Luis Daniel Toriz Bravo

Expediente 65/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
65/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Luis Daniel Toriz Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    :Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha fenecido el término de quince días otorgado a la parte quejosa por auto veinte de abril de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la valoración del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 y 202 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa consintiendo el auto de referencia, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria en comento. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y en la carátula del expediente y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Por otro lado, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depurarse, al haberse concedido el amparo solicitado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días, otorgado a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la vista concedida en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, sin que la desahogara; en consecuencia, este órgano constitucional procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual es preciso señalar lo siguiente: 1. Mediante sentencia dictada el dos de marzo de dos mil veintidós, en el segundo punto resolutivo se precisó que la concesión del amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Luis Daniel Toriz Bravo, era para efecto que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, realizara lo siguiente: ? De inmediato remitiera los autos del juicio laboral 575/2021 de su índice, a la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en términos del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el citado juicio laboral, en el cual declaró carecer de competencia legal para conocer de la controversia planteada y la declinó en favor de la junta mencionada. 2. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable precisada en el numeral 1 que antecede. 3. Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la promoción con número de registro interno 5764 (con anexo), mediante la cual la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, a través de su presidente, en cumplimiento a la sentencia de amparo, remitió fotocopia certificada del acuse del oficio presentado el veintiuno de marzo de dos mil veintidós, derivado del juicio laboral de origen; al respecto, se ordenó poner a la vista de la parte quejosa dicha constancia remitida en cumplimiento a la sentencia de amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho correspondiera, sin que la desahogara. Ahora, de la constancia remitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (promoción con registro interno 5764 con anexo), a la que se concede valor probatorio pleno en término de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su presidente, en autos del juicio laboral de origen, realizó lo siguiente: ? Adjuntó el acuse del oficio presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes de la Junta Especial Número 56 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cancún, Quintana Roo, del cual se advierte que remitió los autos originales del juicio laboral 575/2021 de su índice, en términos del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el citado juicio laboral, en el cual declaró carecer de competencia legal para conocer de la controversia planteada y la declinó en favor de la mencionada junta. En ese contexto, se tiene que dicha situación deja cumplimentada para todos los efectos la sentencia de amparo concedida, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa transgresión, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia de amparo fue cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, este juzgado de distrito tiene por cumplido el fallo protector. Con lo anterior, con apoyo en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo de referencia, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentido el cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos, ordenándose el archivo del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento vía oficio de la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite fotocopia certificada de lo siguiente: ? Acuse del oficio presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes de la Junta Especial Número 56 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cancún, Quintana Roo, con el que le remitió los autos originales del juicio laboral 575/2021 de su índice, en términos del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el citado juicio laboral, en el cual declaró carecer de competencia legal para conocer de la controversia planteada y la declinó en favor de la mencionada junta. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, póngase a la vista de la parte quejosa la promoción y anexo de cuenta, por el plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que en caso de estimarlo conveniente y dentro del término concedido, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente. Sustenta lo anterior, por no contravenir a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    En dos de marzo de dos mil veintidós, el secretario Carlos Arturo Sandoval Salvatori, certifica: que obra el informe justificado de la autoridad responsable, no hay pruebas por preparar y ninguna de las partes solicitó el diferimiento de la audiencia constitucional, en términos del artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Doy fe. El secretario En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con veinte minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, actuando con Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables, y da cuenta al Juez con la promoción con registro 3650; en consecuencia, el Juez acuerda: agréguese a los autos el pedimento firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, y visto su contenido, téngansele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo en la etapa correspondiente de esta audiencia. En cuanto a la solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que se pronuncie en este juicio, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse copias certificadas de la misma. En ese contexto, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, ofrecieron prueba documental; por su parte, el quejoso ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas aludidas, las que se desahogan por sí mismas dada su especial naturaleza, por lo que se ordena cerrar el período probatorio de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula el fiscal de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 65/2022-II, promovido por Luis Daniel Toriz Bravo, por propio derecho, contra una omisión de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitida el veintiocho siguiente por razón de turno a este juzgado de distrito, Luis Daniel Toriz Bravo, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra una omisión de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por considerarla violatoria de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: IV.- ACTO RECLAMADO: - - - Que se combate en el en el presente juicio de garantías, en contra de LA H. JUNTA ESPECIAL NUMERO DOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, EN ESTA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, sirva a señalar la fecha y numero de oficio, mediante el cual remitió los autos originales del Expediente Laboral Numero 575/2021, a la H. Junta Especial de la Federal Numero 56 de Conciliación y Arbitrajes (sic) en esta Ciudad, por razón de competencia. Ya que ha transcurrido en demasía más de 2 Meses. Causándome una violación a mis derechos al tener acceso a la justicia pronta y expedita como lo señala el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo y 1, 8, 14, 16, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, admisión de la demanda y audiencia constitucional. Recibida la demanda de amparo el veintiocho de enero de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, en auto de treinta y uno siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 65/2022-II; se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclama un acto de un tribunal en materia de trabajo que carece de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, consiste en: De la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, la omisión de remitir los autos del juicio laboral 575/2021 de su índice, a la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en términos del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el citado juicio laboral, en el cual declaró carecer de competencia legal para conocer de la controversia planteada y la declinó en favor de la junta mencionada en segundo término. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con la fotocopia certificada que remitió la junta responsable de manera adjunta al citado informe justificado, derivada del juicio laboral 575/2021 de su índice, a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la cual se advierte que mediante acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, la junta responsable declaró carecer de competencia legal para conocer de la controversia planteada y la declinó en favor de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por lo que ordenó remitir los autos del juicio de origen a la referida junta, sin que a la fecha en que se dicta esta sentencia obre constancia alguna de la cual se advierta que la junta responsable remitió los autos del juicio laboral de origen en términos del referido acuerdo. Por tanto, es cierto el acto reclamado en este juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni opera alguna que debiera estudiarse de oficio. Por tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que este juzgador no tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se cita a continuación: Época: Octava Época Registro: 205800 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. Además, la procedencia del amparo se apoya en la siguiente jurisprudencia: Décima Época Núm. de Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala CONTRADICCIÓN DE TESIS Fuente: Semanario Judicial de la Federación Materia(s): Jurisprudencia (Común, Laboral) Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En efecto, el juicio de amparo es procedente de conformidad con la jurisprudencia citada, ya que la abstención reclamada y precisada en el considerando tercero de esta sentencia, excede los cuarenta y cinco días naturales que se determinaron en la referida jurisprudencia como estándar mínimo objetivo, para considerar una dilación excesiva. En consecuencia, procede el estudio del concepto de violación vertido por la parte quejosa en la demanda de amparo. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa expresa como concepto de violación el que se encuentra contenido en el escrito inicial de demanda, que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Estudio del concepto de violación. El concepto de violación esgrimido por la parte quejosa es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, aunque suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por ser parte trabajadora en el juicio laboral de origen. En efecto, en el considerando tercero de esta sentencia, se precisó que la parte quejosa reclama en esta vía constitucional de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, la omisión de remitir los autos del juicio laboral 575/2021 de su índice, a la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en términos del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el citado juicio laboral, en el cual declaró carecer de competencia legal para conocer de la controversia planteada y la declinó en favor de la junta mencionada en segundo término. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en esencia, se advierte que la parte inconforme manifiesta que se conculca en su perjuicio el derecho fundamental de justicia pronta, consagrado en el artículo 17 constitucional, toda vez que la junta responsable ha sido omisa en remitir los autos del juicio laboral de origen en términos del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, infringiendo los plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, como se anticipó, es esencialmente fundado. Ciertamente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; así, las actuaciones que se ordenen practicar en un juicio de naturaleza laboral deben hacerse dentro de los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Conviene tener presente los artículos 685, párrafo primero, 701 y 735 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen lo siguiente: Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (...) Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta Ley. Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles. De los preceptos transcritos, en esencia, se advierte que el proceso laboral deberá ser público, gratuito, predominantemente oral, se iniciará a instancia de parte y las juntas deberán procurar la economía, sencillez y concentración del proceso. Asimismo, establecen que en el supuesto que la junta se declarar incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la junta o al tribunal que estime competente; y, cuando la ley no tenga fijado un término, éste será el de tres días hábiles. Luego, de la fotocopia certificada del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral de origen, a la que se otorgó valor probatorio pleno en el considerando cuarto de esta sentencia, se advierte que la junta responsable declaró carecer de competencia legal para conocer de la controversia planteada y la declinó en favor de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por lo que ordenó remitir los autos del juicio de origen a la referida junta, sin que a la fecha en que se dicta esta sentencia obre constancia alguna de la cual se advierta que la junta responsable remitió los autos del juicio laboral de origen en términos del referido acuerdo. Bajo ese contexto, es evidente que ha transcurrido en exceso el término de tres días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 701 en relación con el diverso numeral 735, ambos de la Ley Federal del Trabajo, para remitir el expediente a la junta competente. Tal situación contraviene lo establecido en los artículos 685 de la Ley Federal de Trabajo, pues desde el acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, la junta responsable ordenó remitir los autos del juicio de origen a la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cancún, Quintana Roo, lo cual no ha ocurrido a la fecha en que se dicta esta sentencia; ergo, dicha abstención impide la substanciación del juicio laboral planteado por la parte quejosa. Lo anterior, constituye un retraso injustificado del procedimiento laboral, contraviniendo así el artículo 17 constitucional que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con la omisión de la junta responsable se impide la debida continuación de dicho juicio, y aun cuando se siguiera con la secuela procesal, la transgresión al derecho fundamental no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En mérito de lo expuesto, procede conceder al amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Daniel Toriz Bravo, contra la omisión que reclama de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisada en el considerando tercero de esta sentencia. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional concedida a Luis Daniel Toriz Bravo, es para efecto que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, de inmediato remita los autos del juicio laboral 575/2021 de su índice, a la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en términos del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el citado juicio laboral, en el cual declaró carecer de competencia legal para conocer de la controversia planteada y la declinó en favor de la junta mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Luis Daniel Toriz Bravo, contra la omisión que reclama de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisada en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. El amparo concedido a Luis Daniel Toriz Bravo, es para efecto que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, de inmediato remita los autos del juicio laboral 575/2021 de su índice, a la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en términos del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el citado juicio laboral, en el cual declaró carecer de competencia legal para conocer de la controversia planteada y la declinó en favor de la junta mencionada en segundo término. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · 12,649 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano