Luis Daniel Montero Irigoyen

Expediente 421/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
421/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Luis Daniel Montero Irigoyen
  • Jueza Segundo de Primera Instancia de Coatepec, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, por cuanto hace a la documental en original que obra en autos exhibida por la parte quejosa, déjese a su disposición en la Secretaría de este juzgado, previa identificación y firma que por su recepción otorgue para debida constancia, con el apercibimiento que de no acudir a recogerla en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado, podrá ser destruida junto con el expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo aplicado, en el entendido que para acudir a este recinto judicial deberá agendar una cita en el programa "Agenda OJ", acorde con lo establecido en el artículo 3 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" y su reforma contenida en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, debiendo exhibir el día y hora que corresponda su código "QR" para el ingreso a las instalaciones. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, con motivo del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, Veracruz; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.) y registrarlo en el libro de gobierno, con el número de juicio 421/2021 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, previo análisis de la demanda, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento legal, interpretado a contrario sensu, como se expone a continuación: HIPOTÉSIS NORMATIVA En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V interpretado a contrario sensu y 172 fracción III del propio ordenamiento legal, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley; El primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio, procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Adicionalmente, del último artículo transcrito se infiere un listado de violaciones procesales que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo, lo que significa que si no son factor en la resolución final contra la que proceda el amparo, no se tendrán como violaciones al procedimiento aun cuando se encuentren dentro de las hipótesis que enmarca el precepto en cuestión, puesto que es necesario que tengan injerencia en el resultado del juicio, para estar en aptitud de reclamarlas. Entonces, conforme a los preceptos invocados, si el acto reclamado no afecta en forma directa e inmediata derechos sustantivos, los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales, y aun cuando no se obtenga una sentencia favorable, queda expedito el derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. HECHOS Del análisis integral de la demanda de amparo y anexo que la acompañan, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución dictada el siete de abril de dos mil veintiuno, en los autos del juicio ejecutivo mercantil ************ del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, Veracruz, mediante la cual se resuelven diversos recursos de revocación, entre ellos, los siguientes: 1. El interpuesto por ************, en contra del auto de trece de noviembre de dos mil veinte, el cual en la resolución reclamada, se declaró procedente y se ordenó su revocación, solo en lo relativo a la admisión de la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa, como parte demandada, y como consecuencia, se decretó la no admisión de la prueba pericial grafoscópica, ofrecida en el escrito de contestación a la demanda; y, 2. El diverso recurso de revocación que hizo valer el quejoso en contra del acuerdo dictado en audiencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, en donde el Juez responsable al resolverlo confirmó el auto que declaró desierta la prueba testimonial a cargo de ************ endosante de la parte actora. CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto se concluye respetuosamente que el acto aquí reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino únicamente derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa, al dictarse sentencia en el juicio ejecutivo mercantil ************ del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, Veracruz, obtiene una resolución favorable a sus intereses, y en caso que la violación trascienda, podrá impugnarla conjuntamente al promover amparo directo contra dicha resolución, en términos de los artículos 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo. En efecto, el acto que combate la parte quejosa en esta instancia constituye meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, en virtud que no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque el hecho que se le hayan desechado las pruebas antes referidas, no implica necesariamente que vaya a obtener una resolución desfavorable en el juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra; y la afectación procesal que en todo caso llegue a sufrir, puede subsanarse con la obtención de un sentencia favorable en el expediente de origen; en caso contrario, tiene la posibilidad de impugnar tal violación en vía de amparo directo junto con la sentencia, lo que en modo alguno le privaría de su derecho a la defensa. De ahí que, en el caso, no se actualizan las condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, pues el derecho que considera vulnerado la parte quejosa no reviste la categoría de sustantivo, por no constituir el acto que reclama una afectación actual, sino que depende del hecho que llegue o no a trascender al desenlace del juicio ejecutivo mercantil de origen. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes: Registro: 2006338 ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Registro: 184249 VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE." Registro digital: 820195 PRUEBAS, ADMISION DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACION PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio. Sin que pase inadvertida la manifestación expresa de la parte quejosa en el sentido que el juicio de amparo indirecto es procedente en razón que existen diversos criterios jurisprudenciales que prevén que en materia mercantil no existe el reenvío, por lo que ello conlleva a que aun interponiendo amparo directo contra la sentencia definitiva que eventualmente se dicte en el juicio de origen, no podría generarse la "reposición del procedimiento" en virtud de las violaciones procedimentales que aduce. Sin embargo, si bien la Primera Sala de la Suprema de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 1a./J. 28/2008 de rubro VIOLACIONES PROCESALES. NO ES PROCEDENTE ANALIZARLAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, EN MATERIA MERCANTIL" estableció que resulta improcedente analizar en la apelación cuestiones ajenas a su objeto, como las violaciones procesales acaecidas durante el curso de la primera instancia y, además que, ante la inexistencia del reenvío en el trámite de la apelación en las materias civil y mercantil, lo procedente es que el tribunal de segunda instancia examine y resuelva con plenitud de jurisdicción los errores u omisiones cometidos en la sentencia apelada, lo cierto es que, el juicio de amparo directo es un medio extraordinario de defensa, que no constituye una nueva instancia de impugnación de las sentencias y resoluciones emitidas por los tribunales ordinarios; sino que corresponde a una diversa vía por medio de la cual es posible analizar si aquéllas se ajustaron al orden constitucional; esto es, el trámite del juicio de amparo directo no es similar al recurso de apelación en segunda instancia (de ser procedente) y por tanto, no le son aplicables las reglas de dicho medio de impugnación, como la inexistencia del reenvió en las sentencias que alude. Por ello, el amparo directo se erige como un medio de defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, en tanto que permite su amparo contra actos de autoridad arbitrarios o dictados sin sustento legal; de ahí que al no constituirse como un tribunal de segunda instancia, puede en ejercicio de ese examen de constitucionalidad analizar la existencia de violaciones procesales acaecidas durante el procedimiento de origen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 174 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 14 y 16 del "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", se autoriza a ************ con su clave de usuario "************", el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de CONSULTA DEL EXPEDIENTE Y RECIBIR NOTIFICACIONES POR ESA VÍA; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta, de conformidad con lo estipulado en el diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitar a la referida usuaria, se instruye a la Analista Jurídico Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción que por turno corresponda, para que, en lo subsecuente, dentro del plazo legal, impriman, digitalicen y agreguen tanto al expediente impreso, como al electrónico las constancias de notificación que se generen con motivo de las notificaciones personales que se practiquen durante la tramitación del presente juicio. En mérito de lo anterior, no ha lugar a tener como domicilio de la parte quejosa el que señala ubicado en esta ciudad, en razón de lo acordado en párrafos que anteceden. CORREO ELECTRÓNICO Ahora bien, respecto al correo electrónico que proporciona a efecto de recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar, en virtud que no está contemplado en la Ley de Amparo, como medio para realizar las notificaciones que deriven del presente juicio; sin que ello implique dejarlo en estado de indefensión en virtud que señaló la vía electrónica proporcionando nombre de usuario para tal efecto. No obstante a lo anterior, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, se toma en cuenta dicho correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS Por otra parte, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio, previa constancia que al respecto se deje en autos, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe judicial del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, con motivo del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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