Luis Daniel Santiago Olaeta

Expediente 1407/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1407/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
16/12/2015

Partes del expediente

  • Luis Daniel Santiago Olaeta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA V B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán, Oaxaca, las copias certificadas de la causa penal 40/2014 que anexo a su informe justificado, con lo que se ordenó formar, por separado, el anexo I. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, requiérase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán, Oaxaca, y Juez Penal de Tlacolula, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, devuelvan en el estado en que se encuentren los despachos 288/2015 y 289/2015 respectivamente; apercibidos que de no hacerlo, se le impondrá al omiso una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma.

  2. Principal

    MESA V B Agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán, Oaxaca, por el que remite las constancias solicitadas en proveído de tres de noviembre del año en curso, deducidas de la causa penal 40/2014 de su índice; con apoyo en el precepto 119 de la ley de la materia, se admiten dichas documentales, entre las que se encuentran el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil quince, mediante el cual, en lo que interesa, tiene por recibido el oficio 4268 del Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto penal 337/2015, deducido del proceso 40/2014, por el que notificó al procesado Luis Daniel Santiago Olaeta el auto de formal prisión dictado por aquél juez el dos de julio de dos mil quince; así como la notificación al aludido procesado, aquí quejoso, del referido término constitucional, efectuada el dos de julio del presente año; mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. En tal virtud, toda vez que en este asunto el quejoso reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán, Oaxaca, el auto de formal prisión dictado en su contra el dos de julio de dos mil quince, en la causa penal 40/2014; es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora bien, es importante mencionar que la Ley de Amparo abrogada, establecía en su artículo 22, fracción II, lo siguiente: Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales.- - - En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. (.). Conforme a la legislación abrogada, era posible promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, cuando se tratara de ataques a la libertad personal. Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador determinó, al establecer el plazo de impugnación de actos que impliquen ataques a la libertad personal, que éstos tengan lugar fuera de procedimiento, como condición básica y necesaria para que el amparo en su contra pueda promoverse en cualquier tiempo; por tanto, una interpretación en sentido negativo implica que la excepción en el plazo general de quince días aplica únicamente en el supuesto de que el acto reclamado se haya dictado fuera de un procedimiento porque de lo contrario debe regir la regla general (quince días). Lo anterior significa que si se afecta a la libertad personal de un gobernado dentro de un procedimiento (sea este penal, civil, laboral o administrativo), el término para promover la demanda de amparo será de quince días, que se computará desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama. Luego, aunque la actual legislación de amparo mantiene entre los supuestos de excepción al plazo genérico de quince días, a los actos que afecten la libertad personal; sin embargo, se advierte un cambio sustancial, en tanto que exige como condición básica y necesaria que tales actos privativos de libertad se hayan emitido fuera de procedimiento. Sobre esa base, al interpretar el artículo 17 de la actual Ley de Amparo, en sentido contrario se tiene que todos los actos emitidos dentro de un procedimiento (civil, penal, laboral, administrativo, etcétera), están sujetos al término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, a pesar de que tiendan a limitar la libertad deambulatoria del individuo o su acceso a determinados beneficios, de acuerdo a la naturaleza de su condición particular frente a la norma. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso el dos de julio de dos mil quince, en la causa penal 40/2014, esto es, en un procedimiento penal; por tanto, es evidente que la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual Ley de Amparo. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. En el caso, de las constancias que remitió la autoridad responsable en cumplimiento al requerimiento ordenado por este juzgado en auto de tres de noviembre de dos mil quince (fojas 60 a 69), mismas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso Luis Daniel Santiago Olaeta, el dos de julio de dos mil quince quedó notificado del auto de término constitucional reclamado; de ahí que resulta evidente que a partir de que surtió efectos la citada notificación, estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo. Por tanto, el plazo para promover la demanda de amparo, en todo caso, transcurrió del tres al veintires de julio de dos mil quince, sin contar los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve del mismo mes, por ser sábados y domingos, días inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Ahora, si bien de constancias de autos se advierte que el referido auto de formal prisión fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 843/2014, promovido por el mismo quejoso; lo cierto es que aun tomando en cuenta la notificación del auto por el que se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que dio la juez responsable, el plazo de quince días que tenía tal quejoso para promover la demanda de amparo feneció de igual modo; ya que de la certificación asentada en auto de veintisiete de agosto de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo de que se trata, cuyo cuaderno de antecedentes se tiene a la vista, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que que los autos originales fueron remitidos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, para la substanciación del recurso de inconformidad interpuesto por tal peticionario del amparo, se advierte que la última notificación de dicho auto fue practicada el treinta y uno de julio de dos mil quince, por lo que tomando en cuenta esta fecha, el referido plazo transcurrió del cuatro al veinticuatro de agosto de dos mil quince. En tales condiciones, como la demanda de amparo fue presentada hasta el veintitrés de septiembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, siendo turnada el mismo día a este Juzgado, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que contaba el quejoso Luis Daniel Santiago Olaeta, para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad del quejoso en este medio de control, si previamente consintió. Ahora, no pasa inadvertido que el quejoso en el ocurso de cinco de octubre de dos mil quince (foja 20), haya señalado que tuvo conocimiento del auto de formal prisión que reclama por conducto de su autorizado el nueve o diez de septiembre del año en curso, pues señaló que en esa fecha le fue explicado que mediante lista de acuerdos de los Juzgados de Distrito publicada el dos de septiembre de ese mes y año, dieron por cumplida la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 843/2014, del índice de este juzgado; fecha esta última, en la que efectivamente fue notificado al quejoso Luis Daniel Santiago Olaeta, del auto que tuvo por cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo de que se trata, como se advierte del cuaderno de antecedentes del referido juicio. Sin embargo, no es el caso de tomar en cuenta la referida fecha para computar el plazo que se tiene para promover el juicio de amparo, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, pues como lo señaló el ministro Cossío Díaz, en el criterio que sostuvo en la sesión de veintinueve de octubre del año en curso, relativa a la contradicción de tesis 45/2015, suscitada entre el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio relativo a que: "De la recta interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, se sigue que el plazo para promover la demanda de amparo, cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concede la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que al justiciable se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para la presentación de la demanda respectiva". Por las relacionadas consideraciones, es evidente que se actualizan las causas de improcedencia analizadas; por lo que procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio respecto de los aludidos actos reclamados al Juez y autoridades ejecutoras responsables, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues no es necesario esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional, ya que con ningún medio de prueba se desvirtuaría la improcedencia del juicio y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 27). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA V B Agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán, Oaxaca, por el que remite las constancias solicitadas en proveído de tres de noviembre del año en curso, deducidas de la causa penal 40/2014 de su índice; con apoyo en el precepto 119 de la ley de la materia, se admiten dichas documentales, entre las que se encuentran el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil quince, mediante el cual, en lo que interesa, tiene por recibido el oficio 4268 del Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto penal 337/2015, deducido del proceso 40/2014, por el que notificó al procesado Luis Daniel Santiago Olaeta el auto de formal prisión dictado por aquél juez el dos de julio de dos mil quince; así como la notificación al aludido procesado, aquí quejoso, del referido término constitucional, efectuada el dos de julio del presente año; mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. En tal virtud, toda vez que en este asunto el quejoso reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán, Oaxaca, el auto de formal prisión dictado en su contra el dos de julio de dos mil quince, en la causa penal 40/2014; es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora bien, es importante mencionar que la Ley de Amparo abrogada, establecía en su artículo 22, fracción II, lo siguiente: Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales.- - - En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. (.). Conforme a la legislación abrogada, era posible promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, cuando se tratara de ataques a la libertad personal. Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador determinó, al establecer el plazo de impugnación de actos que impliquen ataques a la libertad personal, que éstos tengan lugar fuera de procedimiento, como condición básica y necesaria para que el amparo en su contra pueda promoverse en cualquier tiempo; por tanto, una interpretación en sentido negativo implica que la excepción en el plazo general de quince días aplica únicamente en el supuesto de que el acto reclamado se haya dictado fuera de un procedimiento porque de lo contrario debe regir la regla general (quince días). Lo anterior significa que si se afecta a la libertad personal de un gobernado dentro de un procedimiento (sea este penal, civil, laboral o administrativo), el término para promover la demanda de amparo será de quince días, que se computará desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama. Luego, aunque la actual legislación de amparo mantiene entre los supuestos de excepción al plazo genérico de quince días, a los actos que afecten la libertad personal; sin embargo, se advierte un cambio sustancial, en tanto que exige como condición básica y necesaria que tales actos privativos de libertad se hayan emitido fuera de procedimiento. Sobre esa base, al interpretar el artículo 17 de la actual Ley de Amparo, en sentido contrario se tiene que todos los actos emitidos dentro de un procedimiento (civil, penal, laboral, administrativo, etcétera), están sujetos al término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, a pesar de que tiendan a limitar la libertad deambulatoria del individuo o su acceso a determinados beneficios, de acuerdo a la naturaleza de su condición particular frente a la norma. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso el dos de julio de dos mil quince, en la causa penal 40/2014, esto es, en un procedimiento penal; por tanto, es evidente que la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual Ley de Amparo. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. En el caso, de las constancias que remitió la autoridad responsable en cumplimiento al requerimiento ordenado por este juzgado en auto de tres de noviembre de dos mil quince (fojas 60 a 69), mismas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso Luis Daniel Santiago Olaeta, el dos de julio de dos mil quince quedó notificado del auto de término constitucional reclamado; de ahí que resulta evidente que a partir de que surtió efectos la citada notificación, estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo. Por tanto, el plazo para promover la demanda de amparo, en todo caso, transcurrió del tres al veintires de julio de dos mil quince, sin contar los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve del mismo mes, por ser sábados y domingos, días inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Ahora, si bien de constancias de autos se advierte que el referido auto de formal prisión fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 843/2014, promovido por el mismo quejoso; lo cierto es que aun tomando en cuenta la notificación del auto por el que se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que dio la juez responsable, el plazo de quince días que tenía tal quejoso para promover la demanda de amparo feneció de igual modo; ya que de la certificación asentada en auto de veintisiete de agosto de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo de que se trata, cuyo cuaderno de antecedentes se tiene a la vista, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que que los autos originales fueron remitidos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, para la substanciación del recurso de inconformidad interpuesto por tal peticionario del amparo, se advierte que la última notificación de dicho auto fue practicada el treinta y uno de julio de dos mil quince, por lo que tomando en cuenta esta fecha, el referido plazo transcurrió del cuatro al veinticuatro de agosto de dos mil quince. En tales condiciones, como la demanda de amparo fue presentada hasta el veintitrés de septiembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, siendo turnada el mismo día a este Juzgado, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que contaba el quejoso Luis Daniel Santiago Olaeta, para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad del quejoso en este medio de control, si previamente consintió. Ahora, no pasa inadvertido que el quejoso en el ocurso de cinco de octubre de dos mil quince (foja 20), haya señalado que tuvo conocimiento del auto de formal prisión que reclama por conducto de su autorizado el nueve o diez de septiembre del año en curso, pues señaló que en esa fecha le fue explicado que mediante lista de acuerdos de los Juzgados de Distrito publicada el dos de septiembre de ese mes y año, dieron por cumplida la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 843/2014, del índice de este juzgado; fecha esta última, en la que efectivamente fue notificado al quejoso Luis Daniel Santiago Olaeta, del auto que tuvo por cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo de que se trata, como se advierte del cuaderno de antecedentes del referido juicio. Sin embargo, no es el caso de tomar en cuenta la referida fecha para computar el plazo que se tiene para promover el juicio de amparo, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, pues como lo señaló el ministro Cossío Díaz, en el criterio que sostuvo en la sesión de veintinueve de octubre del año en curso, relativa a la contradicción de tesis 45/2015, suscitada entre el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio relativo a que: "De la recta interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, se sigue que el plazo para promover la demanda de amparo, cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concede la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que al justiciable se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para la presentación de la demanda respectiva". Por las relacionadas consideraciones, es evidente que se actualizan las causas de improcedencia analizadas; por lo que procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio respecto de los aludidos actos reclamados al Juez y autoridades ejecutoras responsables, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues no es necesario esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional, ya que con ningún medio de prueba se desvirtuaría la improcedencia del juicio y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 27). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA V B Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a los terceros interesados Elena Josefina Cortés Olivera, José Luis García Pérez y Nancy Marisol García Morales, para que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en este juicio de amparo, sin que exista constancia en autos ni en la oficialía de partes de este Juzgado que lo hubiesen hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de noviembre de dos mil quince, y se ordena que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les hagan por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese el escrito del quejoso Luis Daniel Santiago Olaeta, por el que, en atención al requerimiento formulado en proveído de nueve de noviembre de dos mil quince, manifiesta que no cuenta con información sobre el domicilio de los terceros interesados Catalina Vásquez González, Hugo Alberto Mijangos Lucas y Rocío García; que en virtud de que el Ministerio Público adscrito al Juzgado de Zimatlán, Oaxaca, es el representante legal de dichos terceros, considera que se les debe notificar por su conducto, y manifiesta que no cuenta con recursos necesarios para la publicación de edictos en virtud de encontrarse preso. Al respecto, previo a realizar el emplazamiento de los terceros interesados Catalina Vásquez González, Hugo Alberto Mijangos Lucas y Rocío García, por medio de edictos, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a efecto de investigar su domicilio, gírense oficios al Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Oaxaca; Titular de la Comisión Federal de Electricidad; Gerente de Teléfonos de México; Vocal del Instituto Federal Electoral; Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, residentes en esta ciudad; Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, para que, en el plazo de tres días, siguiente a su legal notificación, informen a este Juzgado si en los archivos de las oficinas a su cargo, se encuentra registrado algún domicilio de Catalina Vásquez González, Hugo Alberto Mijangos Lucas y Rocío García, a efecto de estar en condiciones de ordenar su emplazamiento en este asunto. Para lo anterior, infórmese a las autoridades requeridas que las citadas personas tuvieron su domicilio respectivamente en calle Magnolia, edificio dieciocho, departamento cuatrocientos uno, fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; calle Independencia número veinte, colonia Oriental, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y Privada de Niño Artillero sin número, colonia El Polvorín, San Antonio de la Cal, Oaxaca (fojas 81, 85 y 88 del anexo I). Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tuvieren para ello, se les impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma. Por tanto, dígase al quejoso que no ha lugar a ordenar el emplazamiento de tales terceros interesados por conducto del Agente del Ministerio Público de Zimatlán, Oaxaca, de ahí que deberá estarse a la anterior determinación.

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