Luis Daniel Martinez Barbosa
Expediente 612/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Daniel Martinez Barbosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
... Agréguese el escrito signado por ***, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita copia certificada de diversas constancias relativas al juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, resulta inatendible dicha petición, en razón de que es autorizada de la parte quejosa en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, por lo que carece de facultades para promover en representación de su designante, ya que esa atribución se encuentra reservada para los directos interesados o sus autorizados en términos amplios del citado numeral.
- Principal
...Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la legislación en comento, contra el proveído de trece de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, en virtud que la sentencia no les irroga perjuicio alguno. "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal: Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Documentos: La parte quejosa allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, y 21, párrafo primero, incisos a) y c), y, párrafo segundo, del Acuerdo en cita. Por lo que hace al documento exhibido en el presente juicio catalogado como no original, su devolución se autoriza desde este momento. En el entendido que deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se les informa que horario de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. En el entendido que de no hacerlo, en ambos casos, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integra de Seguimiento a Expedientes (SISE). Se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional.
- Incidental
...CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe previo, aceptó el acto que se le atribuye; razón suficiente para tenerlo como cierto. Por tanto, se procede a pronunciarse sobre la suspensión solicitada. QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados (materia para la suspensión). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicitó que se conceda la medida cautelar del acto reclamado, consistente en la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinte, que resolvió otorgar la prórroga del cierre de investigación, hasta el ocho de noviembre del año en curso, en favor del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia de Homicidio, en autos de la causa penal*** Sobre esa base, se considera que el acto en estudio resulta paralizable, en virtud de que tiene efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, el seguimiento de la causa penal de origen en sus etapas procesales, que incluso, podría dejar sin materia el presente asunto, lo que puede ocasionar al quejoso la continua molestia o privación de sus derechos, o bien, la privación de su libertad por la tramitación del proceso penal. SEXTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Cuando se trate de actos privativos de libertad o que la afecten de manera indirecta, como acontece en el caso, la suspensión se decretará cuando de una ponderación entre el perjuicio al interés social y la contravención a las disposiciones de orden público frente a los daños y perjuicios que se pudieran causar al quejoso con la ejecución del acto, los últimos deban prevalecer. En cuanto a la suspensión total del procedimiento, debe decirse que no se satisface el requisito que establece el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la medida cautelar. Se afirma lo anterior, en virtud que el numeral en cita establece como requisito para el efecto de otorgar la suspensión definitiva, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado; al contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. En esas condiciones, de concederse la medida cautelar en los términos solicitados conllevaría a la paralización injustificada de una causa penal, como herramienta legal con que cuenta el Estado para la persecución e investigación de los delitos, así como que se castigue a quienes resulten responsables, pues en el caso, se dispone de los procesos penales para ese fin. Por tanto, de ordenarse su interrupción, se afectarían disposiciones de orden público, inmersas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es contrario al contenido del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. De ahí que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada del acto reclamado por lo que hace a los efectos en estudio, en virtud de que la consecución de los procesos penales salvaguarda en mayor medida el interés social. Dicho en otra palabras, de concederse la suspensión solicitada ocasionaría la paralización de la investigación por parte de las autoridades competentes, cuya función de perseguir y sancionar los delitos se vería menoscabada, en tanto no se analice la constitucionalidad del acto reclamado; lo que atenta el interés social, pues la colectividad se encuentra interesada en que se realice la debida investigación y persecución de los delitos; de ahí que, no sea factible suspender el acto como lo propone la parte quejosa. En consecuencia, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 y 147, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sentido, procede negar la suspensión definitiva solicitada. Sobre el particular, no pasa inadvertido lo expuesto por la parte quejosa en sus alegatos; sin embargo, debe prevalecer lo expuesto en párrafos precedentes. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a *** la suspensión definitiva de los actos reclamados, por las razones aludidas en el considerando sexto de la presente interlocutoria...
- Principal
...Téngase por recibido el escrito signado por *** particular del quejoso, a través del cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, hechos supervenientes relacionados con el presente juicio de amparo y al efecto señala: ".Que vengo hacer del conocimiento de este H. Tribunal los hechos supervenientes que tienden a cambiar la situación jurídica en diversa etapa del proceso penal *** toda vez que la tercero interesada ha solicitado una audiencia para pedir prórroga al juez de control de la causa penal *** en tal sentido ese acto sería causa de sobreseimiento si se consumara". Asimismo, acompaña a su escrito, dos impresiones de notificación electrónica, de las que se desprende que se señaló nueva fecha para celebración de la audiencia de prórroga, dentro de la aludida causa penal. Ante esas manifestaciones, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se provee: Inicialmente, conviene precisar que el veinte de octubre pasado, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Juez de Control de la Segunda Región del Estado, actuando en la sede Irapuato, así como el disco en formato DVD que remitió en su apoyo, mismo que contiene la audiencia de nueve de septiembre de dos mil veinte, dentro en la causa penal *** de su índice, la cual constituye el acto reclamado en el presente sumario. Registro audiovisual que merece eficacia probatoria plena, como documental, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, de la revisión de dicho archivo digital, se desprende que el presente juicio de amparo es improcedente, de forma manifiesta e indudable, lo que impone necesariamente sobreseer en el juicio fuera de audiencia, pues como se evidenciará, se actualiza la causa prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la ley de amparo. Se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Entonces, a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Pues bien, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable que contempla el artículo 61, fracción XVI, con relación al artículo 77, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVI. Contra actos consumados de modo irreparable" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Conforme al primero de los numerales transcritos, es improcedente el juicio de amparo cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable. Ahora bien, la interpretación armónica de ambos preceptos, lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, lo cual conduce a improcedente la acción de amparo, dado que para el caso que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla, es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Lo anterior, se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación del derecho fundamental, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven, y los efectos del acto reclamado cuando se trata de un acto negativo con efectos positivos, es obligar a la autoridad a actuar en determinada forma, a fin de restituir al gobernado en el goce de sus derechos, de los que fue privado por una negativa u omisión de la autoridad; de esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el indicado artículo 77 del propio cuerpo de normas, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, si el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable, es decir, se han producido todos sus efectos, por lo que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado, el juicio de amparo que se promueva en su contra será improcedente toda vez que la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos. Una vez plasmado lo anterior, tenemos que en el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinte, que resolvió otorgar la prórroga del cierre de investigación complementaria, hasta el ocho de noviembre del año en curso, en favor del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia de Homicidio, en autos de la causa penal *** Sin embargo, nos encontramos ante un acto consumado de manera irreparable, toda vez que, precisamente, el acto aquí reclamado feneció el ocho de noviembre pasado, por ende, resulta palmario que la mencionada determinación jurídicamente produjo todos sus efectos y consecuencias. Esto es, física y materialmente la parte quejosa ya no puede ser restituida en sus derechos que consideró violados, toda vez que, en el supuesto de que resultara inconstitucional la prórroga del lapso para el cierre de investigación, hasta el ocho de noviembre del año en curso, en favor del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia de Homicidio, en autos de la causa penal *** lo cierto es que el presente juicio de amparo ya no tendría el alcance de impedir que se llevara a cabo, precisamente, porque el acto reclamado ya dejó de surtir sus efectos. Sirve de apoyo, el criterio del tenor siguiente: Época: Novena Época Registro: 197245 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 90/97 Página: 9 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Amparo en revisión 1717/96. Texlamex, S.A. de C.V. 19 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. Amparo en revisión 2339/96. Filtros Mann, S.A de C.V. 19 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Amparo en revisión 2512/96. Popul-Auto de Mazatlán, S.A. de C.V. 19 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. Amparo en revisión 356/97. Televimex, S.A. de C.V. 19 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. < Amparo en revisión 2871/96. Grupo Televisa, S.A. de C.V. 19 de junio de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de noviembre en curso, aprobó, con el número 90/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y siete. No pasa inadvertido para quien resuelve, las manifestaciones del defensor particular del quejoso, en las que señala que, ante petición de la parte tercero interesada, la juez de control señaló nueva fecha para celebración de la audiencia de prórroga; sin embargo, los motivos que dieron origen a dicha situación, derivan de una petición diversa a la que motivó el acto reclamado (audiencia de solicitud de prórroga para el cierre de la investigación complementaria, de nueve de septiembre de dos mil veinte), en la que se especificó que la indagatoria tendría lugar hasta el ocho de noviembre de dos mil veinte, lo cual ya se verificó. Finalmente, cabe precisar que el presente asunto se tramitó, en virtud de que el directo quejoso se encuentra privado de su libertad, con motivo de los hechos que derivan de la causa penal *** empero, se insiste, debido a que ya se agotó la prórroga de investigación complementaria, contra la que aquel se dolió, el presente juicio de amparo ya no tendría el alcance de impedir que aquella no se llevara a cabo. Sin que pase inadvertido que durante la investigación complementaria hayan podido recabarse pruebas; sin embargo, corresponderá a la audiencia intermedia el análisis de aquellas que podrán llevarse a juicio. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia que deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el diverso 79 de la Ley de Amparo, por tanto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, conforme a lo que dispone el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento. Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia programada para las trece horas con cincuenta minutos del diecisiete de noviembre próximo. Luego, conviene precisar que resulta innecesario pronunciarse en relación con los terceros interesados, dado el sentido de la presente resolución, pues la única parte a la que le depara perjuicio el sobreseimiento en el juicio es a la quejosa, en la medida en que no será estudiado el fondo del asunto...
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