Luis Daniel Juárez Carreto

Expediente 636/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
636/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Luis Daniel Juárez Carreto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto; Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y remite copia certificada del acuerdo pronunciado el veintisiete de enero del año en curso, en el juicio laboral 654/2017; sin que resulte necesario otorgar vista a las partes con su contenido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dada la conclusión que se expondrá a continuación. Ahora bien, el acto reclamado por la parte quejosa en el presente asunto, se hizo consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable para dictar el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 654/2017. Precisado lo anterior, debe precisarse que los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En tal virtud, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE ??????????????? la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho establezca. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 1 Jurisprudencia localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Conforme a lo antes transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que como quedó precisado, la promovente del amparo reclama en esta instancia constitucional la omisión de la autoridad responsable de dictar el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 654/2017. Sin embargo, de lo informado por la autoridad responsable y del análisis de la documental que exhibe, se aprecia que con posterioridad a la presentación de la demanda, esto es, el veintisiete de enero del presente año, fue dictado el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 654/2017, mismo que le fue notificado a la promovente del amparo el once de marzo del año en curso; por tanto, es evidente que dejó de existir el agravio que le fue causado a dicha parte procesal, toda vez que la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas en el mencionado expediente, que dio origen a este juicio dejó de causarle perjuicio, en virtud de que la autoridad responsable lo restituyó en el goce del derecho fundamental que estima violado. Lo que se corrobora con la constancia exhibida por la oficiante, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Ahora bien, la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre 2 Jurisprudencia localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE ??????????????? conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud que al haberse dictado el auto admisorio de pruebas en el juicio natural, imposibilita el examen constitucional del acto reclamado, precisamente porque éste ya no invade la esfera jurídica del impetrante; de ahí que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas. También sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida a propósito de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante Circulares 8/2021, 9/2021, 10/2021 y 12/2021, de treinta de enero, seis, trece y veinte de febrero del año en curso, relativas a las "Propuestas de medidas que deben adoptarse del 1 de febrero de 2021 al 1 de marzo de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid19", con la finalidad de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó adoptar medidas especiales a partir del periodo antes citado, suspendiendo los plazos y términos, con las salvedades estipuladas. Por ello, se determinó que las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresarían al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contemplan las medidas a tomar por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Sin embargo, el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, se emitió la Circular SECNO/13/2021, relativa a las "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid- 19", por la que se dan a conocer las medidas especiales que deben adoptarse, del que se advierte que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a este vigésimo primer circuito, es el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales. En ese tenor, se levanta la suspensión del procedimiento, y resulta procedente fijar las ONCE HORAS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior, en la inteligencia que en este momento, se considera innecesario que la misma (audiencia) se practique mediante videoconferencia, pues si bien en los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020, 37/2020 y 1/2021), como regla general se determinó que durante el periodo de contingencia, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen por videoconferencia, lo cierto es que, en casos como en el particular, las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente; por ende, las partes podrán comparecer por escrito a la audiencia constitucional. Ello, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo, o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124, de la Ley de Amparo, ya que en este caso, se atenderá a las reglas previstas en diverso Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio de dos mil veinte, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no ?????????????? cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve horas con quince minutos a las quince horas en la oficialía de partes común. Luego, los alegatos y cualquier otra promoción pueden ser recibidas vía electrónica mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación o al correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que los escritos que se presenten de manera electrónica deben contar con la evidencia criptográfica, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no obra el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número 43, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, pero de la constancia de notificación del oficio 16375/2020, a través del cual se le requirió dicho informe, se aprecia que la citada autoridad fue notificada el veintisiete de noviembre del año próximo pasado, sin que a la fecha obre en autos el mismo; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad responsable para que rinda su informe justificado y remita copia certificada de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. Apercibido que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, en términos de los numerales 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; quince de enero de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa a las "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó adoptar medidas especiales a partir del periodo antes citado, suspendiendo los plazos y términos, con las salvedades estipuladas. Por lo que, se determinó que las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresarían al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Sin embargo, el ocho de enero de dos mil veintiuno, se emitió la Circular SECNO/1/2021, relativa a las "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por la que se dan a conocer las medidas especiales que deben adoptarse, del que se advierte que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a este vigésimo primer circuito, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En ese tenor, toda vez que el citado acuerdo 21/2020, en su artículo 2, fracción I, señala: "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio." En ese orden, se levanta la suspensión del procedimiento, y resulta procedente fijar las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Hágase del conocimiento de las partes que en este momento se estima innecesario que se practique mediante videoconferencia. Se hace saber a las partes que, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se establecen los postulados al tenor de los cuales se regirá la actividad jurisdiccional durante el período de tres de agosto al treinta y uno ??????????????? de octubre de dos mil veinte (directrices que fueron adoptadas y continúan vigentes en el diverso acuerdo 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con vigencia hasta el quince de enero de dos mil veintiuno, y el diverso 37/2020 con vigencia hasta el veintiocho de febrero de dos mil veinte), y se determinó expresamente que durante ese período, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general, sin menoscabo de los casos en los que, como suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. En ese orden, resulta claro que las partes pueden comparecer por escrito a la audiencia constitucional. Lo anterior, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo en el presente juicio o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior, atendiendo a las reglas previstas en diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio de dos mil veinte, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve a las catorce horas en la oficialía de partes común. Se reitera a las partes, que los alegatos y cualquier otra promoción pueden ser recibidas vía electrónica mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación o al correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx. En la inteligencia de que los escritos que se presenten de manera electrónica deben contar con la evidencia criptográfica, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En esa tesitura, dado que en párrafos que anteceden, se levantó la suspensión del procedimiento en el presente sumario, y en obvio de mayores dilaciones procesales, gírese oficio a la autoridad responsable Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que este en aptitud de rendir su informe justificado, toda vez que del acuse de recibo del oficio 16375/2020, se aprecia que el mismo fue recibido el veintisiete de noviembre del año próximo pasado, por el que se le requirió dicho informe. Notifíquese personalmente.

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