, y el cual deberá ser oportuna y personalmente notificado a las partes en dicho juicio. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo. Así por acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable informando en vías de cumplimiento la sentencia concesoria de amparo, y se le otorgó un plazo de diez días hábiles, legalmente computados, a fin de que remitiera las constancias con las acreditara haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, por proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo las constancias a fin de dar cabal cumplimiento a lo solicitado, por lo que se dio vista a las partes las mismas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en el Mante, se advierte que mediante acuerdo de siete de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral ***, de su índice, la autoridad responsable dejó sin efectos la hora y fecha señalada en auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, para la celebración de la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, dentro de dicho juicio, de igual manera, señaló las trece horas del veintiocho de enero de dos mil diecinueve para la celebración de la misma, y notificó a las partes, tal como se advierte de las constancias de notificación que obran a fojas 157 a 162; constancias a las que se confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2. Así las cosas, es de concluir que LA SENTENCIA EJECUTORIADA PRONUNCIADA EN ESTE JUICIO DE GARANTÍAS, HA QUEDADO CUMPLIDA, puesto que la autoridad responsable ajustó su actuación a la sentencia dictada en el presente asunto, razón por la cual hágase del conocimiento de este acuerdo a las partes y una vez transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    MESA II SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo promovida por Luis David Canto Pineda, contra actos del Juez de Control del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, Tamaulipas y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 110/2019-II-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece. El citado precepto, impone al juez de distrito la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, en relación a la demanda de cuenta se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 en relación con el precepto 17 ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, toda vez que el promovente de amparo Luis David Canto Pineda, consintió de manera tácita los actos reclamados, al no haber presentado su demanda dentro del plazo que tenía para hacerlo. En efecto, el artículo 61 fracción XIV párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, disponen lo siguiente:. El artículo 61 fracción XIV párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece claramente que no pueden ser materia de estudio las normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el artículo 17 de la ley de la materia establece -como regla general- que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; sin embargo, en las cuatro fracciones que lo integran prevé diversas excepciones que operan de acuerdo con la naturaleza del acto que se reclame. Cabe señalar en este punto, que el acto reclamado no se ubica en alguno de esos supuestos de excepción, debido a que no se trata de una norma general autoaplicativa o del procedimiento de extradición; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; de un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; o de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, en este caso debe aplicarse el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo. En ese tenor, el artículo 18 de la Ley de Amparo contiene tres supuestos para computar el plazo de presentación de la demanda, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o, 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; o, 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. El precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción o, que implica exclusión, alternativa o contraposición; en consecuencia, es válido concluir que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. En efecto, el legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las hipótesis establecidas en el numeral 18 de la ley de la materia, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara por cualquier medio, del acto reclamado. Así la primera hipótesis, necesariamente requiere la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto la parte quejosa no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleva a la certeza de que éste "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario del amparo conoció de manera directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera íntegra, lo anterior, al así haberlo establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta confesión expresa que puede estimarse entraña una por parte del afectado respecto de la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa, y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedor del mismo, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la parte quejosa se hizo sabedora del acto reclamado. Bajo ese panorama, del contenido de los antecedentes de los actos reclamados se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que en esta vía reclama, el treinta de enero de dos mil dieciocho, toda vez que, manifiesta bajo protesta de decir verdad que "El día 30 de enero del año en curso [.] unas personas que dijeron ser de la policía ministerial, fueron atendidos por mi esposa de nombre Karla Ceballos Duarte, al preguntar por mí y dado la inseguridad que opera en la región no dio información respecto a mí, y les dijo que no estaba, y ellos le dijeron que todas formas me iban a buscar y que me detendrían por una orden de aprehensión librada por un juez de Tamaulipas, sin decir más se retiraron"; suscribiendo su demanda con fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, razón por la cual los actos que ahora se reclaman deben considerarse consentidos tácitamente, al no haberse promovido la acción constitucional dentro del término legal que para ello concede la ley de la materia. En ese contexto, resulta oportuno indicar que tales manifestaciones deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente:. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte promovente desde el treinta de enero de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento de la existencia de los actos que por esta vía pretende reclamar. Por ello, es de concluirse que contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. En esa tesitura, como se advierte de la boleta de recibo y sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, la demanda de amparo fue presentada hasta el uno de febrero de dos mil diecinueve, por tanto, se acredita que transcurrió en exceso el término de quince días que para presentarla establece el citado numeral; sin que para el cómputo se hayan tomado en consideración los sábados y domingos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, como se destacó previamente. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Gregorio Lara Dorantes y Nato Barragán Serna, con cédula profesional debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y, en términos del último párrafo del referido precepto legal, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Mauro del Ángel Torres, en virtud que no se encuentra acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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