Luis Daniel Martínez Barbosa
Expediente 397/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Daniel Martínez Barbosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
agréguese el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja 57/2021 de su índice administrativo... Acúsese recibo de estilo y comuníquese a las partes que la superioridad al resolver el medio de impugnación interpuesto, determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años.-
- Principal
Visto lo de cuenta, intégrese al sumario el escrito signado por Juan Carlos Hernández Villavicencio, defensor particular del quejoso Luis Daniel Martínez Barbosa; en atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de queja que hace valer contra el auto de cuatro de junio del actual, por el cual se desechó su demanda de amparo contra actos del Juez de Control de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, sede de Irapuato. Por tanto, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Decimosexto Circuito, para la sustanciación del citado medio de impugnación. Comuníquese a la superioridad en vía de informe que sí es cierto el acto reclamado, pues a través del auto recurrido se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu; sin embargo, se sostiene su legalidad al tenor de las razones y fundamentos ahí expuestos. Para justificar lo anterior, se remite copia certificada de todo lo actuado en el expediente 397/2021-llI, a efecto de que el tribunal de alzada esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Lo anterior, en virtud de que en este caso resulta innecesario el señalamiento de constancias que integran el cuaderno de antecedentes como lo ordena el artículo 101, primer párrafo de la ley de la materia, dada la naturaleza de la resolución impugnada.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el escrito firmado por Juan Carlos Hernández Villavicencio, defensor particular del quejoso Luis Daniel Martínez Barbosa, mediante el cual cumple con la prevención formulada en auto de veinticuatro de mayo pasado; por tanto, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, de acuerdo con la constancia que remitió la encargada de sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, sede Irapuato, relativa a la certificación hecha por la Jueza de Control de dicho juzgado, se tiene que el quejoso Luis Daniel Martínez Barbosa es procesado dentro de la causa penal de origen, por la posible comisión del delito de homicidio en agravio de Juan Antonio Trujillo González, así como por el diverso de homicidio en grado de tentativa en ofensa de Erick Luis Zavala Ramírez. Las manifestaciones realizadas por el promovente en su demanda y escrito aclaratorio, permiten concluir que el acto reclamado consiste en la resolución emitida el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por el Juez de Control de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la sede de Irapuato, en la causa penal 1P1620-377, a través de la cual, el juzgador responsable suspendió la audiencia intermedia a fin de que fuera notificada la víctima indirecta Magdalena González García (madre del de cujus, Juan Antonio Trujillo González) quien, según el dicho del quejoso, sustituyó en tal carácter a Ángel Erwin Trujillo González, hermano del finado. El quejoso refiere que en la carpeta de investigación se tuvo como víctima indirecta a este último, mientras que en el escrito de acusación, el agente del Ministerio Público tuvo como víctima a la madre del ofendido. De manera que el asesor jurídico no realizó la sustitución respectiva ante el juez de control, y ello se hizo hasta la etapa intermedia. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no son de imposible reparación. Ello es así, dado que las resoluciones como las reclamadas no revisten el carácter de actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues las consecuencias de tales actos, no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dichas resoluciones sólo tienen consecuencias o producen efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el sólo hecho de que quien se dice afectado obtenga sentencia favorable. En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. En consecuencia, el acto destacado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues en todo caso sólo produce una afectación a derechos adjetivos que puede remediarse en el fallo definitivo, que en su momento se dicte por el juez penal. No se soslaya que, por el tipo de delito que se imputa al quejoso, éste pudiera encontrarse en prisión preventiva; sin embargo, la determinación de la autoridad responsable no afecta de manera directa la libertad personal del inculpado, dado que la restricción a ese derecho se encuentra dentro de los márgenes del proceso penal, por virtud de la medida cautelar. Entonces, la determinación reclamada sólo produce efectos de naturaleza adjetiva o procesal, mas no afectan directa e inmediatamente los derechos sustantivos del solicitante del amparo. En consecuencia, no es procedente la vía de amparo indirecto contra la resolución que reclama la parte quejosa, pues no constituye acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, sólo implicarían la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, que podrían ser reparados de obtener sentencia favorable, en los plazos que establece la legislación. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.
- Principal
CON FUMDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 4 DE JUNIO DE 2021, QUE A LA LETRA DICE "...Agréguese para que obre como corresponda el escrito firmado por Juan Carlos Hernández Villavicencio, defensor particular del quejoso Luis Daniel Martínez Barbosa, mediante el cual cumple con la prevención formulada en auto de veinticuatro de mayo pasado; por tanto, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, de acuerdo con la constancia que remitió la encargada de sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, sede Irapuato, relativa a la certificación hecha por la Jueza de Control de dicho juzgado, se tiene que el quejoso Luis Daniel Martínez Barbosa es procesado dentro de la causa penal de origen, por la posible comisión del delito de homicidio en agravio de Juan Antonio Trujillo González, así como por el diverso de homicidio en grado de tentativa en ofensa de Erick Luis Zavala Ramírez. Las manifestaciones realizadas por el promovente en su demanda y escrito aclaratorio, permiten concluir que el acto reclamado consiste en la resolución emitida el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por el Juez de Control de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la sede de Irapuato, en la causa penal 1P1620-377, a través de la cual, el juzgador responsable suspendió la audiencia intermedia a fin de que fuera notificada la víctima indirecta Magdalena González García (madre del de cujus, Juan Antonio Trujillo González) quien, según el dicho del quejoso, sustituyó en tal carácter a Ángel Erwin Trujillo González, hermano del finado. El quejoso refiere que en la carpeta de investigación se tuvo como víctima indirecta a este último, mientras que en el escrito de acusación, el agente del Ministerio Público tuvo como víctima a la madre del ofendido. De manera que el asesor jurídico no realizó la sustitución respectiva ante el juez de control, y ello se hizo hasta la etapa intermedia. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no son de imposible reparación. Ello es así, dado que las resoluciones como las reclamadas no revisten el carácter de actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues las consecuencias de tales actos, no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dichas resoluciones sólo tienen consecuencias o producen efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el sólo hecho de que quien se dice afectado obtenga sentencia favorable. En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. En consecuencia, el acto destacado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues en todo caso sólo produce una afectación a derechos adjetivos que puede remediarse en el fallo definitivo, que en su momento se dicte por el juez penal. No se soslaya que, por el tipo de delito que se imputa al quejoso, éste pudiera encontrarse en prisión preventiva; sin embargo, la determinación de la autoridad responsable no afecta de manera directa la libertad personal del inculpado, dado que la restricción a ese derecho se encuentra dentro de los márgenes del proceso penal, por virtud de la medida cautelar. Entonces, la determinación reclamada sólo produce efectos de naturaleza adjetiva o procesal, mas no afectan directa e inmediatamente los derechos sustantivos del solicitante del amparo. En consecuencia, no es procedente la vía de amparo indirecto contra la resolución que reclama la parte quejosa, pues no constituye acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, sólo implicarían la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, que podrían ser reparados de obtener sentencia favorable, en los plazos que establece la legislación. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata..."
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