Luis Daniel Huitzil Vazquez
Expediente 777/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Daniel Huitzil Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 248/2023, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual solicita se le remita copia de la boleta de turno, demanda de amparo, sentencia, y en su caso, resolución con motivo del recurso hecho valer contra el fallo, y del auto que la declaró ejecutoriada, por serle necesario para la integración de su expediente. En tal virtud, se ordena poner a su disposición la versión electrónica del presente expediente para su consulta, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" de la adscripción, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), proceda a hacer disponible el expediente electrónico relativo a este juicio de amparo, a fin de que pueda ser vinculado con el juez solicitante -con el juicio de amparo 1383/2022-II de su índice- y de esta manera consiga visualizar las constancias que estime necesarias. En consecuencia, hágase saber al juez oficiante que el expediente electrónico del presente asunto se encuentra disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el fin indicado, solicitándole comedidamente comunique a este órgano cuando ya no estime necesaria su consulta, a efecto de proceder en lo conducente. Notifíquese mediante oficio al Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" de la adscripción; y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; por lista a sus autorizados procesales; así como por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Romina Ortiz Avila, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Marisol En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 777/2020-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Luis Daniel Huitzil Vázquez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veinte, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Luis Daniel Huitzil Vázquez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Juez de Ejecución de Sentencias Penales en la Ciudad de Puebla (licenciada Ana Alicia Ponce Frías). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 8°, 14, 16, 17 y 20, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte, se radicó la demanda bajo el expediente de amparo 777/2020-E, y se admitió a trámite; sin incidente de suspensión; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En proveído de cuatro de noviembre del presente año, se difirió la audiencia constitucional, y se citó a las partes para su verificativo el día de la fecha, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y del informe justificado, se advierte que el quejoso Luis Daniel Huitzil Vázquez, reclama a la Juez de Ejecución de Sentencias Penales en la Ciudad de Puebla (licenciada Ana Alicia Ponce Frías). La omisión de hacer el cómputo de compurgación de la pena privativa de libertad de seis años nueve meses nueve días que le fue impuesta en el proceso 17/2014, del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro de la carpeta de ejecución 118/2020/JES/E. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias Penales en la Ciudad de Puebla (licenciada Ana Alicia Ponce Frías), al rendir el informe justificado señaló que no es cierto el acto reclamado, sin que la quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no exista el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En efecto, para acreditar la inexistencia del acto omisivo reclamado por el quejoso la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado copia certificada de diversas actuaciones derivadas de la carpeta de ejecución número 118/2020/JES/E, que por tratarse de una documental pública tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la cual se desprenden los antecedentes siguientes: 1. Mediante oficio número 2011, de nueve de octubre de dos mil veinte, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió al Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Puebla, el duplicado de la causa 17/2014, a fin de que se iniciara el procedimiento Ejecutivo Penal relativo al sentenciado Luis Daniel Huitzil Vázquez. 2. La Administradora de Sala de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad, mediante el oficio SES 368/2020, de veinte de octubre de dos mil veinte, remitió a la Jueza de Ejecución de Sentencias, licenciada Ana Alicia Ponce Frías, el oficio 2011 acompañado del proceso 17/2014 del Juzgado Primero Penal, al cual se asignó el número de carpeta 118/2020/JES/E, a nombre del sentenciado Luis Daniel Huitzil Vázquez, para que diera inicio al procedimiento de ejecución penal. 3. En proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, la licenciada Ana Alicia Ponce Frías, Jueza de Ejecución de Sentencias Penales, entre otros aspectos, tuvo por recibido el oficio 4416 (sic), del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, y el duplicado de la causa penal 17/2014, que se instruyó a Daniel Huitzil Vázquez o Daniel Vázquez Hiutzil y/o Luis Daniel Huitzil Vázquez, por la comisión de delito de robo de vehículo de motor, por lo que ordenó formar y registrar la carpeta de ejecución penal 118/2020/JES/E, e inició el procedimiento de ejecución, respecto de las penas impuestas al peticionario del amparo. 4. La licenciada Ana Alicia Ponce Frías, Jueza de Ejecución de Sentencias Penales, en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, emitido dentro de los autos de la carpeta de ejecución penal 118/2020/JES/E, además de otros temas, atendió la petición realizada por el aquí quejoso Luis Daniel Huitzil Vázquez, mediante un escrito que le fue allegado en esa fecha; por lo que en términos del artículo 106, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, realizó el cómputo respectivo a la pena de prisión que le fue impuesta al justiciable, una vez que realizó el análisis correspondiente, determinó que la sanción privativa de libertad de seis años nueve meses nueve días, impuesta al peticionario del amparo en el proceso 17/2014, del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, será compurgada el once de mayo del año dos mil veintitrés. 5. La determinación arriba aludida fue notificada al aquí quejoso Luis Daniel Huitzil Vázquez, el veintinueve de octubre del presente año, conforme al sello de notificación que se encuentra dentro de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Conforme a los antecedentes reseñados claramente se puede concluir que, al momento de la presentación de la demanda, era inexistente el acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de la licenciada Ana Alicia Ponce Frías, Jueza de Ejecución de Sentencias Penales, de hacer el cómputo de compurgación de la pena privativa de libertad de seis años nueve meses nueve días que fue impuesta al quejoso Luis Daniel Huitzil Vázquez, en el proceso 17/2014, del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro de la carpeta de ejecución 118/2020/JES/E. En efecto, el quejoso presentó su demanda de amparo el diecinueve de octubre de dos mil veinte, mediante buzón judicial, posteriormente fue remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y radicada el veinte de octubre de dos mil veinte. Conforme con lo anterior, si a la licenciada Ana Alicia Ponce Frías, Jueza de Ejecución de Sentencias Penales, el veinte de octubre del presente año, le fue enviado el proceso 17/2014 del Juzgado Primero Penal, al cual se asignó el número de carpeta de ejecución 118/2020/JES/E, y tal autoridad en proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, inició el procedimiento de ejecución, respecto de las penas impuestas al peticionario del amparo, por ende, al momento de la presentación de la demanda (diecinueve de octubre último), el acto de omisión reclamado no existía, pues a esa fecha la autoridad responsable aún no conocía de la carpeta de ejecución 118/2020/JES/E, lo que aconteció hasta el veintidós de ese mes y año, en que emitió el acuerdo en que tuvo por recibido el proceso del quejoso e inicio el procedimiento de ejecución correspondiente. En ese orden de ideas, al resultar inexistente el acto reclamado por el quejoso, sin que este último hubiere cumplido con la carga procesal de integrar al juicio de amparo prueba alguna que por su idoneidad pudiese desvirtuar la negativa de la autoridad responsable y acreditar que existe un acto de autoridad que le genera perjuicio en su esfera jurídica, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de la autoridad responsable y el acto reclamado consistente en la omisión de hacer el cómputo de compurgación de la pena privativa de libertad de seis años nueve meses nueve días que le fue impuesta en el proceso 17/2014, del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro de la carpeta de ejecución 118/2020/JES/E. Sin que sea omiso el suscrito juzgador en señalar que conforme a los antecedentes arriba destacados, se advierte que la licenciada Ana Alicia Ponce Frías, Jueza de Ejecución de Sentencias Penales, el veintidós de octubre del presente año, recibió la documentación remitida por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla, para el inicio del procedimiento de ejecución de las sanciones impuestas al aquí justiciable, fecha en que además de otros temas, ordenó el registro y formó la carpeta de ejecución 118/2020/JES/E, asimismo, requirió la información necesaria para realizar el cómputo de compurgación de la pena privativa de libertad, a las autoridades penitenciarias correspondientes. Así, una vez que las autoridades penitenciarias cumplieron el requerimiento referido en el párrafo que precede, la jueza de ejecución de sanciones, emitió el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 118/2020/JES/E, en el que ajustándose a lo ordenado por el numeral 106, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, realizó el análisis respectivo y determinó que la sanción privativa de libertad de seis años nueve meses nueve días, impuesta al peticionario del amparo en el proceso 17/2014, del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, será compurgada el once de mayo del año dos mil veintitrés, resolución que fue notificada al quejoso Luis Daniel Huitzil Vázquez, el veintinueve de octubre del presente año. Conforme a lo anterior, no escapa a la atención de este juzgador, que se atendió lo solicitado por el quejoso, pues la licenciada Ana Alicia Ponce Frías, Jueza de Ejecución de Sentencias Penales, estableció que la pena privativa de libertad la compurgará el once de mayo del año dos mil veintitrés, sin que sea omiso quien esto resuelve, en especificar que de encontrarse inconforme con esa resolución, el justiciable cuenta con los medios de impugnación previstos en los artículos 118, 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por otra parte, en virtud del sobreseimiento del presente juicio, el suscrito juez Federal, se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." En otro aspecto, no es omiso el suscrito juzgador en precisar que no es obstáculo para emitir el presente fallo, la falta de emplazamiento a juicio a tercero interesado alguno, pues considerando el sentido de esta sentencia (sobreseimiento), no le irroga perjuicio. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Luis Daniel Huitzil Vázquez; contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisada en el considerando segundo de esta resolución, en términos del diverso tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; por lista a sus autorizados procesales (debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020); por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Jueza de Ejecución de Sentencias Penales en el la ciudad de Puebla, con el que se da vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el citado precepto 117 y el diverso 119, ambos de la mencionada ley, téngase como prueba de su parte la documental que anexa a su informe de ley, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. Por otro lado, por cuanto hace a la cuenta de correo electrónico y al teléfono que proporciona la autoridad responsable, ténganse como medios de comunicación con ésta, dado el periodo de contingencia sanitaria por el que atravesamos, a fin de salvaguardar la salud tanto de justiciables como de servidores públicos, con fundamento en el artículo 5, y demás relativos, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Por otro lado, resérvese proveer lo que en derecho corresponda respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada hasta la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, ya que fueron señaladas las diez horas con veinte minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional; resulta evidente que para esa fecha aún se encontrará transcurriendo el término de ocho días para que las partes se impongan del contenido del informe de cuenta; por lo que, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las doce horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Ahora bien, en cumplimiento al auto de veintisiete de octubre de dos mi veinte, por así solicitarlo expresamente el quejoso, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente auto a través de su autorizado procesal en el domicilio señalado para tal fin, corriéndole traslado con copia del informe de ley que se provee; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, en la inteligencia de que dicho profesionista, en cumplimiento a su cargo, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso." Notifíquese personalmente en los términos indicados al quejoso a través de su autorizado procesal (en cumplimiento al auto de veintisiete de octubre de dos mi veinte) y por lista a las demás partes...
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